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JURISPRUDENCIAJuicio ejecutivo. Saldo deudor de cuenta corriente. Tarjeta de crédito. Título hábil
Se confirma la resolución que mandó a llevar adelante la ejecución, al concluirse que no se trató de un supuesto de apertura de una cuenta corriente con el fin exclusivo de debitar el saldo de tarjeta de crédito -denominada cuenta instantánea-. Asimismo, se dispone excluir del monto total consignado el importe proveniente de las operaciones derivadas del sistema de tarjeta de crédito y sus intereses (compensatorios y punitorios). Así se entendió desde que en relación con la cuenta corriente y el sistema de tarjeta de crédito, las obligaciones asumidas y propias de cada relación jurídica no pueden extenderse sin más a la otra relación jurídica entre las partes, pues los efectos de ambos contratos deben entenderse dentro de los límites de cada uno de ellos por cuanto obedecen a diferentes regímenes jurídicos.
Buenos Aires, 8 de mayo de 2018.
Y Vistos:
1. Apeló el demandado en fs. 60 la sentencia de fs. 54/59 que rechazó la excepción de inhabilidad de título oportunamente articulada y, en consecuencia, mandó a llevar adelante la ejecución hasta hacerse al banco acreedor íntegro pago de la suma de $ 326.801,39 con más intereses y costas desde la mora producida en fecha 11.7.2017 y hasta el efectivo pago.
Los fundamentos del recurso lucen agregados en fs. 62/66 y fueron respondidos en fs. 69/71.
2.a. Aparece claro que resulta de aplica ción en el sub examine el art. 1406 CCyCom. En efecto, debe observarse que tanto la expedición del saldo deudor (suscripto el 7.8.2017, v. fs. 3) como el cierre de la cuenta corriente (del 11.7.2017) son sucesos que acaecieron con posterioridad a la entrada en vigencia la Ley 26.994 (B.O. 08/10/14), lo cual determina que el análisis de los requisitos tipificantes del título en ejecución observen las prescripciones de dicha norma.
b. Al amparo de la conclusión precedente, ha de señalarse que, desde el punto de vista formal, el documento por el cual se conforma el título en cuestión deberá indicar el día de cierre de la cuenta, el saldo a dicha fecha y el medio por el que ambas circunstancias fueron comunicadas al “cuentacorrentista”. Y, desde el punto de vista técnico, éste ya no debe ser “otorgado” por el “gerente y el contador del banco” (cfr. CCom: 793), sino que deberá ser “suscripto por dos personas apoderadas para ello por el banco”, siendo innecesario que los firmantes del título integren, por ejemplo, el directorio de la entidad emisora, o sean gerentes, siendo suficiente con que cuenten con un mandato que los habilite para el cumplimiento de la función encomendada (cfr. Ricardo Luis Lorenzetti, “Código Civil y Comercial de la Nación”, p. 278, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe , 2015).
Así, se advierte que la constancia de saldo deudor en cuenta corriente bancaria copiada en fs. 3 contiene tales requisitos, por lo cual resulta hábil y ejecutable, sin que sea menester el cumplimiento de ningún otro recaudo.
c. Superados así los cuestionamientos a las formas extrínsecas del título el cual, como se observó anteriormente, aparece emitido con sujeción a lo dispuesto por el art. 1406 CCyCN, corresponde pronunciarse sobre la defensa relativa a la contravención de la Ley 25.065 (arts. 14, 42, entre otros).
Conviene recordar que el art. 42 de la Ley 25.065, establece imperativamente que los saldos de tarjetas de crédito existentes en cuentas corrientes abiertas «exclusivamente» a ese sólo efecto, no serán susceptibles de cobro ejecutivo. Para ello deberá la entidad emisora preparar la vía en el modo indicado en el art. 39 de la ley (conf. «Régimen de Tarjetas de Crédito, Ley 25.065», Revisado, Ordenado y Comentado por Roberto A. Muguillo, Ed. Astrea, pág. 197).
En esa dirección, cualquier resignación impuesta en el contrato de apertura de la cuenta corriente bancaria o en el contrato de tarjeta de crédito que se vinculare con los derechos derivados de la ley que regula esta última materia, configuraría una cláusula nula, por receptar una renuncia de derechos indisponibles (cfr. art. 37 inc. b de la Ley 24.240, art. 14 inc. a Ley 25.065). Caso contrario, mediante un simple recurso instrumental y bilateral incorporado a una norma de carácter privado en beneficio de las entidades bancarias (vg. emisión de certificado previsto por el art. 1406 CCyCN) se violaría toda la protección legal de orden público establecido en la ley de referencia. Por consiguiente, el débito de cargos por resúmenes de tarjeta de crédito en saldos deudores en cuenta corriente deberá igualmente cumplimentar todas las disposiciones que las leyes antes referidas contienen tanto para obtener su cobro, como en lo relativo a los deberes de información (conf. CNCom., Sala C, in re «Banco Itau Buen Ayre SA c/ Cisco Hugo Orlando s/ ejecutivo», del 17/6/2009).
Ahora bien, la actora reconoció -también lo hizo el demandado-que la cuenta corriente que se ejecuta en el presente proceso no fue abierta al único efecto de debitar saldos por tarjetas de crédito, encontrándose la misma habilitada para operar con cheques o tarjetas de débito (v. fs. 5vta. 2° párrafo; y fs. 38 ap. I); circunstancia que permite concluir en que no se ha tratado de un supuesto de apertura de una cuenta corriente con el fin exclusivo de debitar el saldo de tarjeta de crédito -denominada «cuenta instantánea»-.
Así entonces, el título en cuestión resulta hábil a fin de ser ejecutado mediante este trámite.
Pero ciertamente, debe excluirse del monto total consignado en el certificado ($ 326.801,39; v. fs. 3) el importe proveniente de las operaciones derivadas del sistema de tarjeta de crédito y sus intereses (compensatorios y punitorios).
En este aspecto, señálese que en relación a la cuenta corriente y al sistema de tarjeta de crédito, las obligaciones asumidas y propias de cada relación jurídica no pueden extenderse sin más a la otra relación jurídica entre las partes, pues los efectos de ambos contratos deben entenderse dentro de los límites de cada uno de ellos por cuanto obedecen a diferentes regímenes jurídicos (conf. CNCom., Sala C, in re «Rodriguez Alicia c/ Banco Río de la Plata SA s/ ordinario», del 26.05.95, LL 1996-E-649, íd. esta Sala: «Banco Santander Río SA c/Gonzalez Pedro Miguel y otro s/ejec.» Del 18/05/10; «Banco Santander Río SA c/Lezcano Victor M. s/ejec.» del 24/6/10; «Banco Santander Río SA c/Platia Silvia Mabel s/ejec» del 1°/7/10; «Banco Santander Río SA c/ Bianchi Ines Elena s/ ejecutivo», del 24/8/10; «Banco Santander Río SA c/Fittipaldi Sergio O. s/ejec.» del 30/9/10; «Banco Santander SA c/ Dell Acqua Jorge Raul y otro s/ ejecutivo», del 9/11/2010, entre otros).
Así, con el efecto de excluir del monto que se pretendió ejecutar el importe proveniente de operaciones derivadas del sistema de tarjeta de crédito y sus intereses (compensatorios y punitorios) -en tanto el certificado base de las presentes no cumple con los requisitos previstos por la Ley 25.065, arts. 39 y 41-, deberá la actora en el plazo de diez días, discriminar esos importes, con el debido respaldo documental.
En el entendimiento que propicia este Tribunal, fuera de tal excepcional salvedad (en tanto el Sr. Retamales negó que el saldo deudor ascienda a la suma de $ 326.801,39 y refirió a ciertos préstamos personales en oportunidad de contestar demanda que se harían debitado), cualquier otro error o abuso en que hipotéticamente pudiera haber incurrido el banco al utilizar este procedimiento y que exija el análisis de la composición del saldo deudor en cuenta corriente, aparece ajeno al cauce cognoscitivo del trámite, debiendo ser materia eventualmente subsanable a través de la acción ordinaria a que refiere el CPr. 553 (Cfr. CNCom. Sala A, 6/12/05, «Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Muñiz Guillermo Jorge s/ ejecutivo»; esta Sala, 1/12/09, «HSBC Bank Argentina SA c/Var Pen SA s/ejec.»; íd. 2/8/2016, “Banco Santander Rio S.A. c/ Rosenberg, Sergio Alberto s/ejec.”, EXPTE COM N° 22458/2015).
3. Consecuentemente con ello, se resuelve: modificar, en cuanto ha sido materia de puntual tratamiento, la decisión de fs. 54/59 y ordenar llevar adelante la ejecución por el monto del capital que surja de practicar la discriminación antes ordenada, con más los intereses desde la mora (acaecida el 11.7.2017) a la tasa fijada por el a quo; aspectos sobre los cuales no se puntualizó agravio alguno.
Las costas de ambas instancias se distribuirán en el orden causado, atento las particularidades e implicancias de la presente (arg. art. 68: 2° párrafo CPCC).
Notifíquese (Ley N° 26.685, Ac. CSJN N° 31/2011 art. 1° y N° 3/2015). Fecho, devuélvase a la instancia de grado.
Hágase saber la presente decisión a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto (cfr. Ley n° 26.856, art. 1; Ac. CSJN n° 15/13, n° 24/13 y n° 42/15).
Firman solo los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n° 17 (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).
Rafael F. Barreiro
Alejandra N. Tevez
María Julia Morón
Prosecretaria de Cámara
Ley 25065 – BO: 14/01/1999
027267E
