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JURISPRUDENCIAConcursos y quiebras. Recurso de revisión. AFIP. Trabajadores autónomos. Aportes previsionales. Legitimación
Se hace lugar al incidente de revisión de crédito promovido por el Fisco Nacional y, por ende, se verifica su crédito por falta de pago de aportes previsionales de un trabajador autónomo. Para decidir así, el tribunal expresó que el decreto 507/1993 (ratificado por ley 24447) otorgó a la AFIP las atribuciones para la aplicación, recaudación, fiscalización y ejecución judicial de los recursos de la seguridad social correspondientes, entre otros, a los regímenes nacionales de jubilaciones y pensiones de trabajadores en relación de dependencia o autónomos.
Buenos Aires, 10 de julio de 2018.
1. La Administración Federal de Ingresos Públicos apeló la resolución de fs. 19/22, mediante la cual el juez de primera instancia rechazó el presente incidente de revisión.
Su recurso de fs. 23, concedido en fs. 24, fue mantenido con el memorial de fs. 25/33, que recibió réplica de la sindicatura en fs. 35/36.
2. La Fiscal General ante esta Cámara dictaminó en fs. 43/44, aconsejando admitir la pretensión recursiva, con base en los fundamentos que allí expuso, a los cuales cabe remitirse brevitatis causae.
3. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene resuelto que resulta improcedente negar legitimación a la Administración Federal de Ingresos Públicos para insinuar un crédito generado en la falta de pago de los aportes previsionales de un trabajador autónomo (9.8.11, «Scalise, Claudio s/concurso preventivo s/incidente de revisión por Fisco Nacional»). Ello pues «…el Decreto 507/93 (ratificado por ley 24.447) otorgó a la DGI las atribuciones para la aplicación, recaudación, fiscalización y ejecución judicial de los recursos de la seguridad social correspondientes, entre otros, a los regímenes nacionales de jubilaciones y pensiones de trabajadores en relación de dependencia o autónomos; funciones éstas que más tarde, mediante los decretos 618/97 y 863/98 fueron transferidos a la AFIP…» y, además, la cuestión planteada debe abordarse en el marco de la regulación establecida por la ley 24.241 que creó el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en cuanto dispone que «… están obligatoriamente comprendidos en él, las personas físicas mayores de 18 años que por sí solas, conjunta o alternativamente con otras, asociadas o no, ejerzan habitualmente en la República cualquier actividad lucrativa que no configure una relación de dependencia…» y que «…los afiliados autónomos tienen el deber de depositar los aportes obligatorios a la orden del SUSS (arts. 8, 10, inciso c, 11 y 13, inciso b de la ley 24.241); sin que obste a tal obligatoriedad la circunstancia de estar comprendido, además, en otro régimen jubilatorio nacional, provincial o municipal, ni el hecho de gozar de cualquier jubilación, pensión o retiro; ni tampoco el ejercicio simultáneo de una actividad, salvo en los casos que expresamente determina… (arts. 2, inciso b, 5 y ccs. de la ley 24.241)» (conf. Dictamen del Procurador Fiscal en la causa “Scalise”, antes citada).
Por lo demás, no puede perderse de vista que el art. 16 de la ley 24.241 dispone que el régimen previsional público es un régimen de reparto asistido, basado en el principio de solidaridad, cuyas prestaciones son financiadas con los aportes personales de los afiliados en él comprendidos -trabajadores en relación de dependencia y autónomos-, entre otros recursos (v. arts. 16, 18, 30 -texto según ley 26.222- y 82 de la ley 24.241), de lo cual se colige que ambos tipos de aportes -además de ser obligatorios- concurren al financiamiento del sistema asentado en el principio de solidaridad previsional (esta Sala, 27.8.13, “Schuchner, Silvio Fabián s/concurso preventivo s/s/incidente de revisión por AFIP”).
4. Sobre tales premisas y, dado que como se anticipó, el escenario fáctico y jurídico que se presenta en el sub examine resulta análogo al verificado en el precedente señalado supra, se estima pertinente concluir que los aportes previsionales de los trabajadores autónomos son obligatorios y que la omisión de su pago no solo impide acogerse al beneficio jubilatorio, sino que, por hallarse involucrado el financiamiento del sistema previsional, la Administración Federal de Ingresos Públicos se encuentra legitimada para reclamar judicialmente su pago.
Con tal alcance, entonces, habrá de admitirse el agravio del organismo recaudador y revocarse la decisión de grado.
5. Las costas de ambas instancias se distribuirán en el orden causado, pues como se dijo, la solución del caso viene dada por un fallo dictado por el Máximo Tribunal que, además, motivó el cambio de criterio jurisprudencial sobre la materia (arts. 68:2° y 279, Cpr.; art. 278, LCQ; esta Sala, 27.8.13, “Schuchner…”).
6. Por lo precedentemente expuesto, se RESUELVE:
Admitir la apelación de fs. 23, verificando en la presente quiebra un crédito a favor de la A.F.I.P. por $ 260.130,41 en concepto de capital con privilegio general (art. 241 inc. 6°, LCQ) con más sus intereses, que deberá calcular la sindicatura en no más de 10 días; con costas de ambas instancias en el orden causado.
7. Cúmplase con la comunicación ordenada por la Corte Suprema (ley 26.856 y Acordadas 15 y 24/13) y notifíquese electrónicamente a la Fiscal y a las partes. Fecho, devuélvase la causa, confiándose al Juez a quo las diligencias ulteriores (art. 36:1°, Cpr.).
Gerardo G. Vassallo
Juan R. Garibotto
Pablo D. Heredia
Pablo D. Frick
Prosecretario de Cámara
030379E
