Se revoca la sentencia apelada y se hace lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por un miembro de las fuerzas del Servicio Penitenciario Federal contra el Estado Nacional, al considerarse que no se trató de un hecho puntual que implicó un enfrentamiento armado, en los términos de la doctrina que emana de los precedentes de la Corte “Azzetti” y “Leston”, sino más bien de un cúmulo de situaciones vinculadas a su labor cotidiana que fueron deteriorando su salud psíquica, hasta determinar que la propia fuerza dispusiera pasarlo a disponibilidad.
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