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JURISPRUDENCIA
Mar del Plata, 28 de Mayo de 2013
Con motivo del recurso de apelación en subsidio interpuesto a fs. 111/ 112 vta. por la parte actora contra la resolución de fs. 106/ 107 vta., del 19 de Marzo de 2013; y
VISTO:
El presente expediente traído a conocimiento de la Sala Tercera de este Tribunal de Alzada,
CONSIDERAMOS que:
I.- Antecedentes
a) A fs. 94/ 105 se presenta el Sr. Roberto Carlos Juárez -por derecho propio y con el patrocinio letrado de la Dra. Paula G. Braciale- promoviendo demanda «por violación a lo dispuesto en la ley de Defensa del Consumidor y con más los daños y perjuicios derivados de ese incumplimiento, requiriendo la aplicación del Título VII, Capítulos I, II, III, IV y V de la ley provincial N°13.133», contra Renault Argentina S.A; Francisco Osvaldo Díaz S.A; La Caja de Seguros S.A y Rombo Compañía Financiera S.A..
Afirma que -con fecha 13/10/11- adquiere en la Concesionaria Francisco Osvaldo Díaz S.A un automóvil Marca Renault, Modelo Duster 1.6 Expression, Dominio …
Explica que la compra del vehículo fue abonada entregando en el acto de compra la suma de pesos … ($…), financiándose el saldo restante a través de Rombo Compañía Financiera S.A.
Agrega que el rodado fue asegurado por la compañía ofrecida por Rombo Financiera S.A («La Caja Seguros S.A»).
Comenta que -con fecha 08-07-12- participa de un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Avenida Patricio Peralta Ramos y Sánchez de Bustamente.
Señala que, con fecha de 17 de septiembre de 2012 y luego de reiterados e infructuosos reclamos, logra ingresar su vehículo en el taller de reparaciones de la concesionaria Francisco Osvaldo Díaz S.A..
Puntualmente, manifiesta: «a la fecha no cuento con el auto, vale decir que se encuentra en el mismo estado en el que entró, no se ha procedido a arreglar absolutamente nada (…) La Cía. de Seguros y el Taller habilitado para la reparación alegan que desde la fábrica Renault no proveen los repuestos originales necesarios y ni siquiera pueden determinar una fecha «estimativa» de culminación de la misma, causándome ello innumerables perjuicios, disgustos, contratiempos y gastos por la falta de disponibilidad de mi vehículo» (textual).
Destaca que el plafón fáctico descripto revela que se ha incumplido el art. 12 de la ley 24.240 en cuanto establece que «Los fabricantes, importadores y vendedores de las cosas….deben asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos» (textual).
Asevera que, habiendo agotado todas las tratativas extrajudiciales destinadas a obtener una solución extrajudicial del conflicto, sin obtener respuesta favorable alguna, se ve obligada a promover la presente acción.
En el punto que identifica como 7.9, sintetiza el contenido de sus pretensiones solicitando la concesión de los puntos que se detallan a continuación: 1) entrega inmediata del vehículo (reparado en perfectas condiciones de funcionamiento) o entrega de una unidad 0 km de idénticas características a la adquirida, o la entrega del valor en pesos, considerando el porcentaje efectivamente abonado a la concesionaria y compañía financiera; 2) aplicación de una multa -como daño punitivo- por la suma de pesos pesos … ($…); 3) indemnización del daño moral en la suma de pesos … ($…); 4) reparación de la disminución del valor del vehículo en la suma de pesos … ($…) y 5) resarcimiento de la privación del uso del vehículo por la suma de pesos … ($…).
Pide que le sea concedido el beneficio de gratuidad consagrado por la Ley de defensa del Consumidor.
Solicita que se de intervención al Ministerio Público Fiscal como parte esencial del litigio.
Ofrece prueba, funda en derecho y solicita que se haga lugar a la demanda, con costas.
II.- La resolución recurrida
A fs. 106/ 107 vta. el Sr. Juez de primera instancia resuelve: «Teniendo en cuenta el objeto de la demanda expuesto a fs. 94/ vta punto I, los hechos narrados a fs. 94/ vta. punto 2 y ss., el tenor del petitorio detallado a fs. 104/ vta punto 14, y reparando muy especialmente en que las pretensiones se fundan en derechos que estimo disponibles para el actor, concluyo que el reclamo contenido en la demanda debe ser sometido previamente al sistema de Mediación Previa Obligatoria regulado en la Ley 13.951 y su decreto reglamentario N°2530/10» (textual, el resaltado nos pertecenece).
Considera el a quo que «el art. 1 de la Ley 13.951 estableció la obligatoriedad del sistema de Mediación Previa para toda contienda judicial cuyo objeto sea materia disponible por los particulares. El artículo 2 de dicha ley acentúa este carácter al consignar que «todo juicio» debe ser sometido a dicho sistema, con la sola excepción de las exclusiones en listadas en el art. 4, en cuyos incisos no se incluyen reclamos como el que aquí es detallado en el escrito de demanda»(textual).
Paralelamente, destaca que «en atención a que el nombre de la carátula en nada altera la naturaleza del reclamo hecho por la actora -ni limita al suscripto para decidir el encuadre jurídico y dar solución a la controversia- procédase al cambio de carátula de la presente, debiendo quedar enlistada como “JUAREZ, ROBERTO CARLOS C/ RENAULT ARGENTINA S.A. Y OT. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES” -código 64-» (textual).
Explica que «tratándose de un código de materia de juicio que es receptado como “mediable” conforme el listado del que dispone la Receptoría de Expedientes, podrá darse cumplimiento a la mediación y se evita que la parte actora se vea imposibilitada de acceder al procedimiento por razones administrativas que le son completamente ajenas» (textual).
Concluye señalando: «En razón de lo expuesto, remítase la presente causa a la Receptoría de Expedientes a los fines de proceder al cambio de carátula y sortear el correspondiente mediador (art. 1, 2, 4 a contrario de la ley 13.951; art. 1, 2 y ss. del decreto 2530/10; art. 58 inc. “a” del Acuerdo 3397/08 de la Suprema Corte de Justicia provincial) (textual).
III. El recurso interpuesto
A fs. 111/ 112 vta. la actora interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución de fs. 106/ 107 vta. y lo funda mediante los argumentos que -sintéticamente- se exponen a continuación.
Sostiene que el sentenciante se equivoca cuando considera que resultan disponibles los derechos en tela de debate ya que se trata de un proceso judicial en el que resulta parte necesaria el Ministerio Público Fiscal.
Puntualiza que el art. 4 inc. 4 de la ley 13.951 exceptúa de la mediación las causas en las que el Estado Nacional, Provincial, Municipal o los entes descentralizados sean parte, lo que revelaría que en caso particular la mediación no sería procedente.
Critica la decisión por la que el magistrado de la instancia de origen dispone la recaratulación del expediente habida cuenta que la materia del litigio no se encuentra incluida dentro de las materias «mediables» establecidas por la ley 13.951 y el decreto reglamentario 2530/10.
Afirma que, de acuerdo a lo establecido en el art. 24 de la ley 13.133, el juez se encuentra facultado para llamar a una audiencia de conciliación a fin de arribar a una solución temprana del conflicto, evitando de tal modo el desgaste jurisdiccional que importaría el procedimiento relativo a la mediación previa.
Finalmente, destaca que provoca un gravamen irreparable el hecho de tener que someter el caso a mediación ya que se vería obligado a desembolsar fondos para cancelar los gastos que exige tal procedimiento.
Asevera que en función de la naturaleza jurídica del proceso iniciado, debe prevalecer el principio de gratuidad receptado por la Ley de Defensa del Consumidor.
Pide que se revoque el pronunciamiento recurrido y, por consiguiente, se proceda a dictar el primer despacho que ordena correr traslado de la demanda a la parte demandada por el plazo de ley.
A fs. 113/ 115 vta. el Sr. Juez de primera instancia rechaza el recurso de revocatoria y concede la apelación deducida en forma subsidiaria.
IV.- Tratamiento del recurso
Ingresando en el estudio de la cuestión sometida a consideración de esta Alzada, advertimos que el recurso no debe prosperar.
Expondremos seguidamente las razones que nos conducen hacia dicha conclusión.
1.- La ley 13.951 instituye en el ámbito bonaerense, con carácter obligatorio, el régimen de la mediación previa como método alternativo de los conflictos judiciales cuyo objeto sea materia disponible por los particulares (argto. art. 1, 2 y conds. de la ley 13.951; arts. 1, 2 y conds. del Dec Reg.2530/10).
La exposición de fundamentos del proyecto de ley subraya que el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria tiene por objeto «instaurar un medio alternativo de resolución del conflicto, antes que el mismo sea llevado a cabo por las partes hasta los estrados judiciales (…) refleja una clara voluntad política de institucionalizar nuevos mecanismos alternativos para la resolución de disputas, que conlleven a solucionar los problemas de sobrecarga de tareas, debido al volumen de demandas incoadas que soporta el Poder Judicial» (textual).
Puntualmente, en su segundo artículo la ley 13.951 dispone: «Establécese con carácter obligatorio la Mediación previa, a todo juicio, con las exclusiones efectuadas en el art. 4to., con el objeto de promover y facilitar la comunicación directa entre las partes que permita a solución del conflicto» (textual, el resaltado nos pertenece).
El procedimiento de mediación previa se erige entonces en una instancia forzada en todos los juicios civiles y comerciales cuyo objeto verse sobre materia disponible para las partes, delimitándose expresamente en su artículo cuatro las cuestiones que deben quedar exceptuadas de este modo alternativo de solución de conflictos (argto. arts. 1, 2, 3, 4 y conds. de la ley 13.951; art. 4 del Dec Reg.2530/10; conf. Mariana Cerowski, «Mediación en la Provincia de Buenos Aires», nota publicada en LLBA2009 (julio), 695; Héctor Eduardo Leguisamón, «La Ley de Mediación de la Provincia de Buenos Aires», nota publicada en LLBA2011 (febrero), 1; José María Lezcano, «Mediación: una práctica profesional. Anotaciones a la ley de mediación bonaerense», nota publicada en LLBA2012 (octubre), 937).
2.- En el sublite, el apelante cuestiona el pronunciamiento del magistrado de la instancia de origen en tanto ordena cumplir con el trámite de mediación prejudicial obligatoria regulado por la ley 13.951.
Por razones de rigor metodológico, y con la finalidad de facilitar la comprensión de la solución que se ha anticipado, consideramos conveniente justificar la improcedencia del recurso rebatiendo separadamente los argumentos que dan sustento a los embates formulados por el apelante.
a) En primer término, debe desecharse que los derechos que pretende resguardar el Sr. Roberto Juárez se tornen «indisponibles» por el hecho que el Ministerio Público Fiscal intervenga obligatoriamente como «fiscal de la ley» en los términos y con los alcances de art. 52 de la ley 24.240.
Contrariamente a lo sostenido por el recurrente, el ordenamiento consumeril, con la obligada participación del mentado organismo, pretende conferir un instrumento al consumidor para garantizar la efectiva tutela de sus derechos, asegurando el respeto al debido proceso y el efectivo cumplimiento de la legislación, más allá de que se trate de un proceso en el que se intente proteger un derecho privado de naturaleza patrimonial (argto. art. 52 de la ley 24.240; Conf. Picasso-Vázquez Ferreyra, «Ley de Defensa del Consumidor», T.I., Ed. La Ley, 2009, pág. 590/ 591; Francisco Juyent Bas-Candelaria Del Cerro, «Aspectos procesales en la ley de Defensa del Consumidor», nota publicada en La Ley2010-C, 1281).
Es decir que la intervención forzada del Ministerio Público Fiscal regulada en la Ley de Defensa del Consumidor no transforma per se en «indisponibles» los derechos que el accionante pretende hacer valer mediante su acción individual ya que el legislador legitima la actuación del organismo de cara a la efectiva tutela de la legalidad y los derechos del consumidor (argto. art. 52 de la ley 24.240; art. 42 de la C.Nac. ; art. 38 de la Const. prov.; Conf. doctrina citada).
b) Debe desestimarse también el planteo vinculado con la alegada configuración del supuesto de excepción previsto en el art. 4 inc. 4to de la ley 13.951.
Ello así por cuanto no se verifica el presupuesto de hecho previsto en la mentada normativa para exceptuar el trámite de mediación prejudicial obligatoria, es decir, no se trata de una causa en las que el Estado Nacional, Provincial, Municipal o los Entes Descentralizados sean parte (argto. art. 1, 2, 4 y conds. de la ley 13.951).
Reiteramos que en el caso particular el Ministerio Público Fiscal, lejos de participar obligatoriamente en función de la legitimación activa regulada en el art. 52 in fine de la ley 24.240 (cuando una asociación de consumidores desistiera o se apartara de la intervención en un proceso en donde se tratara la afectación de derechos de incidencia colectiva), actúa como «fiscal de la ley», es decir, en defensa de la tutela judicial efectiva y derechos individuales que invoca el Sr. Roberto Juárez en su condición de consumidor (argto. art. 1, 2, 4 y conds. de la ley 13.951; art. 1, 52 de la ley 24.240; art. 42 de la C.Nac. ; art. 38 de la Const. prov.).
c) Con relación al cuestionamiento que formula el apelante en cuanto a la recaratulación del expediente dispuesta por el magistrado de la instancia de origen, cabe subrayar que -a nuestro modo de ver- dicho embate deviene inatendible.
En efecto, la temática que es materia de agravio queda subsumida dentro de las facultades ordenatorias que le asisten al juzgador, es decir que -en principio- no provoca al recurrente un perjuicio insusceptible de reparación posterior y, por lo tanto, deviene inapelable (argto. arts. 36 inc. 2do, 242 y conds. del CPC; jurisp. esta Sala, causa N° 153641, RSI-116-13 del 5-413; causa N°147.952, RSI-189-11 del 12-5-11; entre otras).
d) El apelante desliza que, de acuerdo a lo establecido en el art. 24 de la ley 13.133, el juez se encuentra facultado para llamar a una audiencia de conciliación a fin de arribar a una solución temprana del conflicto, evitándose de tal modo el desgaste jurisdiccional que importaría el procedimiento relativo a la mediación prejudicial.
La crítica en esta parcela tampoco ha de tener favorable recepción por cuanto la facultad que el ordenamiento procesal concede en su art. 36 inc. 4to. al juez -en su condición de director del proceso- no transforma en letra muerta el carácter obligatorio que de la ley 13.951 en cuanto el régimen de la mediación previa como método alternativo de solución de un conflicto cuyo objeto es una materia disponible por los particulares (argto. art. 1, 2 y conds. de la ley 13.951; arts. 1, 2 y conds. del Dec Reg.2530/10).
Máxime teniendo en consideración que en la propia exposición de fundamentos del proyecto de la ley 13.951 -reiteramos- se subraya que la implementación de la mediación prejudicial obligatoria tiene por objeto instaurar un medio alternativo de resolución del conflicto, antes que sea llevado a cabo por las partes hasta los estrados judiciales, resaltando el legislador la voluntad política de institucionalizar nuevos mecanismos alternativos para la resolución de disputas, que conlleven a solucionar los problemas de sobrecarga de tareas, debido al volumen de demandas incoadas que soporta el Poder Judicial (conf. exposición de fundamentos de la ley 13.951; arts. 1, 2 y conds. de la ley 13.951; arts. 1, 2 y conds. del Dec Reg.2530/10).
e) El recurrente expresa, finalmente, que la decisión del magistrado de la instancia de origen provoca un gravamen irreparable en tanto el cumplimiento de la mediación prejudicial obligatoria lo expondría a afrontar los gastos que exige tal procedimiento, conculcándose de tal modo el beneficio de justicia gratuita receptado por el art. 53 de la ley de Defensa del Consumidor.
El embate no debe prosperar.
En primer término, porque el argumento que da sustento a la critica no reviste entidad para invalidad el carácter obligatorio de la ley 13.951 en lo que aquí es materia de debate (art. 1, 2, 4 y conds. de la ley 13.951).
En segundo lugar, porque la ley de mediación regula expresamente en su art. 7 la aplicación del instituto del beneficio de litigar sin gastos (art. 7 y conds. de la ley 13.951).
Es decir que si alguien acude a la mediación y no tiene recursos para ello, puede solicitar previamente dicha franquicia ante el juez sorteado y, una vez que le sea otorgado, presentarse al mediador designado para que medie ajustándose al beneficio otorgado (art. 7 y conds. de la ley 13.951; conf. Juana Dioguardi, «La instancia previa obligatoria en la Provincia de Buenos Aires», nota publicada en LLBA2012 (junio), 473; Alan Gobato, «La protección de los usuarios y consumidores de la Provincia de Buenos Aires. Reforma de la ley 13.133», nota publicada en LLBA2012 (marzo), 127).
Sellada de tal modo la suerte adversa del agravio, como mera referencia obiter dictum consideramos conveniente aclarar que esta Sala se ha pronunciado sobre el sentido y alcance del beneficio de gratuidad en el marco de un reclamo individual iniciado con fundamento en la existencia de una relación de consumo (conf. Jurip. esta Sala, 150.495, RSI-335-12 del 12-07-12).
En tal sentido, se ha interpretado que la legislación consumeril no puede tener otro alcance que el de garantizar la irrestricta gratuidad del acceso a la jurisdicción (eximición del pago de tasas y demás sellados de actuación), como así también, la liberación de las costas del proceso en caso de que el consumidor resulte vencido en el litigio, sin perjuicio de la facultad que le asiste a la parte contraria de demostrar incidentalmente la solvencia del peticionario y, una vez acreditada, provocar el cese de la franquicia (argto. arts. 42 de la Const. Nac.; art. 38 de la Const. Prov.; art. 53 y conds. de la ley 24.240; conf. Jurip. esta Sala, 150.495, RSI-335-12 del 12-07-12; CSJN «Unión de Usuarios y Consumidores y otros c/ Banca Nazionale del Lavoro S.A. s/ sumarísimo», sent. del 11 de octubre de 2011).
En definitiva, y teniendo en consideración los argumentos desarrollados en párrafos precedentes, consideramos que la decisión que ordena cumplir con el trámite de mediación prejudicial obligatoria regulado por la ley 13.951, debe confirmarse, lo que así se resuelve.
Por todo lo expuesto, citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales,
RESOLVEMOS:
I) Rechazar el recurso de apelación deducido a fs. 111/ 112 vta. y, en consecuencia, confirmar el proveído de fs. 106/ 107 vta., en lo que ha sido materia de agravio;
II) No imponer costas en atención a la inexistencia de un litigante técnicamente vencido (arts. 68 y ccds. del C.P.C.). REGISTRESE. Transcurrido el plazo del art. 267 del C.P.C., devuélvase.
NÉLIDA I. ZAMPINI
RUBÉN D. GEREZ
Marcelo M. Larralde
Auxiliar Letrado
Ley 13951 – BO: 10/02/2009
Cita digital:
