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JURISPRUDENCIAContrato de trabajo. Despido. Hostigamiento laboral. Prueba testimonial. Juicio pendiente. Valoración de la prueba
Se hace lugar a la demanda por despido interpuesta por la trabajadora, pues con independencia de la repercusión que en la esfera espiritual pudiera traer aparejada la rescisión contractual en sí misma (daño que encuentra su reparación en el marco de las indemnizaciones tarifadas contempladas en la LCT), lo cierto es que se configura la responsabilidad extracontractual de la demandada en los términos del artículo 1078 del Código Civil -actual artículo 1741-, dado que se advierte un perjuicio concreto en la salud psicofísica de la trabajadora como consecuencia de las condiciones de trabajo; las que, huelga decir, se advierten con aptitud para lesionar su dignidad y su derecho a un ambiente laboral libre de violencia.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de junio de 2016, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:
EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:
I.- La sentencia de primera instancia, que hizo lugar parcialmente a la demanda, condenando a la sociedad demandada y liberó a G. M., viene apelada por la actora, y por la demandada.
II.- Por una cuestión de orden metodológico comenzaré el análisis por el recurso de apelación interpuesto por la sociedad demandada.
El primer agravio referido a la inexistencia de la relación de trabajo es insuficiente, ya que el apelante no se hace cargo del fundamento con el que el sentenciante de grado desestimó su postura, esto es que “…la defensa ensayada por la demandada, referida a la inexistencia de la relación laboral de la actora, entiendo que la misma no resiste mayor análisis a la luz de la propia documental acompañada por los demandados…del propio intercambio telegráfico acompañado por la codemandada Cargo Net, recibos de haberes y certificados de servicios surge clara e inequívocamente el carácter de dependiente de la actora, no existiendo por otra parte probanza idónea que permita siquiera inferir una situación distinta a la que surge del texto de los colacionados mencionados. Con lo cual resulta de aplicación al caso la teoría de los actos propios, ya que nadie puede hacer valer un derecho en contradicción con su anterior conducta…”. La parte demandada insiste en la calidad de socia de la actora, soslayando la regla venire contra factum propium nulla conceditur, que veda a un sujeto adoptar conductas contradictorias con otras anteriores deliberadas y plenamente eficaces con determinado significado jurídico ya que es inadmisible proteger un comportamiento incoherente. Del escrito de contestación de demanda surge que “…cada uno de ellos -los socios- se les asignaría un salario y se los inscribiría como empleados…” (v. fs. 183). Por lo expuesto, corresponde se confirme lo resuelto en grado.
III.- El segundo agravio lo titula “el supuesto vaciamiento de puesto y malos tratos”. La apelante ataca el análisis realizado de la prueba testimonial aportada por la actora –R. L., C. y R.- y sostiene que con las impugnaciones efectuadas a tales testimonios y con las declaraciones propuestas por su parte –G. (v. fs. 726/8), S. (v. fs. 729/731), L. (v. fs. 736/8) y M. (v. fs. 739/740)- logra desvirtuar lo invocado en autos y demostrar su postura, esta es que “…el conflicto entre la actora y el señor M., comenzó cuando se prescindió de los servicios que, en forma independiente, prestaba el marido de aquella, para Cargo Net…”. Respecto de R. L. (v. fs. 677/680) manifestó que su declaración no es eficaz ya que dejó de trabajar para la demandada a fines de 2008 y la actora ubicó al trato hostil en el año siguiente; lo cierto es que la parte soslaya que la accionante en la demanda relata que “…aproximadamente en marzo de 2009, G. M. cambia radicalmente su actitud para conmigo…” (v. fs. 6), por lo que la señora F. dio un estimativo en la fecha y puede interpretarse de un cambio progresivo que termina de concretarse a principios de 2009. Continúa con la declaración de C. (v. fs. 681/3) y sostiene que la testigo nada aportó en cuanto al tema en cuestión -lo que comparto-, pero cabe destacar que el sentenciante de grado al citar las declaraciones y nombrar a C., equivocó la identificación y fojas y claramente de la lectura de la testimonial que trascribe surge que la testigo a que se refiere era C. (v. fs. 689/691), por el cuál no se agravió la demandada. Por último, en cuanto a R. (v. fs. 732/5) la demandada enunció una serie de cuestiones que, según su postura, le quitan validez al testimonio, tales como: que tenga juicio pendiente con la demandada, que presenta contradicciones, que lo que sabe es por comentarios de la actora y que es amiga de la misma. En principio, cabe destacar, que esta Sala tiene dicho: “…Que uno de los deponentes tenga juicio pendiente con la accionada, genera que, las reglas del razonamiento lógico que, como sana crítica, presiden la evaluación del material probatorio (artículo 386 del C.P.C.C.N.) impiden fundar un veredicto racional sólo en testimonios prestados por quienes, conscientemente o no, tienen un interés personal relevante en la aceptación de la versión que ofrecen. Pero, la regla en este caso puntual, debe ser suavizada cuando existen otros elementos que conducen a la misma conclusión y no cuando estas declaraciones constituyen la única fuente de convicción…”. En cuanto a las contradicciones, menciona dos. Una, relacionada al pago de la remuneración y la otra, con la nueva oficina asignada. En cuanto a la primera, declaró “…que no sabe cuál era el sueldo de la actora, ni cómo se lo pagaba. Que el sueldo a la actora se lo pagaba G. M. Que lo sabe porque era quien le pagaba el sueldo a todos y porque lo veía. Que entiende que les depositaba a todos el sueldo…”. De sus dichos, se logra interpretar que el señor G. M. en su calidad de presidente era el que pagaba a los empleados, pero que lo haría mediante depósito bancario. Respecto a la oficina, tampoco existe contradicción, ya que de la declaración se extrae que la actora, de trabajar en un despacho en el que entraban 4 escritorios y junto a demás compañeras de trabajo, pasó a otro en el cual entraban dos escritorios, donde sólo uno era ocupado por ella. Ahora bien, cuando la testigo dice “…que el espacio del escritorio era similar al espacio de la otra oficina…”, no hace referencia a una comparación de tamaños de oficinas sino expresamente se refiere al escritorio. En cuanto a los comentarios por parte de la actora, no se refieren ni al cambio de oficina ni de la asignación de tareas. Respecto de la amistad que menciona la demandada, ello no surge de la declaración y, de serlo, no quita que fueron compañeros de trabajo y que el testigo ha tomado conocimiento en forma directa sobre la cuestión de fondo que se ventila. Consecuentemente, cabe señalar que las impugnaciones efectuadas a fs. 684 y 767 no logran restarle validez a las declaraciones en cuestión. Por último, lo que intenta sostener con las declaraciones propuestas por su parte, resulta improcedente, ya que basan sus afirmaciones en comentarios y rumores, por lo que su conocimiento es referencial, ex audito alieno, no siendo la prueba testimonial hábil como elemento probatorio a los fines requeridos. Por otra parte, no se puede fundar una decisión de condena en indicios, si no son confirmados por otros elementos de juicio. La mera probabilidad de la hipótesis apuntada es insuficiente para acoger las pretensiones traídas a esta sede, cuyos presupuestos de hecho debieron ser probados, como todos los hechos relevantes para el proceso, convincentemente, según las reglas de la sana crítica (artículos 377 y 386 del C.P.C.C.N.). Las inferencias de los testigos no constituyen aserciones sobre hechos percibidos, por lo que no son materia de prueba testimonial. En definitiva, los testimonios propuestos por la demandada son inidóneos para su postura. De modo que, acreditado el hostigamiento por parte de la demandada, corresponde se confirme lo resuelto en grado.
IV.- El agravio por la multa del artículo 80 de la L.C.T. es improcedente. Por un lado, surge acreditado en la causa que la actora cursó la intimación prevista por el artículo 3° del Decreto nº 146/01, en los plazos allí establecidos (v. informe del Correo Argentino, fs. 335/6 y fs. 342) y, por el otro, del anexo C de fs. 60/3 se desprende que la demandada no ha entregado la totalidad de las certificaciones a que se refiere el artículo citado.
La norma es por demás clara: es obligación del empleador entregar al momento de extinguirse la relación laboral, dos certificados. Uno, conteniendo constancia documentada del ingreso de los fondos de la seguridad social. Otro, con las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social.
La accionada puso a disposición los certificados de ley, pero solo demostró haber confeccionado el formulario de la ANSES, identificado como PS 6.2.
En este último instrumento, puede comprobarse que, se han indicado algunos de los datos requeridos por la norma: el tiempo de prestación de servicios, la naturaleza de éstos y los sueldos percibidos. Sin embargo, no aparecen en él, los aportes y contribuciones con destino a los organismos de la seguridad social.
La certificación de servicios y remuneraciones, formulario PS 6.2. de la ANSES, puede ser suficiente para el organismo oficial; sin embargo, en mi criterio, no cumple con el requerimiento legal que es claro y contundente: debe entregarse al trabajador una constancia de los aportes y contribuciones con destino a los organismos de la seguridad social.
Es obvio que, el empleador ha cumplido con una parte de su obligación al poner a disposición el certificado de trabajo, pero no lo hizo al pretender entregar el aludido formulario de la ANSES. La circunstancia que el trabajador, puede presentarse con el mismo ante el organismo al momento de solicitar el otorgamiento de algún beneficio no desplaza la obligación del demandado, que el legislador -indudablemente en conocimiento de los criterios de la ANSES-, ha decidido mantener, cual es la de entregar la constancia del ingreso de los aportes y contribuciones.
La Ley de Contrato de Trabajo impone al empleador una obligación de hacer: la entrega de dos documentos que deben contener necesariamente los datos que la norma determina. Si el legislador hubiese entendido que resultaba suficiente la información que pudiese tener en sus registros la ANSES, así lo habría señalado, eliminando de los certificados en cuestión, el requisito de que deben contener la constancia de ingreso de los aportes y contribuciones con destino a los organismos de la seguridad social, cosa que no hizo.
Habida cuenta de lo expuesto resulta clara la insuficiencia del documento puesto a disposición de la actora por la demandada. Por lo que corresponde condenar a la entrega de las mismas, bajo apercibimiento de astreintes, y con estricta relación con las condiciones del contrato de trabajo, reconocidas en este proceso.
V.- El agravio por la condena al pago de la multa del artículo 2° Ley 25.323 es improcedente. Cabe recordar que el artículo citado agrava en un 50% de sus respectivos montos las indemnizaciones de los artículos 232, 233 y 245 de la L.C.T. cuando, intimado el empleador fehacientemente a su pago por el acreedor, no lo cumpla y lo obligue a iniciar acciones judiciales o conciliatorias previas. La trabajadora formuló la intimación fehaciente conforme dicha normativa (v. fs. 327/8), por lo que corresponde se confirme lo resuelto en grado.
VI.- También se queja la demandada por la tasa de interés. Entiendo que el planteo es improcedente. Esta Cámara, mediante el Acta 2601 del 21 de mayo del año 2014, estableció, como criterio a seguir, que los créditos emergentes de las relaciones individuales del trabajo deben actualizarse, desde su exigibilidad, mediante la utilización de la tasa nominal anual que el Banco de la Nación Argentina aplica para préstamos de libre destino, en un plazo de 49 a 60 meses. Ello implicó sincerar la tasa de interés en este tipo de créditos, en función de las variables macroeconómicas verificadas en los últimos años.
En la mencionada Acta se especifica que los intereses allí establecidos serán aplicables a los expedientes en los cuales no haya recaído sentencia, como es el caso de autos. Por todo ello, soy de opinión que debe confirmarse lo resuelto en este aspecto del decisorio de grado, tasa que se mantendrá, a partir de la fecha de su última publicación, al 36% anual (conf. Acta CNAT nº 2630 del 27/04/16).
VII.- El agravio por la reparación pretendida en concepto de daño moral es improcedente. Sin soslayar el carácter transaccional del Derecho del Trabajo ni tampoco cuestionar la validez constitucional de un régimen tarifado de indemnizaciones por despido, donde se resigna la puntual estimación del daño en pos de la celeridad, certeza y previsibilidad de la reparación, lo cierto es que llegan firmes a esta Alzada las vicisitudes por las que atravesó la trabajadora durante el transcurso de la relación laboral y por ende, el contexto en el que se produjo el cese, todo lo cual permite razonablemente inferir padecimientos de índole moral susceptibles de reparación.
En síntesis, ha quedado evidenciado que fueron vulnerados derechos inherentes a la persona -conforme lo expuesto en el considerando V- (dignidad, integridad psicofísica, honor, tranquilidad, bienestar, etc.), por lo que con independencia de la repercusión que en la esfera espiritual pudiera traer aparejada la rescisión contractual en sí misma (daño que encuentra su reparación en el marco de las indemnizaciones tarifadas contempladas en la L.C.T.), lo cierto es que se configura en el sub lite la responsabilidad extracontractual de la demandada en los términos del artículo 1078 del Código Civil; actual artículo 1741, pues se advierte un perjuicio concreto en la salud psicofísica de la trabajador a como consecuencia de las condiciones de trabajo; las que, huelga decir, se advierten con aptitud para lesionar su dignidad y su derecho a un ambiente laboral libre de violencia.
En resumen, el trato hostil y disvalioso inferido a la actora, luego de haber recibido la noticia de la ruptura del vínculo entre la demandada y su esposo, le generó una situación de aflicción, angustia y zozobra que excede la indemnización tarifada, la cual debe ser reparada en los términos del artículo 1078 del Código Civil. (en el actual Código Civil y Comercial de la Nación artículo 1741).
Cabe agregar que la actora en el apartado E de su recurso de apelación, se queja del monto al que ascendió la partida en tratamiento y sostiene que resulta insuficiente en concordancia con los sufrimientos padecidos. Considero que el monto estimado en grado por este concepto es razonable, en el uso de las facultades conferidas por el artículo 165 del C.P.C.C.N.
VIII.- En el primer agravio, la actora sostiene que mediante la prueba testimonial –R. L., C. y M.-y la prueba documental -recibos de haberes firmados por el señor M. y un comunicado del 09/05/02- logra acreditar su real antigüedad -10/05/99-. Más allá de que con la prueba mencionada logre demostrar que M. era el presidente de la sociedad “Connexion”, lo cierto es que la apelante no se hace cargo del fundamento del sentenciante de grado en cuanto a que del escrito de demanda no surge la normativa en la cual respalda su postura. Se limita a citar un fallo de la sala tercera que refiere a lo previsto por artículo 225 de la L.C.T., pero soslaya que a fs. 479/481 obra el acta de asamblea de Connexion Transportes Internacionales S.A. de 2002, en la que en el punto 4 se trató la disolución anticipada de la sociedad y la liquidación de la misma. A su vez, de los recibos de haberes -v. sobre Anexo nº 3545- reconocidos por la demandada a fs. 231, precisamente el recibo de marzo de 2002 -v. fs. 93- se encuentran liquidados los rubros vacaciones y s.a.c. proporcional, por lo que al ser contemporáneo con la disolución de la sociedad, se entiende por el pago de los rubros obligatorios al finalizar la relación laboral. Por ello, por más que surja que el presidente era M., se encuentra acreditado que el vínculo que tenía la señora F. con la primera sociedad fue disuelto y liquidado y nada tiene que reclamar en esta causa en la que sólo demanda a la sociedad “Cargo Net” y no explica, conforme el artículo 65 de la L.O., todo lo referido a la disolución contractual con aquélla sociedad, vinculado al comienzo laboral con la nueva.
Tampoco se encuentra configurada la incorrecta registración de la fecha de ingreso para la sociedad “Cargo Net” -pretende que sea 1/11/01, cuando fue registrada el 30/08/02-, ya que no existe prueba que lo acredite. Ello es así, ya que R. L. (v. fs. 677) declaró que “…trabajó para Cargo Net desde el 28/02/05…” y C. (v. fs. 681) dijo que “cree” que empezó a trabajar junto con la actora para “Cargo Net” en marzo de 2002, por lo que el testimonio carece de fuerza convictiva y de eficacia probatoria. Como ya se dijo, la mera probabilidad de la hipótesis apuntada es insuficiente para acoger las pretensiones traídas a esta sede, cuyos presupuestos de hecho debieron ser probados, como todos los hechos relevantes para el proceso, convincentemente, según las reglas de la sana crítica (artículos 377 y 386 del C.P.C.C.N.). Por todo lo expuesto, corresponde se confirme lo resuelto en grado.
IX.- Respecto de la segunda cuestión, que es el pago sin constancia documental, la apelante se limita a sostener que con la prueba pericial contable, con las declaraciones de C. y R. L. y la prueba informativa logra acreditar su postura. Al respecto, sugiero se confirme lo resuelto en grado. No le asiste razón a la quejosa, porque los registros contables son llevados unilateralmente por el empleador, sin intervención del trabajador. Todos los libros de los comerciantes son llevados unilateralmente. En las contiendas entre comerciantes, su eficacia probatoria es mayor que en las que enfrentan a un comerciante con un no comerciante, porque pueden ser confrontados por los del oponente, pero en el segundo caso no carecen totalmente de ella. Así, para los actos no comerciales, el artículo 64 del Código de Comercio (en el actual Código Civil y Comercial de la Nación artículo 330), sólo les atribuye la calidad de principio de prueba -que, como autorizada doctrina sostiene, no debe ser confundida con la de “principio de prueba por escrito”. El artículo 52 de la L.C.T. impone al registro que establece, el requisito de la rubricación y su confección con las mismas formalidades exigidas para los libros principales de comercio. Como el trabajador no es comerciante, el conflicto es asimilable al de los actos no comerciales -o unilateralmente comerciales-, y si no media impugnación relativa al cumplimiento de las formalidades o a la regularidad de los asientos, forzoso es atribuirles alguna eficacia, aún mínima, esto es, la de principio de prueba, obviamente susceptible de ser desvirtuada por cualquier otro medio probatorio, en la medida de su intrínseco valor persuasivo. Respecto de la prueba testimonial, ninguno de los testigos que menciona se refiere al tema en cuestión. Por último, respecto de la prueba informativa, lo que intenta producir con ella, no hace al tema en tratamiento.
X.- Respecto del agravio referido a la exoneración de responsabilidad del señor G. M., cabe destacar que se limita a manifestar su disconformidad y a destacar su calidad de presidente, pero soslaya en fundamento con el que el sentenciante de grado desestimó su pretensión. La apelante, no se hace cargo de que la condena solidaria por aplicación de los artículos 54, 59 y 274 de la Ley de Sociedades, lo que requiere es que uno o alguno de los datos de la relación laboral se encuentren clandestinizados, lo que no se encuentra acreditado en autos. En concordancia con lo expuesto, el agravio en cuestión debe ser desestimado.
XI.- Respecto de la queja relacionada con la temeridad y malicia, diré que la temeridad consiste en la conducta de la parte que deduce pretensiones o defensas cuya injusticia o falta de fundamento no puede ignorar de acuerdo con una mínima pauta de razonabilidad. Se configura, por lo tanto, frente a la conciencia de la propia sinrazón. Por su parte, la malicia es considerada como la conducta procesal que se manifiesta mediante la formulación de peticiones exclusivamente destinadas a obstruir el normal desenvolvimiento del proceso o a retardar su decisión. En el caso, no observo cumplidos los presupuestos de operatividad de los artículos 45 del C.P.C.C.N. y 275 de la L.C.T., pues no es suficiente el sólo hecho de litigar, sino que es necesaria la temeridad de la conducta. La circunstancia de que las defensas articuladas resulten desestimadas no es suficiente para encuadrar la conducta procesal en el ámbito de las normas recién indicadas, dado que es necesario que se agregue el elemento subjetivo -dolo o culpa- que califique ese comportamiento como malicioso o, en su caso, temerario. Por ello sugiero desestimar el agravio en cuestión.
XII.- Respecto a la forma en que fueron impuestas las costas, la actora resultó vencedora en lo sustancial; no existe mérito para apartarse del principio del artículo 71 del C.P.C.C.N., que no exige un apego a una rigidez meramente aritmética. La cuestión debe ser analizada conceptualmente, y el sentenciante lo ha hecho razonablemente.
En cuanto a las regulaciones de honorarios, lucen razonables y no deben ser objeto de corrección (artículos 6°, 7° y 8° Ley 21.839).
XIII.- Por lo expuesto y argumentos propios de la sentencia apelada, propongo se la confirme en todo lo que fue materia de agravios con la salvedad indicada en el considerando VI; se condene a la empleadora a la entrega de los certificados previstos en el artículo 80 de la L.C.T. con ajuste a lo decidido en el considerando IV, bajo apercibimiento de astreintes. Se impongan las costas de Alzada a la parte demandada; y se regulen los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el …% de los que les fueron fijados en la instancia anterior (artículos 68 del C.P.C.C.N.; 14 de la Ley 21.839).
EL DOCTOR VICTOR ARTURO PESINO DIJO:
Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.
Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:
1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de agravios con la salvedad indicada en el considerando VI;
2) Condenar a la empleadora a la entrega de los certificados previstos en el artículo 80 de la L.C.T. con ajuste a lo decidido en el considerando IV, bajo apercibimiento de astreintes;
3) Imponer las costas de Alzada a la parte demandada;
4) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el …% de los que les fueron fijados en la instancia anterior. Regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º Acordada CSJN 15/13 del 21/05/13 y, oportunamente, devuélvase.
LUIS ALBERTO CATARDO
JUEZ DE CÁMARA
VICTOR ARTURO PESINO
JUEZ DE CÁMARA
Ante mí:
ALICIA E. MESERI
SECRETARIA
Código Civil y Comercial de la Nación – Sección 4ª. Daño resarcible. Arts. 1737 a 1748
009089E
