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En el marco de la problemática de los aumentos en los servicios de salud, se presenta un interesante caso en el Poder Judicial de la Nación. La Sra. M.C.B ha interpuesto una acción de amparo contra la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires, entidad de medicina prepaga, con el objetivo de impugnar los incrementos en los servicios de salud y declarar la inconstitucionalidad de los mismos. Este caso plantea importantes interrogantes sobre los límites y mecanismos de regulación en el ámbito de la salud y el acceso a los servicios médicos.
M.C.B, una mujer de 78 años de edad, afiliada al Plan de Salud GMY de la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires, ha experimentado un aumento significativo en las cuotas mensuales de su plan de salud. Basándose en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 emitido por el Poder Ejecutivo Nacional, la demandada ha incrementado las tarifas en un 40% para enero de 2024 y un 29.5% adicional para febrero del mismo año. Estos incrementos han generado incertidumbre y dificultades financieras para la Sra. M.C.B, quien no puede afrontar el pago de las nuevas cuotas con su haber previsional.
La acción de amparo presentada argumenta la inconstitucionalidad del DNU 70/23, sosteniendo que no se ha cumplido con el mecanismo constitucional de excepción y que se han vulnerado los derechos de acceso a la salud, a la vida y a la propiedad privada garantizados por la Constitución Nacional. Asimismo, se solicita una medida cautelar de no innovar para suspender los aumentos hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, y se invoca la necesidad de que la demandada readecue las cuotas de los planes asistenciales de acuerdo con los incrementos autorizados por la autoridad de aplicación.
El juez ha considerado la urgencia y la proximidad de las fechas señaladas, así como los principios que protegen la salud y la vida de las personas consagrados en tratados internacionales y de rango constitucional. En este sentido, ha dictaminado que existe una verosimilitud del derecho invocado por la demandante y un peligro en la demora, sin que esto implique una declaración anticipada sobre la procedencia de la cuestión de fondo. Además, se destaca la condición de jubilada y la edad avanzada de la Sra. M.C.B como factores relevantes para tomar una decisión inmediata.
El caso pone de relieve la problemática de los aumentos en los servicios de salud y la necesidad de contar con mecanismos de regulación eficaces. La acción de amparo interpuesta busca proteger los derechos fundamentales de la demandante, cuestionando la constitucionalidad del DNU 70/23 y solicitando la suspensión de los aumentos excesivos. La resolución del juez a cargo del caso, al otorgar una medida cautelar de no innovar, demuestra la importancia de garantizar el acceso a la salud y la vida de las personas, especialmente en situaciones de vulnerabilidad como la de la Sra. M.C.B.
Este caso podría sentar un precedente significativo en el ámbito de la regulación de los servicios de salud y la protección de los derechos de los usuarios. La resolución final de la acción de amparo determinará si los aumentos impugnados son acordes con la normativa vigente y si se han respetado los derechos constitucionales de la demandante. En un contexto en el que el acceso a la salud se ha vuelto aún más relevante debido a la crisis sanitaria global, es fundamental contar con mecanismos que garanticen la equidad y la justicia en el sistema de salud.
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