Se declara la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en el reclamo de un trabajador contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por un presunto fraude laboral en su contratación. Para decidir de este modo, se interpretó que el empleado público era también sujeto de tutela preferencial como el empleado privado y que se configuraba la misma situación de asimetría que justificaba la competencia de un fuero especializado.
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