Se hace lugar al pedido de elevación a juicio formulado por el fiscal, al surgir probado que los miembros de la organización ilícita investigada, como uno de sus planes delictivos, instrumentaron una compleja maniobra de corrupción perpetrada dentro de la administración pública, en la que una estructura permanente y coordinada de personas -funcionarios públicos y empresarios- logró, por medio de la defraudación al Estado nacional a través de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, obtener un beneficio económico millonario.
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