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JURISPRUDENCIASanciones procesales. Multa. Desconocimiento. Firma. Temeridad y malicia
Se resuelve multar al demandado -vencedor del pleito-, en razón de que su decisión de negar la firma en los documentos prestados por la actora y luego no impugnar la pericia caligráfica que acreditó la veracidad de su firma constituyó una inconducta procesal pasible de sanción en los términos del artículo 45 CPCCN.
En Buenos Aires a los 21 días del mes de junio de 2016, reúnense los señores Jueces de la Sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, -en la cual se halla vacante la vocalía N° 12-, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa “RIEZNIK GISELLE ARIANA contra KUROPATWA, JORGE DANIEL sobre ORDINARIO” registro N° 11.784/2012/CA1, procedente del JUZGADO N° 21 del fuero (SECRETARIA N° 41), en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden, Doctores: Vassallo, Heredia.
Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:
¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? El señor Juez Gerardo G. Vassallo dice:
I. La sentencia de primera instancia (fs. 217/229) rechazó la demanda incoada por la señora Giselle A. Rieznik contra Jorge D. Kuropatwa por la que la primera persiguió el cobro de cierto acreencia que fuera instrumentada en sendos reconocimientos de deuda (así los calificó la propia actora).
Para decidir así, el señor Juez a quo admitió la excepción de falta de legitimación opuesta por el señor Kuropatwa, mientras que declaró de abstracto tratamiento a la defensa de prescripción. Conforme el resultado del pleito, la sentencia dispuso cargar las costas a la actora vencida.
Sin embargo el fallo aplicó al demandado una multa equivalente al 10% del monto reclamado, pues entendió que había incurrido en una conducta reprochable, con el sólo objetivo de entorpecer el desarrollo del pleito, al desconocer la firma que se le atribuyó como obrantes en los presuntos reconocimientos de deuda.
En este punto el señor Juez a quo se apoyó en la omisión del demandado de impugnar el resultado de la pericial contable en el punto, lo cual tornó evidente a su criterio, el carácter malicioso de la conducta del señor Kuropatwa.
Sólo el demandado apeló el fallo en punto a la multa que le fuera impuesta. Fundó su recurso en fs. 241/242, memorial que no fue replicado por la actora.
II. En lo sustancial, el aquí recurrente fundó su agravio en que la defensa opuesta por su parte logró el cometido de resistir eficientemente la pretensión de su contraria. Destacó aquí que la señora Rieznik ni siquiera apeló la sentencia de primera instancia.
Destacó que dentro del catálogo de defensas que le asistía en derecho oponer se encontraba la de negar las firmas que le fueron atribuidas en sendos instrumentos, y tal ejercicio regular no podía ser motivo de reproche.
Veamos:
Toda facultad procesal debe ser ejercida de manera compatible con la vigencia de ciertas pautas éticas (regla moral) de las cuales deriva el deber de las partes consistente en actuar con lealtad, probidad y buena fe (Palacio, Lino Enrique, Alvarado Velloso, Adolfo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. 2, pág. 386).
De allí que, las sanciones por inconducta procesal (art. 45 del código procesal) exteriorizan el deber de los magistrados de multar al improbus litigatur y mantener el principio moral en el proceso (conf. Palacio, Lino E. “Derecho Procesal Civil”, Buenos Aires 1970, tomo III, pág. 46 y ss.; Fenochietto, Carlos E. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Buenos Aires, 1999, tomo I, pág. 200 y ss.; id., CNCom., esta Sala, 10.2.14, “Budani, Carlos María c/ BMW de Argentina S.A. y otros s/ Beneficio de litigar sin gastos”).
Coincidentemente con ello, en el voto que emití en la causa “Konfluencia c/ Telefónica”, del 16.7.15, sostuve “…que el deber de lealtad, probidad y buena fe que es exigido a quien ocurre a la vía judicial a solucionar sus conflictos, tiene como contrapartida la temeridad y malicia. Ello como actuación desarrollada sin medir las consecuencias dañosas y encarada con el objeto de generar perjuicio a su contraria. En rigor ambos conceptos contemplan una actuación desleal, con articulaciones de mala fe y sin apoyatura jurídica o fáctica alguna (Falcón E., Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, T. V, página 845)”.
“En estos casos esta conducta no puede ser interpretada como un mero error o amparadas por diferentes posibilidades que pudiera conceder la jurisprudencia o la doctrina. Tal hipótesis se concreta cuando, al decir de Falcón, la parte o su letrado incurren en dolo procesal”.
“Si bien usualmente ‘temeridad y malicia’ son utilizadas en conjunto, se trata de conceptos diferentes: como temeridad se califica a la conducta de quien deduce pretensiones o defensas cuya falta de fundamento no puede ignorar de acuerdo con pautas de mínima razonabilidad. Malicia, en cambio, se concreta cuando se utilizan facultades procesales con el deliberado propósito de obstruir el desenvolvimiento del proceso o dilatar su conclusión (Arazi R. y Rojas, J., obra y tomo citados, página 197; Kielmanovich, Jorge L., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y anotado, Tomo I, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2003, pág. 81)”.
En el sub examine, el señor juez a quo aplicó una multa al demandado al negar sendas firmas que le eran atribuidas, posición que luego no mantuvo frente al resultado adverso del peritaje caligráfico.
Esta conducta bifronte fue juzgada por la sentencia como maliciosa pues habría tenido como único fin la demora del pleito.
Y esta posición parece mantenerse en la expresión de agravios al nada señalar sobre la autenticidad de las firmas peritadas, y basar su reproche a la multa en un genérico derecho de defensa.
Resulta claro a mi juicio, que el demandado conocía ab initio que su desconocimiento de firma era falaz, y sólo constituía una reprochable estrategia en punto a resistir la pretensión de la señora Rieznik.
De otro modo hubiera cuestionado en su momento las conclusiones del dictamen pericial; o en esta instancia, ya victorioso en lo sustancial, habría justificado su actuación destacando algún detalle en las rúbricas, su antigüedad o algún otro hecho que lo hubiera hecho dudar en su tiempo de la veracidad de las rúbricas.
Nada de esto intentó. Sólo dijo detentar el derecho de oponer cualquier tipo de articulación en su defensa. Afirmación que no sólo no constituye una crítica concreta y razonable a los fundamentos del fallo en este punto, sino que desconoce rotundamente los principios de lealtad, probidad y buena fe que deben priorizar la conducta de los litigantes que concurren ante la Justicia a debatir sus conflictos.
Tampoco puede ser invocado en su favor el haber vencido en el pleito. Es cierto que el artículo 45 del código de rito, en su anterior redacción, sólo reservaba esta sanción a quien resultaba vencido total o parcialmente.
Empero la ley 25.488 modificó el texto de la referida norma habilitando ahora al Juez a imponer multa cuando entendiere que la conducta de una de las partes, cualquiera fuere su posición al concluir el pleito, ha sido maliciosa o temeraria.
En el caso, resulta claro que el señor Kuropatwa construyó parte de su defensa en “hechos ficticios o irreales” (artículo 45 último párrafo), pues sabía desde un inicio que las firmas que desconoció eran de su autoría.
Y si bien la demora del desarrollo del proceso no fue muy relevante, provocó la producción de una prueba no sólo innecesaria, sino que prolongó objetivamente el pleito.
Recuérdese que la finalidad del art. 45 del código procesal es moralizadora pues sin coartar el derecho de defensa, tiende a sancionar a quien formula defensas o afirmaciones temerarias a sabiendas de su falta de razón, es decir, al litigante cuyo desconocimiento de la situación real no puede ser admitido, de acuerdo a las circunstancias del caso (CNCiv., sala F, 7.12.1995, DJ, 1995-2-1082, citado por Gozaini, Osvaldo Alfredo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo I, pág. 180).
Lo expuesto justifica mantener la sanción impuesta aunque reduciéndola en su cuantía a la mitad, en tanto la dilación provocada no resultó de gran relevancia.
En cuanto a las costas de esta instancia, al no mediar actividad de la actora, cabrá proponer su distribución en el orden causado.
V. Por lo hasta aquí expuesto, propongo al Acuerdo que estamos celebrando modificar, en lo apelado, la sentencia en estudio reduciendo la cuantía de la multa al 5% del quantum de la pretensión inicial.
Propicio que las costas de Alzada sean distribuidas en el orden causado. Así voto.
El señor Juez de Cámara, doctor Heredia adhieren al voto que antecede. Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara acuerdan:
(a) Modificar, en lo apelado, la sentencia de primera instancia, reduciendo el monto por multa al 5% del quantum de la pretensión inicial.
(b) Diferir la consideración de los honorarios hasta tanto sean regulados los correspondientes a la anterior instancia.
(c) Cúmplase con la comunicación ordenada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15/13 y 24/13).
Notifíquese y una vez vencido el plazo del art. 257 del Código Procesal, devuélvase la causa al Juzgado de origen.
Pablo D. Heredia
Gerardo G. Vassallo
Julio Federico Passarón
Secretario de Cámara
Lizarro, Julio Roberto c/Blasco, Osvaldo Juan s/ejecución hipotecaria – Cám. Nac. Civ. – Sala J – 06/05/2010.
009530E
