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JURISPRUDENCIAJubilaciones y pensiones. Reajuste de haberes. Astreintes. Aplicabilidad. ANSeS. Carácter alimentario. Interés colectivo
Se confirma la resolución que dejó sin efecto la pauta de duplicación de astreintes impuesta a la ANSES y ordenó que se practique una nueva liquidación por cada día hábil administrativo desde la última intimación firme, pues dicho organismo resulta alcanzado por las sanciones conminatorias cuando incumple con las obligaciones que legalmente son de su incumbencia, ya que, en caso de seguirse la postura del ente previsional, el Poder Judicial se vería inerme para contrarrestar el incumplimiento de sus pronunciamientos.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5/5/2016
VISTOS:
Los recursos de apelación en subsidio que formulan el ente previsional y la parte actora, cuyas copias lucen a fs. 141/142 y 144/145 respectivamente, contra la resolución de fecha 25 de noviembre de 2014 que deja sin efecto la pauta de duplicación de astreintes impuestas y, atento al carácter provisional de las mismas, ordena se practique liquidación conforme al monto dispuesto oportunamente por cada día hábil administrativo desde la última intimación firme;
Y CONSIDERANDO:
I) Que la ANSeS se agravia de lo resuelto por cuanto entiende que la sanción conminatoria dispuesta en favor del actor constituye un enriquecimiento sin causa a costas de un grave perjuicio fiscal en el patrimonio del instituyente.
Por su parte, la accionante manifiesta que no corresponde se reduzca el astreinte dispuesto oportunamente por cuanto el órgano administrativo insiste en su actitud contumaz. Sostiene en apoyo a su postura que la condena se encuentra firme y por tal, hace cosa juzgada.
II) Que el art. 37 del C.P.C.C.N. establece que: “Los jueces y tribunales podrán imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que las partes cumplan sus mandatos, cuyo importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento. Podrán aplicarse sanciones conminatorias a terceros, en los casos en que la ley lo establece. Las condenas se graduarán en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y podrán ser dejadas sin efecto, o ser objeto de reajuste, si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder”.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ha dicho que: “…Sin perjuicio de que la aplicación de astreintes constituye el ejercicio de una facultad procesal discrecional que el Código le irroga al juez -arts. 25 y 36 C.P.C.C.- (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 06.08.02, “Risso, Marcos Aurelio”), las mismas actúan como medio de coacción tendiente a vencer la voluntad del deudor contumaz, y su finalidad no es la de reparar el perjuicio causado por el retraso en el cumplimiento, sino forzar al deudor a saldar la deuda o cumplir con la obligación resultante de la sentencia…” (Sala M, “Caputto c/ Consorcio Jufré 460″; ídem Sala K, “Vilar Baamil, Gustavo y otra”).
A mayor abundamiento, cabe señalar que resulta alejado de toda realidad que el hecho de ser un Organismo Público, conlleve el derecho a que no le sean aplicadas sanciones conminatorias cuando éste incumple con las obligaciones que legalmente son de su incumbencia (en igual sentido: “Cubelli, Horacio c/ ANSeS, sent. int. 45.238 del 3/11/97 C.F.S.S. – SALA I).
Asimismo, esta Sala sostuvo en casos análogos que: “…Una sentencia no es tal cuando carece de “imperium”, es decir, cuando no existe posibilidad de que el juez mande cumplir su mandato y, precisamente, la potestad reconocida en la legislación para aplicar sanciones conminatorias a los litigantes es uno de los medios técnicos ideado por el legislador ara posibilitar que el deudor renuente cese en su actividad obstructiva y/o la entidad inoperante cumpla con los deberes impuestos por una resolución judicial (conf. art. 666 bis del Cód. Civil). El art. 23 de la ley 24.463 desconoce dicho “imperium”, propio de las decisiones judiciales que han sido emitidas preservando las reglas operativas a que hace referencia el art. 18 de la Ley Fundamental, y por ende, resulta violatorio de nuestra Carta Magna al trabar indebidamente el ejercicio de la función jurisdiccional propia de un poder del Estado…” (conf. Autos: “Fernández, Vicente c/ ANSeS, sent. 73005 del 26/02/99 C.F.S.S. – Sala II).
Finalmente, no resulta ocioso recordar que las astreintes son medios técnicos de coacción económica de carácter provisional y restrictivo que han sido reconocidos por nuestra legislación en salvaguarda del principio de eficacia de la jurisdicción y para posibilitar el cumplimiento de las condenas judiciales imponiendo al deudor moroso una sanción pecuniaria tendiente a hacer cesar su resistencia (art. 666 bis Código Civil y art. 37 C.P.C.C.N.; Couture, Eduardo “Fundamentos del Derecho Procesal Civil” pág. 461; Fenochietto Carlos “Código procesal Civil y Comercial de la Nación” pág. 97; Llambías Jorge “Tratado de Derecho Civil-Obligaciones” Tomo I, pág. 81).
La demora que supone el trámite burocrático en el seno de la organización administrativa de la demandada no es imputable ni debe pesar sobre el vencedor del pleito, quien posee una acreencia judicialmente reconocida que debe ser satisfecha sin dilaciones, máxime en atención a su carácter alimentario.
Ergo, la condena conminatoria impuesta se ajusta a derecho, en tanto que se trata de una medida adecuada para vencer la resistencia de la parte que resultó perdidosa, ya que en caso de seguirse la postura del ente previsional -el cual, como organismo autárquico de la Administración Pública no se encuentra fuera del bloque de legalidad ni sobre la autoridad de los magistrados- el Poder Judicial se vería inerme para contrarrestar el incumplimiento de sus pronunciamientos.
III) No obstante, en atención al carácter provisional de la condena, la demandada podrá solicitar, una vez que acate lo ordenado, el levantamiento de la medida o la reducción de su monto, en la medida que se configuren los extremos previstos en los arts. 37 in fine C.P.C.C.N. y 804 del Código Civil y Comercial.
Por lo expuesto, habiendo dictaminado el Ministerio Público Fiscal a fs. 156, el Tribunal por mayoría, RESUELVE: Confirmar la resolución apelada.
Regístrese, protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara
(En disidencia)
EMILIO LISANDRO FERNÁNDEZ
Juez de Cámara
LUIS RENÉ HERRERO
Juez de Cámara
La Sra. juez de cámara, Dra. Nora Carmen Dorado, dijo:
Las astreintes constituyen según doctrina un medio de compulsión consistente en la imposición de una condena pecuniaria al sujeto que no cumple con un mandato dispuesto por resolución judicial, y cuya vigencia perdura mientras no cese la inejecución, pudiendo aumentar indefinidamente o, en su caso, ser dejadas sin efecto cuando el sujeto afectado desiste de su resistencia y justifica, total o parcialmente su proceder -art.666 bis Código Civil- (conf. crit. Belluscio y Zannoni “Cód. Civil y Leyes Complementarias” tomo III pág.242; Garrone “Diccionario Jurídico” pág.207; Falcón “Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación” tomo I pág.311; Fassi y Yánez “Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación” Tomo I pág. 289, entre otros).
El fundamento de tal medida está dado por el “imperium” que tiene el Poder Judicial para hacer efectivos sus mandatos y lograr que sus fallos sean acatados. Ello sin recurrir a normas jurídicas que tipifican penalmente la desobediencia judicial a través de figuras como el desacato.
Por su parte la jurisprudencia ha expresado que las astreintes solo pueden aplicarse a quienes no cumplen deberes jurídicos impuestos por una resolución judicial, toda vez que no constituyen una indemnización al acreedor por el incumplimiento de las obligaciones pactadas, sino una herramienta técnica destinada a lograr el acatamiento de decisiones judiciales por lo que su aplicación retroactiva contradice la función a que se hallan destinadas (conf. crit. C.N.T. Sala III sentencia del 24 de febrero de 1992 “Romero c/Frigorífico S.A. y otro” pub. D.T. 1992-A-1052).
La imposición de este tipo de mecanismo es discrecional del magistrado. Al utilizarlo debe tenerse extrema prudencia pues su finalidad consiste exclusivamente en lograr que el deudor remiso cumpla con la obligación que le compete pero sin confundir con otras figuras tales como la petición de daños y perjuicios o intereses por mora donde lo pretendido es obtener un resarcimiento económico por un incumplimiento, extremo que por supuesto requiere se acredite el perjuicio sufrido.
Entiendo oportuno recordar que si bien el interés individual debe ser respetado y tutelado con extremo cuidado en esta rama del derecho, no debe olvidarse el interés colectivo que conforma la clase pasiva, por lo que la adopción de medidas como las que nos ocupa deberá efectuarse con suma cautela tratando de no lesionar el normal desenvolvimiento de un sistema basado en la solidaridad.
Lo importante en el caso concreto es lograr el acabado cumplimiento de la orden judicial impartida en defensa de los intereses del justiciable, pero sin que la desidia e inoperancia del órgano interviniente se traduzca en un enriquecimiento injustificado, más aún si tenemos presente que el principio básico de casi la totalidad de los regímenes previsionales es la solidaridad, por lo cual las contribuciones no constituyen una capitalización a favor del interesado, sino una manera de integrar el patrimonio común que proveerá los recursos para cumplir con el fin social propuesto.
Por lo expuesto, entiendo corresponde hacer lugar al agravio vertido por el demandado y levantar la sanción conminatoria.
En relación al recurso interpuesto por la parte actora, comparto y hago míos los argumentos vertidos por la Sra. Representante del Ministerio Público Fiscal a fs. 156 que desestima el mismo. ASI LO VOTO.
NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara
ANTE MÍ:
AMANDA LUCÍA PAWLOWSKI
Secretaria de Cámara
Gallardo, Adelma Gladys c/ANSES s/reajustes varios – Cám. Fed. Salta – 09/10/2014
007638E
