Se hace lugar al recurso de casación interpuesto y se ordena tener a la Administración Federal de Ingresos Públicos como parte querellante, al concluirse que si la investigación penal se centraba en determinar la intervención de uno o más empleados del ente recaudador en la supuesta divulgación de información reservada (habría dado aviso de un procedimiento de fiscalización a un contribuyente), no resultaba posible descartar una posible afectación subsidiaria a su función fiscalizadora del cumplimento de los tributos correspondientes por el actuar infiel de sus empleados.
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