Se ordena la realización de una nueva evaluación al causante en el marco de un proceso por restricción de la capacidad jurídica, la cual deberá ser elaborada por -al menos- un/a medico/a psiquiatra, un psicólogo y un profesional de otro área, y se dispone -asimismo- al juez mantener una entrevista personal con aquél. Es que el artículo 37 in fine del Código Civil y Comercial de la Nación señala que a los fines de dictar sentencia en los procesos de limitación de la capacidad resulta imprescindible el dictamen de un equipo interdisciplinario, mientras que el artículo 8 de la ley 26.657 aparece como pauta orientadora que se incluyan las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes.
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