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JURISPRUDENCIAViolencia familiar. Ley 12569. Medidas protectorias. Integridad psicofísica
Se confirma la resolución que, en el marco de la ley 12569, adoptó medidas protectorias respecto de la denunciante y su hijo, por entender que los hechos denunciados denotan la existencia de una clara situación de violencia intrafamiliar, que indudablemente amerita la intervención jurisdiccional.
Morón, 13 de Diciembre de 2018
AUTOS Y VISTOS: El recurso de apelación interpuesto a fs. 226 respecto del auto de fs. 210/vta., concedido en relación a fs. 227 y fundamentado con el irreplicado memorial de fs. 232/235, a cuyos términos cabe remitirse en honor a la brevedad
CONSIDERANDO
I.- Que, inicialmente, es del caso señalar que en tanto el plazo de la medida decretada a fs. 128 ha vencido, deviene de abstracto tratamiento el recurso de apelación interpuesto a fs. 141 y concedido a fs. 143, lo que así habrá de declararse.-
II.- Que, a fin de dar respuesta a la cuestión planteada, es menester hacer referencia a lo normado por la Ley 12.569, que ha previsto un procedimiento específico para tratar aquellas denuncias que tuvieren por objeto hechos de violencia familiar, incluyéndose dentro de ese concepto «toda acción, omisión, abuso, que afecte la integridad física, psíquica, moral sexual y/o la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito». El citado régimen legal prevé el dictado de medidas de aseguramiento urgentes a los fines de amparar a quienes prima facie aparecen como víctimas de violencia familiar, sin que ello implique una decisión de mérito sobre el fondo del asunto. En tal sentido, se ha dicho que las denuncias por violencia familiar tienen por única finalidad el poner un paño frío, en una escalada de violencia, que no se podría lograr de tener que esperar la intervención del Juez natural que corresponda al tipo de conflicto que la produjo. A los efectos de la viabilidad del otorgamiento de alguna de las medidas autosatisfactivas que se receptan en la ley, debe estar ocurriendo al momento de la denuncia, o debe existir un riesgo cierto de que el episodio se reitere antes de que la justicia pueda tomar intervención por los carriles procesales ordinarios, siendo entonces medidas despachables «in extremis», en las que sólo dada aquella situación puede justificarse su dictado. Por lo tanto, en este tipo de procesos, donde gravitan principios de orden público, el Juez debe arbitrar los recaudos necesarios para que el dictado de las medidas protectorias requeridas no se vea frustrado por la orfandad probatoria y que como director del proceso debe adoptar una postura activa, ordenando las diligencias de impulso y prueba necesarias a los fines de comprobar si se encuentra ante un caso concreto de violencia familiar. De esta manera, las medidas que se adopten pueden abastecer aunque más no sea mínimamente, la procedencia de la cautela, desde la perspectiva interina, circunstancial y variable propia de esta categoría de protección, sin perjuicio, claro está, de lo que puede llegar a decidirse una vez conocidos los resultados de medidas de prueba complementarias (Cám.Civ.Com.2 La Plata Sala I causa 119325 RSI 28/16 fallo del 03/03/2016).-
Sobre el tema, hemos dicho antes de ahora desde esta Sala II que “La ley 12.569 (y sus modificatorias) estructura un procedimiento abreviado y urgente para operar en situaciones de violencia familiar; se trata de un «sistema encaminado a paliar las consecuencias de situaciones de violencia descriptas a lo largo del texto normativo. Y si bien la ley habla de medidas cautelares (art. 13), está implementando medidas que tienen carácter autosatisfactivo (véase, en tal sentido, Basile, Carlos Alberto, «Aportes críticos en la aplicación de la ley 12.569 de protección contra la Violencia Familiar en la Provincia de Buenos Aires», LLBA, Año 11 nro. 3, Abril de 2004, p. 244; Chechile, Ana M. «Violencia Familiar: comentarios a la nueva ley de la Provincia de Buenos Aires 12569» en J.A. Agosto 15 de 2001, pág. 13; Sosa, Toribio Enrique, «Apuntes procesales sobre la nueva Ley de Violencia Familiar en la Provincia de Buenos Aires». LLBA Año 8, nro. 4, Mayo 2001, p. 42; Kemmelmajer de Carlucci, Aída, «La medida autosatisfactiva: instrumento eficaz para mitigar los efectos de la violencia intrafamiliar» en AA.VV. Medidas Autosatisfactivas. Peyrano, Jorge W – Director, p. 431)» (esta Sala en causa nro. 21275, R.S. 105/13; 21.631, R.I. 52/2015; entre otras).-
Además, se remarcaba en la causa nro. 50.985 (R.S. 562/04) el carácter eminentemente preventivo de la actuación jurisdiccional en este tipo de casos pues la ley 12.569 apunta a adelantarse a las gravísimas situaciones que podrían acontecer, sin ceñirse -entonces- solamente al juzgamiento de hechos disvaliosos ya sucedidos mirando inmediatamente hacia el pasado sino encaminándose -en una ágil orientación, eminentemente preventiva (y, entonces, mucho más cercana a aquella tutela judicial continua y efectiva que la Provincia garantiza en el artículo 15 de su Constitución)- a evitar sucesos que -a la postre- todos podríamos lamentar y, quizás, nunca se llegarían a reparar (ver respecto de la intervención jurisdiccional preventiva en materia familiar, Cárdenas, Eduardo José “Crisis Familiares e hijos menores: ¿está vedada a los jueces la prevención?, La Ley 1988-A, 709)».-
Que, sobre este piso de marcha, entiende el Tribunal que la medida adoptada deviene plenamente justificada.
En tal sentido, tenemos que ya a fs. 53 y 129/130 se habían dictado medidas, con una restricción perimetral.-
Por lo demás, los hechos base de la denuncia (ver fs. 69/70), las placas de fs. 30/5 y lo que surge de las constancias de fs. 5, 7/8, 15, 26, 52, 76, 127/vta., 137, 164/8, 175/vta., 185/vta., 207/208, denotan la existencia de una clara situación de violencia, cíclica, que indudablemente amerita la intervención jurisdiccional.-
En tal contexto, los informes antedichos son elocuentes en cuanto a la necesidad de adoptar una medida como la dispuesta: tenemos fundamentalmente que la constancia de fs. 127/vta. nos habla de un RIESGO DE FEMICIDIO INMINENTE.-
Frente a este cuadro de situación, tenemos que el memorial recursivo permanece en el plano de las consideraciones y objeciones genéricas, pero sin hacerse cargo -para nada- del tenor de todas las piezas que hemos enumerado.-
Amén de lo cual, el apelante ha permanecido totalmente inactivo durante el trámite de las actuaciones, limitándose únicamente a la objeción de las medidas adoptadas pero sin asumir, paralelamente, un comportamiento y participación activos en las actuaciones.-
Por todo ello, y en virtud de los fundamentos ya expuestos, el tribunal coincide plenamente en la necesidad, y ajuste a derecho, de las medidas protectorias adoptadas en el auto apelado; por lo que promoveremos su confirmación, con costas al apelante (art. 68 del CPCC).-
III.- Ahora bien, sin perjuicio de ello, lo que surge de la compulsa de autos nos enfrenta a una situación de gran entidad y potencialidad dañosa superlativa.-
Insistimos en la elocuencia del informe de fs. 127/vta., en lo expuesto por la Sra. P. según constancia obrante a fs. 207/8 y, fundamentalmente, en lo que surge de la constancia de fs. 181, la cual denota la limitada eficacia del sistema de botón antipánico para proveer a la protección efectiva de la denunciante.-
Frente a este cuadro de situación, cabe recordar la existencia del deber preventivo que pesa sobre la jurisdicción -en todas sus instancias- (art. 1710 y ccdtes. CCyCN), que se potencia cuando la cuestión involucra un tema de género, de violencia intrafamiliar o una situación riesgosa para niños, niñas y adolescentes, porque en tal caso la reacción estatal amerita particular intensidad (arts. 3, 4, 7 y ccdtes. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, «Convención de Belém do Pará» -ley 24.632-; arts. 3, 4, 6, 19 y ccdtes., CIDN; art. 15 Const. Pcial y ccdtes.).-
Así las cosas, advirtiendo la relativa eficacia de las medidas que se han adoptado, como así también lo expuesto por la denunciante a fs. 207/8 (en cuanto insiste y clama por la adopción de medidas mas eficaces), y sumado ello a la omisión de ciertos trámites (fundamentales) que surgen de las constancias de autos, entiende el Tribunal que debe disponerse lo conducente en tal sentido.-
Consecuentemente, y sin perjuicio de la confirmación del auto apelado, devueltos los autos a la instancia originaria, el Juzgado actuante deberá en forma urgente y con habilitación de días y horas inhábiles: a) adoptar todas las medidas que resulten menester para la protección efectiva de la vida e integridad física de la denunciante y su hijo, debiendo -en tal sentido, como complemento de la restricción perimetral adoptada y entre otras medidas que puedan considerarse- evaluar, trabajando conjuntamente con las autoridades administrativas competentes, la posibilidad de la utilización de la tecnología de geolocalización y geoposicionamiento, que permita un contralor constante de aproximación y ubicación del denunciante respecto de la denunciada (punto 3.10.3, «Manual de Legislación sobre la violencia contra la mujer», Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División para el Adelanto de la Mujer de la Organización de Naciones Unidas cit. en Vaninetti, Hugo A., El empleo de tecnologías de geoposicionamiento en medidas restrictivas para casos de violencia; LL 2018-E, 1236); b) si ello no fuera posible, adoptar cualquier otra medida que sea conducente para la protección EFECTIVA de la vida e integridad psicofísica de la denunciante y su hijo; c) recabar el resultado de las denuncias y comunicaciones cursadas a la Fiscalía en turno; d) recabar los antecedentes penales que pudiera poseer el denunciado (art. 9 ley 12.569); d) constatar el desempeño laboral del denunciado a fin de requerir -en su caso- un informe a su lugar de trabajo y a la institución educativa a la que concurre el niño S. (art. 9 ley 12.569); e) proceder, en forma urgente e imperativa, a entrevistar -por intermedio del equipo técnico del tribunal- al Sr. P., y elaborar un claro y detallado informe psicológico a su respecto, del cual deberán surgir -necesariamente- sus rasgos de personalidad a fin de indagar acerca de la posible existencia de indicadores de riesgo; asimismo evaluar la necesidad -y efectividad- de realización de tratamientos psicológicos por parte del denunciado (según se dispuso a fs. 129/130, punto 4) f) remitir las actuaciones a la Asesoría interviniente, a fin de que se tome intervención efectiva en autos, y el Ministerio Público dictamine, fundadamente, acerca de la situación del niño S. y las diligencias que entienda conducente que cabe adoptar para el resguardo de su integridad psicofísica.-
Por ello, el Tribunal RESUELVE: DECLARAR ABSTRACTO el tratamiento del recurso interpuesto respecto de la resolución de fs. 128 y CONFIRMAR la resolución apelada de fs. 210/vta. en todo cuanto ha sido materia de agravio, con costas al apelante (art. 68 del CPCC).-
REGISTRESE. DEVUELVASE, ENCOMENDANDOSE AL JUZGADO DE ORIGEN LAS RESPECTIVAS NOTIFICACIONES Y EL CUMPLIMIENTO, URGENTE, DE TODAS LAS MEDIDAS SEÑALADAS EN EL ULTIMO PÁRRAFO DEL ACÁPITE CONSIDERANDO.-
Dr. JOSE LUIS GALLO
Juez
Dr. ROBERTO CAMILO JORDA
Juez
Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial
de Morón
G. C. F. R. c/P. A. E. s/violencia familiar – Cám. Fam. Mendoza – 21/11/2014 – Cita digital IUSJU223162D
Ver nota al fallo de Ortiz, Diego O.: “Hacia la eficacia de las medidas en el procedimiento de violencia familiar ” – ERREIUS – Temas de Derecho de Familia, Sucesiones y Bioética – marzo/2019 – Cita digital IUSDC286483A
035386E
