Se desestima el planteo de inconstitucionalidad de los artículos 2 de la ley 13951 y 2 del decreto 2530/2010 en cuanto establecen la obligatoriedad de la mediación previa, al concluir que tal procedimiento no violentaba el derecho constitucional de acceso a la justicia, sino que institucionalizaba un mecanismo alternativo para la resolución de conflictos que no alteraba el derecho de recurrir ante la justicia, ni estaba destinado a sustituir la jurisdicción.
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