Tiempo estimado de lectura 4 minutos
Mis documentos Documentos Relacionados
JURISPRUDENCIAResolución administrativa. Multa. Principio solve et repete. Improcedencia
Se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la demandada, habida cuenta que no corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 11 de la ley 18.695, que impone el requisito de pagar la multa para poder apelarla (“solve et repete”), pues el apelante debe acreditar la imposibilidad de pagar la multa de acuerdo a su capacidad económica, y este requisito no fue cumplimentado.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 05 del mes de FEBRERO de 2015.-
VISTO:
El recurso de fs. 115/125;
CONSIDERANDO:
I.- La Superintendencia de Riesgos del Trabajo, mediante Resolución nº 882 de fecha 07 de mayo de 2014 impuso a ZOMACO S.A. una multa de … pesos ($… .-), por infracciones a los arts. 86, 87, 108, 110 y 113, Cap. 6º del Decreto nº 911/96 y al art. 362, Cap.9 del Decreto citado.
Contra tal decisión, la sumariada interpuso recurso de apelación (v.fs.,115/123), que fuera desestimado por resolución que luce a fs. 124/125 por falta de pago previo de la multa interpuesta (conf. Arts. 12 y 15 de la resolución S.R.T. nº 25 de fecha 26.03.1997), exigencia respecto de la cual la apelante plantea la inconstitucionalidad del art. 11 de la Ley 18.695.
II.- En primer término, cabe expedirse en torno a la referida impugnación de la validez constitucional del artículo 11 de la Ley 18.695 en cuanto impone el previo pago de la multa como requisito indispensable para la concesión del recurso de apelación allí normado, a cuyo fin argumenta la recurrente que tal normativa viola expresos derechos constitucionales como la garantía de la defensa en juicio al vedar el acceso a la jurisdicción (artículo 18 C.N.) y otro emanados de Pactos Internacionales incorporados a nuestra Carta Magna con tal jerarquía constitucional.
III.- En numerosos pronunciamientos de esta Cámara y de esta Sala en particular, se ha propugnado que respecto, específicamente, de la limitación recursiva impuesta por el artículo 11 de la Ley 18.695, violenta la garantía constitucional de defensa en juicio, criterio que sustentó quién fuera Procurador General del Trabajo, Dr. Jorge Guillermo Bermúdez, en tantas veces citado dictamen nº 9738 del 29 de marzo de 1988, en autos “Verde Onix S.C.A. c. Ministerio de Trabajo s/ queja”, luego mantenido por el actual Fiscal General de esta Cámara, Dr. Eduardo Álvarez.
Tampoco debe olvidarse que la Corte Federal ha dicho, en su calidad de intérprete de la Constitución Nacional, que si bien “el reconocimiento de facultades jurisdiccionales a órganos administrativos constituye uno de los modos universales de responder, pragmáticamente, al premioso reclamo de los hechos que componen la realidad de este tiempo” y que ello entraña un “instrumento apto para resguardar, en determinados aspectos, fundamentales intereses colectivos de contenido económico y social, los que de otra manera sólo podrían ser tardía o insuficientemente satisfechos”, ese reconocimiento lo es a condición de que se reconozca “a los litigantes el derecho a interponer recurso ante los jueces ordinarios”; habiendo puntualizado que la simple facultad de deducir recurso extraordinario, basado en inconstitucionalidad o arbitrariedad, no satisface las exigencias imperativas (v. Fallos, 247:646). Es que el “Derecho a la revisión judicial constituye un imperativo de orden constitucional del que en definitiva depende la supervivencia misma del Estado de Derecho (conf. C.S.J.N., del voto en disidencia de los Señores Ministros Carlos Fayt y Enrique Petracchi, fallo del 05.11.2002, en la causa “Meller Comunicaciones S.A. U.T.E. C. Entel”, LL 2003-B.906).
Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, este Tribunal considera que si bien es cierto, conforme lo expresado, que las decisiones administrativas de naturaleza jurisdiccional deben ser pasibles de revisión judicial, ello no obsta a que pueda predicarse en abstracto que la exigencia de subordinar la admisibilidad del recurso al pago previo de la multa -solve et repete-, violente la división de poderes y la garantía de defensa en juicio (artículo 18, Constitución Nacional).
Al respecto, esta Sala tiene dicho en numerosos casos sustancialmente análogos al presente, que no corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 11 de la Ley 18.695, en la medida que también exige el pago previo de la multa, si el apelante no acredita que el cumplimiento de ese recaudo lo coloca en una situación particular vinculada con la magnitud del importe de que se trata y su capacidad económica, extremos exigidos por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para admitir un apartamiento del dispositivo legal y que la sumariada no ha siquiera invocado, mucho menos acreditado en la causa.
En base a lo expresado, procede se desestime la apelación interpuesta por la sumariada, con costas por el orden causado atento la índole de la cuestión (art. 68 C.P.C.C.N.).
Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE: Desestimar el recurso interpuesto, con costas por el orden causado.
Regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4ºde la Acordada de la C.S.J.N. 15/13 y, oportunamente, devuélvase.
LUIS ALBERTO CATARDO
JUEZ DE CAMARA
VICTOR A. PESINO
JUEZ DE CAMARA
Ante mí:
ALICIA E. MESERI
SECRETARIA
001588E
