Tiempo estimado de lectura 30 minutos
Mis documentos Documentos Relacionados
JURISPRUDENCIADerecho ambiental. Derechos Humanos. Garantía constitucional
Se resuelve que en cumplimiento de la disposición del art. 11°, último párrafo, de la ley 10000 la Municipalidad de Firmat deberá convocar, si deciere llevar adelante cualquier plan de urbanización pública según lo establecido en la Ley 11.717 dentro del plazo de noventa días de la presente, a fin de encontrar una solución consensuada y de respeto a normas ambientales.
Y VISTOS:
Los presentes autos caratulados “VECINOS BARRIOS QUINTAS DEL SUR c/ MUNICIPALIDAD DE FIRMAT s/ AMPARO AMBIENTAL – LEY 10.000” (Expte. Nro. 204/2015), venidos a la sala a los fines de dictar Resolución, respecto de los recursos de nulidad y apelación interpuestos (fs. 510/517), contra el resolutorio Nro. 2.277, de fecha 02 de Diciembre de 2013, obrante a fs. 499/508 y vto., el memorial de la demandada (fs. 520/522 y vto), la elevación definitiva de los autos (fs. 564), la integración del cuerpo (fs. 572) y el consentimiento a la misma (fs. 573 y 576 y vto.), la providencia de fs. 583, que dispuso la constitución del Tribunal en el lugar y el relevamiento de datos, agregados a fs. 589/593, el llamado a Resolución (fs. 578).
Y CONSIDERANDO:
1) Que el resolutorio alzado hizo lugar a la acción de amparo ambiental Ley 10.000 imperada por los vecinos del Barrio Quintas del Sur de la ciudad de Firmat, y en consecuencia, declaró la obligatoriedad de la Municipalidad de Firmat de abstenerse de poner en ejecución la Ordenanza Nro. 1430, con costas.
2) Para ello, la Sra. Juez de grado fundamentó su decisorio (de fs. 499/508 y vto.), en las dispuesto en la ley 10.000 y 11.717, en las informativas de del Ministerio de Aguas, las cuál en sus partes esenciales traduce. La pericia ambiental y el monitoreo efectuado, analizando de modo exhaustivo la pericia. Resume que la Municipalidad demandada no realizó una evaluación del impacto ambiental, antes del dictado de la ordenanza. Citó los arts. 18, 19 y 26 de la C.P. El ente municipal tampoco puso en marcha los mecanismos de participación ciudadana, tampoco hubo información pública, vinculadas a medioambiente y demás consideraciones que vierte.
3) El relato de los antecedentes de la causa ha sido adecuadamente desarrollado por la sentenciante de primera instancia por lo cual a dicha relación de hechos, que no ha sido objeto de reproche alguno, corresponde remitir en esta instancia.
4) Cuestión Preliminar: La recurrente introduce recurso de nulidad, que, pese a no estar previsto para el presente trámite (art. 12 Ley 10.000) y no obstante el silencio legal, nada obsta de ningún modo su declaración frente a una omisión o un vicio que, a partir de la afectación de las formas, se derive un perjuicio trascendente que no puede ser tolerado por el orden jurídico, puesto que no resultaría compresible que el Código de rito autorice la revisión de una resolución que pueda resultar injusta y no de una que pueda serlo ilegítima.
En su respaldo expresa las siguientes razones: a) El decisorio impugnado es nulo pues no se le dio traslado de la demanda para ejercer su derecho de defensa, sólo se corrió traslado de la cautelar. Se omitió citar a juicio a la Fiscalía de Estado. Se usó la ley 10.000 para atacar un acto administrativo válido. No hay lesión ambiental. El decisorio excede el ámbito de aplicación de la ley 10.000
Respecto de ello, señalo que las críticas genéricas expuestas por la nulidecente carecen de suficiente sustento pues, su cuestionamiento debía haber sido acompañado de una concreta referencia a las pautas legales pertinentes e indicando en forma circunstanciada los eventuales apartamientos de ellas, extremo que en el caso, considero, no se verifica, sino que solo endilga al Tribunal dos omisiones pretensamente legales no establecidas en la norma aplicable, y que encuentran su respuesta en los arts. 7 y 14 de norma protectoria de intereses simples o difusos de salubridad y conservacionista (Ley Provincial 10.000) que, de ningún modo conlleva consecuencia nulificatoria, debiendo, entonces, desestimarse el recurso de nulidad impetrado.
5) En orden a la pretensión apelatoria, la recurrente al expresar sus quejas nos dice que: a) Lo agravia que la a.quo haga mención al informe del Ministerio de Aguas y lo evalúe en forma parcial por las razones que vierte; b) Lo agravia que la juez a.quo se aparte de la pericia ambiental sin dar fundamentos técnicos. Cita jurisprudencia y vierte consideraciones en apoyo de su postura; c) Lo agravia el análisis de la pericia de los puntos propuestos por la actora, punto A, por los argumentos que vierte; d) La sentencia es contradictoria, pues dice que debía hacerse un estudio de impacto ambiental pero en otra parte de la sentencia dice que no; e) Lo agravia la sentencia en cuanto sostiene que erróneamente que se ha omitido el estudio de impacto ambiental, luego de analizar el punto D) de la pericia, por las consideraciones que vierte; f) Lo agravia el detalle del punto E) de la pericia que efectúa la a.quo; g) Lo agravia el análisis del punto O de la pericia; h) Lo agravia la fundamentación del fallo al analizar la pericia cuando expresa indentificando y detallando los impactos ambientales ante la instalación del Área de Servicios valorizando cada uno de ellos como impacto negativo no significativo condicionado a las medidas de mitigación que propone. Tal impacto se refiere a los que se pueden producir durante el periodo de construcción de las obras y seguidamente analiza el anexo V de la misma; i) Lo agravia la consideración parcializada que hace el fallo del informe pericial cuando indica que el informe encuentra positivo en el aspecto socioeconómico, por la demanda de mano de obra local en la ejecución de las obras como el funcionamiento del área de servicios, haciendo una interpretación errónea de la pericia; j) Lo agravia el fallo en cuanto indica que la municipalidad no hizo una evaluación del impacto ambiental con carácter previo; k) Lo agravia el fallo al omitir tener en cuenta el decreto reglamentario 101/03 de la ley 11.717; l) Lo agravia el fallo en cuanto indica que no ha habido una reglamentación del área de servicios; m) Lo agravia el fallo en tanto indica que la contestación del informe circunstanciado ha satisfecho la carga procesal que pesaba sobre la accionada, pero no se han proporcionado razones y circunstancias suficientes que hayan motivado la decisión o acto impugnado; n) Lo agravia la imposición de costas.
6) Por su parte la actora a fs. 520/522 y vto. procede en su memorial a replicar las quejas de la actora.
7) A fs.583 se dispuso la constitución del Tribunal, con sus dos miembros naturales, a fin de efectuar una inspección ocular in situ, cuyas constancias de realización se despliegan a fs.589/593 y vto.
8) Dispuesto el pase a la Sala, a fin de resguardar los derechos de quienes se presentaran a fs.587, invocando el carácter de titulares del predio, dándose posteriormente traslado a los mismos (fs.594), postulando a fs. 595/599 y vto.
Allí, entre otras cosas y a modo de síntesis expresaron que: a) Comparten los agravios postulados por la Municipalidad de Firmat; b) Que, destinar el predio a un área de servicios, le fue impuesto ante las limitaciones de las reparticiones provinciales, que lo que permitieron fue la radicación de un área de servicios avalado por el Departamento Ejecutivo Municipal y el Concejo Municipal. Que el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medioambiente Provincial. Señala que fue dictada una ordenanza y dejada sin efecto por la decisión judicial, sin demostrar que la norma era irrazonable y demás consideraciones que vierte, en favor de la validación de los actos del Ejecutivo y Legislativo local.
9) Al respecto, previo a ingresar en el tratamiento de los agravios propiamente dichos, debemos señalar, que el tercero (en el caso peticionó en esta instancia por ser oído)no es demandado, no pudiendo ser declarado vencedor ni vencido, en el pleito, no obstante que le pueda ser oponible la sentencia, no siendo ejecutable contra él.
“La intervención del tercero en base a la litisdenunciatio representa solo un llamado o aviso o comunicación de parte del demandado para controlar el proceso y sus pruebas en caso de que medie una posterior acción de regreso del demandado contra el tercero, en cuyo caso no podrá este alegar excepción de negligente defensa” (in re LA SEGUNDA COOP.SEG GRALES.c.HIJOS DE JOSE FIRPO SA. s/ DEMANDA ORDINARIA Acuerdo Nro.26 C.A.C.C.L.V.T. (integrada), pero claro está, de ningún modo resultar condenada.
10) Seguidamente, damos inicio al tratamiento del recurso de apelación.
Liminarmente, debemos recordar que la cuestión traída a esta alzada, se enmarca dentro de la protección de los denominados intereses difusos, en el caso concreto a una cuestión ambiental dentro del hábitat urbano. La protección de estos denominados «intereses difusos» o «colectivos» de afectación al individuo como miembro de la comunidad, agrupado o no, es producto de las nuevas exteriorizaciones en que con una gran dosis de lo social se manifiestan “los acuciantes problemas de la responsabilidad por los productos elaborados, produciéndose el ensanchamiento de la legitimación de obrar, las posibilidades de operar con la acción popular, o la fuerza expansiva del amparo, las acciones de clases o grupos, reconocimiento de ligas de consumidores o de protección del medio ambiente, de la fauna y la flora, las riquezas arqueológicas, el urbanismo, etc.” (Morello, Augusto; La Ley 22/8/84)
Debe recordarse que la doctrina, respecto de la protección del medio ambiente ha expresado “El artículo 41 de la Constitución Nacional argentina consagra, tal como se dijo, el derecho a gozar de «un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras», imponiendo asimismo el deber de preservarlo.
Al reconocerlo como «derecho» la Constitución lo diferencia de una «expectativa», otorgándole la máxima intensidad, con la peculiaridad de que el sujeto destinatario de la pretensión es también de alguna manera su agente, en la medida en que debe asumir un activo protagonismo para que tal pretensión sea de la máxima intensidad y no quede reducida a mera expectativa. Estamos en presencia de un derecho que se alimenta con el correlativo deber; de modo que es preciso comprender que no es sólo el Estado quien debe velar (y responsabilizarse) por el ambiente sano, apto y equilibrado, sino en variadas pero efectivas maneras todos y cada uno de sus habitantes. Teniendo presente el efecto multiplicador que una conducta individual o sectorial puede tener sobre el conjunto de la población en materia tan dilatada, esparcida o difundida, la legitimación para reclamar debe ampliarse para que el derecho no se torne ilusorio. Ello es consecuencia lógica de la jerarquización normativa que supone la inserción explícita del derechodeber en la Constitución Nacional y explica la habilitación no sólo del afectado, sino también del defensor del pueblo y de las asociaciones ambientalistas debidamente autorizadas, para interponer la acción de amparo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente restrinjan, alteren o amenacen, con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, los derechos que protegen el ambiente (art. 43 de la Constitución Nacional). Se construye de este modo una relación entre pretensión y legitimación de tipo positiva (R ), en la medida en que cabe suponer que mientras mayor sea el interés en la pretensión, mayor posibilidad habrá de lograr su tutela efectiva (si todos los afectados por la contaminación de un río o por la destrucción de un monumento histórico o de un paisaje irrepetible plantean el problema, de seguro estarán en mejores condiciones de evitar que unos pocos puedan continuar degradándolo). (Rosatti, Horacio Daniel RC D 650/2012)
Desde la visión jurisprudencial, volviendo a la protección de derechos difusos, nuestro Máximo Tribunal Provincial lo ha definido como una “situación jurídica sustancial y procesal donde la actividad conformadora de la Administración Pública incide sobre un determinado ámbito espacio territorial, ya sea, modificándolo en sus características urbanísticas, edilicias, paisajistas, monumentales, ecológicas, de salubridad o también, mediante su deterioro al trastocar las posibilidades infraestructurales u organizativas en relación al goce de servicios esenciales que tutela una norma constitucional o bien considerados necesarios por las normas ordinarias en la materia de que se trata. Que tales intereses deben considerarse como generales o que son los de todos los sujetos que forman parte de una colectividad o de una amplia parte de ella, constituidos por bienes que no son susceptibles de apropiación exclusiva.”
16. Que así y conforme lo sostuviera esta Sala en “VIONNET, Carlos Alberto y otros c/MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/AMPARO” decisión del 20 de Diciembre de 2012, citada por el a.quo (A y S. T.11 Año 2012 Fo.476/482, Res.254).
La Ley 10.000, en nuestra provincia es la que faculta a los Tribunales al control sobre la administración pública en tutela de los intereses denominados difusos, impeliéndola a la protección de la salubridad pública, la conservación de la fauna, flora y paisaje, el medio ambiente, el patrimonio histórico, cultural, artístico y en general, otros valores similares de la comunidad.
En el subdiscurssio, un grupo de vecinos interpone acción de amparo ambiental prevista en la Ley 10.000 de Santa Fe ante la eventual habilitación de una radicación de un Área de Servicios en la Parcela 19/5 Polígono 3, dispuesto en la Ordenanza 1430, sancionada por el Concejo Municipal en fecha 29.11.10.
Encontrándose en juego el medio ambiente, la protección de los derechos de los ciudadanos que habitan el lugar debe recibir un plus de intensidad en su tutela, para poder cumplir con cabal alcance los objetivos de la norma ambientalista provincial, como es la calidad de vida de los vecinos, con una incidencia colectiva que se encuentra fuera de discusión.
Es por ello, que anticipamos que no encontramos en la sentencia de la Sra. Juez a.quo un razonamiento interpretativo que se aparte de los objetivos y lineamientos de la norma, por cuanto al decidir la ordenanza objetada la instalación de un área de servicios lindante al denominado Barrio Quintas del Sur, creado a su vez por la ordenanza 1304, del año 2007, ha implicado una alteración por vía de excepción del ordenamiento urbano, puesto que ignora la creación anterior de dicho barrio con tres años de anterioridad, alternado de tal modo todo criterio razonable de zonificación, provocando un menoscabo al derecho de los amparistas.
Por ello entendemos, no sólo a partir de la interpretación de los derechos en juego, sino de los hechos que, apreciados desde las constancias de la causa, como en forma de visu por el Tribunal con sus integrantes naturales, a la luz de la razonabilidad impide en este estado y, en los términos que actualmente lo propone la ordenanza en crisis, modificar lo resuelto por la Sra. Juez a.quo.
Los cuestionamientos que formula la apelante, respecto del informe del Ministerio de Aguas y Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Provincia podría solicitar a la Subsecretaría de Medio Ambiente la categorización de las actividades a realizarse y ser de categoría 1 (de bajo o nulo impacto ambiental), no implica sino una especulación en abstracto, que de ningún modo puede desconocer la existencia de un hecho concreto y evidente como es la creación de la mencionada área de servicios, lindante a los vecinos del barrio.
Continuando con el tratamiento de los agravios de la quejosa, vinculados casi todos, con el apartamiento de la judicante del grado del dictamen pericial debe recordarse que “…..El rechazo del Juez del dictamen de los peritos debe basarse en razones serias, en un análisis crítico tanto de los fundamentos como de las conclusiones que lo llevan al convencimiento de que carece de los requisitos…..Pero, si por el contrario, el juez considera que los fundamentos y las conclusiones del dictamen reúnen todos los requisitos de lógica, de técnica, de ciencia, que para el caso pueden exigirse, por lo cual queda convencido de la certeza de esas conclusiones, no puede rechazarlas sin incurrir en arbitrariedad” (Devis Echandía, Hernando – Compendio de la Prueba Judicial Tomo II – Rubinzal – Culzoni Editores p. 134).
El informe del perito debe contener, huelga decirlo, rigor técnico, científico y profesional debidamente fundamentado. El dictamen tiene que evaluar objetivamente el Área de Servicios, para poder concluir del modo más asertivo posible y de tal modo por a salvo los derechos en intereses en juego de las partes en el proceso.
De las constancias alzadas, no quiero soslayar que todos los puntos de pericia sobre los cuáles se expide la experta, concluyen en su dictamen que los impactos ambientales, ante la instalación del Área de Servicios los califica como de impacto negativo o no significativo, empero condicionado a la aplicación de las medidas de mitigación indicadas, no pudiendo extraerse válidamente de las constancias que lucen a fs. 325/463, conclusión con grado de certeza suficiente, que a partir de la instalación del Área de Servicios, los vecinos involucrados no sufrirían las consecuencias negativas de la modificación de la zona, pero sí, surge diáfano que existe la posibilidad con grado de certeza suficiente que el impacto existiría ante el mínimo descuido, dado el trazado de las zonas comprometidas que los hemos podido constatar de modo directo, conforme surge de las constancias agregadas a fs. 589/593.
Sabido es, que ni la opinión doctrinaria, ni la doctrina judicial controvierten que toda pericia oficial, debe contener una declaración ciencia y técnica que emane de las conclusiones de la labor metódica que envuelven la actividad y calidad del experto, lo que no implica que se constituya, como ya lo apuntáramos en la cita doctrinal en una verdad irrefutable que obligue al Juez, pues no sería sino correrlo al Magistrado del eje de su responsabilidad.
La quejosa también embiste contra la sentencia de grado por una errónea selección de la normativa aplicable afirmando que la ley 11.525, no resulta de aplicación en los presentes. La citada normativa denominada de Áreas y Parques industriales, cuyos objetivos se encuentran trazados en su art. 1 que textualmente reza “La Provincia de Santa Fe impulsa la construcción de Parques y Áreas Industriales con el fin de alcanzar los siguientes objetivos: a) Promover la instalación de industrias en la Provincia y la ampliación y modernización de las existentes. b) Propender a una radicación ordenada de los establecimientos industriales, en armonía con el medio ambiente y con los núcleos urbanos. c) Propiciar la integración y complementación de las actividades industriales en aspectos productivos, técnicos y comerciales. d) Alentar los procesos de capacitación de recursos humanos, empresarios y laborales, y el crecimiento del empleo industrial por medio de acciones comunes. e) Crear, a través de la localización concentrada de establecimientos industriales, las condiciones que permitan la reducción de los costos de inversión en infraestructura y servicios. f) Generar espacios que reúnan las condiciones requeridas para posibilitar la relocalización de establecimientos industriales, en los casos en que éstos se encuentren en conflicto con la población o el medio ambiente.
Su art. 12 por su parte expresa que “Las condiciones y restricciones de uso exigibles para las propiedades linderas a los Parques y Áreas Industriales, serán fijadas por la Reglamentación de la presente, teniendo especialmente en cuenta: a) Distancias mínimas entre los centros poblados y los asentamientos industriales. b) Restricciones al uso y al parcelamiento de las propiedades. c) Existencia de ordenanzas o disposiciones locales vigentes que regulen tales usos.
Más no se hace cargo en sus agravios que la Sra. Juez a.quo resolvió de conformidad a las previsiones de la Ley Provincial 11.717, que, en lo que aquí interesa, expresa, en su artículo 18 que “Las personas físicas o jurídicas responsables de proyectos, obras o acciones que afecten o sean susceptibles de afectar el ambiente, están obligadas a presentar ante la Secretaría, conforme al artículo 21°, un estudio e informe de evaluación del impacto ambiental de todas sus etapas.”, por su parte el art. 19 impone la exigencia ineludible de solicitar, con carácter previo, el informe de evaluación de impacto ambiental, aprobado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. En al sentido su decreto reglamentario 101/03 encuadra en tres categorías los emprendimientos alcanzados, en aquellos de bajo o nulo impacto ambiental, medianto impacto ambiental y alto impacto ambiental
En los presentes, los términos de la ordenanza permitirían avanzar con el proyecto, con los alcances en ellas contenidos, viéndose cercenados los derechos de los vecinos amparistas sobre la base de un hecho que se encuentre ya consumado, y al albur del cumplimiento de todos y cada uno de los concejos técnicos de la Perito Ingeniero Ambiental, dejando, claro está, expresamente aclarado, que los extremos sobre los que resolvemos aquí, son aquellos que se encuentran enmarcados en la ordenanza 1430/10, que consta de un sólo artículo, que aparecería en principio como permeable a la instalación de una gama amplia de posibilidades de servicios sancionada, por cierto, sin contar previamente con plan de evaluación de impacto ambiental que permita asegurar de modo concreto la existencia de los mecanismos de precaución. En este sentido se ha dicho que “El principio de precaución representa el derecho y la obligación que posee un Estado de adoptar medidas para evitar o disminuir un posible daño grave e irreparable provocado por una actividad o proyecto a realizar, a pesar que exista incertidumbre científica sobre la efectiva ocurrencia de tales perjuicios. La incertidumbre recae sobre el saber científico en sí mismo, a diferencia del principio de prevención, en donde el daño posible es conocido y previsible. En cuanto a los elementos constitutivos del principio, en general se mencionan tres: a) la incertidumbre científica: esta es la principal característica del principio de precaución y lo distingue del principio de prevención, en donde los posibles efectos daños de una actividad o proyectos son conocidos. Por el contrario, el principio de precaución está destinado a gerenciar el riesgo de un daño desconocido o mal conocido, derivando entonces en la toma de medidas aun antes de que el peligro de daño pueda ser realmente identificado. b) el riesgo de daño: debe darse además la posibilidad de un riesgo originado en la incertidumbre científica. c) el nivel de riesgo: el daño potencial debe ser grave e irreversible y si bien este tipo de ponderaciones siempre resulta difícil, lo relevante es que, en caso de acaecer el perjuicio, sea imposible o muy dificultoso volver a un estado o condición anterior”. “Cosimi, María del Carmen vs. Dirección Provincial de Energía de Corrientes s. Acción de amparo ambiental /// Superior Tribunal de Justicia, Corrientes; 22jun2012; Rubinzal Online; RC J 5145/12.
Mucho más habrá de atenderse al principio, si como en los presentes, el Estado avanzó legislativamente, aún después del reclamo formal que formularan los vecinos, conforme la nota que luce a fs. 4/6 y vto, como así tampoco y como bien lo señala la Sra. Juez a.quo, se ha echado mano a las reglas de participación ciudadana y a una adecuada información pública, pilares fundacionales en este tiempo, de la planificación urbano ambiental.
Es por lo expuesto hasta aquí que, debe, como ya se anticipara, rechazarse todos y cada uno de los agravios de la recurrente.
11) Igual suerte correrá el agravio sobre costas, puesto que el contenido del art.11 de la norma invocado por la quejosa, sólo resulta aplicable respecto del actor, no habiendo razón para apartarse del criterio objetivo de vencimiento establecido en el código de rito, debiendo mantenerse la decisión de primera instancia y hacer cargar las mismas a la quejosa vencida (art. 14 Ley 10.000, art. 251 C.P.C.C.).
No habrá condenación en costas respecto del tercero, por haber limitado su intervención en esta instancia a respaldar la legitimidad de la norma Municipal cuestionada.
Ampliación del Dr. Juan Ignacio Prola:
Comparto los fundamentos del voto de mi colega de Sala y adhiero a él totalmente; más aún, en apoyo de la justicia de su pronunciamiento quiero agregar lo siguiente. Tal como los dos magistrados anteriores, mi impresión es que el problema no radica en la calificación qu la pericia hace de los riesgos ambientales, que parecería sortear la disposición administrativa, sino en su excesiva laxitud y en su flagrante contradicción con otra norma municipal dictada poco tiempo antes. Me explico.
Empiezo por la pericia. Lo primero al respecto es señalar que todas las preguntas referidas al contenido, interpretación y alcances de las normas ambientales y sus respuestas por el perito han de ser descartadas de plano, ya que por regla constitucional es una tarea que le incumbe exclusivamente a los magistrados y no a los peritos. Es insólito que se le hagan al perito preguntas del tipo “qué dicen las normas ambientales de”, ya que los expertos en derecho son los abogados y quienes tienen el deber de interpretar y aplicar las leyes son los jueces.
Es justamente esta actividad de inteligencia de la normativa, esta incumbencia jurídica inexcusable de los abogados, la que indica que si bien la pericia puede señalar que el riesgo ambiental es menor o no significativo, la ley se extiende más allá de las cuestiones técnicas sobre las diferentes posibilidades de contaminación, y la actividad administrativa también incumbencia jurídica es determinante para las posibilidades de la actualización del riesgo ambiental que se quiere evitar. Sobre todo esto, la actividad del perito no llega y ahí donde radica la cuestión.
Esta actividad administrativa entendida como conducta del Estado municipal luce autocontradictoria, ya que en el mes de Setiembre del 2007 dicta la Ordenanza N° 1304, cuyo art 2° (ver fs.10) establece que a partir de ella los loteos linderos al Barrio Quintas del Sur serán considerados como parte integrante de éste; mientras que dos meses más tarde dicta la Ordenanza N° 1430 ordenando la división de lotes para “área de servicios” por tratarse de “terrenos aledaños al Área Industrial, creada según Ordenanza 1021/2000”. No parece racional establecer primero que los terrenos aledaños a un barrio residencial serán considerados como parte de éste, y dos meses después ordenar el loteo de esos mismos terrenos por ser vecinos al área industrial. A nadie escapa que estamos ante un barrio residencial esto pudo verlo el tribunal con su visita al lugar y que el baldío que se quiere lotear para área de servicios es tanto lindero a éste cuanto a la zona industrial. De manera que, tal como están redactadas ambas normas Ordenanzas 1304 y 1430y dado que lo que pretende lotear está limitado por las dos zonas el barrio residencial y el parque industrial no se sabe a cuál de las dos se debe anexar el predio, ya que éste reúne las condiciones para ser integrado a cualquiera de ellas. Pero además, ambas zonas de urbanización responder a criterios diametralmente opuestos: por un lado el Barrio Quintas del Sur es un área residencial existente en el lugar desde antaño, cuyo emplazamiento responde a las necesidades existenciales de las personas que lo habitan todos los días del año y las veinticuatro horas del día; por otro lado, el “Área Industrial”, está pensada entre otros motivos para controlar más fácilmente y evitar polución y contaminaciones en zonas pobladas, facilitar la entrada y salida de transportes y vehículos con carga de productos o insumos, la facilitación del acceso de las personas que trabajan en las industrias, etcétera. Es decir, que los fines de una y otra zona son del todo distintos. Pero además, y lo que es más importante, en el área industrial no vive gente, aún cuando pueda estar activa lsa veinticuatro horas del día y todo el año, en esta zona la gente no mora, simplemente concurre a ella a trabajar y se va. El arraigo en uno y otro caso es del todo distinto, por lo que son mucho más graves las consecuencias disvaliosas para los vecinos del barrio que para las empresas que están instaladas en el parque industrial.
Ahora bien, si la Administración reconoce un mismo derecho a dos sectores urbanísticos sobre un mismo predio debemos estar a favor del primero reconocido, es decir, el de los actores, reconocido por la Ordenanza 1304. Por lo tanto, la lógica jurídica de “primero en el tiempo mejor en el derecho” nos indica que el predio que se pretende lotear debe ser anexado al Barrio y no al “Área Industrial”. Observo, otro sí, que mientras los vecinos del barrio se han movilizado en concreto por evitar que se ligue la heredad a una “zona de servicios”; nadie del “área industrial” a pretendido que se la anexe a ésta.
Sucede que no luce racional destinar primero un predio como barrio residencial por estar pegado a un barrio residencial Ordenanza 1304 y dos meses más tarde Ordenanza 1430 destinar el mismo predio para área de servicios para estar pegado a un área industrial.
Resta todavía lo que a mi juicio es el problema mayor de los que enfrenta la norma cuestionada a través de la presente acción, se trata de la ya apuntada excesiva laxitud o amplitud de la Ordenanza 1.430. Es tan breve y tan amplia, exige tan pocos requisitos, abre un abanico de posibilidades tan amplio y tan exento de controles, que se torna insostenible como norma imperativa. Casi cualquier actividad puede ser entendida como servicio, ya que no la norma no establece límite alguno; se podría almacenar en ese lugar cualquier tipo de producto o mercadería, o se podría prestar cualquier clase de servicio, pues la norma no lo aclara; las construcciones podrían responder a cualquier criterio, desde que la ordenanza nada dice al respecto; no se sabe qué normas de seguridad ambiental básicas tendrían que respetar quienes se instalen en el predio, con una agravante: dada la diversidad de actividades que pueden ser entendidas como servicio, sería imposible establecer una estructura de seguridad ambiental que sirva para todas; no se prevé un organismo de control; no se establece ningún sistema de organización y fiscalización de las actividades que pudieran desarrollarse en el “área de servicio” tales como horarios de carga y descarga, normas de higiene, zonas de acceso y salida de vehículos, etcétera.
Ahora bien, en un ordenamiento jurídico encabezado por la Constitución Nacional, vale recordar que su art. 41 no sólo nos reconoce el derecho de vivir y desarrollarnos en un ambiente sano, equilibrado y apto, en el que se pueda sustentar un sector productivo que no comprometa el medio ambiente, sino que al mismo tiempo nos impone el deber inexcusable de preservarlo en cuanto sea posible. Esta preservación debe realizarse tanto haciendo cesar las actividades contaminantes, como estableciendo regulaciones, pautas y controles para evitar que se produzcan situaciones de riesgo en el futuro. Y esta obligación no sólo es de cada uno individualmente, sino también y de modo particular según lo expone el segundo párrafo de la norma de las autoridades, siempre respetándose las jurisdicciones locales tercer párrafo lo que equivale decir que le corresponde al Municipio la protección concreta del medio ambiente.
Ahora bien, la Municipalidad forma parte del estado provincial, y, como tal, está sometida a sus propias normas (art.1° Constitución de Santa Fe), de lo que se desprende que el Municipio tenía el deber de observar la disposición de la ley 11.717 en cuanto a que la preservación, conservación y cuidado del medio ambiente comprende “El ordenamiento territorial y la planificación, desconcentración económica y poblamiento, en función del desarrollo sustentable del ambiente” (art. 2° inc. a, Ley 11.717), y “La coordinación de las obras, proyectos y acciones, en cuanto tengan vinculación con el ambiente, considerado integralmente” (art. 2°, inc. m Ley 11.717).
Pero además, esta misma ley establece, en su art. 1° inc. c),que uno de sus tres objetos es “Garantizar la participación ciudadana como forma de promover el goce de los derechos humanos en forma integral e interdependiente”. Procedimiento que claramente no se respetó en la especie, estableciéndose de modo inconsulto por el estado municipal un “área de servicios” en contraposición a la normativa dictada dos meses antes estableciendo que todo lote contiguo al “Barrio Quintas del Sur “será considerado a los fines urbanísticos como integrante del barrio.
De manera tal que la Ordenanza N° 1.430 cuestionada por los amparistas aparece como excesivamente laxa, auto contradictoria, sin respeto por el ordenamiento jurídico local, no garantizó la participación ciudadana y, finalmente, no honró el deber de utilización racional de los recursos naturales (art. 41, 2° parr. CN) al conducirse sobre el mismo predio de manera contradictoria. Vale señalar también que, en consonancia con la disposición constitucional, la Ley 25.675 establece un sistema perfectamente articulado para la operatividad del ordenamiento ambiental. Y aquí, una vez más, la municipalidad omitió la consulta ciudadana tal como lo establece el art. 19 de la Ley General del Ambiente.
Para terminar y si la lectura de la situación jurídica que se nos presenta nos generase alguna duda que no es el caso habremos de recordar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en punto al “principio general in dubio pro ambiente, que enseña que ante la duda en la interpretación de una norma o para el tema específico que abordamos de una prueba, debe prevalecer aquella que privilegie los intereses de la sociedad, esto es, la defensa del ambiente y la salud, cobrando este principio vital importancia ante las situaciones de incertidumbre científica, ya que su fundamento radica en la precaución, como método de evitar posibles consecuencias dañosas muchas de ellas irreversibles y es una proyección procesal de la tutela constitucional establecida en el artículo 41 de nuestra Carta Magna”.(1)
Por lo tanto y en cumplimiento de la disposición del art. 11°, último párrafo, de la ley 10000 la Municipalidad de Firmat deberá convocar, si deciere llevar adelante cualquier plan de urbanización pública según lo establecido en la Ley 11.717 dentro del plazo de noventa días de la presente, a fin de encontrar una solución consensuada y de respeto a las normas ambientales.
Por todo lo expuesto, la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto; integrada, RESUELVE: I.) Desestimar el recurso de nulidad. II.) Rechazar el recurso de apelación, confirmando íntegramente el resolutorio alzado. III.) Costas a la demandada. No hay costas para el tercero; IV.) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en el … por ciento (…%), de los fijados en la sede inicial.
Insértese, hágase saber y bajen. (Expte. Nro. 204/2015).
Dr. Héctor Matías López
Dr. Juan Ignacio Prola
Dr. Avelino Rodil
Dra. Andrea Verrone
Notas:
(*) Sumarios elaborados por Juris online
(1) CSJSF, A y S t.187 p.120131.BESACIA NORBERTO RECURSO DE AMPAROAPELACIÓN s/RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
027820E
