Se declara mal concedido el recurso de apelación interpuesto, al concluirse que la intervención de la Defensoría de Menores e Incapaces no era necesaria desde el inicio de la acción de desalojo, por cuanto quienes serían sus representados no habían celebrado el contrato de locación y -por tanto- no revestían el carácter de actores ni de demandados. Así, el alcance de su actuación se debía circunscribir a velar para que se diera estricto cumplimiento a las medidas previstas por la Resolución de la Defensoría General de la Nación N° 1119/08.
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