Tiempo estimado de lectura 12 minutos
Mis documentos Documentos Relacionados
JURISPRUDENCIAQuiebra. Cooperativa de trabajo. Continuación de la explotación de la empresa
Se confirma la resolución por medio de la cual el juez de primera instancia rechazó la pretensión de una cooperativa de trabajo, orientada a que se ordene la continuación inmediata de la explotación de la fallida en los términos de los artículos 189, 190 y 191 de la ley 24522, al advertirse que los recaudos que el plexo normativo concursal prevé para este tipo de procedimientos no aparecían configurados en el caso y que el plan de negocios acompañado por la cooperativa recurrente no logró demostrar, siquiera indiciariamente, que la continuidad de la empresa fuese posible y conveniente.
Buenos Aires, 5 de febrero de 2019.
1. La Cooperativa de Trabajo Plastcoop Ltda. apeló la resolución copiada en fs. 70/74, por medio de la cual el juez de primera instancia rechazó la pretensión de fs. 54/60, orientada a que se ordene la continuación inmediata de la explotación de la fallida en los términos de los arts. 189, 190 y 191 de la ley 24.522.
Los fundamentos del recurso deducido en fs. 76 lucen expuestos en fs. 78/82, siendo contestados en fs. 87/88 y fs. 109/110 por la sindicatura y el acreedor hipotecario Grupo Simpa S.A., respectivamente.
La Fiscal General ante esta Cámara fue oída en fs. 100/106.
2. La materia recursiva sometida a juzgamiento de esta Sala impone efectuar una breve referencia a elementos de juicio que se estiman relevantes para la correcta resolución del caso. A saber:
* Con fecha 27.5.16 fue decretada la quiebra de la sociedad Spring Plast S.A., convertida luego -a pedido de la hoy fallida- en concurso preventivo.
* Tal como surge de las constancias de autos, el deudor incumplió la carga impuesta en los arts. 29 y 30 de la LCQ, lo que motivó que el magistrado tuviera por desistido el concurso preventivo, y dictara un nuevo decreto de quiebra.
* Así las cosas, en fs. 1274/1278 de los autos principales (que se tienen actualmente a la vista) fue agregado el informe general del síndico (art. 39 de la LCQ). En dicho informe consta que la fallida era una sociedad anónima, constituida en el año 1998, que se dedicó a la fabricación de productos plásticos destinados a la industria farmacéutica, de limpieza, alimenticia, bebidas y lácteas en particular.
Allí se señaló que las causas del desequilibrio económico de la sociedad fallida respondieron, por un lado, a la discontinuidad de la producción y, de otro, a las mermas en las ventas. Fue aclarado, no obstante, que aquello surge de los dichos de la propia deudora, pues la sociedad carece de libros y documentación, lo que imposibilita determinar de manera fundada las causas que la llevaron al estado de insolvencia.
*Ante tal panorama se presentó la Cooperativa de Trabajo de referencia, solicitando la continuidad de la explotación de la actividad comercial de la fallida en los términos de la LCQ 189 y sgtes.
* Sustanciada tal pretensión, la sindicatura la contestó en fs. 4452/4460, postulando su rechazo.
* Finalmente, con posterioridad a cierta audiencia celebrada con los interesados en fecha 19.7.17, el magistrado de primer grado resolvió rechazar la solicitud de la Cooperativa; ello, con fundamento en que mediante el plan de explotación presentado no se logró demostrar que la continuidad de la actividad fuese viable.
* La Cooperativa de Trabajo Plastcoop Ltda. apeló dicha resolución y, conforme se desprende del memorial de fs. 78/82, sus agravios se centraron, sustancialmente, en que el Juez a quo (i) no consideró que la conservación de la fuente de trabajo es uno de los presupuestos que prevé la ley concursal para disponer la continuación de la explotación de la empresa fallida y, (ii) juzgó erróneamente que la cooperativa no cumplió con los recaudos previstos en la norma, en especial con la presentación de un plan de explotación fundado.
3. Sobre la base de lo anteriormente expuesto, se procederá a dar tratamiento a los agravios expresados por la cooperativa apelante.
(a) Conforme lo prevé el art. 189 de la LCQ -en lo que interesa referir aquí- “la conservación de la fuente de trabajo habilita la continuación inmediata de la explotación de la empresa o de alguno de sus establecimientos”. Para ello, tal como señala la norma en cuestión, es necesario que “las dos terceras partes del personal en actividad o de los acreedores laborales, organizados en cooperativa, incluso en formación, la soliciten al síndico o al juez” y, que aquellos presenten “un proyecto de explotación conteniendo las proyecciones referentes a la actividad económica que desarrollará” (art. 190, LCQ).
De lo anterior, entonces, puede colegirse que junto con la continuación tradicional -en que la intervención del síndico junto al eventual coadministrador designado por el juez resulta excluyente- la ley 26.684 facultó a la cooperativa de trabajo a hacerse cargo de la gestión de la empresa y erigirse en su continuadora. Pues con el mismo criterio que presidió la reforma del art. 190 a través de la ley 25.589, la prosecución puede ser requerida por aquella entidad -si obtiene la representación necesaria de los trabajadores o acreedores laborales-, a fin de continuar la explotación de la empresa o algún establecimiento, evitando un daño grave al interés de los acreedores o la conservación del patrimonio (conf. Tévez, Alejandra, Cooperativas de trabajo en la ley concursal, RDPyC, Santa Fe, 2012, pág. 178 y Empresas recuperadas y cooperativas de trabajo (adenda de actualización – ley 26.684), Buenos Aires, 2011, págs. 24/25).
Tal continuación por parte de la cooperativa procura, en definitiva y bajo el prisma del principio de conservación de la empresa, mantener abierta la unidad productiva para liquidarla del mejor modo, puesto que la ley persigue la realización del activo productivo conservando el empleo y la actividad, obteniendo el mejor valor posible (conf. Barreiro, Marcelo, La continuación de la explotación de la empresa fallida en la ley 26.684, en la obra “Los derechos de los trabajadores en las sociedades y los concursos”, publicación anual del Instituto Argentino de Derecho Comercial, Buenos Aires, 2009).
Es claro, entonces, que la ley ha priorizado la conservación de la fuente de trabajo en manos de la cooperativa conformada por los trabajadores de la fallida. Debe señalarse, sin embargo, que ello en modo alguno importa soslayar que, frente a la falencia, no solo se encuentran en juego los derechos de los trabajadores, sino, además, los de los acreedores y demás intereses (CNCom, Sala A, 27.9.16, “Librería del profesional S.A. s/ quiebra s/ incidente art. 250”).
Es por ello que la continuidad de la explotación de la empresa fallida no puede ser habilitada al solo fin de mantener la fuente de trabajo; ella además debe ser viable y conveniente, y debe contemplar los intereses de los restantes acreedores. Después de todo, no debe perderse de vista que la finalidad última de la quiebra es la enajenación del establecimiento.
(b) Pues bien, como se anticipó, la Cooperativa de Trabajo Plastcoop Ltda. se presentó en los autos principales solicitando la autorización para continuar con la explotación de la planta de la fallida ubicada en la calle Bernardo de Yrigoyen 340, del partido de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires. Sostuvo al efecto que, tal como lo prevé la ley falimentaria en sus arts. 189, 190 y 191, la continuidad solicitada tiene por objeto conservar la fuente de empleo de los ex trabajadores de la fallida. Añadió, que si se autorizara la continuidad de la explotación ello beneficiaría a los acreedores pues el valor de venta de la empresa en marcha sería ostensiblemente mayor.
Manifestó, asimismo, que la actividad principal sería la impresión flexográfica, corte y confección de envases flexibles de toda la industria en general. Presentó, a los efectos citados, un plan de explotación, producción y ventas a 12 meses.
(c) Ahora bien, a criterio de esta Sala -por cierto coincidente con el empleado por el Juez a quo- los recaudos que el plexo normativo concursal prevé para este tipo de procedimientos no aparecen configurados en el caso de autos.
En tal sentido, no resulta menor el hecho de que el plan de negocios acompañado por la cooperativa recurrente no haya logrado demostrar, siquiera indiciariamente, que la continuidad de la empresa sea posible y conveniente. Veamos:
(i) Obsérvese, en primer término, que si bien la quejosa efectuó una enumeración general de las calificaciones personales de los trabajadores que la componen, no especificó en ningún momento a quién corresponde cada una de ellas, ni tampoco señaló qué trabajadores quedarían afectados al proyecto y qué tareas cumplirían (v. gr. montadores, maquinistas impresores, cortadores, etc.).
Además, respecto al cuestionamiento efectuado por la sindicatura vinculado a la falta de personal administrativo necesario para las tareas de ventas, cobranza, y administración, nótese que la cooperativa se limitó a manifestar que quedaría a cargo de su consejo de administración, sin brindar mayores explicaciones sobre quién o quienes se encargarían específicamente de la contabilidad, facturación, liquidación de sueldos y ventas, entre otras tareas.
(ii) En cuanto a los principales clientes y proveedores, véase que la apelante solo efectuó una enumeración de los que podrían considerarse potenciales clientes, pero en ningún momento los detalló adecuadamente -aun cuando ello fue peticionado expresamente por el juez de grado en la audiencia del 19.7.17-, ni tampoco fue respaldada tal enunciación con elemento de prueba alguno.
No se soslaya que en la planilla ingresos/egresos acompañada en fs. 37/42 figuran supuestos ingresos por venta de productos (scrap), pero lo cierto es que tal operatoria no se encuentra adecuadamente explicitada. En efecto, repárase que no se hizo referencia alguna a quién fue el comprador, qué precio abonó por la mercadería, cuál fue la modalidad de pago, etc. Y, a todo evento, si el respaldo fuesen los remitos acompañados en fs. 46/47 extendidos por Grupo Simpa a favor de Regecin Labs S.R.L., nuevamente se incurre en una inconsistencia, pues sus montos no se condicen con los consignados en la referida planilla.
(iii) De otro lado, véase que la cooperativa acompañó como “anexo 1 flujo de fondos”, otra planilla donde detalla el proyecto de inversión, producción y ventas por el término de 12 meses.
Conforme puede observarse de tales constancias, la recurrente prevé allí una doble fuente de ingresos: la primera provendría de un subsidio otorgado por el Ministerio de Transporte, y la restante, del producido de las ventas que habrían de efectuarse.
Ahora bien, se advierte que las estimaciones de la recurrente no pasan de ser meras conjeturas, desde que no ha arrimado constancia alguna para sustentar, siquiera precariamente, sus cálculos.
Por cierto, tampoco aportó elemento alguno que dé cuenta del estado del trámite iniciado ante el organismo estatal antes citado.
Y en cuanto a los egresos, adviértese que la cooperativa estimó gastos en concepto de materia prima, bolsas, tintas y diluyentes, gas, luz, impuestos y tasas, gastos de oficina y mantenimiento. Sin embargo, una vez más, no explicitó cómo ha llegado a dichos valores, cuando, por ejemplo, bien podría haber acompañado presupuestos de los costos de la materia prima y demás insumos.
(iv) En lo que hace a la integración de los aportes de los trabajadores, cabe aquí mencionar que en la audiencia del 19.7.17 la cooperativa aseveró que “el capital inicial será el salario Mínimo Vital y Móvil que estipula la ley que ascendería a la suma de $ 8.060”, y que “cada socio hizo aportes de tipo personal y otras cooperativas efectuaron un aporte directo”. Luego, se comprometió a acompañar los comprobantes de los referidos aportes (fs. 1643 de los autos principales).
Empero, solamente acompañó dos recibos simples que habrían sido otorgados por el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por un valor de $ 100.000 cada uno en concepto de préstamo solidario (fs. 52/53), mientras que respecto de los invocados aportes de los trabajadores no fue acompañada constancia alguna.
Y lo mismo ocurre con el otorgamiento de la autorización estatal para funcionar como cooperativa que fuera requerida por el Juez a quo mediante providencia de fecha 10.7.17, pues en definitiva, si bien la quejosa señaló que se encontraría en trámite ante el INAES, lo cierto y concreto es que no aportó constancia alguna que dé cuenta de ello.
(v) Por último, no pasa desapercibido que en la proyección efectuada por la recurrente en la planilla “flujo de fondos”, no fueron contemplados adecuadamente los gastos correspondientes al rubro “seguros”.
En efecto, nótese que si bien en la referida audiencia del 19.7.17 la cooperativa afirmó que en el ítem “otros gastos” del proyecto de inversión se había previsto el pago de los seguros pertinentes, se advierte que los montos allí consignados difieren ostensiblemente de los presupuestados por las compañías Sancor Seguros y Federación Patronal (v. fs. 48/50).
Súmase a lo expuesto que el pago del canon locativo de $ 20.000 que la recurrente aseveró que “afrontará con el resultado económico del plan”, siquiera fue allí previsto.
En definitiva, lo cierto, concreto y relevante es que si se detrajeran los montos vinculados con los rubros “seguros” y “canon”, el resultado mensual de la explotación sería, según propias previsiones de la recurrente, negativo.
Y frente al escenario que evidencia la reseña precedentemente efectuada, es claro que ordenar la continuación de la explotación de la fallida -en tales condiciones-, resulta inviable e inconveniente, lo cual conduce fatalmente a concluir que el recurso sub examine no puede prosperar.
4. Como corolario de lo anterior, y oída la Fiscal General, se RESUELVE:
Confirmar el pronunciamiento de fs. 70/74, con costas (cpr 68, primer párrafo y LCQ 278).
Cúmplase con la comunicación ordenada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15/13 y 24/13) y notifíquese electrónicamente. Fecho, devuélvase sin más trámite, confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (art. 36 inc. 1º, Código Procesal).
Pablo D. Heredia
Juan R. Garibotto
Gerardo G. Vassallo
Horacio Piatti
Prosecretario de Cámara
040563E
