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JURISPRUDENCIADecomiso. Dinero. Cohecho. Acto de corrupción
Se confirma la sentencia que ordenó el decomiso de una suma importante de dinero al apelante, condenado por el delito de ofrecimiento de dadivas en perjuicio de la administración pública, habida cuenta que el hecho de que el encartado no haya aportado el dinero para realizar los delitos por los cuales fuera condenado no implica de ningún modo que no hubiera obtenido lucros indebidos de su comisión, situación que el Estado no puede tolerar y por ello corresponde su decomiso.
En la ciudad de Buenos Aires a los 29 días del mes de ABRIL del año dos mil dieciséis, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Juan Carlos Gemignani como Presidente y los doctores Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky como Vocales, asistidos por el Secretario Actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación de fs. 64/69 vta. de la presente causa Nro. CFP 2160/2009/37/CFC3 del registro de esta Sala, caratulada: “V., M. s/ recurso de casación”; de la que RESULTA:
I. Que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, Secretaría Nº 19, de esta Ciudad en la causa Nº CFP 2160/2009, resolvió, con fecha 13 de octubre de 2015, en cuanto aquí interesa: “V) CONDENAR a M. V. de las demás condiciones personales obrantes en el encabezamiento de la presente causa Nº 2160/09, a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN de ejecución condicional y al pago de las costas del proceso, por ser autor penalmente responsable del delito de ofrecimiento de dádivas cometido en cuatro oportunidades en concurso material entre sí y en perjuicio de la Administración Pública (arts. 26, 27 bis, 29, inciso 3º, 40, 41, 45, 55 y 259 del Código Penal y arts 401, 403, 409, 431 bis, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación). Se deja expresa constancia que se imprimió el trámite de JUICIO ABREVIADO al proceso. VI) UNIFICAR la sanción precedente a M. V. con la pena de un año y seis meses de prisión en suspenso y un año de inhabilitación especial para ser titular de cuentas corrientes bancarias y operar en la de terceros y el cumplimiento de reglas de conducta de fijar residencia y someterse al cuidado del patronato por el término de dos años, que fuera impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 30 en la causa 1495, con fecha 23 de diciembre de 2008 y en definitiva CONDENAR a la PENA ÚNICA DE DOS AÑOS Y DOS MESES DE PRISIÓN en suspenso, UN AÑO DE INHABILITACIÓN ESPECIAL para ser titular de cuentas corrientes bancarias y operar en la de terceros, al sometimiento a las reglas de conducta de fijar residencia de la que no deberá ausentarse sin autorización del tribunal y someterse al cuidado del patronato y al pago de COSTAS del proceso (art. 58 del Código Penal). VII) ORDENAR EL DECOMISO DE LA SUMA DE $ 346.427,50.- (trescientos cuarenta y seis mil cuatrocientos veintisiete pesos con cincuenta centavos) a M. V. (art. 23 y 29 del Código Penal); a fin de su implementación, fórmese el correspondiente incidente.” (fs. 9/60).1
II. Que contra dicha resolución M. V., por derecho propio, con patrocinio letrado del doctor Gonzalo Oliver Tezanos, interpuso el recurso de casación traído a estudio (fs.64/69 vta.); el que fue concedido por el “a quo” a fs. 78/79 vta. y mantenido ante esta instancia a fs. 82.
III. El recurrente fundó su recurso de casación en la causal prevista por el art. 456, inciso 1º, del C.P.P.N.
En primer lugar señaló que la presente vía resulta admisible toda vez que la resolución puesta en crisis en una sentencia definitiva.
Específicamente impugnó la decisión en cuanto ordena el decomiso de la suma de $346.427,50 (trescientos cuarenta y seis mil cuatrocientos veintisiete pesos con cincuenta centavos) sobre sus bienes.
Sostuvo que se realizó una errónea interpretación y aplicación de la ley sustantiva en cuanto a la mensuración y proporcionalidad de la pena, y la aplicación del artículo 23 del Código Penal.
Explicó que el Código Penal faculta al juez a disponer el decomiso sólo sobre los bienes que sean instrumentos, producto, provecho o efectos relacionados con los delitos. Al respecto, argumentó que él no aportó el dinero utilizado para la comisión de los delitos y sostuvo que en la causa fue demostrado que el dinero utilizado para la comisión de los ilícitos provino de otras personas.
Agregó que en la sentencia impugnada no se explica cómo es que el juez determinó el monto a decomisar ni el porqué de la aplicación de dicha medida.
Solicitó entonces que se case la sentencia impugnada y que se decrete la nulidad parcial de la misma en lo que hace al decomiso de sus bienes, a los efectos de que el magistrado sentenciante fundamente su decisión.
Hizo reserva del caso federal.
IV. Que durante el término de oficina previsto por los artículos 465, cuarto párrafo, y 466 del C.P.P.N., las partes no hicieron presentaciones (Cfr. fs. 86).
V. Que en la etapa prevista por el art. 465 – último párrado y 468, ambos del Código Procesal Penal de la Nación, se presentó la defensa de M. V., quien se remitió en un todo a lo menifestado en el recurso de casación interpuesto (Cfr. fs. 88 y 89). Habiendo quedado las actuaciones en estado de ser resueltas, se efectuó el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultando el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Gustavo M. Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky.
El señor juez doctor Gustavo M. Hornos dijo:
I. El recurso interpuesto es formalmente admisible en función de lo dispuesto por el artículo 431 bis, inciso 6, del C.P.P.N. que dispone que contra la sentencia dictada en el procedimiento de juicio abreviado será admisible el recurso de casación según las disposiciones comunes. Y, teniendo en cuenta en tal sentido que la sentencia recurrida es de aquellas consideradas definitivas (art. 457 del C.P.P.N.), la parte recurrente se encuentra legitimada para impugnarla (art. 459 del C.P.P.N.), los planteos esgrimidos encuadran dentro de los motivos previstos por el art. 456 del C.P.P.N, inciso 1, del C.P.P.N. y se han cumplido los requisitos de temporaneidad y fundamentación exigidos por el art. 463 del ritual.
Es que, en lo pertinente, la circunstancia de que el decomiso que ha sido impugnado se ajuste estrictamente al acuerdo de juicio abreviado celebrado entre las partes no define la ausencia de interés por parte de la defensa, en tanto ello no exime al tribunal del dictado de una sentencia fundada, conforme lo dispuesto por el art. 431 bis, inc. 5), del C.P.P.N.; y en el caso los recurrentes han alegado la arbitrariedad en el análisis de los elementos valorados por el tribunal para disponer el decomiso que ha sido cuestionado por la defensa, por lo que sus planteos se presentan idóneos a los fines de habilitar la revisión reclamada a esta instancia (cfr. mi voto en causas Nro. 1865 “ACOSTUPA JUÁREZ, Javier Mariano y otros s/recurso de queja”, Reg. Nro. 2363, rta. el 29/12/99; causa Nro. 3719, “LUZARDO, Walter Fabián s/recurso de casación”, Reg. Nro. 5100, rta. 14/08/2003, causa Nro. 9051, “BAIRGIAN, Eduardo César s/queja”, Reg. Nro. 10528.4., rta. el 4/6/2008; causa Nro.13.349 “TORRES GALVÁN, Alberto Miguel s/queja”, Reg. Nro. 15.422.4, rta. el 30/8/11; causa Nro. 1382/13 “RAGO, Vicente s/recurso de queja”, Reg. Nro. 2374.13.4, rta. el 5/12/2013; causa CPE 1915/2013/2/RH1,“ESTERAS ENEBRAL, Ángel Luis s/recurso de queja”, Reg. Nro. 1834/14, rta. el 12/9/2014; entre muchas otras y CSJ 24/2014 50-G “Gerez, Brian Rodrigo s/causa nº 1102/2013” rta. 2/12/14; CSJ 10/2014 50-R “Rivero, Jorge Hernán s/causa nº 1015/2013” rta. 10/2/15 y CSJ 423/2010 46-C “Cabrera, Francisco Nicolás Jesús s/causa 9941” rta. 19/2/15) las que se remiten todas por ser cuestiones mutatis mutandi a la causa CSJ 941/2009 45-A “Araoz”, resuelta el 17/5/11).
II. Previo a ingresar al tratamiento de la cuestión planteada por el impugnante, corresponde recordar las constancias de la presente causa en lo relativo al objeto de la presente impugnación.
El pasado 30 de septiembre de 2015, en cuanto aquí interesa, el señor M. V., y su abogado defensor suscribieron junto con el Fiscal General Guillermo Fernando Marijuan un acuerdo de juicio abreviado en los términos del artículo 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación en la que acordaron, entre otras cosas, que a partir de la sentencia condenatoria que debía dictarse correspondía proceder al decomiso de la suma de $346.427,50 (trescientos cuarenta y seis mil cuatrocientos veintisiete pesos con cincuenta centavos), sobre los bienes del primero de los nombrados. (Cfr. fs. 1/6).
Luego de realizada la audiencia de visu prevista por el código ritual (Cfr. fs. 8) el señor juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, Julián Ercolini, quien tenía a su cargo la etapa de juicio correccional, el día 13 de octubre de 2015 resolvió condenar, entre otros, a V. y, en lo pertinente a la presente incidencia, ordenó el decomiso de sus bienes en los mismos términos en los que había sido acordado previamente por las partes interesadas. (Cfr. fs.9/60)
Finalmente, contra dicha resolución, el señor M. V., con la asistencia de su abogado defensor interpuso el recurso de casación que habilitó la jurisdicción de esta alzada.
III. Ahora bien, sentado cuanto precede, corresponde recordar que las reglas establecidas para el decomiso integran un cuerpo de normas sustantivas, cuya aplicación resulta imperativa en virtud de lo dispuesto por el artículo 23 del C.P. En efecto, la citada norma ordena que “en todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado Nacional, de las provincias o municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado o de terceros…” (el resaltado me pertenece).
De manera que el decomiso es una consecuencia accesoria a una pena principal, que constituye un efecto de la sentencia condenatoria cuando se configuran aquellas condiciones legalmente previstas y que, por encontrarse dispuesta en la parte general del Código Penal, resulta aplicable de manera obligatoria a todos los delitos previstos en dicho cuerpo normativo y en las leyes especiales -a menos que en éstas dispongan lo contrario- (artículo 4 del C.P.).
En primer lugar, es necesario tener en cuenta que en el caso, el imputado, asistido por su defensa, suscribió un acuerdo en los términos del artículo 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación en el que pactó de manera conjunta con el representante del Ministerio Público Fiscal, entre otras cosas, el decomiso de la suma de $346.427,50 (trescientos cuarenta y seis mil cuatrocientos veintisiete pesos con cincuenta centavos), lo que luego el Tribunal homologó a través de la sentencia condenatoria.
El recurrente cuestiona que en dicha sentencia el magistrado de origen no indicó cuales fueron los motivos que lo llevaron a ordenar el decomiso pactado, ni cuales fueron los parámetros tenidos en cuenta para establecer la suma de dinero finalmente señalada. Refirió que su asistido no aportó el dinero utilizado para la comisión de los delitos, y que dicho dinero no representa un “objeto del delito” de manera que se encuentre alcanzado por la normativa prevista en el artículo 23 del código de fondo.
Al respecto corresponde recordar que en los términos de la citada norma se impone a los magistrados la obligación de proceder al decomiso no sólo de las cosas que han servido para cometer el hecho delictivo sino también de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho de ese delito.
Los denominados “efectos” provenientes del delito son, principalmente, los objetos que forman el delito y los que son su resultado, obtenidos o producidos mediante el injusto, sea que se encuentren en el mismo estado o en otro diferente -como valor de uso o de cambio- (cfr.: Zaffaroni, Eugenio Raúl, “Derecho Penal. Parte General.”, Ed. Ediar, Bs. As., junio de 2002, pág. 988). De manera que la previsión legal no restringe en ese aspecto el significado de dicha expresión, encontrando sustancial fundamento también en la prevención, en orden a excluir la posibilidad de que de un delito castigado por el Estado resulte un remanente de lucro para el delincuente; es decir, que su principal sentido es el de impedir que el autor del ilícito penal pueda seguir disfrutando de lo que por él obtuvo, ya que carecería de sentido, como lo destaca el tribunal, imponer la pena y permitir que el delito siga produciendo sus efectos.
En la misma línea, ha sido señalado que “la razón o fundamento del comiso se ha encontrado en relación a posteriores delitos y a lucros indebidos que resulten para el delincuente a consecuencia precisamente del hecho por el cual se lo condena” (David Baigún, Eugenio R. Zaffaroni. “Código Penal y normas complementarias Análisis doctrinal y Jurisprudencial”. Parte General. Editorial Hammurabi. Tomo 1. Pag. 309).
Y es que el hecho de que V. no haya aportado el dinero para realizar los delitos por los cuales fuera condenado no implica de ningún modo que no hubiera obtenido lucros indebidos de su comisión, situación que el Estado no puede tolerar.
A partir de la lectura de la doctrina citada podríamos entonces concluir que el código prevé también situaciones como la de autos, en la que el decomiso no sólo tiene carácter retributivo, sino también -en el sentido expuesto- preventivo.
Pero lo sustancial en relación al caso en estudio, es que en los delitos de corrupción, tal como ya he tenido oportunidad de señalar, puede considerarse que el decomiso cumple una función reparatoria del daño social causado, por lo que resulta importante otorgarle un sentido de restauración de la justicia y restablecimiento del equilibrio perdido, destinado a recuperar para la comunidad los activos obtenidos o utilizados en la comisión de delitos socialmente dañosos. (Cfr. mi voto en “ALSOGARAY, María Julia.”. Reg. 6674.4. Rta. 9/05/2005 de esta Sala IV, citado a su vez en el resolutorio impugnado).
El magistrado de origen en su sentencia explicó de manera puntual y detallada y en moneda nacional, cuál fue el costo que tuvieron cada uno de los hechos por los cuales el nombrado fue condenado (hechos denominados 11, 12, 13 y 14). Y a partir de dichos montos, fue que el propio imputado y el representante de la vindicta pública acordaron cual era el monto específico que debía ser decomisado a M. V. y en esos mismos términos fue homologado de manera fundada por el juez correccional a cargo del juicio, quien señaló que “El art. 23 del C.P. prevé el uso del derecho penal para el decomiso de “las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito (…)”.
Corresponde señalar entonces, que la resolución impugnada ha sido suficientemente fundada, en tanto los $346.427,50 (trescientos cuarenta y seis mil cuatrocientos veintisiete pesos con cincuenta centavos) cuyo decomiso fue ordenado por el magistrado constituyen justamente objeto de decomiso a la luz de los principios expuestos.
En este sentido, los motivos casatorios presentados por la defensa sólo muestran una discrepancia con los fundamentos expuestos por el magistrado a quo, y no resultan hábiles a los efectos de desvirtuar los motivos desarrollados a los fines de considerar arbitraria la resolución recurrida, en los términos establecidos por la ley sustantiva.
Por lo expuesto se advierte que la decisión impugnada se encuentra correctamente fundada y no presenta fisuras de logicidad en su razonamiento, las conclusiones a las que allí se arriban constituyen la derivación necesaria y razonada de las constancias de la causa y la aplicación del derecho vigente al caso concreto.
Por último, y en cuanto al destino que habrá de darse a las sumas a decomisar, considero que, en orden a la función reintegradora y reparatoria que también corresponde otorgarle al instituto en estudio y tal como lo han pactado las partes al suscribir el acuerdo de juicio abreviado, destinar en forma concreta el producto de delitos vinculados con el abuso de posiciones de poder público, de carácter económico, directamente en beneficio de instituciones reconocidas como de bien público llevaría a paliar, siquiera parcialmente, el impacto social que este tipo de delitos produce. (Cfr. en ese sentido mi voto en la causa “ALSOGARAY, María Julia ya citada precedentemente).
Es que el artículo 522 del C.P.P.N. pone en cabeza del Tribunal sentenciante la decisión de disposición, en cuanto ordena que “cuando la sentencia importe el decomiso de algún objeto, el tribunal le dará el destino que corresponda según su naturaleza”.
IV. Por ello, propongo al acuerdo: I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por M. V., por derecho propio con el patrocinio letrado del doctor Gonzalo Oliver Tezanos. SIN COSTAS en la instancia, en virtud de haberse efectuado un razonable ejercicio del derecho al recurso (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N. y 8.2h de la C.I.D.H.). II. TENER PRESENTE la reserva federal de caso efectuado Los señores jueces doctores Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky dijeron:
Que por coincidir en lo sustancial con las consideraciones expuestas en el voto que abre el acuerdo, adherimos al rechazo del recurso de casación interpuesto por la defensa propiciado por nuestro colega preopinante. Sin costas. (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.)
Así votamos.-
Por ello, en orden al acuerdo que antecede, el Tribunal:
RESUELVE:
I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por M. V., por derecho propio con el patrocinio letrado del doctor Gonzalo Oliver Tezanos. SIN COSTAS en la instancia, en virtud de haberse efectuado un razonable ejercicio del derecho al recurso (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.)
II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal efectuada.
Regístrese, notifíquese, comuníquese (Acordada 15/13 CSJN “lex 100”) y remítase al Tribunal de origen, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
JUAN CARLOS GEMIGNANI
GUSTAVO M. HORNOS
MARIANO HERNÁN BORINSKY
Código Penal de la Nación – Título XI. Delitos contra la Administración Pública. Arts. 237 a 281 bis
007477E
