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JURISPRUDENCIADaños y perjuicios.. Playa de estacionamiento de supermercado. Robo de automotor. Prueba
Se revoca el fallo que rechazó la demanda de daños a raíz de la sustracción del vehículo del actor de la playa de estacionamiento de la demandada, pues juega a favor del actor la presunción basada en que no es razonable suponer que en las circunstancias del caso quien tiene un rodado decida no utilizarlo.
En Buenos Aires, a los 10 días del mes de octubre de dos mil diecisiete, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos “Leyes Octavio c/ Inc. S.A. y otro s/ ordinario” (expediente n° 22430/13/CA2; juzg. nº 7, sec. nº 13), en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Julia Villanueva (9), Eduardo R. Machin (7).
Firman los doctores Eduardo R. Machin y Julia Villanueva por encontrarse vacante la vocalía 8 (conf. art. 109 RJN).
Estudiados los autos, la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:
¿Es arreglada a derecho la sentencia de fs. 243/249?
La señora juez Julia Villanueva dice:
I. La sentencia apelada.
Mediante el pronunciamiento obrante a fs. 243/249, el señor juez de grado rechazó la demanda entablada por Octavio Leyes contra Inc. S.A. y Zurich Compañía de Seguros S.A. a fin de obtener la indemnización de los daños que el actor alegó haber sufrido a causa del robo de su automóvil sucedido en la playa de estacionamiento del supermercado Carrefour ubicado en la localidad de Moreno.
Para así decidir, y tras ponderar las pruebas producidas en autos, el sentenciante juzgó que los elementos aportados a la causa no resultaban suficientes a los fines de formar convicción sobre el acaecimiento de la sustracción del vehículo.
En tal sentido, señaló que si bien se había logrado acreditar la baja del dominio del rodado por denuncia de robo, así como también la efectiva compra de productos en el local de la codemandada, ninguna prueba de las aportadas permitía suponer con cierta certeza que el vehículo hubiera estado estacionado en el lugar denunciado.
Concluyó, por ende, que el actor no había logrado acreditar los hechos constitutivos del derecho invocado.
II.- El recurso
La sentencia fue apelada por el actor a fs. 253, quien expresó agravios a fs. 286/288, mereciendo respuesta de Inc. S.A. y de la citada en garantía, Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. a fs. 293/294.
Agravia al actor la interpretación que hizo el sentenciante sobre las declaraciones testimoniales prestadas en la causa.
Sostiene que las contradicciones que le reprochó el a quo acerca de la existencia de testigos presenciales del siniestro no fueron tales, desde que es estrictamente cierto que ni la señora Marta Beatriz Ibáñez, ni el señor Cesar Gómez habían estado presentes al momento de la sustracción, sino que su presencia había sido inmediatamente posterior.
Por otra parte, cuestiona que el sentenciante haya considerado que el hecho de que su parte no hubiera acompañado el ticket de estacionamiento en autos restaba credibilidad a su versión de los hechos.
Explica que, contrariamente a lo que acontece en un shopping -en el que al ingresar se entrega un ticket electrónico que servirá para abonar la estadía al salir del predio-, en este caso, el llamado “ticket” era un simple “papelito” escrito a mano por personal de seguridad que, tal como se desprende de las declaraciones testimoniales, en la mayoría de los casos no era requerido a la salida.
Indica que el informe producido por el perito contador permite corroborar el precario sistema de control de ingreso y egreso de los vehículos con que contaba el estacionamiento, lo cual, a su entender, justifica que su parte haya dejado el ticket en el vehículo y demuestra que la prueba de ingreso que se pretende es de imposible cumplimiento.
Hace alusión al principio in dubio pro consumidor y en razón de ello, sostiene que en un caso como el presente se debe invertir la carga de la prueba y disminuir el grado de exigibilidad al usuario.
Por otra parte, a los efectos de tener por acreditada la denuncia policial, manifiesta que si bien no se brindó prueba informativa a su respecto, la simple denuncia acompañada en autos, debe considerarse autosuficiente, desde que fue efectuada ante un organismo público y cuenta con sello original, el cual, por más desconocimiento genérico que efectúe la demandada, resultaría tanto como desconocer un instrumento público.
Por último, en cuanto a los presupuestos de responsabilidad que el a quo entendió no cumplidos a los efectos de hacer lugar a la pretensión, señala que el solo hecho de no haber producido la prueba de cuantificación del daño, no puede ser impedimento suficiente para acceder a su reparación, en razón de que se favorecería a las demandadas e impediría el acceso de su parte a una justa reparación que, como mínimo, por cuestiones de equidad, debería ser aceptada.
1. Como surge de la reseña que antecede, el actor fundó su reclamo en el siniestro -robo de su automotor- que, según adujo, se había producido en la playa de estacionamiento de un supermercado “Carrefour” propiedad de INC S.A.
La sentencia, que no hizo lugar a la demanda, fue cuestionada íntegramente por el actor en los términos recién referidos.
Así las cosas, corresponde analizar si fue probado o no el acaecimiento de los hechos de los que da cuenta el actor en su demanda, y en su caso, la responsabilidad que cabría imputar a las demandadas.
El señor juez de grado consideró que el certificado de denuncia policial, las declaraciones testimoniales producidas en este expediente y el ticket de compra adjuntado por el demandante, no eran elementos suficientes para habilitarlo a tener por acreditado el siniestro invocado.
2. A mi juicio, la sentencia debe ser revocada.
En primer lugar, cabe destacar que no fue controvertido que el actor hubiera concurrido al supermercado mencionado el día 29.04.2013.
Y si bien sí se cuestionó que hubiera utilizado al efecto su automóvil, lo cierto es que, admitido que el demandante tenía ese rodado, la pretensión de que no lo hubiera utilizado para, en cambio, ir a pie al supermercado, es extremo no imposible, pero que, al menos, tampoco puede presumirse.
Debe presumirse, en cambio, lo contrario, dado que, como toda presunción, ésta también se funda en lo que normalmente ocurre, cual es que quienes cuentan con ese medio de locomoción lo utilizan a estos fines.
Es verdad que la prueba es escasa, pero su valoración debe ajustarse a las circunstancias que, si sucedieron tal como fueron relatadas en la demanda, forzoso es concluir que tal orfandad no puede reprocharse al actor.
Es verdad que, al efectuar su denuncia, el nombrado informó que “[desconocía] la existencia de testigos presenciales del hecho” (sic., v. fs. 5) y después, al iniciar esta acción, afirmó que había concurrido al lugar acompañado de su esposa y su hija.
Pero, según mi ver, esa contradicción es aparente, dado que puede aceptarse que, tal como él mismo lo afirmó, lo que su parte pretendió explicar al efectuar la denuncia, fue que no había habido testigos al momento de la sustracción y no a que había concurrido solo.
3. Reitero que el actor probó que había concurrido al mencionado supermercado con el ticket de compra emitido por ese codemandado el día del 29.04.2013 a las 11:00 hs. cuya autenticidad fue acreditada mediante peritaje contable a fs. 220/221.
Este documento demuestra que “alguien” concurrió a dicho supermercado ese día, siendo del caso señalar que las reglas de la experiencia y la sana crítica judicial me autorizan a presumir que se trató del Sr. Leyes y su familia, dado que dicho instrumento se encuentra en su poder.
Así las cosas, la cuestión que resta dilucidar es si el nombrado utilizó su automóvil en tal ocasión, ingresándolo a la playa de estacionamiento donde alegó haberse producido el siniestro.
Como dije, juega a favor del actor la antedicha presunción basada en que no es razonable suponer que en las circunstancias del caso quien tiene un rodado decida no utilizarlo.
A esa presunción debe adicionarse la incontestable realidad de la dificultad probatoria que suele enfrentar quien se encuentra en su situación, dificultad que deriva en que la carga respectiva no puede ponerse íntegramente sobre aquél.
La única prueba fidedigna que podría exigirse al actor sería la constancia documental -emitida por la emplazada- de que su auto ingresó en la playa de estacionamiento.
Pero está fuera de cuestión que el sistema implementado al efecto por el supermercado era en verdad precario, siendo claro que éste era el responsable de entregar a sus clientes esas constancias fidedignas que, llegado el caso, permitieran despejar la duda que pudiera plantearse con motivo de un suceso lamentablemente tan común como el que me ocupa.
Fue el demandado quien eligió su “sistema de control”, por lo que, si tal sistema se demostró insuficiente para dar cuenta de los ingresos y egresos de rodados a su predio, forzoso es concluir que es éste quien debe cargar con las consecuencias de esa deficiencia.
Nótese que, como fue relatado por los testigos, y no fue controvertido por la demandada INC S.A., al momento de acceder los rodados al estacionamiento, se procedía a anotar el vehículo en un “papelito”, que no siempre era solicitado a la salida del predio.
Esto no hace más que probar que el supermercado no contaba con un adecuado sistema de control.
En esas condiciones, no encuentro conducente la pretensión de la emplazada de que a su parte le bastaba con limitarse a negar lo afirmado en la demanda, pues es claro que, si ella ofrecía a sus clientes el servicio de estacionamiento, debía prestarlo correctamente, lo cual le imponía, como presupuesto elemental, crear el mecanismo idóneo para permitir que éstos pudieran probar, en su caso, que tal servicio les había sido defectuosamente prestado.
Esa dinámica en la relación de fondo debe reflejarse en la relación procesal, pues lo contrario sería tanto como permitir a la emplazada ampararse en su propia negligencia para colocar a su adversario en la imposibilidad de probar un siniestro como el de autos.
Como es obvio, a ella no podía pasarle desapercibido que la prueba directa de este tipo de siniestros es virtualmente imposible, por lo que, si el sistema en cuestión no es correcto, el cliente que acude al predio sin compañía habrá de encontrarse privado de toda posibilidad de producir una prueba fidedigna, lo cual la obligaba a extremar su diligencia.
Quien para obtener una mayor afluencia de público e incrementar sus ventas, ofrece la prestación del servicio en cuestión, no puede luego pretender no haber asumido ninguna obligación o haberla asumido en forma incorrecta: tal pretensión, que importa tanto como alegar que al cliente le da igual estacionar en la vía pública que hacerlo en un estacionamiento como el que me ocupa, resulta insostenible en tanto va en contra de los propios actos de la defendida al ofrecer el servicio de marras.
La fuente de su obligación de responder presenta, naturalmente, una particularidad: el contrato vinculado al automóvil -implícitamente celebrado, pero no por ello con menor fuerza en derecho- es un contrato accesorio de otra relación principal que presupone la concurrencia del conductor al supermercado cercano al mismo.
Y esto, por algo obvio: aunque gratuito, el servicio de estacionamiento brindado no es desinteresado, sino destinado a habilitar una mayor afluencia de público, sin perjuicio de que no exista publicidad alguna que haga a la prestación del servicio de estacionamiento.
La prestación de estacionamiento en las aludidas condiciones no es sino una técnica de marketing para captar mayor clientela y estimular el consumo, lo cual coloca a quien así procede en la obligación de proporcionar esa prestación accesoria en forma segura y eficiente (cfr. esta CNCom., Sala “A”, en “La Segunda Coop. Ltda.. de Seguros Generales c/ Cia. Americana de Supermercados SA s/ ordinario”, del 4.12.07; esta Sala “C”, en “Caja de Seguros S.A. c/ Cadesa S.A. y otro s/ ordinario”, del 19.10.01 y “Maldonado, Jorge Daniel c/ Cencosud S.A. s/ Sumarisimo” sentencia del 21.12.16; íd, Sala “E”, “Inca S.A. Compañía de Seguros c/ Carrefour Argentina S.A. s/ ordinario”, del 28.10.91).
En coincidencia con ese pensamiento, la jurisprudencia en general ha venido considerando que en estos supuestos se configura una relación de índole contractual atípica, pues si bien, por sus características, ella podría asimilarse al depósito gratuito, el ánimo de lucro del titular del establecimiento exorbita ese encuadramiento, por lo que resulta más adecuado considerarlo como un contrato innominado (CNCom., esta Sala “C”, en “Omega Cooperativa de Seguros Limitada c/ Carrefour Argentina SA s/ ordinario”, sentencia del 31.03.06, “Maldonado, Jorge Daniel c/ Cencosud S.A. s/ Sumarisimo” sentencia del 21.12.16).
6. Lo hasta aquí dicho es suficiente, según mi ver, para admitir que el actor acompañó todo lo que razonablemente se hallaba en su poder, y que, si no acompañó prueba adicional, fue porque la demandada no tenía por entonces ningún sistema que hubiera permitido a sus usuarios acceder a otros elementos.
Esto fuerza a concluir que sobre la demandada deben recaer las consecuencias de la aludida insuficiencia en la prueba, por lo que ella debe responder por las consecuencias del ilícito que sufrió el actor.
7. Así las cosas, paso a ocuparme de la procedencia de los rubros indemnizatorios reclamados.
En lo que concierne al “daño material”, el accionante solicitó la suma de $19.500, estimada sobre la base del valor del rodado siniestrado, más $5.000 en concepto de reposición del equipo de GNC.
Si bien es cierto que, como indicó el sentenciante, el actor no satisfizo la carga de probar la cuantía del daño, y no existen elementos que permitan cuantificar con cierta exactitud el monto respectivo, es claro que, probado el daño, los jueces se encuentran habilitados a fijarlo, acudiendo a la sana crítica y a la experiencia judicial (art. 165 del código procesal).
Esta norma demuestra que al legislador le resultó inaceptable que una persona probadamente dañada quede sin indemnización por carencias probatorias respecto de su monto y, por tanto, manda fijarlo judicialmente.
A ello se agrega que el presente caso no exhibe ninguna dificultad, dado que la suma reclamada por el actor es realmente nimia si se atiende al valor que, al menos en principio, hubiera correspondido atribuir al rodado siniestrado.
Por ello considero apropiado admitir este rubro en la suma de $24.500 ($19.500 por el vehículo y $5.000 por el equipo de GNC), conclusión a la que arribo a la luz de las consultas que he efectuado respecto de los precios – notablemente superiores- que tienen los vehículos Ford Falcón, modelo 1982, como el que tenía el actor (ver lista de precios elaborada por ACARA disponible para su consulta en su página web (http://www.acara.org.ar/) y similar de Info Auto que puede consultarse en (http://www.infoauto.com.ar/0/consultas/usados_consulta.php).
8. También considero procedente reconocer al demandante la indemnización que reclamó en concepto de “privación de uso”.
Podría sostenerse que, para obtener el reconocimiento de este último rubro, el actor hubiera debido probar el perjuicio que invocó, dado que la regla que exige la prueba del daño a quien lo alega sólo puede ser dispensada cuando el bien de que se trata cumple una función fecunda, como cabe presumir sucede cuando él integra un capital que es factor de producción.
Pero las particularidades que presenta el daño que trato obstan a la posibilidad de trasladar aquí ese razonamiento.
Y ello, pues es claro que quien tiene un automóvil, lo tiene para usarlo, extrayendo de él beneficios que, aunque puedan no ser de índole estrictamente económica deben considerarse susceptibles de indemnización.
Es decir, la propia naturaleza del bien que me ocupa lleva implícito su destino y los aludidos beneficios -comodidad, practicidad y esparcimiento-que puede dispensar a su dueño, lo cual torna por completo sobreabundante exigir a éste que demuestre cuál es el perjuicio que le produjo su privación (ver, en el mismo sentido, esa Sala “Videtta de Spitaleri, Antonia c/ Centro Automotores S.A.” del 5.3.10 y “Sosa Jorge, c/Liderar Compañía General de Seguros S.A. s/ordinario” del 20.098.15, recogiendo de tal manera la doctrina de la Corte Suprema Federal emergente de Fallos 319:1975; 320:1567; 323:4065).
La sola falta de vehículo, por ende, constituye por sí sola un daño resarcible, sin que, como parece inocultable al sentido común, ese daño pueda entenderse compensado por el hecho de que su frustrado dueño se haya visto relevado, a raíz del robo, de la necesidad de atender las erogaciones que le acarreaba el uso del bien siniestrado (esta Sala, “Rojas Olmos Delfín c/ Cencosud S.A. s/ ordinario”, del 15.8.13: íd. “Silva Edelmiro c/ Banco Santander Río SA s/ Ordinario”, del 10.10.13).
En tal marco, y teniendo en cuenta que el actor alegó que también utilizaba su vehículo para transportarse a realizar sus labores, es que considero pertinente otorgar la cifra pretendida por este concepto de $ 4.000.
9. En cambio, el rubro individualizado como “gastos de mediación”, no debe ser reconocido como daño autónomo, toda vez que él se halla comprendido dentro del concepto de “costas”, por lo que, con tales alcances, debe ser rechazado.
10. Finalmente, señalo que sobre los importes reconocidos el actor tendrá derecho a percibir intereses que se calcularán a la tasa activa que cobra el BNA en sus operaciones de descuento a treinta días desde la mora – que estimo producida el 23.08.13- hasta el efectivo pago.
IV.- La conclusión.
Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso interpuesto y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada con el alcance indicado. Las costas se imponen a las demandadas en su calidad de vencidas (art. 68 del código procesal).
Por análogas razones, el Señor Juez de Cámara, doctor Eduardo R. Machin, adhiere al voto anterior.
Con lo que terminó este acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores: Julia Villanueva y Eduardo R. Machin. Ante mí: Rafael F. Bruno. Es copia de su original que corre a fs. 473/8 del libro de acuerdos N° 58 Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal Sala «C».
Rafael F. Bruno
Secretario
Buenos Aires, 10 de octubre de 2017.
Y VISTOS:
Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve hacer lugar al recurso interpuesto y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada con el alcance indicado. Las costas se imponen a las demandadas en su calidad de vencidas (art. 68 del código procesal).
Notifíquese por Secretaría.
Oportunamente, cúmplase con la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.
Hecho, devuélvase al Juzgado de primera instancia.
Firman los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n° 8 (conf. art. 109 RJN).
Julia Villanueva
Eduardo R. Machin
Rafael F. Bruno
Secretario
022022E
