Tiempo estimado de lectura 5 minutos
Mis documentos Documentos Relacionados
JURISPRUDENCIASaldo de tarjeta de crédito. Preparación de la vía ejecutiva. Improcedencia. Cuenta instantánea
Se revoca la resolución que rechazó in limine la acción interpuesta pues, al no tratarse de un supuesto de apertura de cuenta corriente con el fin exclusivo de debitar el saldo de tarjeta de crédito, el título resulta hábil para ser ejecutado mediante la vía ejecutiva.
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2015.
Y Vistos:
1. Apeló el actor la resolución dictada a fs. 57/58 en tanto rechazó «in limine» la acción interpuesta.
Los fundamentos del recurso lucen agregados a fs. 62/66.
Sostuvo el a quo que el certificado de saldo deudor en cuenta corriente base de la presente ejecución, resulta inhábil, en tanto a partir de la vigencia de la Ley 25.065 devino inadmisible habilitar la vía ejecutiva «directa» por el cobro de deudas que tengan origen en el sistema de tarjetas de crédito.
2. Cabe recordar que la constancia de saldo deudor en cuenta corriente bancaria, requiere para ser ejecutable: (i) mención del importe de la cuenta al tiempo de su cierre, y (ii) las firmas conjuntas de los funcionarios habilitados por la ley al efecto, sin que sea menester el cumplimiento de ningún otro recaudo (CNCom, en pleno, 5.9.1969, «Banco de Galicia S.A. c/ Lussich, Jorge», ED 28:689); requisitos que se encuentran cumplidos en el título copiado a fs. 11.
Sin embargo, en el sub examine se rechazó «in limine» la ejecución con fundamento en lo normado por la Ley 25.065, arts. 14 inc. h) y 42.
El art. 42 de dicha ley, establece imperativamente que los saldos de tarjetas de crédito existentes en cuentas corrientes abiertas «exclusivamente» a ese sólo efecto, no serán susceptibles de cobro ejecutivo (esto es, por la vía del art. 793 del Cód. de Comercio). Para ello deberá la entidad emisora preparar la vía en el modo indicado en el art. 39 de la ley (conf. «Régimen de Tarjetas de Crédito, Ley 25.065», Revisado, Ordenado y Comentado por Roberto A. Muguillo, Ed. Astrea, pág. 197).
En esa dirección, debe señalarse que cualquier renuncia de derechos impuesta en el contrato de apertura de la cuenta corriente bancaria o en el contrato de tarjeta de crédito que implique derechos derivados de la ley que regula esta última materia, configuraría una cláusula nula por receptar una renuncia de derechos indisponibles (cfr. art. 37 inc. b de la Ley 24.240, art. 14 inc. a Ley 25.065). Caso contrario, y mediante un simple recurso instrumental y bilateral incorporado a una norma de carácter privado en beneficio de las entidades bancarias (vg. emisión de certificado previsto por el art. 793 C.Com.), se violaría toda la protección legal de orden público establecido en la ley de referencia. Por consiguiente, el débito de cargos por resúmenes de tarjeta de crédito en saldos deudores en cuenta corriente deberá igualmente cumplimentar todas las disposiciones que las leyes antes referidas contienen tanto para obtener su cobro, como en lo relativo a los deberes de información (conf. CNCom., Sala C, in re «Banco Itau Buen Ayre SA c/ Cisco Hugo Orlando s/ ejecutivo», del 17.06.2009).
Ahora bien, ante el requerimiento efectuado a fs. 15, la entidad bancaria accionante manifestó que la cuenta corriente n° … no tenía como único fin debitar los saldos de la tarjeta de crédito, ascendiendo la deuda por uso de la misma a la suma de $ 130.063,14 por un saldo de la tarjeta Visa y de $ 84.961,50 por saldo de tarjeta American Express (fs. 56).
En este marco en el que, se reitera, no fueron cuestionadas las formas extrínsecas del título, que aparece emitido, como se observó anteriormente, con sujeción a lo dispuesto por el C.Com 793; no cupo rechazar in limine, en su totalidad, la ejecución incoada.
Ello pues, teniendo en cuenta el estadio procesal de las actuaciones, con la manifestación de fs. 56 pto. I la actora cumplió con la exigencia del Magistrado de Grado, lo que fue corroborado, al menos en principio, con las constancias documentales adjuntadas a fs. 17/35. Véase que de éstas se desprende la realización de diversas operaciones (depósitos, pagos de préstamo personal, pago tarjeta de crédito, entre otras), que permiten concluir a esta Sala que no se trata de un supuesto de apertura de una cuenta corriente con el fin exclusivo de debitar el saldo de tarjeta de crédito -denominada «cuenta instantánea»-, por lo que el título en cuestión resulta hábil a fin de ser ejecutado mediante este trámite (conf. esta Sala, 18.5.2010, «Banco Santander Río SA c/González Pedro Miguel y otro s/ejecutivo»; íd. 24.05.2012, «Banco Santander Rio SA c/ Vázquez Daniel Rubén s/ ejecutivo»).
Mas, con el efecto de excluir del monto que se pretende ejecutar el importe proveniente de operaciones derivadas del sistema de tarjeta de crédito y sus intereses (compensatorios y punitorios) -en tanto el certificado base de las presentes no cumple con los requisitos previstos por la Ley 25.065, arts. 39 y 41-, deberá la actora en el plazo de veinte días, discriminar esos importes, con el debido respaldo documental, y enderezar la presente acción.
En este aspecto, señálase que en relación a la cuenta corriente y al sistema de tarjeta de crédito, las obligaciones asumidas y propias de cada relación jurídica no pueden extenderse sin más a la otra relación jurídica entre las partes, pues los efectos de ambos contratos deben entenderse dentro de los límites de cada uno de ellos por cuanto obedecen a diferentes regímenes jurídicos (CNCom., Sala C, in re «Rodríguez Alicia c/ Banco Río de la Plata SA s/ ordinario», del 26.05.95, LL 1996-E-649).
Todo ello, sin perjuicio de las defensas que, en su caso, oponga el demandado las que serán atendidas en la oportunidad pertinente.
3. Por ello, se resuelve: con el alcance dispuesto, revocar la resolución de fs. 57/58.
Las costas se impondrán al apelante, atento el estado inicial de las actuaciones y la particular cuestión decidida con el alcance sentado en el precedente de esta Sala del 25/9/2014, “Zenobio, Marcela Alejandra s/ pedido de quiebra por Delucchi Martin C “).
Notifíquese al domicilio electrónico denunciado o en su caso, en los términos del art. 133 CPCC (Ley 26.685, Ac. CSJN 31/2011 art. 1°, 38/2013 y R.P. de esta Cámara N° 71/2014) y devuélvase a la instancia de grado.
Hágase saber a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación (cfr. Ley n° 26.856, art. 4 Ac. N° 15/13 y Ac. N° 24/13).
Alejandra N. Tevez
Juan Manuel Ojea Quintana
Rafael F. Barreiro
María Eugenia Soto
Prosecretaria de Cámara
007551E
