Se rechaza el agravio interpuesto por la parte actora alegando que el Ente carecía de competencia para dictar el acto, solicitando su nulidad, en tanto existe un andamiaje jurídico-normativo que sostiene el accionar del Ente, ya que tanto leyes locales, como la propia Constitución local y los principios del derecho administrativo, lo habilitan para investigar y, eventualmente, imponer sanciones ante las infracciones a las normas del contrato.
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