Tiempo estimado de lectura 9 minutos
Mis documentos Documentos Relacionados
JURISPRUDENCIAExcepción de previo y especial pronunciamiento. Mediación obligatoria. Omisión. Falta de cumplimiento. Carácter obligatorio
Se hace lugar a la excepción de previo y especial pronunciamiento por falta de cumplimiento del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria, pues no puede y no debe confundirse la mediación prejudicial de carácter obligatorio, instituida por la ley 13151, con la mediación (obligatoria o facultativa) contenida en diversos cuerpos normativos, por cuanto no ha sido el criterio del legislador provincial posibilitar el cumplimiento de su exigencia con la realización de otro tipo de mediación sea pública o privada.
Santa Fe, 12 de Febrero de 2015.-
Y VISTOS: Estos autos caratulados “AMADIO, JOAQUIN C/ COINAUTO S. A. S/ ORDINARIO” (Expte. Sala I N° 22 – Año 2014), venidos para resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del actor contra la resolución de fecha 26.12.2013 por la que el Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Séptima Nominación de Santa Fe dispuso hacer lugar a la excepción de previo y especial pronunciamiento interpuesta en los términos del art. 139 inc. 4) del CPCC condenando en costas a la actora incidentada; y,
CONSIDERANDO:
1. Por resolución de fecha 26.12.2013 el Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Séptima Nominación de Santa Fe dispuso hacer lugar a la excepción de previo y especial pronunciamiento interpuesta por la demandada en los términos del art. 139 inc. a4 del CPCC -falta de cumplimiento del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria- con costas a la actora excepcionada (v. fs. 43/44).
Para así decidir, el A quo sostuvo que al haber omitido el actor el cumplimiento de los recaudos establecidos por el art. 130 del CPCC -configurándose el supuesto que da lugar a la excepción del art. 139 inc. 4 del mismo cuerpo normativo- resultó claro que en los términos del inc. 1 del art. 251 de la ley ritual, éste dio lugar a la reclamación del demandado excepcionante. Por ello, no resultan atendibles las razones que aduce para justificar su omisión en tanto el procedimiento que dice haber iniciado ante la Dirección General de Comercio Interior y Servicios de la Provincia de ningún modo sustituye el procedimiento específico que establece la ley 13.151 con carácter de instancia previa obligatoria a la iniciación del proceso judicial. Pero tampoco la situación puede asimilarse a la prórroga de jurisdicción en tanto el procedimiento ha sido establecido por la ley 13.151 con carácter obligatorio para ambas partes (v. fs. 43/44).
2. Contra dicho decisorio, el actor interpuso recurso de apelación en fecha 13.02.2014 (v. fs. 47) el que fuera concedido por providencia de fecha 17.02.2014, en relación y con efecto suspensivo (v. fs. 49).
3. Radicados los autos en esta Sala, por providencia de fecha 06.05.2014 (v fs. 60) se dispuso correr traslado al apelante para expresar agravios, lo que fue contestado en fecha 20.05.2014 (v. fs. 62/63).
Luego de reseñar brevemente los antecedentes de la causa, el apoderado del actor funda su pieza recursiva manifestando que, habiéndose iniciado un procedimiento administrativo previo ante la Dirección General de Comercio Interior, con fines netamente conciliatorios, los mismos resultaron infructuosos por falta de interés de las partes para arribar a un acuerdo, aun con personal dedicado a mediar.
Por ello, entendió que el requisito legal de la mediación prejudicial se tornaba como una exigencia formal injustificada, que privaba a su mandante del acceso a la jurisdicción en condiciones ágiles, contrariando los principios de economía procesal y de costos para las partes. Agregó que, existiendo tratativas previas en la Dirección General de Comercio Interior, a su entender, no resultaba razonable volver a iniciar un camino de mediación que no sólo demanda tiempo sino costos.
Explicó que ese criterio fue compartido por el A quo cuando citó y emplazó al demandado a estar a derecho, pero luego de haber opuesto la demandada como excepción previa, la inexistencia de la mediación prejudicial obligatoria, no tuvo otra opción que allanarse con el fin de no dilatar más el tratamiento de su reclamo, solicitando la imposición de costas por su orden.
Adujo que no se trató de un vencimiento, sino que el actor tuvo razones suficientes para solicitar la eximición de la mediación, pero además la situación es asimilable con la propuesta de prórroga de jurisdicción que puede o no ser aceptada por el demando, o cuando el vencimiento que padece una de las partes no es atribuible a un defecto o falta de razón en su postulación, u oposición, sino al ejercicio de facultades discrecionales del juez.
4. De los agravios expresados se dispuso, por providencia de fecha 26.05.2014, correr traslado al demandado (v. fs. 64) los que fueron contestados en fecha 28.05.2014 (v. fs. 66/67).
5. Ingresando en el análisis del recurso intentando, es menester señalar que el mismo versa sobre una cuestión atinente a la imposición de las costas ante una excepción de previo y especial pronunciamiento -como lo es la deducida por el demandado y a la que se ha allanado el actor- concerniente a la falta de cumplimiento de la mediación prejudicial obligatoria.
6. El artículo 251 de la ley de forma dispone que la parte vencida será siempre condenada a pagar las costas del juicio, estableciendo tres excepciones a este principio: que la parte vencida reconociere como fundadas las pretensiones de su adversario dentro del término legal para contestar, allanándose a satisfacerlas, a menos que hubiera incurrido en mora o que, por su culpa, haya dado lugar a la reclamación; cuando aceptare los extremos de la petición de la contraria al dársele conocimiento de los títulos o instrumentos tardíamente presentados; y, cuando procediere de igual modo al oponérsele la prescripción siempre que ésta haga decidir el pleito en su contra.
Así, se observa como una de las excepciones al principio de “costas al vencido” estipulado por el artículo 251 del CPCC, el allanamiento de las pretensiones del adversario, con lo que se vuelve a la regla general de “costas por su orden”; pero seguidamente, el artículo en cuestión, fija una excepción a la excepción cuando aclara que pese al allanamiento, la parte excepcionada va a ser condenada en costas cuando hubiera incurrido en mora o que, por su culpa, haya dado lugar a la reclamación.
El concepto de culpa se refiere a todas aquellas actitudes (acciones u omisiones) de la parte que se allana y que hubieran motivado, en definitiva, la interposición de la excepción; ya que el germen de la pretensión que prospera, se encuentra en la relación jurídico-procesal. En este sentido, si un demandado no ha respondido a gestiones extrajudiciales y se allana luego de promovida la demanda igualmente debe ser condenado en costas; o si un litigante cometió un error material al practicar una liquidación, debe soportar las costas aunque se allane a la impugnación formulada por la contraparte; o si el interesado que practicó una intimación en el domicilio real, siendo que en el contrato se había estipulado uno distinto, debe correr con las costas ante el planteo de la contraparte. No importa si el error o la inadvertencia fue cometido con culpa en sentido subjetivo, porque evaluar esta circunstancia implicaría ingresar en un terreno extraño al principio objetivo del vencimiento consagrado por nuestra ley de forma (conf. Loutayf Ranea, Roberto Gerardo; Condena en Costas en el Proceso Civil, Astrea, Buenos Aires, 1998, págs. 109 y sgtes.).
En este sentido, esta Sala, con distinta integración, ha expresado de manera uniforme y reiterada que “el allanado es un vencido, y ese allanamiento tiene incidencia en la condena en costas en la medida en que medie un supuesto de culpa o de mora que haya dado razón a quien demanda (9.08.08, Vega c/ Sánchez Lecumberri”, Autos 42-313; 30.05.06, “Vera Rossi c/ Abba de Hillmann”, Protocolo Único T. 3 f. 155; 1.08.06, “Cepeda de Bonino c/ Danieli”, Protocolo Único T. 3 F. 279; etc)” (v. esta Sala, 15/09/2009, “Pioli, Rodolfo German c/Consor. Prop. Inm. Casanello 778 s/ Medida Autosatisfactiva” F. 308 T. 7).
6. Por su parte, puede observarse que la Ley de Mediación Prejudicial Obligatoria N° 13.151 modificó los artículos 130 y 139 -entre otros- de nuestro código ritual. Con relación al art. 130 del CPCC, la ley agregó como párrafo final que “en su caso, el escrito de demanda será acompañado del acta de finalización del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria”; y, por su parte, al art. 139 del CPCC, le agregó como cuarta excepción de previo y especial pronunciamiento “la falta de cumplimiento del proceso de mediación prejudicial obligatoria”. De ésta manera, la ley refuerza su carácter de orden público -entendido como materia indisponible por las partes- remarcando el espíritu con el que ha querido dotarla el legislador.
Además, el procedimiento de mediación obligatoria, instituido por la ley 13.151 debe realizarse en forma previa al inicio de una demanda fundada en la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240 (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, Sala 2, del 01.06.2012, en autos “Agüero, Gabriela c/ Asociación Mutual 7 de Agosto s/ demanda ordinaria”, Legaldoc).
En efecto, no puede y no debe confundirse la mediación prejudicial de carácter obligatorio, instituida por la ley 13.151, con la mediación (obligatoria o facultativa) contenida en diversos cuerpos normativos, por cuanto no ha sido el criterio del legislador provincial posibilitar el cumplimiento de su exigencia con la realización de otro tipo de mediación sea pública o privada.
7. Trasladados estos conceptos a la especie, este Cuerpo Colegiado entiende que el recurso intentado por la actora no puede prosperar, por cuanto omitió uno de los requisitos esenciales para la interposición de la demanda -estipulado en el art. 130 del CPCC- máxime teniendo en cuenta las notas de obligatoriedad y orden público en los que se funda la mediación prejudicial de la ley santafesina. Por lo que, distribuir las costas con quien ha opuesto válidamente una excepción de previo y especial pronunciamiento -pese al allanamiento del excepcionado- sería contrariar el régimen de imposición causídica adoptado por nuestro ordenamiento procesal.
8. En consecuencia, cuanto corresponde es rechazar el recurso de apelación impetrado, confirmando la resolución en crisis emitida por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Séptima Nominación del Distrito Judicial N° 1 (v. fs 43/44), con costas a la vencida a tenor de los normado en el art. 251 del CPCyC.
Por ello, la SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE SANTA FE, RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación impetrado, confirmando la resolución en crisis emitida por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Séptima Nominación del Distrito Judicial N° 1 (v. fs 43/44), con costas a la vencida a tenor de los normado en el art. 251 del CPCyC. 2) Los honorarios de Alzada se liquidarán en la proporción establecida en el artículo 19 de la ley 6.767, modificada por la Ley 12.851, oportunidad en que se correrá vista a la Caja Forense.
Insértese, hágase saber, bajen.
FABIANO VARGAS ECHARTE
(En abstención)
PENNA
(Secretaria)
ABSTENCION DE LA DRA. ECHARTE:
Habiendo tomado conocimiento de estos autos y existiendo votos totalmente concordantes de dos jueces, de conformidad al art. 26 de la Ley 10.160 y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, me abstengo de emitir opinión.
ECHARTE
PENNA
(Secretaria)
Ley 13512 – BO: 13/12/2010
005782E
