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DOMINGO, 10 DE ENERO DE 2021
JURISPRUDENCIAIncumplimiento contractual. Teoría de la apariencia. Carga de la prueba. Costas por su orden
Se rechaza la demanda por incumplimiento contractual y daños y perjuicios iniciada por la empresa actora, en tanto esta, por la magnitud de sus operaciones, no podía ignorar quién era el gerente general de la demandada y, mucho menos, cerciorarse respecto de quién tiene la facultad para representar a su co-contratante en un contrato de tanta importancia. Por lo expuesto, la teoría de la apariencia alegada por la actora no se aplica cuando se trata de la firma de un contrato que se negoció por lo menos durante un mes, con una empresa filial de una multinacional y, sobre todo, cuando ese acuerdo era de la entidad del aquí tratado, importante no solo cuantitativa sino cualitativamente.
En Buenos Aires, a los 30 días del mes de noviembre de dos mil dieciséis, reunidas las señoras Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos seguidos por “COINSUD S.R.L.” contra “AGCO ARGENTINA S.A.” sobre ORDINARIO en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctoras Piaggi, Díaz Cordero y Ballerini.
Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:
¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?
La Señora Juez de Cámara Doctora Piaggi dijo:
I. ANTECEDENTES FACTICIALES DEL PROCESO
1. El 30-07-12 (fs. 105/23) Coinsud S.R.L. demandó a Agco Argentina S.A. por u$s 300.000 (dólares estadounidenses trescientos mil) o lo que resultara de la prueba a producirse.
Adujo que las relaciones con la demandada comenzaron por el interés de ‘Agco’ en la venta de maquinaria agrícola a la República Bolivariana de Venezuela. Así, en enero de 2011 la accionante recibió un llamado del ingeniero Héctor Sendoya, quien se presentó como gerente general de ‘Agco’ diciendo conocer las actividades desarrolladas por ‘Coinsud’, en punto al asesoramiento de ventas en dicho país. En otros términos, la preparación de tareas y documentación necesaria para que las empresas pudieran ingresar en ese mercado.
A tal efecto, propuso realizar una reunión con funcionarios de ‘Agco’ en la Embajada de Venezuela para tener un primer contacto con las autoridades del Ministerio de Agricultura y Tierras de ese país, que llegarían próximamente a Buenos Aires. Remarcó la importancia de ese encuentro para dar inicio a la relación comercial.
Indicó que la reunión se concretó el 24-01-11 y que en ella participaron: (a) por ‘Agco’, el gerente general (ingeniero Héctor Sendoya) y el gerente de ventas y marketing (ingeniero José Luis Morena); (b) por ‘Coinsud’, Juan Pablo Contesti y Rubén Contesti y, (c) por la República Bolivariana de Venezuela, el Viceministro de Agricultura y Tierras de ese país (ingeniero Yvan Gil Pinto), dos asistentes técnicos, el embajador general (Arévalo Méndez Romero) y sus agregados comerciales (Juan Franco Prats y Carmen Mayorga Collins). A partir de ese encuentro, ‘Agco’ pudo conocer los requisitos legales, financieros y comerciales necesarios para vincularse con ese país y éste pudo evaluar la viabilidad de ‘Agco’ para responder a sus necesidades. En consecuencia, el Viceministro manifestó que les interesaba adquirir dos mil tractores grandes (entre 160 y 220 HP) urgentemente y ‘Agco’ expuso las limitaciones productivas argentinas, requiriendo que en los primeros envíos una parte pudiera hacerse desde su planta en Brasil; lo que en principio fue aceptado.
Asimismo, ‘Agco’ le propuso a ‘Coinsud’ que no solo le proporcionara asesoramiento en aspectos legales, comerciales y financieros, sino que la representara para las negociaciones en curso. Indicó que ello se formalizó con el documento que adjunta, suscripto por ‘Morena’ y autorizado expresamente por ‘Sendoya’, en aquél se aprobó y reconoció la reunión celebrada en la embajada. Se le entregó a ‘Coinsud’ la representación para ofrecer y cotizar 2000 tractores por 60 días de manera irrevocable y se concertó un pago por las tareas encomendadas. Adicionó que ese instrumento fue aprobado por ‘Coinsud’ por e-mail el día 25-02-11, quedando perfeccionado el contrato.
Señaló que ni las autoridades venezolanas ni ‘Coinsud’ dudaron sobre la representatividad de los gerentes de ‘Agco’, quienes presentaron tarjetas corporativas, entregando folletos técnicos de los tractores y papelería publicitaria de la empresa. De su lado, ‘Sendoya’ ocupaba un cargo directivo en la Cámara Argentina de Fabricantes de Tractores en representación de su empresa, siendo la nota firmada por un gerente de la accionada que aparentaba facultades suficientes de representación.
En febrero de 2011 comenzó la ejecución del contrato, cumpliendo la actora con las obligaciones a su cargo. ‘Coinsud’ confeccionó y presentó el formulario de aceptación de prácticas anticorrupción exigido por ‘Agco’ y, continuó con los contactos permanentes con el gobierno venezolano. Las marcas a utilizarse serían Agco Allis de Argentina y Massey Ferguson y Valtra de Brasil.
Detalló el intercambio de correos electrónicos suscitados en enero, febrero y marzo de 2011; al igual que refirió a la plena participación que tuvo Agco Sudamérica (con sede en Brasil). Destacó que ‘Sendoya’ intervenía como un interlocutor válido y autorizaba a ‘Morena’ a firmar el mandato a favor de ‘Coinsud’.
Explicó que a mediados de marzo de 2011 ‘Agco’ anunció el reemplazo de los directivos con los cuales tuvo contacto ‘Coinsud’. En tal sentido, Diego Ponce de León se presentó como CFO de ‘Agco’ y convocó a una reunión con ‘Coinsud’ solicitando la documentación suscripta por la anterior gerencia. Al día siguiente, ‘Coinsud’ envió la documentación, ratificó el interés de Venezuela en la operación e informó su conformidad para reunirse con los nuevos directivos de ‘Agco’.
El 23-03-11 ‘Agco’ envió a ‘Coinsud’ una CD en la cual desconoció la representación que les fuera otorgada, mediante la misiva del 24-02-11 y negaba autoridad a ‘Sendoya’ y a ‘Morena’ para emitir tal documento. El nuevo gerente general de ‘Agco’ en Argentina (Frank Keller) retomó la relación con ‘Coinsud’ intentando salvar el negocio, reanudando las gestiones y actuando en forma independiente de las comunicaciones de ‘Ponce de León’. Dijo que recibió directivas de Brasil para retomar gestiones con Venezuela a través de ‘Coinsud’ que medió numerosa correspondencia entre ‘Agco’ y ‘Coinsud’, hasta que por decisión unilateral de ‘Agco’ se interrumpió la comunicación y desconocer el convenio celebrado con ‘Coinsud’, por una notificación cursada por un asistente de ‘Keller’ con su firma digital.
Adujo que ‘Agco’ actuó reiteradamente de mala fe. Por ello, ‘Ponce de León’ le envió una CD en la que reiteró una supuesta falta de acuerdo contractual entre ‘Agco’ y ‘Coinsud’ y reconoció a las actividades desarrolladas por esta última como “cortesía entre empresas”. Adicionó que entre las reuniones iniciales y la firma del acuerdo se produjo el retiro de ‘Sendoya’, quien continuaba actuando como jefe del operativo de venta a Venezuela y era reconocido como tal, por los demás ejecutivos de la empresa y por los de Agco Brasil. Indicó que la etapa efectuada por ‘Keller’ se interrumpió de mala fe con fundamento en que los servicios de la accionante eran innecesarios para ‘Agco’, cuando ‘Coinsud’ había realizado ya todo el trabajo. Agregó que ‘Agco’ decidió prescindir de los servicios de ‘Coinsud’, razón por la cual ésta no resulta responsable del logro de las ventas; condición a que estaban sujetos sus honorarios.
Por ende, ‘Agco’ no puede invocar que ‘Coinsud’ incumplió con el protocolo interno de la primera respecto de sus proveedores, puesto que le envió dos veces firmado el formulario FCPA, referido a la transparencia comercial. Ergo, no puede invocar ahora recaudos que la ley argentina no exige.
Citó doctrina y jurisprudencia solicitando la reparación por pérdida de chance al no obtener la remuneración pactada en el convenio. Valoró ésta en un 0,5 % del importe alcanzado por la venta de los primeros 600 tractores (u$s 300.000, fs. 134).
2. El 28-12-12 (fs 190/205) Agco Argentina S.A. contestó demanda impetrando su rechazo con costas.
Tras una negativa pormenorizada de los hechos expuestos en el escrito de inicio (fs. 163/70), indicó que la accionante pretende el cobro de un importe que no le corresponde, pues las negociaciones se realizaron con personas sin facultades para obligar a ‘Agco’; situación que su contraria pudo y debió desconocer. Además, la retribución que se reclama dependía de que se efectuaran las ventas descriptas en la carta acuerdo, lo que no acaeció en el caso.
En realidad, insiste en que desde el 20 de enero de 2011 ‘Sendoya’ se desvinculó de ‘Agco’, habiéndose firmado el acuerdo formal el 24 de ese mes. Indicó que ‘Agco’ siempre desconoció la gestión de ‘Sendoya’ con ‘Coinsud’ y que por ello las tratativas llevadas a cabo entre esas partes no resultan vinculantes para la defensa. Adicionó que ya en la reunión realizada en la Embajada de Venezuela, ‘Sendoya’ no era el gerente general de ‘Agco’ y ‘Morena’, carecía de poder para obligar o representar a ‘Agco’. Este último se desvinculó del ente el 06-04-11.
Expuso que los correos electrónicos enviados por ‘Sendoya’, fueron emitidos desde una casilla personal de hotmail (donde figura su domicilio y teléfono particular); y no desde el dominio “@agcocorp.com”. La actora no debe ni puede omitir este hecho, por tratarse de un profesional con larga trayectoria en negociaciones comerciales.
En tanto, reiteró que la carta acuerdo del 24-02-11 no tenía autorización de ‘Agco’; siendo insostenible alegar -seriamente- negociaciones con el ex-gerente general de una empresa multinacional que habla de su ex-empresa y se comunica exclusivamente a través de un hotmail personal. Otro tanto ocurre con ‘Morena’, que no era apoderado de ‘Agco’ sino gerente de marketing de Agco Allis. Por eso, una vez que los directivos de ‘Agco’ (dotados de facultades suficientes) conocieron las tratativas unilaterales e inconsultas de ‘Morena’, se comunicaron mediante CD del 23-03-11, para negar el contenido y la legitimidad de la carta acuerdo; informando expresamente a ‘Coinsud’ que ‘Agco’ no le otorgaba mandato o representación alguna a estos sujetos. ‘Sendoya’ y ‘Morena’ promovieron gestiones sin conocimiento de los sectores financieros y legales de la empresa, a los que estaban obligados a darle intervención.
Además la defensa alegó elementos probatorios que acreditan que ‘Coinsud’ sabía que ‘Sendoya’ no representaba a ‘Agco’ detallando una importante cantidad de omisiones en que ‘Coinsud’ incurrió respecto a la representatividad invocada por ‘Morena’. Adicionando que jamás se contempló el cobro de comisión por ventas no realizadas, habiéndose consignado expresamente en el contrato.
‘Coinsud’ tergiversó la realidad de la situación al afirmar que ‘Keller’ intentó reflotar el negocio retomando la relación con la actora, pues los supuestos mails intercambiados entre ambos, de ninguna manera corroboran que ese funcionario aprobara las gestiones de ‘Coinsud’ y ratificara la actuación de ‘Morena’, ‘Sendoya’ y la carta acuerdo. ‘Keller’ fue incorporado como gerente general durante el intercambio de CD entre las partes. Así, que al interiorizarse de los antecedentes del caso, envió un mail a ‘Coinsud’ (el 16-05-11) para informarle que ‘Agco’ no tenía voluntad de realizar negocios con ella, y que las tratativas con Venezuela debían ser encausadas en forma directa con los funcionarios de ambos países.
Como era de esperar se dijo que otro tanto ocurrió con ‘Ponce de León’, quien desconocía lo que ‘Sendoya’ y ‘Morena’ habían urdido a sus espaldas. Recién el 21-03-11 tomó conocimiento de la carta firmada por ‘Morena’, ya que ‘Coinsud’ le remitió una copia por mail. Éste fue rechazado por CD el 23-03-11.
La decisión de ‘retomar’ el tema con ‘Coinsud’ respondía a evaluar una posibilidad de negocio futuro, pero nunca avalar los términos de una nota firmada por personas carentes de facultades, y en la que se había fijado una comisión de manera inconsulta con el directorio de ‘Agco’. Refirió lo sucedido a partir de entonces, y aludió puntualmente a un requerimiento de información que se le había efectuado a ‘Coinsud’ en el marco de la FCPA.
Invocó que ‘Coinsud’ solo aportó datos ambiguos sobre supuestas gestiones y que ‘Agco’ no puede producir prueba negativa sobre los hechos que se le cuestionan (es decir, que nunca existió gestión u operación concreta). La accionante no aportó dato alguno respecto a los funcionarios venezolanos con los que efectuó las supuestas tratativas exitosas.
En este camino hasta la fecha de contestación de demanda, ‘Agco’ no realizó operaciones de exportaciones a Venezuela y que ‘Coinsud’ no formalizó ninguna gestión que le hubiera reportado beneficio a la accionada. Es falso que ‘Keller’ decidiera resolver el contrato porque jamás ratificó la carta acuerdo, ni aprobó las gestiones de ex-empleados de ‘Agco’ y siempre habló de negocios futuros y previo cumplimiento de los requerimientos de transparencia que exigía ‘Agco’.
En todo caso, la supuesta representación que ‘Agco’ le otorgó a ‘Coinsud’ en la carta acuerdo estaba vencida (tenía un plazo de 60 días).
En punto a los mails copiados a empleados de Agco Brasil, dijo que éstos no tenían la representatividad de Agco Argentina ni podían comprometerla; y jamás tuvieron contacto directo con la actora. La venta de los productos no llegó a concretarse porque la Secretaría de Comercio de la Nación requirió a ‘Agco’ canalizar las tratativas en forma directa a través de los funcionarios de ambos países, de modo que la intervención de ‘Coinsud’ era innecesaria. Reiteró que el devengamiento de comisiones quedaba sujeto a la condición de que se efectivizaran las ventas; lo que no aconteció.
Rechazó la procedencia del reclamo por pérdida de chance ante la inexistencia de culpa o dolo de su parte y sintetizó sus conclusiones. Ofreció prueba.
II. EL DECISORIO RECURRIDO
La sentencia definitiva de primera instancia: rechazó la demanda incoada por ‘Coinsud’ con costas a la vencida.
Para así decidir el a quo meritó que: (i) las consecuencias de la relación jurídica que vinculó a las partes se produjeron íntegramente durante la vigencia del Código Civil y del Código de Comercio anteriores, por lo que es ese el ordenamiento que debeaplicarse al caso a fin de no incurrir en la vedada retroactividad de la nueva ley; (ii) ´Coinsud’, obrando bajo el standard del buen hombre de negocios, no pudo ni debió ignorar que desde el 20-01-11 (un mes antes de la firma de la carta en cuestión) ‘Sendoya’ no era el gerente general de Agco Argentina y actuaba como un simple intermediario; (iii) ‘Morena’ desempeñaba un cargo gerencial en ‘Agco’ al tiempo de suscribir la carta acuerdo, pero no era representante legal de la sociedad ni tenía facultades para obligarla.
La teoría de la apariencia alegada por la actora no se aplica cuando se trata de la firma de un contrato que se negoció por lo menos durante un mes, con una empresa filial de una multinacional y, sobre todo, cuando ese acuerdo era de la entidad del aquí tratado, importante no solo cuantitativa sino cualitativamente. Las autoridades de Agco Argentina desconocieron sin demora la supuesta representación invocada; (iv) si bien ‘Keller’ mantuvo conversaciones con ‘Coinsud’ para reencauzar la posibilidad de ‘Agco’ de participar en la operatoria de venta de tractores a Venezuela, ello no implicó una ratificación de las condiciones pactadas por el ex-gerente; (v) ‘Coinsud’ no puede percibir una retribución por un negocio que jamás concretó, ya que no dejó a salvo la retribución por tareas intermedias.
III. LOS RECURSOS
‘Coinsud’ apeló el fallo el 21-03-16 (fs. 900), el recurso fue concedido el 23-03-16 (fs. 901) y su expresión de agravios del 0306-16 (fs.935/53) fue respondida el 29-06-16 (fs. 960/72).
La presidencia de esta Sala llamó “autos para sentencia” el 15-09-16 (fs. 976), el sorteo de la causa se realizó el 29-09-16 (fs. 976 vta.) y el Tribunal se encuentra habilitado para resolver.
IV. CONTENIDO DE LA PRETENSIÓN RECURSIVA
‘Coinsud’ se agravia en lo sustancial: (i) pues la sentenciante prescindió de constancias decisivas para resolver la causa; (ii) ya que la a quo “…se aferra a la supuesta ausencia de representatividad del primer gerente general -Sendoya- y del primer gerente de ventas y marketing -Morena- pero no considera el hecho decisivo de que luego, los incuestionados nuevos directivos Keller -presidente y gerente general- y Di Benedetto -ventas y marketing- retomaron las tratativas y pusieron nuevamente a trabajar a su servicio a la actora…”; (iii) porque las conductas asumidas por ‘Agco’ importan un desconocimiento del principio de buena fe y la creación de una apariencia que engañó a la accionante; (iv) respecto al supuesto incumplimiento de la normativa FCPA; (v) por cuanto la Juez no consideró su derecho a retribución; (vi) por la imposición de costas y “…la ausencia de discriminación en dicha imposición en relación a los incidentes… que perdiera la demandada y en los cuales las costas le fueron impuestas a ella… en consecuencia, resulta lógico que mi parte se agravie en punto a la regulación de honorarios efectuada…”.
V. Luego de analizar los antecedentes del caso, los diversos medios de prueba aportados al expediente de conformidad con las reglas de la sana crítica (art. 386 Cpr.) y la sentencia recurrida, anticipo que el pronunciamiento apelado será confirmado.
VI. LA DECISIÓN PROPUESTA
1. No atenderé todos los planteos recursivos de la apelante sino sólo los que estime esenciales y decisivos para fallar en la causa (cnfr. CSJN, “Altamirano, Ramón c. Comisión Nacional de Energía Atómica”, del 13-11-86; ídem, “Soñes, Raúl c. Adm. Nacional de Aduanas”, del 12-2-87; bis ídem, “Pons, Maria y otro” del 6-10-87; ter ídem, “Stancato, Carmelo”, del 15-9-89; v. Fallos, 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; entre otros).
2. La carga que pesa sobre las partes en el curso del proceso y que las constriñe a probar los hechos, contribuyendo a formar la convicción del juez a través de las posibilidades que brinda la estructura procesal, es diferente de aquella otra existente al tiempo de resolver, cuando la prueba es insuficiente o inexistente, y que se resuelve en una distribución de los riesgos derivados del estado de incertidumbre.
Ello, porque las simples alegaciones de las partes son inidóneas para producir la convicción sobre los hechos que invocan, pues la carga de la prueba no es una distribución del poder de probar que tienen las partes, sino del riesgo de no hacerlo. En consecuencia, no supone ningún derecho del adversario sino un imperativo de cada litigante (cnfr. CNCom, esta Sala, in re: “Nannis, Gonzalo María c. Caniggia, Claudio Paul s/ ordinario”, del 14/2/2005; entre otros).
No interesa la condición de actor o defendido ni la naturaleza aislada del hecho, sino los presupuestos fácticos de las normas jurídicas; de manera tal que cada una de las partes quedan gravadas por la carga de probar los hechos contenidos en las normas con cuya aplicación aspira a beneficiarse, sin que interese el carácter constitutivo, impeditivo o modificativo de aquéllos.
3. Según el contenido de la demanda incoada, fue carga de ‘Coinsud’ la prueba de los hechos fundantes de la alegación, por aplicación del art. 377 del ordenamiento ritual. Negada la situación fáctica por ‘Agco’, la distribución de la carga probatoria se impuso a quien afirmó los hechos constitutivos de la pretensión; puesto que -reitero- la carga de la prueba configura un riesgo y quien no prueba los hechos que debió acreditar, pierde el pleito si de ellos depende la suerte de la litis.
4. En el marco expuesto, no advierto irregularidades en la valoración de la prueba; la a quo realizó un análisis razonado de las probanzas reunidas y su decisión se fundó en aquéllas.
5. De las constancias anejadas al expte. se infiere lo siguiente.
(i) ‘Agco Argentina’ desconocía las tratativas que vinculaban a ‘Coinsud’ con Venezuela.
Los mails obrantes a fs. 90/101 solo denotan que funcionarios de ‘Agco Brasil’ fueron consultados por ‘Sendoya’ y ‘Morena’. También se acompañan a la causa correos electrónicos en los cuales ‘Coinsud’ agrega en copia a empleados de ‘Agco Brasil’. Sin embargo, ninguno de estos hechos conlleva -en lo absoluto- una aceptación por ‘Agco Argentina’, para la suscripción de la carta acuerdo.
(ii) De la declaración de ‘Morena’ a fs. 469, surge que la carta acuerdo se efectuó “…a través de distintos correos o gestiones que se han realizado a través de su persona, el Sr. Sendoya y funcionarios de Brasil…”. Es decir, no se consultó a ningún funcionario del directorio de ‘Agco Argentina’ al suscribirla (fs. 12 de la documentación original y fs. 470).
Tampoco ‘Sendoya’ recibió autorización del directorio de ‘Agco Argentina’ para realizar tratativas con ‘Coinsud’. Véase, que a fs. 365 manifestó “…que en la reunión en la embajada fue con… Morena, quien permaneció en la compañía después que salió el testigo, como dijo Coinsud participó desde la primera reunión, y cree que la instrucción de firmar un convenio con Coinsud la recibió el ingeniero Morena de Brasil…”.
Además, los correos electrónicos intercambiados por ‘Sendoya’ (desde su cuenta de personal y no desde la corporativa) son posteriores a su desvinculación de ‘Agco Argentina’ y a la firma de la carta acuerdo del 24-02-11. A fs. 172/74 consta que “…Agco Argentina S.A. le ha notificado al señor… Héctor Augusto Sendoya que se prescindía de sus servicios a partir del 20 enero de 2011, quedando extinguido el contrato de trabajo que los vinculaba…”.
No desconozco que a fs. 364 los funcionarios de ‘Agco Brasil’ fueron informados por ‘Sendoya’ de la operatoria a concretarse con Venezuela, pero no se prueba en autos que ‘Agco Argentina’ solicitara con la demandante o con Venezuela su participación en el negocio.
(iii) En relación con lo expuesto, ‘Keller’ (nuevo gerente general de la defendida y vicepresidente con ejercicio de la presidencia) sostuvo que “…no conoce de ningún convenio de asesoramiento entre Agco y Sendoya…”. Agregando que “…los gerentes de Agco no tenían facultades para firmar contratos… quien podía firmar un contrato con un tercero obligando a la empresa… [era] …el presidente, el vicepresidente en ejercicio de la presidencia, o apoderados… no sabe de ninguna gestión de Coinsud a favor de Agco… Agco Argentina igual a Agco en todo el mundo no puede vincularse con cualquier empresa sin cumplir con los requisitos de FCPA…” (fs. 404/10).
(iv) Corroborando lo anterior, ‘Ponce de León’ (ex gerente administrativo y financiero de ‘Agco’ entre el año 2009 y 2012) expresó que había “…tres niveles de aprobación, el primero a nivel local por el oficial de cumplimiento de Argentina, segundo el oficial de cumplimiento de Brasil, tercero, el oficial de cumplimiento de Agco Corporación. Sin este nivel de aprobación no se podía cursar ningún tipo de operación con gestores y lobbystas…”.
También afirmó que, ‘Sendoya’ y ‘Morena’ no sometieron al oficial de cumplimiento ninguna tratativa u operación con ‘Coinsud’ y que tampoco esta última realizó gestión a favor de la accionada. ‘Sendoya’ no permaneció vinculado a ‘Agco’ luego de cesar en sus funciones, y ‘Morena’ carecía de poder otorgado por escritura pública para representar a ‘Agco Argentina’ en el área de exportaciones.
Este testigo amplió su declaración afirmando que en muchas ocasiones le hizo el pedido de información a ‘Coinsud’ por las normas FCPA y las impositivas locales “…ya que no estaba clara la operatoria y cuál iba a ser la función de Coinsud en esta supuesta operación…” (fs. 392/99).
(v) Queda claro entonces, que ‘Sendoya’ no pertenecía a ‘Agco Argentina’ al tiempo de suscribir el instrumento de fs. 12 y que ‘Morena’ no tenía facultades para hacerlo. De autos, no surge prueba fehaciente que acredite que ambos o por lo menos alguno de ellos actuaran con autorización suficiente del órgano pertinente.
Por lo demás ‘Coinsud’ no cumplió con la normativa FCPA, requisito indispensable para que pudiera existir una relación contractual con la demandada. Al respecto, ‘Ponce de León’ también manifestó que ‘Sosa Cadete’ (oficial de cumplimiento de dicha normativa) nunca aprobó la operatoria entre ‘Coinsud’ y ‘Agco Argentina’ (fs. 397).
La situación descripta fue confirmada por ‘Di Benedetto’ que destacó: no “…es suficiente para contratar a un consultor o intermediario la firma del formulario FCPA… necesitan la aprobación del oficial de cumplimiento, más allá del formulario…” (fs. 325).
(vi) Por ende, la teoría de la apariencia alegada por la actora con sustento en la mala fe de la defendida, carece de asidero en la presente causa.
En la teoría de la apariencia, surgen ejemplificaciones legales: el acreedor aparente, el heredero aparente y el poseedor aparente; los que permiten dar validez a lo expuesto. Ello porque el derecho positivo tiene una finalidad que va más allá de los positivismos y nos muestra su totalidad de contenido moral.
Sin dejar de lado las cuestiones mencionadas en los párrafos precedentes, la única forma en que la actora hubiese podido incurrir en un error excusable es ante la existencia de un vínculo contractual previo con la demandada. Pues en caso de existir confianza preexistente sería posible que la accionante pudiera haber sido inducida a firmar la carta acuerdo con el asesoramiento de un ex gerente general desvinculado de la sociedad y un gerente de ventas y marketing sin facultades para obligarla.
La conducta de ‘Coinsud’ no se condice con el carácter profesional de sociedades de su envergadura; condición que la responsabiliza de manera especial e impone el deber de obrar con mayor prudencia y pleno conocimiento del negocio (CNCom, esta Sala, in re: “Banesto Banco Shaw SA c/ Dominutti, Cristina”, 20-09-99; entre otros).
No puede apreciarse su accionar con los parámetros exigibles a un neófito, ya que ‘Coinsud’ debió constatar que los sujetos intervinientes en la operatoria cuestionada carecían del respaldo suficiente para actuar en nombre y por cuenta de la defendida. Máxime teniendo en cuenta la relevancia del negocio en cuestión.
(vii) También se constata que contrariamente a lo sostenido por la actora, las nuevas autoridades de la demandada tampoco ratificaron la carta acuerdo.
A fs. 176 de la documentación original obra la CD enviada por ‘Ponce de León’ a ‘Contesti’ el 23-03-11, donde refiere “…a la copia del archivo adjunto a vuestro email del día 21 del corriente, de una presunta carta que supuestamente habría sido firmada el día 24 de febrero de 2011 por el ing. José Luis Morena… nuestra empresa desconoce dicha carta, así como su contenido y legitimidad, toda vez que el Sr. Morena no es apoderado y carece de mandato alguno para obligar a nuestra empresa para los actos mencionados en la misma, y les manifestamos en forma expresa que no reconocemos no otorgamos a uds. representación o mandato alguno para las gestiones allí mencionadas, así como para ninguna otra gestión de negocios… les requerimos abstenerse de realizar o continuar cualquier gestión, acto o actividad en nombre y representación de nuestra empresa o que pueda inducir o aparentar dicha calidad basados en dicha carta o en cualquier otra comunicación que pudiera haber sido mantenida por uds. con el ing. Morena. Hacemos extensivo dicho requerimiento a cualquier otra comunicación o manifestación que pudiera haber emanado del Sr. Héctor Sendoya…”.
Obsérvese, que de los mails intercambiados entre ‘Keller’ y ‘Coinsud’ surge que el primero intentó “…salvar el negocio con Venezuela…” (v. fs. 54 sobre de documentación reservada) pero jamás ratificar las gestiones efectuadas por ‘Sendoya’ y ‘Morena’. Por lo demás, la carta acuerdo tenía una vigencia de 60 días a partir (24-0211) y la relación con ‘Keller’ para intentar preservar la operación data del 21-04-11, es decir, cuando ya casi estaba vencida la supuesta representación.
(viii) Asimismo, según surge de la prueba producida, ‘Agco Argentina’ no vendió ningún tractor a Venezuela.
La perito contable informó que los libros eran llevados en legal forma y que “…habiendo puesto a… disposición la demandada los libros contables, de los mismos he verificado subdiario de libro Iva Ventas de los períodos 2011 de folio 1 a 1344 y año 2012 de folios 1 a 693 no habiendo encontrado en los mismos ninguna venta a la República Bolivariana de Venezuela…” (fs. 793).
En idéntico sentido se pronunció ‘Ponce de León’, alegando que durante su gestión en ‘Agco Argentina’ no se realizaron ventas a aquél país y que no recibió ningún pedido de tractores ni algún tipo de cotización por Venezuela (fs. 396). A su vez, este último hecho fue revalidado por ‘Keller’ a fs. 410 y por ‘Di Benedetto’ a fs. 291.
Puntualmente, la carta acuerdo prevé que “…la única retribución por las gestiones encomendadas será del 5,5% de toda la facturación por dichas ventas que se devengará al momento de formalizarse cada operación… si las operaciones no se concretan, las partes no tendrán nada que reclamarse. Esta autorización es válida solamente para esta cotización desde Argentina para 2000 tractores para Venezuela, producidos con la marca Massey Ferguson en Argentina y con las marcas Valtra y Massey Ferguson desde Brasil, siempre y desde que la condición de pago sea aceptada…” (fs. 12 documentación original). O sea que ese instrumento no contempla retribución alguna por tareas intermedias; las que deben ser soportadas exclusivamente por ‘Coinsud’.
(ix) Resulta así que, la pérdida de chance solicitada por la demandante es improcedente, ya que como explicara ‘Di Benedetto’ ‘Agco Argentina’ no utilizó intermediarios o consultores para exportar tractores. “…En estos últimos 15 años hemos hecho las propuestas y las hemos presentado los comerciales sin ningún tipo de asistencia externa…” (fs. 323). Remarcó que ‘Coinsud’ no contribuyó con esa operatoria y que ‘Agco Argentina’ no estaba en condiciones de exportar 2000 tractores entre los meses de febrero y abril de 2011 “…por la capacidad de producción limitada y por los compromisos internos…” (fs. 324).
Parece recomendable recordar que ‘Morena’ aseveró que algunos modelos en “…la fabricación de tractores Agco Allis en Argentina se encontraba afectada por licencias no automáticas de importación…” (fs. 473).
Y el propio ‘Sendoya’ afirmó que este tipo de operaciones (que involucran 2000 tractores) no era una operatoria habitual, por eso debía participar la fábrica de Brasil (fs. 370).
Conteste con lo anterior, ‘Keller’ confirmó la situación descripta “…Agco Argentina… estaba limitada en su producción por falta de materiales importados y no estaba en posición de incrementar sus ventas o exportaciones…” (fs. 410).
(x) En síntesis, ‘Coinsud’ no pudo probar su gestión y menos aún que ésta beneficiaria a la contraparte; circunstancia que obliga a rechazar la demanda.
6. Por último, no se verifica en autos ninguna circunstancia que permita soslayar el principio establecido por el art. 68 del Cód. Procesal, que adopta la teoría del hecho objetivo de la derrota (CNCom., esta Sala, in re: “Troncoso, Carlos s/ quiebra”, 23-12-92).
Esta norma en su 1ra. parte consagró la doctrina objetiva en materia de distribución de costas, en tanto éstas constituyen una reparación de los gastos en que debió incurrir el vencedor para obtener el reconocimiento de su derecho.
‘Coinsud’ deberá cargar con el total de costas, en tanto, fue rechazada íntegramente la acción principal (CNCom., esta Sala, in re: “Frigorífico Moreno S.A. c. Subpga SACEI s/ ordinario”, 04-10-93; ídem, in re: “Testa de García, Renata c. Plan Rombo S.A. de ahorro para fines determinados s/ ordinario”, 15-03-93).
Respecto a la ausencia de discriminación en la imposición de costas de los incidentes, me remito a lo resuelto por este Tribunal a fs. 974.
VII. Si mi criterio es compartido por mis distinguidas colegas, propongo -por los fundamentos enunciados: confirmar el decisorio recurrido en todo cuanto decide, con costas a la vencida (art. 68 Cpr.).
He concluido.
Disidencia parcial de la Dra. Díaz Cordero:
1. Coincido en lo principal con la solución arribada por mi distinguida colega preopinante, tan sólo disiento respecto al modo en que se distribuyeron las costas causídicas.
2. Sabido es que en nuestro sistema procesal los gastos del juicio deben ser satisfechos -como regla- por la parte que ha resultado vencida en aquél. Ello así, en la medida que las costas son en nuestro régimen procesal corolario del vencimiento (arts. 68, 69 y 558 CPCC) y se imponen no como una sanción sino como resarcimiento de los gastos provocados por el litigio, gastos que deben ser reembolsados por el vencido.
Nuestro Máximo Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que el art. 68 CPCC consagra el principio del vencimiento como rector en materia de costas, que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota: de modo que quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debió realizar la contraria para obtener el reconocimiento de su derecho (ver C.S.J.N., Fallos, 312:889, entre muchos otros).
Es cierto que ésa es la regla general y que la ley también faculta al Juez a eximir de las costas al vencido, en todo o en parte, siempre que encuentre mérito para ello (arts. 68 y ss. CPCC). Pero ello, esto es, la imposición de las costas en el orden causado o su eximición -en su caso-, sólo procede en los casos en que por la naturaleza de la acción deducida, la forma como se trabó la litis, su resultado o en atención a la conducta de las partes su regulación requiere un apartamiento de la regla general (cfr. Colombo, Carlos – Kiper, Claudio, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, T° I, pág. 491).
En este marco conceptual y si bien la accionante ha resultado vencida desde el momento que fue rechazada la acción promovida, juzgo que dicha parte pudo creerse con derecho accionar contra aquélla, toda vez que desconocía -al momento de introducir lapresente demanda- la ausencia de una gestión útil de su parte en la concreción del negocio en el cual intervino.
Es que, al ser apartada de las negociaciones (ver fs. 76 reservada en sobre nro. 56834 que en esta acto se tiene a la vista), no pudo tomar conocimiento si las ventas fueron concretadas o no. Hecho recién verificado a través de la prueba pericial contable rendida en autos (ver especialmente respuesta al punto 3 ofrecido por la actora a fs. 793/794).
Por ello y como anticipé, estimo que las costas de la anterior instancia deben ser distribuidas en el orden causado.
3. En orden a las originadas en esta instancia, en atención a que propongo que el recurso se admita en forma parcial, juzgo que también deben ser soportadas por su orden.
He concluido.
La Dra. Ballerini adhirió al voto de la Dra. Piaggi y a la disidencia en materia de costas formulada por la Dra. Díaz Cordero. Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron las Sras. Jueces de Cámara
Dras. Matilde E. Ballerini, María L. Gómez de Díaz Cordero, Ana I. Piaggi.
Es copia del original que corre a fs. 894/907 del Libro de Acuerdos Comerciales, Sala B.
RUTH OVADIA
SECRETARIA DE CÁMARA
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2016
Y VISTOS:
Por los fundamentos del Acuerdo que precede, se resuelve:
a) confirmar el decisorio recurrido y, b) distribuir las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado.
Regístrese y notifíquese por Secretaría, en su caso, conforme Acordadas N° 31/11 y 38/13 CSJN y devuélvase.
Oportunamente, cúmplase con la publicación a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN, según lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada N° 15/13 CSJN.
MATILDE E. BALLERINI
MARÍA L. GÓMEZ ALONSO DE DÍAZ CORDERO
ANA I. PIAGGI
(EN DISIDENCIA PARCIAL)
014173E
