Se declara la incompetencia de la justicia nacional en lo comercial para entender en un ejecutivo, al considerarse que tanto el ejecutante como el ejecutado se domiciliaban en la Provincia de Buenos Aires y allí también había sido celebrado el mutuo que se ejecutaba. Asimismo, se estimó aplicable la ley de defensa del consumidor ante la prueba de la cantidad de juicios promovidos por el ejecutante, lo que permitía advertir que se dedicaba de modo habitual a operaciones de préstamo y financieras. Es que, aunque se trate de un proceso ejecutivo que involucre a personas físicas, ello no obsta a que resulta aplicable dicha normativa, en particular su artículo 36.
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