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JURISPRUDENCIAAcción de amparo. Nota periodística. Portal de Internet. Supresión del nombre
Se confirma la decisión que, en el marco de una acción de amparo, denegó la medida cautelar peticionada por el actor, a fin de que la demandada remueva de sus portales de Internet cualquier publicación periodística relacionada con su nombre.
Buenos Aires, 17 de octubre de 2017.
Y VISTO:
El recurso de apelación interpuesto y fundado a fs. 116/131 contra la resolución de fs. 104/105, y
CONSIDERANDO:
1. El actor interpone acción de amparo y solicita que se ordene como medida cautelar a la demandada remover de sus portales de internet cualquier publicación relacionada con su nombre de fechas 15, 16 y 17 de julio de 2015 (cfr. fs. 3), luego pide que sean las del 12 y 13 de julio de 2015 y 20 de septiembre de 2016 «como cualquier publicación posterior, previa y/o contemporánea» (cfr. fs. 74) y finalmente precisa que las publicaciones denunciadas son los enlaces identificados a fs. 87
Según alega, se difunden acusaciones falsas en su contra y datos personales como el registro fotográfico de su documento nacional de identidad.
Expone que en el texto se apunta a que habría engañado a la Justicia, al Estado y a los medios de comunicación para obtener una identidad falsa.
Invoca la afectación del derecho al honor, a la intimidad, a la privacidad y a la identidad.
Señala que el periodista autor de una de las notas, D R, ha sido imputado penalmente por los hechos en la causa «R, D y otros s/ asociación ilícita», en trámite ante el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 y que las informaciones que contienen las publicaciones, referidas también a un informe realizado por el Fiscal Pablo Parenti, fueron motivo de la causa «G, L C y otros c/ Procuración General de la Nación s/ daños y perjuicios» que tramita en el juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 8.
Funda su derecho en los artículos 19, 21 y 43 de la Constitución Nacional y menciona la ley de Habeas Data y la de Servicios de Comunicación Audiovisual (cfr. fs. 1/3, 63/74 y 87/88).
2. Después de que la magistrada a cargo de Juzgado Civil N° 94 a fs. 7 se inhibiera y remitiera la causa a este Fuero en lo Civil y Comercial Federal, el juez del Juzgado N° 10 denegó la medida solicitada (cfr. fs. 104/105).
Para así resolver, ponderó su carácter innovativo, la índole de los derechos involucrados y que la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole a través de Internet se consideran comprendidas dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión.
En orden a la verosimilitud del derecho, consideró que la manifestación del actor de no haber incurrido en las conductas que se le endilgarían en la publicación periodística, no luce prima facie suficiente para dictar una medida que tiene como efecto impedir la libre expresión. Añadió que ésta también puede ser ejercida por el actor por el mismo medio u otro, como modo de contrarrestar las publicaciones cuestionadas, sin perjuicio de los reclamos que por la reparación de daños pudieran deducirse.
Con relación al peligro en la demora, juzgó que la decisión no resultaba susceptible de ocasionar un daño de dificultosa o imposible reparación ulterior y valoró el tiempo transcurrido desde la publicación de las primeras notas.
A fs. 110 el actor solicitó la habilitación de la feria judicial, a fin de apelar la resolución, lo que fue proveído de conformidad a fs. 113. Elevados los autos, la Sala de Feria revocó la resolución que admitió la habilitación (cfr. fs. 134).
3. De la decisión que rechazó la medida cautelar se agravia el actor. Señala los alcances de los derechos a la privacidad y al honor -que conforman el «forum internum»- y su protección constitucional. Invoca la doctrina de la causas «Ponzetti de Balbín» y «Pando de Mercado», que coloca a los derechos personalísimos y a su protección constitucional por encima de las expresiones periodísticas de cualquier tipo y se agravia de la omisión de considerarlos.
Alega que la publicación de ideas por la prensa, si bien no está sujeta a censura previa, puede generar responsabilidades ulteriores.
En esa dirección, señala que junto con las conductas que falsamente se le atribuyen, se atenta contra su honor y su intimidad dando a conocer aspectos relativos a su universo privado tales como la afirmación de que nunca fue pareja del señor P.F.Z.; arguye que ello implica dar a conocer su sexualidad y ofender la «memoria del ausente» puesto que aquél ha fallecido. Indica que de la prueba aportada surge la acreditación del vínculo y la indemnización percibida como familiar directo de una víctima mortal de la «tragedia de Once».
Añade que se difundieron datos de un informe de la Procuración General de la Nación, que originó una causa contra el Estado Nacional por su falsedad, agregándole acusaciones de la redacción de la accionada. Destaca que sus imágenes fueron reproducidas sin su consentimiento, que nunca se entrevistó con algún periodista de la demandada, así como el silencio que mantuvo esta última ante las cartas documento que le enviara. Reitera que se reprodujo su DNI poniendo en riesgo su seguridad.
Pone énfasis en la entidad de los daños padecidos, que califica como irreversibles. Menciona que sufrió agresiones en la vía pública, que fue demorado por personal policial luego de que la nota informara que «se habría ido a la fuga» -aunque nunca estuvo procesado por delito alguno- y que fue despedido de su trabajo porque los cuestionamientos sobre su vida privada afectaban su credibilidad como docente.
Argumenta que se ataca la credibilidad de la justicia porque la rectificación de su documento de identidad fue decidida en el fuero Civil con carácter firme y que el vínculo con el matrimonio de militantes políticos, residente en Paraguay y secuestrado durante el régimen del general Stroessner, se halla acreditado mediante análisis de ADN.
Aduce la intención editorial de afectar la honra de personas fallecidas, como sus padres y su pareja.
Finalmente, solicita que se ordene la inmediata supresión y/o eliminación de las notas publicadas el 12 y 13 de julio de 2015 y el 20 de septiembre de 2016, como cualquier publicación contemporánea o posterior con nombre de la actora en los portales de noticias del grupo accionado (cfr. fs. 116/131).
A fs. 137/138 obra un escrito de ampliación de fundamentos del recurso.
4. En primer lugar, cabe recordar que mediante la preclusión se trata de impedir que en un proceso se retrotraigan etapas y actos para discutir algo ya superado, que se reabran plazos procesales transcurridos, o que se rehabiliten facultades procesales después de vencidos los límites legales para su ejercicio (cfr. esta Sala, causa 4.508/08 del 24-7-08).
En ese orden de ideas, el memorial fue presentado y proveído el 13 de enero de 2017 (cfr. fs. 132), en función de la habilitación decidida a fs. 113. El posterior escrito de ampliación fue presentado el 29317 (cfr. cargo de fs. 148), cuando ya había vencido holgadamente el plazo de fundamentación del recurso que prevé el art. 498, inciso 3, del Código Procesal, aplicable a la especie en virtud del trámite sumarísimo impreso a fs. 78. Consecuentemente, resulta improcedente y no puede ser tenido en cuenta.
5. En segundo término, corresponde señalar que el Tribunal sólo se ocupará de los aspectos decisivos de la controversia, sin entrar en consideraciones innecesarias para resolver la cuestión. Cabe señalar, en este sentido, que los jueces no están obligados a tratar cada una de las argumentaciones que desarrollan las partes en sus agravios, sino sólo aquéllas que son conducentes para la solución del caso (cfr. Corte Suprema, Fallos: 262:222; 272:271; 291:390; 308:584, entre otros; esta Sala, causas 638 del 261289 y 42.871/95 del 11698 y sus citas, entre muchas otras).
6. A fin de resolver sobre los agravios del recurrente, es necesario destacar que los contenidos que motivan el pedido de la medida cautelar contra la demandada, han sido presentados en dos notas periodísticas disponibles en las páginas del portal www.infobae.com finalmente individualizadas a fs. 87 -correspondientes al 12 de julio de 2015 y al 20 de septiembre de 2016- y cuyas impresiones obran a fs. 56/62.
Del texto de las notas surgiría, prima facie, el cuestionamiento de la veracidad de los extremos invocados por el actor en cuanto a su carácter de hijo de personas víctimas de la represión durante el gobierno de A. Stroessner en Paraguay en la década del ochenta -el denominado «Plan Cóndor»- y también con relación al vínculo que habría mantenido con una persona fallecida en la llamada «tragedia de Once». Allí se hace referencia al carácter público que adquirió su historia a partir de una entrevista publicada en Página/12, cuyo contenido se sintetiza, y a otra nota publicada en el suplemento «Soy», de Página/12. Se reproducen los dichos del padre de quien habría sido su pareja, se exponen cuestiones vinculadas con una investigación llevada a cabo por un fiscal de resultas de la denuncia formulada por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. También se incluye un reportaje atribuido al actor, donde se refiere a las cuestiones antes mencionadas y controvierte la información que lo precede.
En la segunda nota, además, se informa sobre una denuncia que habría hecho un abogado por falsificación de su firma en reclamos iniciados ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por indemnizaciones de víctimas de terrorismo de Estado.
7. En concordancia con lo establecido en los arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional, en el art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la ley 26.032, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que el derecho de expresarse a través de Internet fomenta la libertad de expresión tanto en su dimensión individual como colectiva (cfr. «Rodríguez, María Belén c/ Google Inc. s/ daños y perjuicios», R. 522. XLIX. del 28-10-14).
Tal como lo recordó el señor juez, los casos como el que se plantea involucran dos intereses esenciales que necesariamente se deben ponderar: por un lado, el derecho de la sociedad a estar informada y a expresar todo tipo de opiniones e ideas a través de un medio de gran difusión como Internet -con sus efectos positivos y negativos-; y por el otro, los derechos (personalísimos o a la propiedad) de las personas físicas o jurídicas que puedan resultar afectados por el uso que se haga del referido medio, de acuerdo con las concretas circunstancias de cada caso (cfr. Sala III, doctrina de la causa 4560/10 del 15-3-2012 y sus citas y causas 270/12 del 5-6-12 y 6804/12 del 30-4-13; esta Sala, causas 4685/13 del 27-12-13 y 63013/15 del 18-10-16).
En este sentido, se ha dicho que la intervención estatal en esta materia – incluyendo la de los tribunales- debe ser particularmente cuidadosa de no afectar el derecho a la libre expresión (cfr. Sala II, causa 7456/12 del 17-12-13, con cita de «Reno, Janet v. American Civil Liberties Union et al.», 521 U.S. 844 1997). A ello se añade el carácter innovativo de la medida requerida, que importa un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa y justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (cfr. Corte Suprema, Fallos 316:1883, 318:2431, 319:1069, 321:695, 325:2347 y 331:466).
Desde esta perspectiva, cabe señalar no se puede descartar la existencia de un cierto interés público en la información de los artículos periodísticos que se procura suprimir, habida cuenta de la índole de su contenido antes reseñado. Asimismo, las cuestiones relativas a la vida privada del actor aparecen contextualizadas en la impostura que se le atribuye y tampoco éste ha controvertido que hayan sido extraídas de una nota publicada en otro medio (Página/12). A ello se añade que la nota contiene su versión de los hechos -coincidente en líneas generales con las circunstancias alegadas en esta causa-, aunque ha negado haberse entrevistado con periodistas del medio demandado.
De lo antedicho se desprende que, en el caso, la determinación de la veracidad de los hechos exorbita el marco cognitivo propio de las medidas cautelares, máxime cuando aún no ha sido oída la contraria.
Por otra parte, el accionante se agravia de la difusión de su DNI lo que, en principio, tampoco resulta decisivo en función de lo dispuesto en el art. 5, inciso 2 c) de la ley 25.326, invocada en el escrito inicial, que excluye la necesidad de consentimiento del titular de los datos cuando «se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio».
En tales condiciones, no se advierten razones en este estado para disponer la eliminación de las notas periodísticas cuestionadas. Menos admisible aún es la pretensión de suprimir cualquier publicación con el nombre del actor en los portales de noticias de la accionada, puesto que ello implicaría una restricción general y para el futuro, que podría comprometer la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas, derecho garantizado por la Constitución Nacional y por la ley 26.032.
Por otro lado, y de conformidad con las concretas circunstancias del caso, se debe destacar que no se puede considerar acreditado el peligro de que la demora en el reconocimiento del derecho invocado genere al peticionario un daño irreparable. En este sentido, tal como se expuso, la primera nota data de julio de 2015 y el actor no ha alegado, y tampoco surge de las actuaciones, que haya tomado conocimiento más recientemente (cfr. carta documento a fs. 80/81 fechada el 15-7-15 y cargo de fs. 5 del 20-9-16).
En suma, lo decidido en la resolución apelada es la solución que mejor consulta el balance de los derechos en juego y debe ser confirmado.
8. Finalmente, con relación a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo «Ponzetti de Balbín» (publicada en Fallos 306:1892) -que invoca la apelante-, se debe señalar que las circunstancias fácticas del caso no son las mismas que presenta el sub examine, toda vez que se trataba de la publicación de una fotografía tomada furtivamente en una situación límite de carácter privado internación en la víspera de su muerte en una sala de terapia intensiva- y ello fue especialmente ponderado a fin de determinar el exceso del límite legítimo y regular del derecho a la información y la violación del derecho a la intimidad.
En lo que respecta al precedente «Pando de Mercado, María Cecilia c/ Gente Grossa SRL S/ daños y perjuicios» (Cámara Civil, Sala D, causa 63.667/12 del 23-3-2017), cabe señalar que allí se juzgó acerca de los límites de la libertad de expresión en relación con el derecho a la imagen y su vulneración mediante la parodia o sátira efectuada con una imagen fotográfica modificada y los textos que la acompañaban, supuesto ajeno al caso de autos.
Por los fundamentos expuestos, el Tribunal RESUELVE: confirmar la resolución apelada.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
María Susana Najurieta
Fernando A. Uriarte
Francisco de las Carreras
022573E
