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JURISPRUDENCIAAccidente vial. Caída en un pozo existente en la calzada. Responsabilidad del GCBA
Se modifica el monto de condena establecido en la sentencia que hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios derivados del accidente que sufriera el accionante cuando circulaba en su automóvil, al caer en un pozo que se encontraba en la calle, por obras que estaban realizando las coaccionadas.
En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 21 días del mes de diciembre de dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de la Apelaciones en lo Civil, Sala “D”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados “GULLO JUAN ANTONIO C/AYSA S.A Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS”, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara doctores Patricia Barbieri y Osvaldo Onofre Álvarez.
A la cuestión propuesta la doctora Patricia Barbieri, dijo: Contra la sentencia de fs. 811/824, apela el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fs. 825, la parte actora a fs. 828, Federación Patronal Seguros S.A a fs. 829 y la empresa “Agua y Saneamientos Argentinos S.A (Aysa)” a fs. 832, con recursos concedidos libremente a fs. 827 y 835/835vta.-
Presentaron sus quejas a fs. 885/892, 894/896, fs. 898/903 y fs. 904/908, habiendo sido contestados los agravios a fs. 910/913, 914/916, 917/921, 922/926, 945 respectivamente.-
Con el consentimiento del auto de fs. 950 quedaron los presentes en estado de resolver.-
I) Antecedentes:
El Sr. Juan Antonio Gullo relató en el escrito inaugural que el día 20 de junio de 2008, siendo aproximadamente las 6:30 horas, circulaba a bordo del rodado de su propiedad, Ford Escort modelo 2002, dominio …, por el carril derecho de la Avenida La Plata de esta ciudad, cuando al llegar a la intersección con la Avenida Independencia en forma sorpresiva su automotor cayó en un pozo que se encontraba en el medio del cruce, dándose vuelta hasta caer sobre el techo.-
Detalló las medidas de dicho cráter, denunciando que pertenecía a la empresa “Aysa” y quien realizada los trabajos era la codemandada “Zubdesa”.-
Manifestó que la abertura carecía señales luminosas y de vallado reglamentario que advirtiera su presencia.- Recordó que a raíz del hecho denunciado, se labraron actuaciones penales por ante el Juzgado Correcional N° 8 Secretaria N° 61, instruyéndose la causa bajo el n° 41.755.-
Endilgó responsabilidad a las empresas “Aysa S.A”, “ZubdesaS.A” y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Reclamó por incapacidad sobreviniente, daño moral, gastos médicos y de farmacia, gastos de traslados y privación de uso.-
La demandada “Aysa S.A” negó todos y cada uno de los hechos vertidos por el actor en el escrito inicial. En cuanto a los acontecimientos sucedidos, afirmó que le encomendó la obra en cuestión a “Construcciones Zubdesa S.A”, encontrándose en todo momento perfectamente señalizada. Alegó la culpa de lo sucedido, en su virtud, al propio actor al circular sin el cuidado necesario y/o excesiva velocidad que no le permitió por la intensa lluvia frenar o esquivar el pozo.-
Requirió la citación en garantía de “Federación Patronal S.A”, quien al contestar la presente demanda, negó que el siniestro haya ocurrido de la forma descripta, así como también todas y cada una de las circunstancias denunciadas.-
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por su lado, adujo que existe falta de causalidad suficiente entre el siniestro y la actividad del GCBA, no hay concausa imputable sino que el evento se habría producido por circunstancias inherentes a la falta de habilidad del actor para conducir y el accidente se habría producido por exclusiva culpa de la víctima.-
Por ultimo, “Construcciones Zubdesa S.A” contestó demanda en idénticos fundamentos que la citada en garantía.-
En la instancia de grado se hizo lugar a la acción promovida por el Sr. Juan Antonio Gullo contra Aysa, Construcciones Zubdesa S.A y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a quienes condenó “in solidum” a pagar al actor en el plazo de diez días la suma de pesos ciento ocho mil seiscientos ($108.600) con mas sus intereses que se calcularán de conformidad con lo dispuesto en el considerando VI de dicho resolutorio, con costas a cargo de los demandados vencidos.-
Por último, se regularon los honorarios de los profesionales intervinientes.-
II) Agravios:
El Gobierno local se alza en una primera aproximación al sostener que su parte no reviste el carácter de dueño ni de guardián de la cosa sindicada como la causante del siniestro (pozo), por lo que la condena debe ser revocada, desestimándose la demanda intentada contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Luego de ello, agrega que existe inexistencia de responsabilidad por interrupción del nexo causal a consecuencia del obrar de un tercero.-
Por último, requiere -en caso de confirmarse la condena establecida- que se modifique el plazo de pago de la misma, disponiéndose que debera ser pagada según los lineamientos fijados por el artículo 398 del CPCAYT.-
La parte actora, por su lado, se alza por considerar reducidos los importes reconocidos por el anterior magistrado bajo los rubros “Incapacidad Sobreviniente”, “Daño Moral”, “Gastos” y “Privación de uso”. Por último, se alza por considerar errada la fecha de inicio del cómputo de los intereses por tratamientos futuros.-
La codemandada “Aysa S.A” expresa sus agravios a fs. 898/903 por considerar que no ha quedado abonada la responsabilidad de Agua y Saneamientos Argentinos S.A en el hecho de autos, por lo que debería rechazarse la demanda presentada.-
En segundo término, se queja al considerar elevadas las indemnizaciones conferidas bajo los ítems “incapacidad sobreviniente”, “daño moral” “gastos de farmacia, traslado y futuros”. Por último, requiriere se revoque la sentencia de grado en cuanto concedió una suma bajo el rubro “Privación de Uso” atento la falta de acreditación del mismo.-
Por último, “Federación Patronal Seguros S.A” solicita se reduzcan los montos reconocidos bajo los rubros “incapacidad sobreviniente”, “Daño Moral”, “Gastos Futuros” y “Privación de uso” por considerar que las sumas establecidas resultan abultadas.-
Posteriormente requiere se aclare que la condena será ejecutable contra su parte en los términos del art. 118 de la ley 17.418 y se modifique la tasa de interés aplicada a la decisión de grado.-
III) La solución:
1) Atribución de Responsabilidad.
a) En primer término, quiero dejar aclarado que los jueces no estamos obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia pasa decidir el caso (CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, etc.). Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el mismo (CSJN, Fallos: 274:113; 280:320; 144:611).
b) Se debate en estos autos si alguna responsabilidad cabe a las demandadas por los daños que la actora alega haber sufrido al haber caído con su rodado en un pozo en la vía pública.-
En materia de atribución de responsabilidad, el damnificado tiene la carga de probar el daño y que ese daño cuya reparación se pretende se encuentra en relación causal adecuada con el hecho de la persona o de la cosa a las cuales se atribuye su producción, ya que de otra forma se estaría imputando a una persona el daño causado por otro o por la cosa de otro.
En este sentido también se ha sostenido que «la noción de daño resarcible se vincula con un hecho lesivo que sea su causa adecuada e imputable a otra persona (…) Ningún perjuicio se indemniza en el vacío, sino en vista de un concreto antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad (…) Así pues el hecho lesivo constituye uno de los extremos esenciales de prueba en el juicio de daños» (Zavala de González, Matilde Resarcimiento de daños, Tomo 3, Ed. Hammurabi, pág. 155).
Es decir, que ante la negativa general y expresa de los demandados recae sobre la parte actora la carga de probar la existencia del hecho dañoso y su relación causal, prueba que resulta esencial para la procedencia de una indemnización resarcitoria de daños y perjuicios.
La prueba del daño y de la relación causal, cuando menos en su fase primaria, puramente material, incumbe al pretensor. Es una simple aplicación del principio que fluye del artículo 377 del CPCC (Roberto H. Brebbia, «Hechos y Actos Jurídicos», Ed. Astrea, Buenos Aires, 1979, P. 141; Roberto A. Vázquez Ferreira, » Responsabilidad por daños elementos» Ed. Depalma, Buenos Aires, 1993, ps. 226 a 230; Jorge Bustamante Alsina, «Teoría General de la responsabilidad civil», Ed. Abeledo Perrot Bs. As., 1993, N 606 y 607, p. 269).
Sabemos que el pretensor del resarcimiento de daños debe demostrar los presupuestos de la norma que lo beneficia. Debe probar la existencia del hecho por el que demanda, o de la acción antijurídica, o el incumplimiento; también el factor de atribución, el nexo causal y el daño serán motivo de su esfuerzo demostrativo (Ricardo Luis Lorenzetti, Carga de la prueba en los procesos de daños, en La Ley 1991 A 995, ver también Silvia Tanzi La prueba en el daño en Revista de Derecho de Daños 4, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 1999, págs. 444/6/7/9).
Esta Sala ha decidido en el mes de julio de 2006 (in re «Manduca Marcelo Alejandro/Bagala S.A. s/daños y perjuicios»): «Más allá que la tendencia en materia de derecho de la responsabilidad civil sea aligerar la carga de la prueba en beneficio de las víctimas de daños, lo cierto es que ello no autoriza a desnaturalizar el sistema de pruebas (…) Lo que ha de probarse es la afirmación del hecho por lo que si el “onus probandi” pesa sobre la actora, ante la falta de pruebas del hecho contradicho, debe rechazarse la pretensión. La carga de la prueba señala a quien corresponde evitar que falte la prueba de determinado suceso o circunstancia, a fin de no sufrir los efectos perjudiciales que de ello puedan resultar a sus pretensiones. Dicha actividad no supone ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés del afectado y la generación de una infraestructura idónea para sostener el reclamo (cfr. CNCiv., Sala B, «Sulkowski, Bárbara c/ Empresa de Transportes Aut. Plaza s/ Daños y Perjuicios», del 8 05 02; íd., ídem, «Rodríguez, Luis c/ Valentín Guitelman S.A. s/ Ds. y Ps.», del 22 03 02, L. n 328.001, elDial AAF15)».-
Sabemos que el pretensor del resarcimiento de daños debe demostrar los presupuestos de la norma que lo beneficia. Debe probar la existencia del hecho por el que demanda, o de la acción antijurídica, o el incumplimiento; también el factor de atribución, el nexo causal y el daño serán motivo de su esfuerzo demostrativo (Ricardo Luis Lorenzetti, Carga de la prueba en los procesos de daños, en La Ley 1991 A 995, ver también Silvia Tanzi La prueba en el daño en Revista de Derecho de Daños 4, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 1999, págs. 444/6/7/9).
Por último corresponde recordar que la responsabilidad por los daños causados por el vicio o mal estado de las aceras o calles -tal es el caso que nos ocupa- compete al Gobierno de la Ciudad, en su carácter de titular del dominio público de tales bienes (conf. arts. 2339 y 2340 C.Civ.), por aplicación de la responsabilidad objetiva que establece el art. 1113, ap.2, párr. 2 del Código Civil.-
c) Sentado todo ello, preciso es determinar, conforme los elementos probatorios acercados y los agravios esbozados por ante esta alzada, si el accionante ha cumplido con aquella carga procesal.-
Adelanto que el análisis de las pruebas producidas me conduce a una conclusión desfavorable a las quejosas.-
Fíjese que las demandadas no han acreditado eximente alguno para exonerarse de responsabilidad por el hecho ventilado dado la normativa aplicada al presente proceso (conf. art. 1113 del Código Civil vigente al momento del hecho).-
Adviértase, tal como lo hizo el anterior “iudicante”, que de la constatación inicial efectuada por el oficial preventor como de las imágenes insertas en el CD del proceso represivo se desprende la ausencia de toda señal lumínica en la obra en cuestión como así también la ausencia de cobertura sobre la misma. Tampoco existía al momento del siniestro carteleria adecuada que hubiese alarmado al tráfico sobre la peligrosidad del mismo, circunstancias que sellan a mi entender la suerte de los recursos intentados.-
Recuérdese, por otro lado, que tanto el testigo Castro como el deponente Trotta fueron contestes en señalar la precariedad de la señalización del pozo y montículo de tierra ubicados en el lugar del siniestro como así también que recién luego del accidente donde fue protagonista el Sr. Gullo se instaló una señal lumínica.-
Cabe recordar, por último, y dado los agravios vertidos por la comuna local, que la obligación de controlar las obras que se realizan en la vía pública compete al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de mantener las calles en condiciones adecuadas de transitabilidad, sin generar peligro para la circulación. El G.C.B.A conserva la titularidad y control de las calles. No puede autorizar el arreglo de la vía pública y desentenderse totalmente de los daños que se produzcan, so pretexto de que la responsabilidad recae sobre la empresa que hizo el trabajo.-
A mayor abundamiento, la cosa no está independizada del control absoluto del titular del dominio público (arts. 2339 y 2340, inciso 7° del Código Civil), toda vez que éste tiene el deber de controlar-en tiempo y forma- que las obras en la vía pública se realicen en condiciones tales que las personas puedan transitar por ella sin peligro.-
Por estos fundamentos, propicio al acuerdo se confirme el fallo de grado en cuanto atribuyó responsabilidad a la totalidad de los demandados por los daños generados a la actora a raíz del bache existente en el lugar del hecho, con costas de alzada a las vencidas (art. 68 de CPCCN).-.
Parciales indemnizatorios:
a) Incapacidad sobreviniente (física, psíquica, tratamiento psicoterapéutico y kinesiologico):
Es sabido que la reparación del daño físico causado debe ser integral, es decir, debe comprender todos los aspectos de la vida de un individuo, dicho de otro modo, debe resarcir las disminuciones que se sufran a consecuencia del evento y que le impidan desarrollar normalmente todas las actividades que el sujeto realizaba, así como también compensar de algún modo las expectativas frustradas.-
En consecuencia, por incapacidad sobreviniente debe entenderse una disminución en la salud, que afecta a la víctima en sus posibilidades tanto laborativas como de relación y que son consecuencia inmediata de la producción del accidente, prologando sus efectos por cierto tiempo o en forma permanente.-
En suma entonces, la lesión a la integridad física o psíquica no es en sí misma indemnizable sino que puede ser causa de un daño patrimonial indemnizable en la medida que genere un menoscabo económico por la disminución de la capacidad de obtener ganancias, o bien ser sólo causa de agravio moral en tanto repercuta desfavorablemente en las afecciones legítimas del damnificado.-
Ahora bien, fs. 553/554 obra pericia médica efectuada por el galeno designado de oficio, Dr. Guillermo Alberto Ottogalli.-
El experimentado adujo -luego de haber inspeccionado los antecedentes de autos- que el pretensor padeció a raíz del accidente de autos, traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento, de columna cervical y la fractura del extremo distal de la clavícula derecha, la cual fue tratada en forma incruenta. Concluyó al establecer que todos esos padecimientos le generaron una minusvalía del orden del 7 % de la T.O.- Sin perjuicio de ello, recomendó asimismo la realización de un tratamiento fisiokinesico de dos meses a un costo global de dos mil quinientos pesos ($2.500).-
En lo que al ámbito psicológico se refiere, la perito especialista en la materia adujo que el evento traumatico vivido le genero un cuadro de stress postraumatico leve que no afecta su desempeño laboral, estimando el mismo en un 10 % de la T.O, susceptible de menguar a tenor del buen pronóstico que exhibe el damnificado ante el tratamiento psicológico recomendado -de un año de duración a razón de una sesión semanal y cuyo costo total estimó en la cantidad de pesos quince mil seiscientos ($15.600).-
Ahora bien, si bien ambas pericias fueron cuestionadas por la casi la totalidad de las partes a fs. 568, 569, 573/575, 576/578, entiendo que ninguno de los fundamentos expresados en dichas piezas procesales lograron conmover los sólidos fundamentos expresados por los conocedores, por lo que en definitiva habré de estar a sus conclusiones.-
Debe decirse que el valor probatorio de un peritaje se mide por su apoyo gnoseológico y científico, es decir, por la seriedad, prolijidad y exhaustividad del camino seguido por el experto para arribar a sus conclusiones. Dado que el juez es entonces un sujeto cognoscente de segundo grado -conoce a través del perito y con el auxilio técnico que éste le brinda-, la estimación de la fuerza de convicción del dictamen se subordina a un análisis crítico de las razones y fundamentos que han conducido al experto a la formulación de sus juicios.-
Cuando las conclusiones de los expertos no son compartidos por las partes, es a cargo de éstas la prueba del error de lo informado. No son suficientes, las meras objeciones, es necesario algo más que disentir, es menester probar fehacientemente, arrimar evidencias suficientemente sólidas para convencer al Juez que lo dicho por el especialista es incorrecto, que sus conclusiones son erradas o que los datos proporcionados como sostén de sus afirmaciones son equivocadas.-
Como reiteradamente se ha sostenido, si bien las conclusiones del experto no son vinculantes ni obligatorias para el Juez, para apartarse de sus dichos, es necesario fundarse en elementos científico- técnicos suficientes para desvirtuar tales afirmaciones.-
Por ello, es que los argumentos vertidos por las impugnantes no alcanzaron a conmover los fundamentos brindados por los peritos, haciendo aplicación de las reglas de la sana crítica (arts. 386, 476 y concordantes, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).-
Entonces, teniendo en consideración las incapacidades reseñadas; la edad de la actor a la fecha del hecho- 50 años -, estado civil, ocupación- agente de control de servicios en una empresa de vigilancia, y demás constancias obrantes en el BLSG N° 97237/09 considero reducida la cantidad otorgada bajo el rubro en cuestión, por lo que propongo al acuerdo su elevación al monto de pesos ciento cuarenta mil ($140.000).-
Estimo prudente, por otro lado, confirmar el monto justipreciado para hacer frente al tratamiento psicoterapéutico recomendado ($15.600) y la terapia fisiokinesica ($2500) por encontrar las sumas reconocidas ajustadas a derecho (conf. art. 165 del CPCCN).-
b) Daño Moral:
El anterior magistrado concedió bajo el presente concepto la cantidad de pesos veinte mil ($20.000).-
El resarcimiento que corresponde por daño moral está destinado a reparar al individuo cuando se lesionan sentimientos o afecciones legítimas como persona, es decir cuando se le ocasionan perjuicios que se traducen en padecimientos físicos, o cuando de una manera u otra se ha perturbado su tranquilidad y el ritmo normal de su vida.
En consecuencia, ponderando la repercusión que en los sentimientos de la actora debió generar el hecho objeto de la presente litis, y tiempo de recuperación, propongo al acuerdo elevar la cantidad reconocida bajo el presente rubro al monto de pesos setenta mil ($70.000).-
c) Gastos de Atención Médica, Farmacia y Traslado:
Esta Sala ha dicho en innumerables oportunidades que para que proceda la indemnización en concepto de gastos médicos y de farmacia solicitada no es necesaria la existencia de prueba fehaciente, sino que en atención a la entidad de las lesiones se puede presumir su extensión, debiendo hacerse su estimación con suma cautela.
De igual modo, no importa un obstáculo para el reconocimiento de gastos de farmacia la circunstancia de que la víctima fuera atendida en un establecimiento hospitalario oficial, porque es sabido que aun en tales casos quedan comúnmente a cargo del paciente.
En virtud de todo ello, y de conformidad con lo normado por el art. 165 del Código Procesal, entiendo reducida la cantidad reconocida por el anterior magistrado bajo el presente acápite, por lo que propongo su elevación a la cantidad de pesos tres mil ($3.000).-
d) Privación de Uso:
El magistrado de la anterior instancia concedió la cantidad de cuatro mil quinientos pesos ($4.500) bajo el presente concepto.-
Sobre el particular es de mencionar que la sola privación del rodado constituye para su usuario un perjuicio que debe ser indemnizado, sin necesidad de demostrar otro perjuicio derivado de esa privación (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala G * 12/02/2008 * D. P., D. M. y otros c. Huffmann, Nicolás Emilio y otros * LA LEY 13/11/2008, 4, con nota de Juan Manuel Prevot; LA LEY 2008-F, 485, con nota de Juan Manuel Prevot; * AR/JUR/485/2008).-
En cuanto al lapso de privación de uso entiendo prudente el plazo fijado por el anterior magistrado uso de las facultades conferidas por el artículo 165 del CPCCN. Sin perjuicio de ello, entiendo que el monto fijado es algo reducido, por lo que propongo al acuerdo elevar el “quantum” indemnizatorio reconocido bajo el presente ítem al monto de pesos doce mil ($12.000).-
IV) Intereses:
Cabe destacar que esta Cámara ha resuelto que en el supuesto de indemnizaciones derivadas de delitos o cuasidelitos los intereses deben liquidarse desde el día en que se produjo cada perjuicio objeto de reparación -en el caso, desde la ocurrencia del accidente y hasta su efectivo pago, de conformidad con lo establecido en la doctrina plenaria «Gómez, Esteban c. Empresa Nacional de Transporte», de fecha 16 de diciembre de 1958 (CNCiv, sala H * 13/02/2006 * Fernández, Ceferino D. c. Grubber, Gabriel * La Ley Online).-
Resulta apropiado destacar, por otro lado, que los réditos correspondientes a los montos reconocidos para hacer frente a los tratamientos psicoterapéutico y fisio-kinesiológico correrán desde la fecha del pronunciamiento de la anterior instancia, por cuanto entiendo, tal como lo he sostenido en reiteradas oportunidades, que tratándose de erogaciones a concretarse en el futuro, debe entenderse que la configuración del perjuicio respectivo no coincide con el acaecimiento del hecho dañoso, como en el resto de los rubros reclamados.
Entonces, teniendo en cuenta los datos objetivos de la causa, la fecha del accidente de autos(20-06-08), en base a los fundamentos vertidos en mi voto, en los autos Expediente Nº 81.687/2004 “PEZZOLLA, Andrea Verónica c/ Empresa de Transportes Santa Fe SACEI y otros s/ daños y perjuicios” y su acumulado Expte. Nº 81.683/2004 “PEZZOLLA, José c/ Transportes Santa Fe SACI s/ daños y perjuicios” del 27/11/2017, a los que en honor a la brevedad me remito, propongo se confirme la sentencia de grado en cuanto a este tema se trata.-
V.- Plazo de pago G.C.B.A:
El Gobierno de la Ciudad se agravia del plazo para el pago de la condena, que se fijara en la sentencia en diez días. Sostiene la aplicabilidad del art.22 de la ley 23.982.
Asiste razón a la apelante en cuanto a que dicha norma resulta de aplicación a los casos en que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fuere parte, como continuadora de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y en tanto la legislación nacional o municipal, existente a la entrada en vigencia del estatuto organizativo al que se refiere el art. 129 de la Constitución Nacional, no fuere derogada (art. 5 ley 24.588).
Sin perjuicio de ello, la legislatura local ha sancionado específicamente sobre el punto en el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 189/99.
La norma citada sigue los lineamientos de la ley 23.982, estableciendo en el capítulo correspondiente a la ejecución de sentencias en causas seguidas contra las autoridades administrativas, que para el cumplimiento de las obligaciones de dar sumas de dinero deberá cumplirse el procedimiento de previsión presupuestaria contemplado en los art. 399 y 400, a excepción de los créditos de naturaleza alimentaria, cuyo importe no sobrepase el doble de la remuneración que percibe el Jefe de Gobierno.
Sentado ello, corresponde acoger favorablemente el agravio de la accionada, dejando sin efecto el plazo para el cumplimiento de la condena establecido, y disponiendo que el mismo se ajustará al procedimiento previsto por el artículo 22 de la ley 23.982.
Sentado ello, corresponde acoger favorablemente el agravio de la accionada, dejando sin efecto el plazo para el cumplimiento de la condena establecido respecto del ente gubernamental y disponiendo que el mismo se ajustará al procedimiento previsto por los artículos 399 y 400 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.
VI) Extensión condena Federación Patronal Seguros S.A:
Habida cuenta de lo que resulta de las constancias instrumentales aportadas a la causa, y de la naturaleza y condiciones del aseguramiento de que se trata, ajeno a la voluntad de los terceros no vinculados a su contratación, entiendo que él mismo resulta condicionante de la condena en su medida conforme a las previsiones del art. 118 ley 17.418.
Por lo expuesto, propicio al acuerdo la modificación parcial del fallo recurrido en cuanto a este punto se trata.-
VII) Conclusión
Por todo ello y si mi distinguido colega compartiera mi opinión, propicio al Acuerdo: 1) Se haga lugar parcialmente a las quejas vertidas por la parte actora, y en consecuencia se modifique -en parte- el pronunciamiento de la anterior instancia, elevándose a la cantidad de pesos ciento cuarenta mil ($ 140.000); pesos setenta mil ($70.000); pesos tres mil ($3.000) y pesos doce mil ($12.000) las indemnizaciones otorgadas bajo los rubros “Incapacidad Sobreviniente”, “Daño Moral” y “ Gastos de Farmacia, asistencia médica, y Traslados” y “Privación de Uso” respectivamente;2)
Disponer que el plazo de pago de la condena respecto de la comuna local se ajustará al procedimiento previsto por los artículos 399 y 400 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires; 3) Establecer que la condena se hará extensiva a la empresa aseguradora “Federación Patronal Seguros S.A” en los términos del art. 118 de la ley 17.418; 4) Se confirme la sentencia de grado en todo lo demás que decide y fuera motivo de apelación y agravio; 5) Se impongan las costas de esta alzada a las co-demandadas y citada en garantía sustancialmente vencidas (art. 68 C.P.C.C.N.); 6 ) Se conozca sobre los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes y determinen los correspondientes a esta instancia; 7) Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida lo dispuesto por el artículo 164 párrafo segundo del ritual y artículo 64 del Reglamento para la Justicia Nacional.-
Así lo voto.
El señor juez de Cámara doctor Osvaldo Onofre Álvarez, por análogas razones a las aducidas por la señora juez de Cámara doctora Patricia Barbieri, votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta.
Con lo que terminó el acto. PATRICIA BARBIERI- OSVALDO ONOFRE ÁLVAREZ.
Este Acuerdo obra en las páginas n n del Libro de Acuerdos de la Sala “D”, de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
Buenos Aires, de diciembre de 2017.
Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 1) Hacer lugar parcialmente a las quejas vertidas por la parte actora, y en consecuencia modificar -en parte- el pronunciamiento de la anterior instancia, elevándose a la cantidad de pesos ciento cuarenta mil ($ 140.000); pesos setenta mil ($70.000); pesos tres mil ($3.000) y pesos doce mil ($12.000) las indemnizaciones otorgadas bajo los rubros “Incapacidad Sobreviniente”, “Daño Moral” y “Gastos de Farmacia, asistencia médica, y Traslados” y “Privación de Uso” respectivamente; 2) disponer que el plazo de pago de la condena respecto de la comuna local se ajustará al procedimiento previsto por los artículos 399 y 400 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires; 3) establecer que la condena se hará extensiva a la empresa aseguradora “Federación Patronal Seguros S.A” en los términos del art. 118 de la ley 17.418; 4) confirmar la sentencia de grado en todo lo demás que decide y fuera motivo de apelación y agravio; 5) imponer las costas de esta alzada a las co-demandadas y citada en garantía sustancialmente vencidas.
De conformidad con el presente pronunciamiento y en atención a lo dispuesto por el art. 279 del Código Procesal, teniendo en cuenta la naturaleza, importancia y extensión de los trabajos realizados en autos; las etapas cumplidas; el monto de condena más sus intereses; lo dispuesto por los arts. 1, 6, 7, 9, 10, 11, 19, 37 y 38 del arancel y ley modificatoria 24.432; la proporción que deben guardar los honorarios de los peritos con los de los letrados y la incidencia de su labor en el resultado del pleito, se adecuan los regulados a fs. 822 vta./824, fijándose los correspondientes a la Dra. Mirta Noemí Averbuj, letrada apoderada de la parte actora, en pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000); los de los Dres. Héctor Andrés de Palma y Viviana Graciela
Herrera, letrados apoderados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes no alegaron, en pesos sesenta mil ($ 60.000), en conjunto; los de los Dres. Claudio Mario Festa, Julieta Contreras y Rocío Maricel Fernández, letrados apoderados de la codemandada “AYSA”, en pesos ciento diez mil ($ 110.000), en conjunto; los de los Dres. Tomás Horacio French y Juan Agustín Massa, por su actuación como letrados apoderados de la codemandada “Construcciones Zubdesa S.A.”, quienes no alegaron, en pesos cincuenta y cinco mil ($ 55.000); los de los Dres. Juan Agustín Massa, Silvina Alejandra Dotta y Vanesa Lía Vanni Arece, letrados apoderados de la citada en garantía , también por dos etapas, en pesos sesenta mil ($ 60.000); los de la perito psicóloga María Mercedes Bardi, en pesos treinta mil ($ 30.000); los del perito médico Guillermo Alberto Ottogalli, en pesos veintiocho mil ($ 28.000); los del perito ingeniero Sabino Carmelo Dell Aquila, en pesos treinta mil ($ 30.000); los de la perito contadora Silvina Andrea Nunes Raminhos, en pesos veintiocho mil ($ 28.000), y los de la mediadora Dra. Laura Susana Adela Gadi, en pesos catorce mil trescientos once con setenta centavos ($ 14.311,70) (conf. art. 2°, inciso g), del Anexo III del Decreto 1467/11, modificado por Decreto 2536/15, y valor de la unidad retributiva del SINEP vigente a la fecha).
Por la actuación ante esta alzada, se fija la retribución de la Dra. Mirta Noemí Averbuj en pesos cuarenta y siete mil ($ 47.000); la de los Dres. Marcelo José Gentile y Fernando Conti, letrados apoderado y patrocinante, respectivamente, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en pesos veintitrés mil ($ 23.000); la de la Dra. Julieta Contreras, en pesos veintiséis mil ($ 26.000), y la del Dr. Juan Agustín Massa, en pesos veintitrés mil ($ 23.000) (art. 14 ley de arancel 21.839).
Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional.
Notifíquese por Secretaría y devuélvase. (Res. 1567/17).-
Patricia Barbieri
Osvaldo Onofre Álvarez
026838E
