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JURISPRUDENCIAAbogados. Ética profesional. Colegio Público de Abogados. Tribunal de disciplina. Sanción disciplinaria. Suspensión del ejercicio
Se confirma la sanción de suspensión por el término de doce (12) meses en el ejercicio de la profesión decidida por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, al demostrarse con claridad el total conocimiento por parte de los letrados sancionados de que se estaban valiendo durante largo tiempo de los servicios de una persona que no era abogada para procurarse clientes, compartiendo los honorarios y el estudio jurídico en franca violación de las normas éticas profesionales.
Buenos Aires, 12 de febrero de 2019.-
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que, por pronunciamiento glosado a fs. 296/304, la Sala II del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal impuso a los Dres. E. J. R. (T° … F° …) y M. L. B. (T° … F° …), conforme lo prescribe el art. 45 inc. d) de la Ley 23.187, sanción de suspensión por el término de doce (12) meses en el ejercicio de la profesión, la que se hará efectiva a los 30 días de quedar firme la presente (art. 47 “in fine” de la referida Ley de Colegiación).
En primer término -en el voto del vocal preopinante, al que adhirieron los restantes vocales que suscribieron- se señaló que las actuaciones disciplinarias se iniciaron con motivo de la comunicación efectuada por la Comisión de Vigilancia del Colegio Público de Abogados, a fin de remitir los antecedentes de los letrados R. y B., quienes poseen un estudio jurídico que comparten con una persona que no es abogado -Sr. F. B. S.-.
Al respecto, precisó que de los elementos de prueba recabados por la Comisión de Vigilancia se desprende que:
a- el Sr. F. S. refiere -en una serie de mails agregados a fs. 3/8- que el Sr. S. dice ser abogado y trabajar en el “Estudio Jurídico R.-S. & Asociados”, donde también trabajan los matriculados cuestionados;
b- del portal de Internet surgen los datos del Estudio “RS Abogados”, con domicilio en la calle Bartolomé Mitre 2480, piso 7° “22”, domicilio que registran los Dres. R. y B. (v. fs. 14/19);
c- en diversos portales de Internet se puede advertir que el Sr. S. se presenta frente a terceros como abogado (v. puntualmente fs. 20/25).
En tal contexto, indicó que la Asesoría Letrada del C.P.A.C.F. realizó la denuncia penal contra el Sr. S. por el delito de usurpación de títulos y honores.
Señaló que, a fs. 132/172, obra copia certificada de la causa N° 33.387/2013 “S., F. B. s/Usurpación de Titulo”.
Describió que, a fs. 173/176 -ampliado a fs. 177-, se ordenó el traslado de los cargos, en el entendimiento de que los letrados R. y B. podrían “prima facie” haber vulnerado lo normado en los arts. 6 inc. a) y e), 10 incs. c), d), e) y f) y 44 incs. e), g) y h) de la Ley 23.187 y arts. 6, 10 inc. a), f) y g), 12, 16, 17, 19 inc. a) in fine y 19 incs. a) y f) del Código de Ética.
Dijo que, a fs. 187/191, el Dr. B. opuso excepción de prescripción, nulidad de todo lo actuado y -subsidiariamente- contestó traslado, sosteniendo que:
a- el Sr. S. es el padrastro del Sr. F. S., quien inicialmente formuló denuncia ante la Comisión de Vigilancia, existiría una rencilla personal motivada en los bienes que forman parte del acervo de su madre fallecida, y que hoy día existe una disputa patrimonial entre ambos;
b- el Sr. S. a sabiendas que su padrastro, el Sr. S., cometía el delito que denuncia, guardó silencio por más de 20 años;
c- fueron denunciados ante el Colegio de Abogados porque reclaman al Sr. S. una deuda derivada de pagarés, en los autos “R., E. J. c/ S., F. s/ Ejecutivo”, suponiendo el Sr. B. que la denuncia disciplinaria tiene un tinte extorsivo;
d- negó tener una relación asociativa con el Sr. S., que trabajen juntos y hacerse clientes por su intermedio, sabe que no es abogado y sostiene que sólo realiza tareas de cafetería en el estudio.
Expresó que la misma defensa realizó el Dr. R., quién reeditó los argumentos defensistas de su colega B..
Describió que a fs. 201/203 se rechazaron las excepciones y las nulidades opuestas, abriéndose a prueba las actuaciones.
Asimismo, dijo que en oportunidad de celebrarse la audiencia de fs. 231, se exhibió a los letrados (R. y B.) un documento del expediente “S. c/ R. M. s/ Daños y Perjuicios”, reconociendo estos sus grafías y el contenido del documento.
Expuso que el Dr. B. hace unos años que conoce al Sr. S., era taxista, le encomendaba el diligenciamiento de algunos escritos y oficios, que retiraba de la oficina; y en su estudio había diplomas de algunos cursos realizados, pero que se encontraban de forma “ornamental”.
Por su parte, manifestó que el Dr. R. lo conoce desde hace doce o trece años, y reconoció la existencia de diplomas de un curso de gestoría realizado.
Asimismo, indicó el Dr. B. que no tenía asignado escritorio ni computadora alguna, sólo ocasionalmente se le prestaba una cuando debía realizar un informe de la tarea desempeñada, no estaba registrado como trabajador en relación de dependencia, solo cobraba por los servicios prestados y no emitía factura alguna.
Por otro lado, describió que el Sr. S. conoció al Dr. R. en un evento familiar, siendo posteriormente asesorado por éste, el Dr. B. y S., en un tema personal. Agregó que ambos eran socios de su padrastro en el estudio jurídico del barrio de once.
En punto al relato del testigo I. P., destacó que el Sr. S. es el esposo de su suegra, es taxista y no tiene otra actividad laboral, conoce a los Dres. B. y R. por los comentarios realizados por el citado en diversas reuniones familiares.
En tal contexto, el Tribunal concluyó que la aludida locación de servicios podría tener un fin noble, puesto que los abogados proveen de labores de cadetería a un taxista a cambio de una remuneración por la labor prestada, y así S. podría generar un incremento económico para palear los gastos mensuales que tiene en su economía, pero existe un pequeño inconveniente que nos aparta de dicha lógica, y es el hecho de que los letrados R. y B. han mentido desde el instante mismo en que se han presentado a estar a derecho, ya que el taxista devenido en improvisado cadete, se presentaba frente a terceros como “abogado” y los matriculados cuestionados sabían esto y poco les importaba;
A mayor abundamiento, recalcó que el Sr. S. contrató los servicios del Sr. S., para que lo represente por un reclamo respecto de una acción de daños y perjuicios, y que al serle requerida en la etapa de mediación su credencial de abogado, argumentó que la representación legal sería ejercida por el Dr. R., generándole dudas respecto de la calidad de abogado que S. decía tener (cfr. Declaración prestada en la etapa penal).
Asimismo, expuso que ante el testigo G. siempre se presentaba como abogado.
Destacó de las fotos del allanamiento realizado al estudio de los denunciados (ver fs. 144) el diploma extendido al Sr. S. por la asistencia al curso de “Derecho del Medio Ambiente y Delitos Ecológicos”.
Hizo hincapié en la resolución de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (fs. 161/162), al resolver el rechazo de la apelación del imputado S. respecto del auto de procesamiento habido en su contra, en especial en el siguiente párrafo “…..en el soporte digital en que se almacenaron documentos informáticos extraídos de una computadora instalada en el estudio aludido fueron hallados diversos textos que presentaban las leyendas “ESTUDIO JURIDICO R.-S. & ASOCIADOS”, “ESTUDIO JURIDICO RS ABOGADOS”, “ESTUDIO R., S., B. & ASOC”, una imagen de un recibo de honorarios por el estudio “S.-B.”, oficios en los que se autoriza a su diligenciamiento a los Dres. Mario, Luis B. y/o Silvina Andrea Berko y/o F. B. S.”, entre otros documentos.
Finalmente, el Tribunal tuvo por acreditado que existen sobrados elementos para quebrar el estado de inocencia de los Dres. E. J. R. y M. L. B., y así concluir que ellos se valieron durante largo tiempo de los servicios de una persona que no era abogada, para procurarse clientela, compartiendo los honorarios y el estudio jurídico, en franca violación con la normativa ética -arts. 6 inc. e), 10 incs. c) y d), 44 incs. e), g) y h) de la Ley 23.187, y arts. 10 inc. a), 16, 17 y 19 incs. a) y f) del Código de Ética-.
II. Que, por presentación de fs. 315/321, el abogado M. L. B. interpuso recurso de apelación directa contra la decisión individualizada precedentemente y, al efecto, sustancialmente, postuló:
a) nunca existió un estudio jurídico que se hiciera llamar “Estudio Jurídico R.-S. y Asociados”, en cambio, si existía “Estudio RS Abogados”, pero que era un nombre de fantasía, que nada tenía que ver con el Sr. S.;
(b) el Tribunal presume que conocíamos que el Sr. S. se presentaba como abogado, si así fuera, lo hubiéramos alertado de que estaría incurriendo en un delito y, eventualmente, separado de la oficina;
(c) la acción penal contra el Sr. S. es de usurpación de títulos y, si fuera cierto lo sostenido por el Tribunal, que la conducta era conocida por el suscripto, incurriría en el delito de encubrimiento, cosa que no ocurrió;
d) le asigna un papel fundamental a los testigos, siendo evidente la manifiesta animosidad del Sr. S.;
e) el nombre del Sr. S. incluido en determinada documentación es un error que esta parte reconoce y del cual se hace responsable, pero en ningún momento tuvo el objetivo de captar clientes, y se pudo deber a la escasa experiencia profesional del suscripto, desde el año 2009;
f) se lo sancionó con la mayor pena admitida por el Código de Ética, sin tener en cuenta la poca experiencia profesional, la falta de sanciones y que, a su entender, no se encuentra acreditada la sociedad tendiente a captar clientes.
III. Que, por su parte, por presentación de fs. 322/327, el abogado E. J. R. interpuso recurso de apelación directa contra la decisión de fs. 296/304, reiterando, en definitiva, los argumentos expuestos por el Dr. B. en su escrito de apelación de fs. 315/321.
IV. Que, corridos los pertinentes traslados, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se presentó a fs. 350/354vta., y 359/363, contestando los recursos deducidos en autos.
V. Que, preliminarmente, cabe recordar que el Tribunal no está obligado a seguir a los recurrentes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, “Torre, Hugo c/ CPACF”, del 8/2/07; “Marroquín de Urquiola Ignacio Francisco c/ EN-Mº del Interior Prefectura Naval Argentina s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, del 19/7/07; “Sayago Horacio Adrián y otro c/ EN- PFA y otro s/ daños y perjuicios”, del 11/10/07; “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/98; “MULTICANAL S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, del 21/5/09; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc. Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar autónoma”, del 21/10/10, entre otros).
Asimismo, cabe precisar que las sanciones impuestas por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal remiten a la definición como injustos de faltas puramente deontológicas, esto es, de infracciones éticas más que jurídicas, propiamente dichas, en cuyo diseño juegan enunciados generales e inespecíficos, que si bien no resultarían admisibles en un sistema punitivo abstracto fundado en una situación de supremacía general, caben perfectamente, bajo una relación de supremacía especial, como expresión tanto de la disciplina interna de la organización como por la cercanía moral de los titulares del órgano sancionador, pares del inculpado, interpretando un sistema ético que les envuelve a ambos. Por consiguiente, la subsunción del supuesto fáctico concreto dentro de la fórmula de la infracción deontológica- profesional es, como principio, resorte primario de quien está llamado -porque así lo ha querido la ley- a valorar los comportamientos que, precisamente, pueden dar lugar a la configuración de aquellas infracciones, limitándose la revisión judicial a las hipótesis en las que ha mediado indefensión o la decisión resulta manifiestamente arbitraria (esta Cámara, Sala III: “R. Goyena Gabriel Oscar”, del 6 de julio de 2006; Sala V: “Alvarez Teodoro”, del 16 de agosto de 1995; entre otros).
En tales condiciones, el rol de la Cámara se circunscribe al control de legalidad y razonabilidad del obrar del Tribunal de Disciplina en el cumplimiento de la potestad específica de la función administrativa de policía profesional que le fue deferida por la ley n° 23.187 (esta Cámara, Sala III: “R. Goyena Gabriel Oscar” cit.; Sala I: “Acosta de Iturriagagoitia Walter A. c/ CPACF”, del 29 de agosto de 2000; entre otros); la actividad jurisdiccional del Tribunal resulta limitada al contralor de la ilegalidad o arbitrariedad, por lo cual, la cuestión fáctica y sus probanzas se examinan con el objeto de verificar si esos extremos han ocurrido, y sólo en esas circunstancias debe corregirse lo resuelto por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (esta Cámara, Sala III: “R. Goyena Gabriel Oscar”, del 6 de julio de 2006; Sala II: “Cattelani, Inés”, del 8 de junio de 1989 y “Mazzini, Antonio”, del 13 de febrero de 1992; entre otros).
VI. Que, en primer lugar, en cuanto a los agravios esgrimidos por los recurrentes, se debe advertir que los profesionales sancionados no logran desvirtuar los argumentos expuestos por el Tribunal de Disciplina (basados en las constancias de autos), que permiten demostrar con claridad el total conocimiento por parte de los letrados de la situación imperante, valiéndose durante largo tiempo de los servicios de una persona que no era abogada para procurarse clientes, compartiendo los honorarios y el estudio jurídico en franca violación de las normas éticas profesionales.
Al respecto, corresponde señalar que se encuentra acreditada la denominación del estudio jurídico como “R.-S. & Asociados”, no sólo por la búsqueda hecha en los distintos portales de Internet que dan cuenta de ello (v. fs. 20/58), sino también por la información recabada del allanamiento realizado al estudio de los denunciados, que da cuenta de los archivos informáticos extraídos de una de las computadoras (160 archivos que se correspondían con el parámetro de búsqueda “S.”) que presentaban la leyenda “ESTUDIO JURIDICO R.- S. & ASOCIADOS”, “ESTUDIO JURIDICO RS ABOGADOS”, “ESTUDIO R., S., B. & ASOC”, y finalmente, del respaldo fotográfico aportado por el testigo S. de la tarjeta personal del Dr. B. (v. fs. 273bis).
Ello así, cabe destacar que los letrados recurrentes tenían pleno conocimiento de que el Sr. S. se presentaba ante los terceros -potenciales clientes- como “abogado”, aunque no revestía esa investidura (nótese que el Dr. B. asistió jurídicamente al citado en el marco de la causa penal por usurpación de títulos y honores).
En este sentido, más allá de lo aportado por los testigos S. y G. (que afirman haber sido asesorados por el Sr. S.), no puede soslayarse que, en el allanamiento practicado, se encontraron títulos a nombre del Sr. S. por la asistencia a cursos jurídicos, y en especial, documentos digitales de su computadora en donde figuraba como letrado autorizado al diligenciamiento de los oficios y, asimismo, escritos judiciales encabezados por el Sr. S. en calidad de abogado.
Por consiguiente, debe advertirse que, en modo alguno, puede entenderse que la inclusión del nombre del Sr. S. en la denominación del estudio jurídico, se debiera a un error derivado de la escasa experiencia profesional de los letrados.
En efecto, el actuar de los Dres. B. y R. (permitiendo el uso del nombre a personas que, sin ser abogados, ejerzan actividades propias de la profesión) es francamente violatoria de las normas éticas profesionales.
VII. Que, por último, se impone destacar que el Tribunal de Disciplina efectuó concretas consideraciones en orden a fundamentar la graduación de las sanciones aplicadas. Al respecto, entendió que las conductas de los profesionales fueron manifiestamente perturbadoras del deber previsto en los artículos 10 inc. a), 16, 17 y 19 incs. a) y f) del Código de Ética y, asimismo, consideró grave la falta cometida por los denunciados en consonancia con lo dispuesto por los arts. 26 inc. b) y 28 inc. b) del citado Código, por infringir deberes de trascendental importancia para el correcto ejercicio de la abogacía. En tal contexto y, teniendo en cuenta la suspensión impuesta a cada uno de los recurrentes, se concluye en que no se verifica la existencia de arbitrariedad en la determinación de las sanciones aquí apeladas.
En virtud, entonces, de las consideraciones expuestas, SE RESUELVE: rechazar los recursos de apelación directa deducidos en autos, con costas (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).
Teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del litigio, la calidad y eficacia de la gestión profesional, la etapa cumplida, SE FIJAN los honorarios de la dirección letrada y representación de la parte demandada -Dra. Karina Melano- en la suma de pesos siete mil quinientos -$7.500-, que equivalen a 4,37 UMAS (arts. 16, 19, 20, 21 y 29 de la ley 27.423.-).
El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los emolumentos cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo.
En caso de incumplimiento el acreedor queda facultado para solicitar la intimación de pago para que se cumpla en el plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de ejecución, la que tramitará por ante la primera instancia del fuero. Para ello, se facilitará en préstamo el expediente para la extracción de las copias pertinentes, que serán certificadas por el Tribunal y entregadas al interesado para el ingreso del respectivo incidente en la Mesa de Asignaciones de la Secretaría General de la Cámara. Si vencidos los plazos mencionados el interesado no impulsa el proceso en el término de diez (10) días hábiles, las actuaciones se devolverán sin más trámite.
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.
JORGE ESTEBAN ARGENTO
CARLOS MANUEL GRECCO
SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ
L.C.A. c/Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/recurso directo de organismo externo – Cám. Nac. Cont. Adm. Fed. – Sala IV – 23/12/2014
036414E
