En el marco de una demanda sobre despido, se declara la arbitrariedad de la resolución que había impuesto una sanción de multa por temeridad y malicia a la empresa demandada -en el máximo de la escala legalmente prevista-, producto de un supuesto obrar ilícito respecto de la inscripción de la modificación del domicilio de esta ante la IGJ. Para decidir de este modo, el máximo tribunal expresó que la sanción procesal impugnada había sido impuesta mediante una genérica remisión a un fallo anterior y sin precisar las conductas concretas que hubieran hecho merecedora de la condena a la empleadora. Por ello, la decisión lesionaba los derechos de defensa en juicio y debido proceso de la demandada.
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