Se rechaza la acción de amparo interpuesta por el actor, por medio de la cual solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27426 y del decreto 1058/2017. Estas normas modificaron el modo en que se calcula la actualización de las jubilaciones y otras prestaciones de la seguridad social. Para decidir de este modo, se dijo que dentro del estrecho marco cognoscitivo planteado por el actor, no se logró demostrar la configuración de confiscatoriedad que afecte sus derechos de raigambre constitucional. Por otro lado, explicó que la frustración de una mera expectativa que pudiera haber tenido el beneficiario a que la movilidad correspondiente al mensual 03/18 se determinara con la fórmula de la ley anterior no se advierte como una afectación a un derecho adquirido.
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