Se confirma -en lo principal- la sentencia que hizo lugar a la acción de desalojo por falta de pago promovida al resultar infundadas las argumentaciones opuestas por la accionada y se deja sin efecto la sanción por temeridad o malicia impuesta a la actora y a su letrado apoderado, al juzgarse inoficiosas las acusaciones formuladas por la contraria para justificar la aplicación de un instituto que era de interpretación restrictiva.
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