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DOMINGO, 10 DE ENERO DE 2021
JURISPRUDENCIAResponsabilidad el abogado. Caducidad de instancia. Beneficio de litigar sin gastos. Prescripción de la acción. Culpa profesional
Se confirma la sentencia que condenó a un abogado por su actuar negligente en la representación del cliente en un juicio de simulación, al haberse decretado la caducidad de la instancia en el beneficio de litigar sin gastos conexo. Sin embargo, no se le atribuyó responsabilidad por la decretada prescripción de la acción, al no existir suficientes elementos que permitieran conocer si el letrado inició la acción desconociendo o sabiendo que estaba prescripta, máxime si la parte interesada tenía conocimiento de que el curso de la prescripción corría desde el deceso de su padre, y sólo interpretó que tal manda no era aplicable a ese supuesto.
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 7 días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, reunidos en acuerdo las señoras juezas de la Sala “I” de la Cámara Civil, para conocer de los recursos interpuestos en los autos: “G., D. A. c/ L., P. C. s/ daños y perjuicios” respecto de la sentencia corriente a fs. 450/458 de estos autos, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en el orden siguiente: Dras. GUISADO y CASTRO.
Sobre la cuestión propuesta la Dra. GUISADO dijo:
I.- Que contra la sentencia de fs. 450/458 que hizo lugar parcialmente a la demanda entablada por D. A. G. contra P. C. L. condenándolo a abonar la suma de Pesos Ocho Mil
Doscientos Ochenta y Uno ($ 8.281), con más las eventuales sumas correspondientes a los honorarios devengados en el expte. n° 54.198/04, los intereses y las costas, se alza la parte actora quien expresa agravios a fs. 493/495 los que no fueron contestados.- Del relato de los hechos efectuado en la demanda surge que la actora requirió el patrocinio letrado del demandado para iniciar un juicio por simulación respecto de un inmueble que formara parte del patrimonio de una sociedad de la cual su padre ya fallecido era accionista mayoritario y que – afirmó- fue vendido a precio vil.-
Para ello se inició un beneficio de litigar sin gastos en fecha 10/12/01 sobre el cual recayó declaración de caducidad de instancia en fecha 19/5/04, decisión que no fue apelada por consejo del profesional. El expediente principal fue iniciado el 28/10/2003 y fue declarada la prescripción de la acción el 8/9/2004. Este decisorio fue apelado de manera extemporánea. Luego, se acreditó que se inició con fecha 23/6/2004 un nuevo incidente de beneficio de litigar sin gastos concedido con el alcance de la doctrina emanada del plenario “Lugones c/ SMATA” del 5/5/99.-
II.- La juez de grado consideró que el emplazado era responsable debido a su actuar negligente en el incidente mencionado y también por haber interpuesto el recurso de apelación de manera extemporánea en los autos principales. Por ello lo condenó a reintegrar a la actora la tasa de justicia abonada en aquel juicio, los honorarios devengados en tal incidente (cuyo monto difirió para el momento de la ejecución de sentencia) y el daño moral. En cambio, consideró que la actora tenía conocimiento de que la acción principal estaba prescripta antes de que se iniciara el proceso y por ello no correspondía endilgarle al demandado la responsabilidad por el resultado negativo de la misma.-
La apelante solicita la elevación del monto de condena por daño moral y sostiene en esta instancia que el demandado no le informó que la demanda principal estaba “fatalmente destinada al fracaso” y que la magistrada de grado al mencionar la documentación aportada por el mismo como sustento del rechazó no la analizó adecuadamente.-
III.- Ante todo cabe destacar que por imperio del art. 7 del nuevo Código, la normativa aplicable sería aquella vigente al tiempo de la ocurrencia del hecho. Ello es así porque es en esa ocasión en la que se reúnen los presupuestos de la responsabilidad civil, discutidos en esta instancia (conf. Aída Kemelmajer de Carlucci, “La Aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, ed. Rubinzal Culzoni, doctrina y jurisprudencia allí citada).-
IV.- En cuanto al señalado como primer agravio puede referirse que la apelante se queja por el monto pero no explicita la razón de la insuficiencia ni aporta argumentos sólidos que permitan modificarlo. Nótese que la suma otorgada es la solicitada por la propia reclamante en su demanda (ver fs. 17). Su impugnación no encuentra respaldo en la prueba producida, ni tilda de errónea la valoración de la misma efectuada por la a quo. Tampoco ofrece parámetro alguno para cuantificar los daños. De allí que su mera discrepancia no resulta suficiente para erigirse como agravio en los términos del art. 265 del rito, por lo que corresponde- a mi criterio- declarar desierto el recurso en este aspecto.-
V.- Con relación al señalado como segundo agravio, liminarmente destaco que no advierto un cambio radical de criterio por parte de la juez de grado al no atribuir responsabilidad al demandado por la admisión de la excepción de prescripción, sino una aplicación diferente a las cuestiones sometidas a decisión según sus circunstancias.-
Por otro lado, confunde la apelante el motivo de la presente acción pues, cualquiera fuese la decisión final, no podría ser de ninguna manera dejar sin efecto la excepción de prescripción. Resulta absolutamente inviable mediante el presente proceso que aquello ocurriera por tratarse una decisión dictada por otro tribunal que ha pasado en autoridad de cosa juzgada.-
Adentrándonos en la cuestión axial, cabe recordar que la relación existente entre el cliente y su abogado, prima facie, encuadra en la figura del contrato de locación de servicios, que comprende obligaciones de medio y no de resultado. Así, ha puntualizado la doctrina que “en las obligaciones de medios no es suficiente la mera no obtención del fin perseguido, pero no asegurado – por ejemplo, que el juicio se perdió-, sino que también debe demostrarse que ello sucedió por culpa o negligencia del obligado. De allí que en la valoración de la culpa profesional no se podrá prescindir de la razonable incertidumbre que humanamente se halla vinculada a las apreciaciones de tales profesionales; bastando pues con que sea discutible u opinable el procedimiento seguido, para que quede descartada todo idea de culpa en el profesional que se inclinó por un sistema desechando otros posibles. La responsabilidad podrá surgir, en cambio, del desconocimiento de los principios básicos de la respectiva ciencia o arte, o de la incapacidad para discernir adecuadamente, pues la ignorancia de reglas esenciales o axiomáticas estaría revelando en el profesional la falta de conocimientos suficientes como para desempeñarse “prudentemente”, sin peligro de daño para quienes requieran sus servicios; o simplemente, del hecho de haberse actuado en forma descuidada o negligente.”
Este no parece ser el caso tal como se dirá, compartiendo la solución propiciada por la magistrada. En efecto, iniciar una demanda una vez cumplido el plazo de prescripción no implica que esta se encuentre fatalmente destinada a fracasar como sostiene la actora, dado que tal modo de extinción de la acción solo opera a instancia de parte. De allí que tal dato por sí solo no resulta suficiente para endilgar responsabilidad al profesional que patrocinó a la actora en la demanda.-
No existen suficientes elementos que permitan conocer si el letrado inició la acción desconociendo o sabiendo que estaba prescripta. Aún cuando alegó que no se le informó, ello no es una elemento constitutivo de la plataforma fáctica de la demandada por lo que se pretendería aquí abrir un debate en derredor de un argumento no invocado en su oportunidad lo que se encuentra vedado por el principio de congruencia derivado del art. 163 inc. 6 del rito. En efecto, oportunamente la actor afirmó haberle encomendado al emplazado el inicio de un proceso y que este demoró injustificadamente la tarea. Solo en oportunidad de ampliar la postulación se introdujo en los mismos términos en el memorial la cuestión atinente al conocimiento o no del plazo prescriptivo por parte del letrado, pero en términos conjetúrales e hipotéticos.-
A su vez y más allá de la crítica que formula, de la lectura de la documentación de fs. 52/62 acompañada por el demandado – que no fue desconocida por su parte- puede seguirse que tenía conocimiento de que el curso de la prescripción corría desde el deceso de su padre, sólo que interpretó que tal manda no era aplicable a este supuesto.-
Refuerza esa conclusión el hecho de que se encuentra acreditado con la carta documento obrante a fs. 50/51- fechada sólo dos meses antes del sorteo del juicio por simulación- y con la declaración testimonial de fs. 399 que la reclamante había simultáneamente consultado a otros letrados. No hace mella en la fuerza probatoria del testimonio la impugnación efectuada a fs. 409/411 por cuanto la imposibilidad material de la actora de trasladarse a otra jurisdicción no obsta a su derecho de fiscalizar la prueba por los medios que le otorga el Código Procesal y que de hecho, ejerció (ver fs. 303/306). Todo ello torna verosímil la afirmación del demandado quien sostiene al contestar la demanda que la reclamante conocía por diversos abogados la posibilidad de que la acción se encontrara prescripta.-
Tal como fue destacado por la juez de grado la responsabilidad del letrado patrocinante y apoderado no tiene al mismo alcance. En efecto, “Al no mediar mandato, los actos procesales y las omisiones del cliente, no son, en principio, imputables al letrado patrocinante. Solamente lo serían, si mediaran circunstancias que autorizaran a inferir que las actitudes procesales de aquélla, que se estiman temerarias o maliciosas, fueron asumidas por consejo de él” (conf. CNCiv. Sala “C” del 8/2/90 “Cristal, Soc. en Com. Por Accs. C. Paterno, Ana M.” citado por Trigo Represas, Félix A. Y López Mesa, Marcelo J. “Tratado de la responsabilidad Civil” La Ley, 2004, T° II, pág. 523).-
Tal circunstancia no fue acreditada en el presente. Por ende corresponde confirmar la decisión de primera instancia desestimando la crítica de la actora.
En definitiva, propongo al acuerdo confirmar el fallo en todo lo que decide, manda y fue motivo de no atendibles agravios y atento a ello, imponer las costas a la actora (art. 68 CPCC).-
Por razones análogas la DRA. CASTRO adhiere al voto que antecede. La DRA. UBIEDO no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (Art. 23 RL).-
Con lo que terminó el acto.
Se deja constancia de que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Informática Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 24/13 de la C.S.J.N..-
MARIA LAURA RAGONI
Secretaria
Buenos Aires, 7 de febrero de 2017.
Por lo que resulta de la votación sobre la que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: 1°) Confirmar la sentencia en todo lo que decide, manda y fue motivo de no atendibles quejas. 2°) Imponer las costas de Alzada a la a la parte actora (art. 68 del ritual).Regístrese, notifíquese y devuélvase.
PAOLA M. GUISADO
PATRICIA E. CASTRO
A. C., F. A. c/Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ejercicio de la abogacía – ley 23187 – art. 47 – Cám. Nac. Cont. Adm. Fed. – Sala III – 27/10/2016
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