Se admiten las pruebas ofrecidas por el apelante, en el marco de la medida que dispuso la prohibición de acercamiento e ingreso al domicilio de la denunciante y de su hijo menor, pues siguiendo el criterio de que los procesos de familia se rigen por principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba, las mismas no resultan notoriamente impertinentes, innecesarias o prohibidas por la ley. En ese sentido, se establece que la pericia psicológica sobre el apelante debe limitarse a dilucidar si el contacto resulta riesgoso, no resultando pertinente lo que hace al régimen de comunicación.
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