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JURISPRUDENCIA
En la ciudad de Santa Fe, a los 5 días de febrero del año dos mil catorce , se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral, Dres. José Daniel Machado, Sebastián César Coppoletta y Julio César Alzueta, para resolver los recursos de nulidad y apelación puestos por ambas partes, contra la sentencia dictada por el Señor Juez de Distrito 1 de Primera Instancia en lo Laboral de la Primera Nominación de Santa Fe, en los autos caratulados: «MIRABET, Hilda Graciela De Lía C/ESC. INCORP. N° 1179 M. A. PAUTASSO s/C.P.L.» (Expte. 68- Fo. 133- Año 2013).
Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿Procede el recurso de nulidad?
SEGUNDA: En caso contrario ¿se ajusta a derecho la sentencia impugnada?
TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Dispuesto el orden de votación, resulta: Coppoletta, Machado, Alzueta. A la primera cuestión el Dr. Coppoletta dice:
Contra la Resolución n° 106 de fecha 13 de Abril de 2009 por la cual el Sr. Juez A Quo rechaza el planteo de caducidad de instancia interpuesto por la demandada, se alza la vencida mediante los recursos de nulidad y apelación total que interpone y son concedidos con efecto diferido. A su vez, contra la Resolución n° 283 de fecha 27 de Noviembre de 2012 por la cual el Sr. Juez A Quo admite la demanda se alzan ambas partes: la actora, por medio de los recursos de nulidad y apelación parcial indicando que el rubro recurrido es la tasa de interés reducida aplicada por el A Quo, que son concedidos; y la parte demandada a través de los recursos de nulidad y apelación total que interpone y son concedidos. Elevados los autos a esta instancia, la actora expresa sus agravios por memorial que se agrega al expediente, los que son contestados por la demandada quien a su vez expresa sus propios agravios por escrito agregado a los autos, los que a su vez son contestados por la actora. Habiéndose decretado el pase de los autos a resolución, quedan las presentes en estado de dictar sentencia.
Ambas partes interponen recursos de nulidad contra la Resolución n° 283; y la demandada interpone recurso de nulidad contra la Resolución n° 106, pero, en sus respectivos escritos en esta Instancia, ninguna queja expresan sobre el tema. Por otra parte, no se advierten vicios que impusieran de oficio la anulación de ninguna de las sentencias. A mi juicio pues, de acuerdo con las breves consideraciones expuestas, los planteos de nulidad han de rechazarse.
En consecuencia, voto por la negativa. A la misma cuestión el Dr. Machado dice:
Que expone las mismas razones vertidas por el Juez preopinante y, como él, vota por la negativa.
A igual cuestión el Dr. Alzueta dice:
Que comparte los fundamentos vertidos por los preopinantes, y como ellos, vota por la negativa.
A la segunda cuestión el Dr. Coppoletta continúa diciendo:
Paso ahora a tratar el recurso de apelación de la parte demandada contra la Resolución n° 106.
La actora interpuso demanda el día 29 de Junio de 2001 a las 8,45hs (fs. 0). El expediente registra una actividad procesal hasta el día 7 de Septiembre de 2001, fecha en la cual el Sr. Juez A Quo decreta la citación de la demandada y el traslado de la demanda. Luego, no existen constancias de actividad procesal alguna hasta el día 7 de Noviembre de 2008, cuando la parte actora presenta un escrito. Y el decreto del 07/09/01 es notificado a la demandada por cédula diligenciada en fecha 15 de Diciembre de 2008 (fs. 91).
La demandada opone la caducidad de la instancia, y plantea la inconstitucionalidad del art. 37 del Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe (fs. 82 vta). El A Quo rechazó el planteo de caducidad y no trató la cuestión constitucional, decisión recurrida por vía de apelación..
En su expresión de agravios, la demandada sostiene la arbitraria interpretación del A Quo sobre el instituto de caducidad de instancia y reitera la petición de declaración de inconstitucionalidad del art. 37 C.P.L. invocando la protección de sus garantías constitucionales.
Al tratar la caducidad, el A Quo hizo referencia a los requisitos del art. 37 C.P.L.: 1) inactividad procesal por mas de un año; 2) intimación a la parte para que manifieste si tiene interés en la prosecución de la causa; 3) vencimiento del período de emplazamiento sin actividad procesal idónea para impulsar el proceso. Sin embargo, esta situación presupone una litis ya trabada, por la cual la parte demandada que interviene en el proceso, ante la inactividad procesal por mas de un año opone la caducidad e intima a la parte actora a que se pronuncie en tiempo y forma válida; mas no es ese el caso de autos, pues la demandada no tuvo conocimiento del juicio iniciado en Junio de 2001 sino hasta Diciembre de 2008. Lo que aquí tenemos es el caso de la demanda a los simples fines de interrumpir la prescripción, aunque ello no surge explícito de la demanda (para no confundir con los casos en que en la demanda se hace expresa referencia que su objeto es a los simples fines interruptivos de la prescripción) ha resultado evidente del comportamiento de la parte actora..
La actividad de la actora implica un ejercicio abusivo del art. 37 C.P.L. y del art. 3987 del Código Civil que le permite interrumpir la prescripción con la presentación de la demanda y, sin notificar la misma por un prolongado período de tiempo sin ningún tipo de justificativo (7 años), mantiene su reclamo sin prescribir y sin que se produzca la caducidad de la instancia por disposición del art. 37 C.P.L..
El abuso del derecho ha sido reconocido de alguna forma por el A Quo, ya que reduce a la mitad los intereses moratorios devengados.
Y el ejercicio de un derecho en forma abusiva no puede ser amparado por el Derecho. Desde ya que entiendo que el Principio Protecterio -cardinal en el Derecho del Trabajo- no implica una suerte de patente de corso para hacer y deshacer el Derecho en forma abusiva, pues de tal forma se llega a la inexistencia de reglas.
La disposición normativa del art. 37 C.P.L. es violatoria de los derechos subjetivos constitucionales de propiedad, debido proceso y defensa en juicio de la demandada porque, además de los requisitos comunes de inactividad procesal y de transcurso del tiempo, requiere para la declaración judicial de caducidad de instancia la manifestación por la contraparte sobre si aún tiene interés en el pleito, posibilitando de ésta manera el abuso de derecho de mantener la instancia aún sin impulso procesal tal como lo ha realizado la actora en estos autos.
El abuso del derecho procesal de la actora afecta el derecho subjetivo constitucional de propiedad de la demandada. Así, el Código Civil posibilita a todas las personas liberarse de las deudas por la prescripción liberatoria, modo de extinción de las obligaciones por el transcurso del tiempo y la inacción del acreedor. La ley 20.744 recepciona en forma especial para el Derecho del Trabajo este modo de extinción de las obligaciones estipulando un plazo de prescripción de dos años. Pues bien, la demandada se encuentra reclamada en Diciembre de 2008 por deudas que la actora reclama como devengadas exactamente diez años antes, dado que el despido se produje en 17 de Diciembre de 1998 y la cédula anoticiando el juicio se diligenció el 15 de Diciembre de 2008. Si bien éstas deudas se encontrarían prescriptas y la demandada debería liberarse de la deuda reclamada, lo cierto es que el ejercicio abusivo por parte de la actora del art. 37 C.P.L. y del art. 3987 del Código Civil permite mantener jurídicamente vigente la deuda reclamada, impidiendo a la empleadora de liberarse por el instituto de la prescripción liberatoria.
Esta actividad abusiva es permitida por el art. 37 C.P.L., que exige la manifestación de voluntad de la contraparte para operar la caducidad de la instancia.
Como acertadamente lo afirma Nicolás Vitantonio, situaciones como la de autos donde la actora presenta la demanda y luego abandona el expediente para notificar el traslado de la demanda mucho tiempo después sin justificación alguna de la demora, «… proyectan una situación no querida por el legislador y resulta evidente que -al margen de cualquier opinión sobre la existencia o inexistencia de caducidad en el procedimiento laboral- no fue la teleología del legislador provocar situaciones como las referidas. La distorsión resulta consecuencia de la oscuridad normativa. Ello supone que el operador judicial debe utilizar todos los medios técnicos y doctrinales necesarios para dar respuesta a una situación fáctica no querida ni buscada por el legislador» (Vitantonio, Nicolás; Caducidad de instancia. Comentario al art. 37 CPL, en: Vitantonio, Nicolás (Dir); Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe. Tomo I. Ed. Nova Tesis.; pág. 299).
El análisis constitucional del caso es difícil, toda vez que frente al sujeto de especial tutela constitucional que es la parte actora amparado en sus derechos laborales por el Principio Protectorio, se encuentra el sujeto empleador con las garantías constitucionales a su propiedad y la obtención por parte de la jurisdicción de un debido proceso y de una sentencia suficientemente fundada. Y en la ponderación del caso, estimo relevante que como indudable expresión del Principio Protectorio, la Constitución de la Provincia de Santa Fe, en su art. 20, dispone que Santa Fe «Establece tribunales especializados para la decisión de los conflictos individuales de trabajo, con un procedimiento breve y expeditivo…», es decir, que la necesidad de la brevedad en el juicio es reconocida a nivel constitucional en ésta Provincia, y si bien en el trabajo de ponderación entre dos derechos subjetivos constitucionales como son la protección del trabajador y la propiedad del empleador tiene cierta ventaja el primero atento el mencionado carácter de sujeto de preferente tutela constitucional con la cual está investido el trabajador, esta «preferencia» debe por lo menos ser honrada por el sujeto trabajador en su carácter de actor laboral, y por el profesional abogado que represente sus intereses en el litigio y, por lo tanto, si la propia conducta procesal de la parte actora es claramente contraria a la brevedad de su pleito (de tal forma que se toma 10 años entre el despido y la notificación de la demanda) el Principio Protectorio se encuentra bastardeado por el propio sujeto titular del interés y no merece entonces una «preferente» protección.
Tengo especialmente en cuenta que la declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica es un acto de suma gravedad y, si bien el control de constitucionalidad y convencionalidad debe ser efectuado -aún de oficio- por todos los jueces, debe ser utilizado como ultima ratio decidenci, pues implica desconocer en el caso concreto la voluntad democrática expresada por el Poder Legislativo.
Como corolario, voto por la negativa y, modificando la sentencia de grado declarar en éste caso la inconstitucionalidad del art. 37 C.P.L. y, por aplicación del art. 233 párrafo 2do. del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe declarar operada la caducidad de la instancia en estos autos el día 08 de Septiembre de 2002.
Atento mi voto, resulta abstracto el tratamiento de los demás recursos de apelación de ambas partes.
A la misma cuestión el Dr. Machado dice:
Disiento en esta oportunidad con el Sr. Juez preopinante, sin perjuicio de valorar la inspiración ética y moralizadora del proceso que subyace a su opinión.
La cuestión de la caducidad del proceso laboral reconoce un debate de vieja data en la doctrina nacional y también en los operadores de nuestra provincia. Muchos códigos provinciales no la contemplan bajo ninguna modalidad puesto que se la estima antitética con un procedimiento en que el impulso de oficio es la regla (Cfr. TOSELLI, Carlos y ULLA, Alicia: Código Procesal del Trabajo-Ley 7987; Alveroni, Córdoba, 2007; pág.141; SOMARÉ, José I. y MIRÓLO, René: Comentarios a la ley procesal del trabajo de la provincia de Córdoba; Advocatus, 1998, pág.99). La calidad predominantemente inquisitiva del proceso laboral implica que incumbe al juzgado la impulsión del proceso, por cuanto se ha entendido, en general, que el instituto de la perención resulta un «cuerpo extraño» en su seno y una «contradicción en sus términos», ya que convoca al juez a declarar la caducidad de un proceso cuya instancia omitió (FERNÁNDEZ GIANOTTI, Enrique: «La perención de instancia en el proceso laboral de la Capital y de la Provincia de Buenos Aires»; D.T. 1974, pág.277). También se ha entendido que el art.259 del RCT en tanto declara que «no hay otros modos de caducidad que los que resultan de esta ley» proyecta sus consecuencias sobre el campo específicamente procesal impidiendo que las legislaciones provinciales regulen en sentido contrario (Cfr. BERMÚDEZ, Jorge Guillermo; en RCT Comentado dirigido por Miguel Maza; La Ley, 2012, III-505).
Algunas provincias argentinas legislan específicamente en ese sentido, aclarando que la caducidad es improcedente (Mendoza -ley 2144 y sus modificatorias- art.108 y Tierra del Fuego -ley 6204-). En otras legislaciones rituales que nada explícito dicen sobre el tema, se ha arribado a la misma conclusión por vía interpretativa (Entre Ríos, Córdoba y Justicia Nacional del Trabajo de la Capital Federal) (Cfr. MADDALONI, Osvaldo y TULA, Diego: «Prescripción y caducidad en el derecho del trabajo»; Abeledo Perrot; 2008, pág.198). Las únicas provincias que responden afirmativamente a la pregunta sobre la caducidad en el proceso laboral sin modificaciones respecto del instituto del proceso civil son Tucumán, Catamarca y San Juan..
Las demás, no sin matices, adoptaron la solución mixta que en su hora propiciara Antonio Vázquez Vialard («La caducidad en el proceso laboral»; T y SS 1973, pág.801), admitiendo la caducidad pero de manera modalizada o adaptada no solo en tanto prevén plazos más largos que los usuales en materia civil, sino que requieren una vista previa al trabajador (o a ambas partes) para que produzcan actividad procesal útil que revele su interés en continuar o no con el proceso. Es la solución, entre otras, de la Provincia de Buenos Aires (art.12, ley 11.653), de la de Corrientes (art.16, ley 3540), de Formosa (art.11 ley 639), de Misiones (art.33, ley 2884), de Río Negro (art.13 ley 1504) y, obviamente, de Santa Fe.
De lo dicho se sigue que, en una epidérmica mirada comparatista, la posibilidad de que los derechos del trabajador caduquen ha de entenderse excepcional y por ende, como toda excepción a una regla de derecho, debe interpretarse restrictivamente. El C.P.L. santafesino, ley 7945, elastizó si se quiere esta directriz al posibilitar que opere la caducidad pero bajo reglas precisas que permitan cerciorarse del efectivo desinterés de las partes en continuar con el proceso. La idea rectora es que, a diferencia de lo que acontece en el proceso civil, ese desinterés no puede presumirse por el solo transcurso del tiempo de inactividad. La reforma al art.37 del C.P.L. dispuesta por la ley 13.039, y que diera lugar a un intenso e interesante debate en el seno de la Comisión reformadora entre quienes proponían la lisa y llana derogación de la posibilidad de caducidad y quienes, por el contrario, propiciaban la adopción del sistema del C.P.C.C. aunque con un plazo más largo, optó a propuesta del suscripto y de los Dres. Vitantonio, De Petre, Suasnábar y Mambelli por una fórmula «de compromiso» por la que se mantuvo el sistema cuyo eje es la intimación a las partes con la limitación de que solo podrá utilizarse esta modalidad redentora una sola vez durante el proceso. Con todo lo cual quiero significar que estamos en presencia de un instituto al que deliberadamente se le ha impuesto un determinado tratamiento legal tomando como punto de partida que la tutela de la pervivencia del derecho (del crédito alimentario laboral) ha de prevalecer sobre los argumentos basados en la seguridad jurídica. Marginalmente anoto, aunque no necesariamente tenga que ver con el caso en examen, que pueden haber razones no espurias ni indolentes por las cuales se decida no notificar la demanda. Tales por ejemplo los casos en que se desea la continuidad del vínculo sin dejar que prescriba un crédito por diferencias salariales o por un accidente, o el esperar la decantación (a favor o en contra) de la jurisprudencia sobre ciertas cuestiones cuya interpretación o constitucionalidad esté en crisis. También es frecuente que el empleador «evanesca» quitando interés actual a la causa para «materializarse» luego en otra actividad económica que renueva las posibilidades de efectivizar el cobro. O que sea el propio trabajador quien migra -esto es especialmente común en el medio rural- dejando a su abogado sin la información suficiente para impulsar el proceso. No me atrevería a calificar a ninguna de dichas especulaciones como maniobras contrarias a la buena fe.
La propuesta del vocal preopinante en cuanto propone la declaración de inconstitucionalidad del art.37 del C.P.L., aun cuando lo fuera para el caso en particular y no con carácter absoluto, conlleva a la dificultad de establecer casuísticamente cual plazo de inactividad ha de entenderse abusivo y cual no, abriendo un espacio a la discrecionalidad judicial y, paradójicamente, a la incerteza jurídica de los litigantes. Es impensable un sistema de perención sin plazo cierto, de modo que, a falta de otro, habría que tomar el de un año de inactividad, lo que nos conduciría a un camino en que inexorablemente se terminaría por afirmar una voluntad contraria a lo que explícitamente especificó el legislador.
Pero además de ese argumento consecuencial entiendo que el proceso laboral, que como todos los ritos debe estar al servicio instrumental del derecho de fondo (CS, «Azimonti c/Cianni»; La Ley 1979-A, 59), está íntimamente ligado a la garantía constitucional de protección del trabajo del cual derivan, entre otras, la directriz de irrenunciabilidad de los créditos, de que el silencio del trabajador no comporta un abandono de derechos y de que el desistimiento -del cual la caducidad no es sino una manifestación distinta- requiere de su conformidad expresa y del contralor judicial suficiente para descartar que suponga una vía oblicua para burlar el orden público.
Voto pues por la confirmación de la resolución recurrida.
Tocante a la prescripción, ha dicho esta Sala en su composición originaria y en la causa «Bogado c/Casa Tía» (expte. n° 12/año 2005) (auto de fecha 01.11.05).
«Es doctrina recibida que el efecto interruptivo asignado por el art.3987 C.C. a las demandas judiciales sólo cede en los supuestos expresamente previstos en dicha norma (desistimiento, caducidad o «absolución»), tradición que se remonta a un antiguo Plenario de la C.N.C.C.(«Mulhall c/Nouguier»; del 23.08.1922; J.A.-12-863; ver también Salvat, Tratado, III-2160) según el cual la norma adopta el adagio romanista «las acciones que por el tiempo y la muerte se pierden, incluidas en juicio, se salvan para siempre» (omnes actiones qua morte aut tempo peremit, semel inclusae iudicio salvae permanent ). Así lo ha entendido también la C.S.J.N. de manera reiterada desde el 26.04.1957 (en «Diltlevsen c/Gobierno Nacional»; L.L.-87-725): «la interrupción de la prescripción causada por la demanda se prolonga cualquiera sea luego la rapidez o continuidad del trámite en toda la duración del proceso». (Cfr. CIFUENTES, Santos: C.C. Comentado; IV-703; La Ley, 2004 y sus citas.).»
De allí que, cuando el Sr. Juez de la anterior instancia razona que el rechazo de la caducidad condiciona en sentido negativo la posibilidad de que el plazo de prescripción pueda computarse nuevamente, se ajusta a derecho más allá de las razonables críticas que al funcionamiento del dispositivo en el caso dedica el recurso.
Del relato de la secuencia que culmina en el despido de la actora por abandono de trabajo hecha por la recurrente a f. 195, fluye sin más explicada la falta de justificación del mismo. El art. 209 L.C.T. no impone al dependiente otra carga que la de dar aviso de la incapacidad laboral por motivo de enfermedad, circunstancia que aparece cumplida por medio de la pieza postal remitida por su esposo el día 16.12.98 y de cuya recepción por la demandada antes de la formalización del despido da cuenta su telegrama de f. 42. Luego, a la fecha en que este último se comunica (17.12.98), obraba entonces en perfecto conocimiento de la imposibilidad argumentada por la trabajadora, lo cual excluye la posibilidad de interpretar su inasistencia como intención de abandonar el contrato. Y aunque no haya sido argumento utilizado por el a quo, cabe recordar además que según pacífica interpretación de los arts.57 y 242 de la L.C.T. el plazo de la intimación (24 horas) resultó irrazonable, máxime cuando mediaban antecedentes inmediatamente anteriores de licencia por enfermedad inculpable.
Doctrina y jurisprudencia son pacíficas en el entendimiento de que el instituto reglado por el art. 244 L.C.T. no puede entenderse configurado sino cuando el trabajador, que tiene «la obligación de explicarse según la ley», omite responder a la intimación. De modo que la sola invocación del derecho a licencia por enfermedad aborta la posibilidad de despedirlo bajo tal motivación. Y, en todo caso, si la empleadora entiende que la excusa es inválida cuenta con las atribuciones que le confiere el art. 210 L.C.T. para encaminar luego el despido por violación al deber de fidelidad.
La actora se agravia por la reducción a la mitad de la tasa de interés usual dispuesta por el a quo entre la fecha de la mora y la de la contestación de la demanda. Advierto, para empezar, cierta oscuridad en este pasaje del fallo que merece ser aclarada, ya que omite especificar desde que momento corresponde pasar del 7,5% anual al 11 % anual, quedando en cambio en claro que la tasa del 22% corre desde la contestación de la demanda. Ese momento, en mi opinión, no puede ser otro que el del abandono del criterio de la libre apreciación -coincidente con la «salida de la convertibilidad»- para adoptar mayoritariamente la llamada tasa activa, es decir que la fecha de corte entre una y otra tasa ha de coincidir con lo dispuesto por la Resolución CNAT 2357/02 -seguida por la jurisprudencia de esta Cámara- es decir el 01.01.02.
Aclarado ello, resulta que la tasa impuesta se asemeja a la tasa de interés puro con la que corresponde indemnizar al acreedor por la indisponibilidad del capital, privándole en cambio del lucro cesante que hubiere obtenido de su colocación financiera. Y ello, en el caso, resulta de estricta justicia en la medida en que los argumentos considerados para rechazar la caducidad opuesta no valen en cambio para justificar que sea el deudor quien deba internalizar totalmente las consecuencias de la depreciación de la moneda -ingrediente insoslayable entre los fundamentos que oportunamente se dieran para aplicar la tasa activa- cuando no ha mediado una diligencia razonable de la acreedora en la constitución o prosecución de la litis.
Voto por la afirmativa. Costas a la demandada.
A igual cuestión el Dr. Alzueta dice:
Que comparte los fundamentos vertidos por el Dr. Machado, y como él, vota en idéntico sentido.
A la tercera cuestión los Dres. Coppoletta, Machado y Alzueta dicen:
Que atento el resultado de las votaciones precedentes corresponde: 1) Rechazar los recursos puestos por actora y demandada: 2) Aclarar la sentencia alzada en punto a que los intereses del 11% anual correrán entre el 01.01.02 y la fecha de contestación de la demanda, sin perjuicio de los dispuestos por el fallo para la etapa anterior (7,5% desde la mora) y posterior (22% hasta el efectivo pago); 3) Los honorarios de segunda instancia se regulan en el …% de los que se fijen en la anterior.
Por los fundamentos y conclusiones del Acuerdo que antecede, la SALA II DE LA CÁMARA DE APELACIÓN EN LO LABORAL
RESUELVE:
1) Rechazar los recursos puestos por actora y demandada.
2) Aclarar la sentencia alzada en punto a que los intereses del 11% anual correrán entre el 01.01.02 y la fecha de contestación de la demanda, sin perjuicio de los dispuestos por el fallo para la etapa anterior (7,5% desde la mora) y posterior (22% hasta el efectivo pago).
3) Los honorarios de segunda instancia se regulan en el …% de los que se fijen en la anterior.
Resérvese el original, agréguese copia, hágase saber y oportunamente bajen.
Concluido el Acuerdo, firman los Señores Jueces por ante mí, que doy fe.
Dr. COPPOLETTA
Dr. MACHADO
Dr. ALZUETA
Dra. Claudia BARRILIS
Secretaria
Código Procesal Laboral (Provincia Santa Fe)
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