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JURISPRUDENCIAContrato de trabajo. Fraude laboral. Cooperativa de trabajo. Distribución. Ganancia
Se hace lugar a la demanda por despido y diferencias salariales interpuesta por el actor, atento a que se acreditó la utilización fraudulenta de la estructura de la cooperativa de trabajo para ocultar una relación de trabajo. Para resolver así, el tribunal tuvo en cuenta que el actor no participó de las asambleas de la sociedad, ni esta efectuó el reparto de excedentes conforme el artículo 42 de la ley 20.337, en tanto si no hay excedentes repartidos igualitariamente con relación al esfuerzo y existen quienes se queden con un porcentaje superior, no se puede hablar de una relación cooperativa sino de uno de los modos de apropiación de la fuerza de trabajo con su correlativo desequilibrio trabajo- producto.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 25 días del mes de octubre de 2018 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT dijo:
I.- Contra la sentencia de grado de fs. 250/252 que hizo lugar a la demanda, apela la parte actora a fs. 253/255 y la parte demandada a fs. 262/281. A su vez la perito contadora se queja porque considera reducidos los honorarios regulados a su favor (fs. 260).
II.- Por un orden estrictamente metodológico procederé a tratar en primer término los agravios formulados por la demandada.
Para comenzar, se queja por el análisis de la prueba testimonial llevado a cabo por el sentenciante. Afirma que de un correcto análisis de las constancias probatorias de la causa se desprende con claridad que el actor no era dependiente de la cooperativa, sino un asociado de ésta.-
Ahora bien, como punto de partida debe señalarse que la cooperativa de trabajo nace como una alternativa a la segmentación entre la fuerza de trabajo, el elemento de la producción más democráticamente repartido en una sociedad y la naturaleza y el instrumento, atribuidos a sectores minoritarios de la sociedad. La misma segmentación básica que da origen a la necesidad de regulación del contrato de trabajo.
Las cooperativas de trabajo tienen el objeto de hacer que el beneficio redunde en el productor directo mediante la utilización de capital propio en común. El objeto de la cooperativa de trabajo es la eliminación de la ganancia ya que el trabajador se apropia, mediante este tipo de relación, del producto íntegro de su trabajo. A su vez, la cooperativa debe ser genuina, lo que implica la democratización de la estructura empresaria cuya organización y jerarquía es el resultado de la voluntad colectiva de los asociados.
En el sub examine, la democratización aludida no se encuentra, a mi entender, cumplimentada. Digo esto, pues de las constancias probatorias de la causa en ningún momento se desprende con claridad que el Sr. Galucci hubiera asistido a las asambleas que se llevaban a cabo. Nótese que -tal como lo sostuviera el a quo- la pericia contable refleja que entre el año 2008 y 2013 se realizaron asambleas en la cooperativa y que no hay constancia en los registros de que el demandante hubiera participado en alguna (ver fs. 134/136), todo lo cual da por tierra los dichos de los testigos propuestos en lo relativo a este tema.-
Por otra parte, en el informe mencionado por la demandada en su escrito recursivo, se vislumbra que la inspección arroja como resultado no sólo que la entidad no cuenta con un reglamento de trabajo apropiado y completo, sino que además el reparto de los excedentes de la entidad no se efectúan conforme lo establecido por el artículo 42 de la ley 20.337 (ver fs. 99/101).
En este contexto, es indispensable que la asociación cooperativa el cumplimiento del artículo 2.6 de la regla estatal Nº 20.337 en cuanto a la distribución de excedentes. Este criterio es fundamental sobre todo en el marco de una cooperativa de trabajo. Si no hay excedentes repartidos igualitariamente en relación al esfuerzo y existen quienes se queden con un porcentaje superior no se puede hablar de una relación cooperativa sino de uno de los modos de apropiación de la fuerza de trabajo con su correlativo desequilibrio trabajo producto.
Así, si en una cooperativa de trabajo los excedentes son apropiados por quienes la dirigen o administran, estaremos ante un contrato de trabajo típico en el que la estructura cooperativa actuaría como norma de cobertura para la elusión del orden jurídico imperativo.
Que el excedente encuentra su nacimiento en la segmentación de los elementos de la producción, fuerza de trabajo, naturaleza e instrumento en la que la fuerza de trabajo, librada a sí misma, se convierte en inútil para el propietario al consumirse con el devenir de la propia existencia. En tal sentido, la cooperativa de trabajo requiere, para que sea genuina, que posea el instrumento y la naturaleza. Pues sin instrumento y naturaleza la cooperativa de trabajo es sólo un trabajador colectivo en el que el excedente es apropiado por el “cliente”. Persiste la hiposuficiencia que no se altera por la mayor o menor cantidad de trabajadores agrupados.
Bajo esta tesitura, se vuelve inconducente el argumento en torno a la supuesta falta de valoración de los videos acompañados en la oportunidad de la audiencia, pues más allá de que en momento alguno el quejoso introduce la cuestión de que en esas filmaciones estuviera el Sr. Galucci, la pericial contable y el informe mencionado ut supra no dan cuenta de que el actor concurría a las asambleas ni de que el excedente generado era repartido en forma igualitaria entre los socios cooperativistas, en un claro fraude a la ley.-
Por todos los fundamentos expuestos, propicio la confirmación del decisorio de grado en este tramo.-
III.- Sin embargo, tendrá favorable acogida la queja esgrimida por la demandada en lo que respecta a la composición de la base salarial utilizada en la instancia anterior. Digo esto, pues el artículo 106 RCT es claro en cuanto dispone que los viáticos no serán considerados como parte de la remuneración si hubiera acreditación de comprobantes lo cual, de las constancias de la causa y según el informe contable de fs. 134/136), se halla cumplimentado. Nótese que el perito designado al responder el cuestionario de la parte actora en el punto 2) realiza un listado de lo recibido mes a mes y lo hace teniendo en cuenta los comprobantes que obran en el expediente, por lo cual estamos en presencia de la causal de excepción prevista por la normativa. Por ello, corresponde adecuar la base salarial utilizada en origen en la cual erróneamente se tienen en cuenta los rubros “reembolso de gastos” y “adelantos”.-
La misma suerte correrá el agravio en torno a la indemnización del artículo 45 de la ley 25.345. Digo esto, pues asisto razón al apelante en cuanto sostiene que no se encuentran cumplimentados los requisitos impuestos por el artículo 3 del decreto 146/01. Nótese que la norma establece que el trabajador se encontrará habilitado para requerir los certificados cuando el empleador no hubiera hecho entrega de las constancias dentro de los 30 días corridos de extinguido el vínculo y, en el sub examine, el Sr. Galucci intimó a su entrega el 16/4/13 y el vínculo se rompió el día 20/3/13, es decir, antes de los 30 días dispuestos por la norma.-
Por otra parte, y sólo a mayor abundamiento, si bien he sostenido en reiteradas oportunidades que la intimación ante la instancia administrativa del SECLO constituye intimación fehaciente a tal efecto, lo cierto es que del acta de fs. 2 no surge dentro de los rubros reclamados la entrega de los certificados del artículo 80 RCT, sino solamente la indemnización del artículo 45 de la ley 25.345. Por ello, corresponde modificar la sentencia de origen en este tramo.-
No obstante ello, cabe decir que el juez de grado omitió pronunciarse respecto a la entrega de los certificados de trabajo y, teniendo en consideración lo expuesto precedentemente en relación al carácter laboral del vínculo que uniera a las partes, corresponde condenar a la Cooperativa de Trabajo El Escorial LTDA a hacer entrega al Sr. Galucci de los certificados previstos en el artículo 80 RCT, bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de retardo en la satisfacción de la obligación.-
IV.- Seguidamente, se queja la parte actora por la forma de cálculo efectuada por el magistrado de origen respecto al SAC. En este sentido, considero que debe asistirse razón al apelante por cuanto el artículo 1 de la ley 23.041 es claro en tanto determina que el sueldo anual complementario deberá ser abonado sobre la fórmula del 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, y no efectuando un promedio de éstas. En consecuencia, deberá ajustarse la liquidación practicada en origen teniendo en cuenta lo aquí dispuesto, así como también lo relativo a las modificaciones en la base salarial fundamentadas previamente.-
Por todo ello, el perito contador designado en autos deberá practicar liquidación en la oportunidad del Artículo 132 L.O teniendo en cuenta los parámetros de la nueva base salarial dispuestos, conjuntamente con la modificatoria respecto a la forma de cálculo del SAC, con más intereses -cuya tasa no fuera cuestionada en esta instancia-.
V.- La solución propuesta implica adecuar la imposición de costas y regulación de honorarios de primera instancia (conf. art. 279 CPCCN) y proceder a su determinación en forma originaria, lo que torna abstracto el tratamiento de los recursos planteados en tal sentido.
Las costas en ambas instancias serán soportadas por la parte demandada vencida en los sustancial (conf. art. 68 CPCCN).
Por otra parte, teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la ley 27.423, la observación del art. 64 del texto normativo sancionado por el Congreso de la Nación y la promulgación parcial dispuesta por el decreto 1077/2017 (art. 7), corresponde determinar cuál es la ley aplicable a los trabajos cumplidos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicho texto normativo.
Al respecto, recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido por mayoría -con arreglo a lo decidido por ese Tribunal ante situaciones sustancialmente análogas- que en el caso de los trabajos profesionales el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique la liquidación (Fallos: 321:146; 328:1381; 329:1066, 3148, entre muchos otros). Por ello, concluyeron que “el nuevo régimen legal no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución (arg. art. 7 del decreto 1077/2017, considerandos referidos al art. 64 de la ley 27.423 y doctrina de Fallos: 268:352, 318:445 -en especial considerando 7-, 318:1887, 319:1479, 323:2577, 331: 1123, entre otros” (CSJ 32/2009 (45-E) /CS1, originario, “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa”, sentencia del 4 de septiembre de 2018).
Resulta necesario, entonces, ante la entrada en vigor de un nuevo ordenamiento arancelario, discriminar aquellas tareas pasadas durante la vigencia del régimen anterior, de las que se hicieron a partir de la operatividad del nuevo sistema.
De tal modo, en el caso, en tanto los trabajos profesionales por la labor cumplida en primera instancia se realizaron estando en vigencia la ley 21.839, el art. 38 L.O., el art. 13 de la ley 24.432 y el decreto ley 16.638/57, habrán de utilizarse las normas arancelarias allí contenidas.
A tal efecto, corresponde regular al patrocinio y representación letrada de la parte actora en el …%, a su similar de la parte demanda en el …% y a la perito contadora en el 6% por su actuación en primera instancia, que se calcularán sobre el monto final de condena -capital más intereses-.
VI.- Por la labor en esta instancia, corresponde regular al patrocinio y representación letrada de la parte actora y demandada, en el …% de lo que a cada uno le corresponda percibir por la labor desplegada en primera instancia (LA).
EL DR. NÉSTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO dijo:
Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto de mi distinguido colega preopinante en lo principal que decide con excepción de lo dispuesto con relación a la multa del art. 80 LCT.
La parte demandada se queja por la procedencia de la multa referida en tanto sostiene que no se dio cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto del PEN 146/01, mientras que la parte actora se agravia por la suma por la cual progresó el rubro.
Sobre el primero de los puntos planteados, cabe poner de resalto que la actora intimó a la entrega de las certificaciones mediante la misiva impuesta el 16 de abril de 2013 (fs. 161), y que los mismos no le fueron entregados por lo que, sin perjuicio de que la intimación practicada no cumplió con la pauta temporal que señala el dto. 146/01 en función del criterio que he sostenido en autos “Luna, Sergio Albino c/ Mistycal S.R.L y otro s/ Despido”, S.D. 39.378 del 10.7.06” entre mucho otros, respecto de la exigencia que se impone al trabajador mediante la aplicación del decreto 146/01, habré de proponer confirmar la procedencia de la multa.
Con relación a la suma por la cual progresó el rubro, la parte actora se queja porque en primera instancia se calculó la multa en base a una remuneración promedio en lugar de hacerlo conforme la mejor remuneración normal y habitual a la que refiere el art. 80 LCT.
En este aspecto, considero que corresponde hacer lugar a su agravio en virtud de las constancias que surgen de la pericia contable, las cuales dan cuenta que la mejor remuneración percibida por el actor fue en mayo de 2012 por la suma de $30.689,65.
En consecuencia, propongo modificar la sentencia apelada en el punto y establecer la procedencia del rubro cuestionado en la suma de $92.068,95, la cual deberá ser agregada por el perito contador al momento de practicar la liquidación en la etapa prevista en el art. 132 LO con los parámetros establecidos en el voto precedente.
LA DRA. GRACIELA LUCÍA CRAIG dijo:
Que por análogos fundamentos, adhiere al voto del Dr. Néstor Miguel Rodríguez Brunengo.
En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL POR MAYORIA RESUELVE: 1) Modificar la sentencia de grado, condenando a Cooperativa de Trabajo El Escorial LTDA a abonarle a José Luis Galucci la suma resultante de la liquidación a practicar por el perito contador designado en autos en la oportunidad del Artículo 132 LO -incluyendo la multa prevista en el artículo 80 RCT conforme lo dispuesto en el segundo y tercer voto de este acuerdo-, la cual deberá ser abonada dentro del quinto día con más la pauta de intereses dispuesta. 2) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida. 3) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en el …%, a su similar de la parte demandada en el …% y a la perito contadora en el 6%, que se calcularán sobre el monto final de condena -capital más intereses-. 4) Regular al patrocinio y representación letrada de la parte actora y demandada, en el …% de lo que a cada uno le corresponda percibir por la labor desplegada en primera instancia. 5) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas C.S.J.N. 15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.
Enrique Néstor Arias Gibert Néstor Miguel Rodríguez Brunengo
Juez de Cámara Juez de Cámara
Graciela Lucía Craig
Juez de Cámara
Alcázar, Carlos E., LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO EN PELIGRO DE EXTINCIÓN: UN ENFOQUE ACTUAL SOBRE EL ESTADO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO EN ARGENTINA, Temas de Derecho Laboral, Mayo,2017, Editorial Erreius – Cita digital: IUSDC285189A
Carranza, Martín Raúl c/Falume-t y Khapas SRL y otro -ordinario- despido – Cám. Trab. Córdoba 9ª Nominación – 26/11/2015 – Cita digital IUSJU015499E
034790E
