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JURISPRUDENCIA
Córdoba, 02 de diciembre de 2013.
Y VISTOS:
Estos autos caratulados: «M., N. R. C/ PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN – AMPARO LEY 16.986», (Expte. n° 17569/2013), venidos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación deducido por la actora en contra del proveído obrante a fs. 65 y vta, dictado por el señor Juez Titular del Juzgado Federal n° 1 que ha decidido: «Córdoba, de octubre de 2013.-Por evacuada la vista conferida al Sr. Fiscal Federal.- Proveyendo a la acción articulada, a mérito de lo invocado, corresponde analizar de manera previa las condiciones de admisibilidad formal de la vía intentada. El artículo 43 de la Constitución Nacional establece que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, y requiere para su procedencia la existencia de un acto u omisión de autoridad pública que con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesione algún derecho o garantía reconocido por la Constitución, tratado o ley. A su vez, de conformidad a lo dispuesto por el art. 2, inc. a de la ley 16.986, procede examinar las condiciones de admisibilidad en orden a la inminencia de la lesión que se invoca y que no podría ser reparada por otras vías administrativas o judiciales que pudieran corresponder. La actora inicia acción de amparo en su carácter de funcionaria del Poder Judicial de la Nación, con el cargo de Secretaria perteneciente al Juzgado Federal de Quilmes, provincia de Buenos Aires, desempeñando funciones en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, en el carácter de adscripción conforme a lo dispuesto por Acuerdo n° 37/2012, según se informa a fs.35. La accionante prestó servicios por un primer período a partir del 10/02/12 por 6 meses. Prorrogándose luego su adscripción hasta el 10 de febrero de 2013, actualmente con prórroga dispuesta mediante Resolución n° 793/2013 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, última prórroga hasta el 10 de agosto de de 2013, y habiendo solicitado nueva prórroga que tramita por expediente de Superintendencia n° 13/M/13, según se informa a fs.41. Se dispuso por el Sr. Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, ante esta presentación que, teniendo en cuenta la opinión negativa dada por el Sr. Juez Titular del Juzgado Federal de Quilmes y la comunicación cursada por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, procede elevar las actuaciones administrativas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de que se resuelva la situación planteada, proveído que se acompaña a fs.37. La presente acción de amparo tiene por objeto que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la decisión por la cual no se hizo lugar a la prórroga de adscripción a los Tribunales Federales de Córdoba, y que se ordene su traslado definitivo, o subsidiariamente la prórroga de adscripción. Entiende que la citada decisión fue arbitraria y conlleva riesgo personal y familiar al tener que reintegrarse al Juzgado Federal de origen. Solicita medida cautelar. En primer término, cabe poner de resalto, como se ha resuelto en reiterada jurisprudencia «…Los jueces deben ser extremadamente prudentes y cautos en la concesión del recurso de amparo, debe reservarse exclusivamente a aquellas situaciones en que los derechos fundamentales son allanados por actos de arbitrariedad y cuando ante la urgencia del caso resulten ineficaces las soluciones legales o reglamentarias» (C.Fed. La Plata, Sala II, 4/2/60, cit. por Sagües, Néstor. P. «Acción de Amparo, Ed.Astrea, pg.115). Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha sostenido aún después de la reforma constitucional de 1994, «que según conocida jurisprudencia de este Tribunal, resulta indispensable para la admisión del remedio excepcional del amparo que quien solicita la protección judicial demuestre, en debida forma, la inexistencia de otras vías legales idóneas para la protección del derecho lesionado o que la remisión a ellas produzca una gravamen insusceptible de reparación ulterior» (CSJN, Fallos 318:178, cit. por Sagües, ob. Cit. pg.177). Debe tenerse especialmente en consideración en este caso, que se encuentran en trámite actuaciones administrativas, advirtiéndose que el Sr. Juez Titular del Juzgado Federal de Quilmes, no ha concedido la prórroga de adscripción solicitada, resolución que fue confirmada por la Cámara Federal de La Plata. Asimismo, que se encuentran en tratamiento recursos administrativos interpuestos por la actora, y en las actuaciones que se encuentran en trámite por ante la Superintendencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, se ha ordenado elevar las actuaciones para su consideración por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como surge del proveído cuya copia se agrega a fs. 37. Por lo que, la admisión de la presente acción podría resultar en una desnaturalización de los trámites y procedimientos en vigencia, y una indebida intromisión en el ámbito de actuaciones administrativas en curso contra una resolución de un órgano del Poder Judicial de la Nación. Por las consideraciones que anteceden, teniendo en cuenta que del hecho invocado no surge la configuración de los presupuestos de admisibilidad exigidos por el Art.1° y Art.2°, incs. a y b de la ley 16.986, a lo que debe agregarse que, específicamente la determinación de una eventual invalidez del acto administrativo cuestionado, por arbitrariedad o ilegitimidad conforme a la solicitud que se promueve, requiere de una mayor amplitud de debate y prueba (art. 2, inc.d, ley 16.986), corresponde rechazar in límine la accion intentada (Art. 3°, ley 16.986). Emplácese a la actora para que en el término de cinco días proceda a acreditar el cumplimiento de la tasa de justicia conforme a la Acordada n° 498/91 C.S.J.N., la que asciende a la suma de pesos … ( $…), bajo apercibimiento de aplicar una multa del 50% de la tasa omitida, y certificar la deuda dando intervención a la AFIP-DGI (arts. 9 y 11, ley 23.898). Recuérdese al letrado interviniente la obligación a su cargo respecto de los aportes colegiales y previsionales. Notifíquese.- FDO.: RICARDO BUSTOS FIERRO. JUEZ FEDERAL.»
Y CONSIDERANDO:
I. Llegan los presentes obrados a estudio del Tribunal en virtud del recurso de apelación deducido por la accionante en contra del proveído de fecha 25 de octubre de 2013 (fs. 65 y vta) dictado por el Sr. Juez Titular del Juzgado Federal n° 1. Se queja la recurrente por entender, a diferencia de lo decidido por el Inferior, que la vía del amparo es la única vía idónea para impedir y neutralizar una amenaza cierta y existente que ocasionaría un grave daño a la accionante. Entiende que esta cuestión no debe ser resuelta por el más Alto Tribunal ya que la decisión del Juez de Quilmes, oportunamente notificada, fue objeto del correspondiente recurso de reconsideración en sede administrativa. Considera que lo decidido afecta el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que la tutela judicial efectiva impone en el caso abrir el amparo a fin de no violar ese derecho constitucional como así también la garantía de defensa en juicio. En segundo lugar, se queja porque el rechazo in límine dispuesto implica una suerte de prejuzgamiento y privación de justicia. En tercer lugar, le agravia el decisorio del Juez de grado por cuanto genera una desprotección y un inminente y grave riesgo frente a la posibilidad de una desintegración del grupo familiar de la actora, con las consecuencias que ello trae aparejado para sus integrantes y que obligaría a una renuncia forzosa a su trabajo, esto es, sin libertad ni consentimiento. Por último, reitera solicitud de medida cautelar urgente. En definitiva, solicita se haga lugar al recurso de apelación deducido, hacer reserva del Caso federal y se ordene medida cautelar.
A fs. 79/80 la parte actora acompaña copia de la providencia de fecha 4 de septiembre del cte. emanada del Director General de la CSJN, Lic. Juan F. Ramos.
Corrida vista al Sr. Fiscal General, éste se expide a fs. 83, manifestando la competencia del Tribunal para entender en los presentes obrados.
A fs. 86/87 obra la resolución n° 427/2013 de fecha 21 de noviembre de 2013 a través de la cual se hace lugar a la excusación formulada por el Sr. Juez de Cámara, doctor Abel G. Sánchez Torres.
II. Ingresando al estudio de estos obrados, y a los fines de determinar si se dan las condiciones establecidas por la Constitución Nacional y la Ley 16.986, para la sustanciación de la acción de amparo pretendida, resulta necesario recordar los presupuestos de admisibilidad de la vía de amparo que se encuentran regulados en el artículo 43 de la Constitución Nacional que prescribe: «Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley». De otro lado, el artículo 1° de la Ley N° 16.986 que establece: «La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de autoridad pública que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidas por la Constitución Nacional».
Por su parte, el artículo 3° de la Ley 16.986, el rechazo in limine de la acción de amparo al expresar que «Si la acción fuese manifiestamente inadmisible, el juez la rechazará sin sustanciación, ordenando el archivo de las actuaciones».
De esta reseña normativa surge que es la propia ley la que admite el rechazo in limine. Sobre el particular la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que «…la magistratura ha de ser particularmente cautelosa en la aplicación del art. 3° de la ley 16.986, que la autoriza a rechazar la acción de amparo in límine. Si bien los jueces deben prevenir todo empleo inapropiado del amparo, con el objeto de evitar su degradamiento como garantía de derechos constitucionales lesionados con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, por actos u omisiones de autoridad pública; la actividad judicial que lleve al exceso el rigor de las formas, corre el seguro riesgo de desnaturalizar tan potente garantía, tornándola de casi imposible actuación ante los estrados judiciales. De ahí que, como la propia reglamentación lo establece, la desestimación in límine sólo se encuentra justificada si la acción fuese «manifiestamente» inadmisible (art. 3 cit.); expresión que, a las claras, por un lado, determina que fuera dicha situación los jueces deberán tramitar la acción, y, por el otro, reclama de éstos una ponderada valoración y fundamentación que ponga en evidencia la razonabilidad del rechazo liminar» ( Fallos: 316:2997).
Por otra parte es preciso puntualizar que si bien la acción de amparo (art. 43 C.N.) tiene carácter excepcional, el alto objetivo que persigue cual es el de tutelar los derechos y garantías consagradas por la Constitución Nacional, requiere de los Jueces un prudente ejercicio de la facultad de ponderar sus requisitos de admisibilidad, por lo que su rechazo «in límine» sólo podrá tener lugar cuando ésta carezca en forma manifiesta de los requisitos fundantes que sustentan su procedencia. Por ello, deberá ser indiscutible la inadmisibilidad de esta acción constitucional para posibilitar su rechazo in límine, tesitura que tras la incorporación a nuestro bloque de constitucionalidad federal de los Tratados de Derechos Humanos (especialmente arts. 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos), todo impedimento al acceso a la jurisdicción debe evaluarse con criterio restrictivo y reservarse para aquellos casos en que la improcedencia de la vía elegida resulte ostensible.
III. Asimismo, debe recalcarse que es principio rector de la jurisdicción federal, la existencia de un proceso concreto como de una controversia o ‘causa justiciable’. Este principio ha sido receptado por nuestra Carta Magna en sus arts. 116 y 117 y reglamentada por el art. 2° de la ley 27, que dispone que la jurisdicción federal «nunca procede de oficio y sólo se ejerce en casos contenciosos en que sea requerida a instancia de parte». En tal sentido, el más Alto Tribunal ha manifestado reiteradamente que las causas de carácter contencioso son «aquellas en que se persigue en concreto la determinación del derecho debatido entre partes adversas» (Fallos 156:318, consid. 5°, p. 321) y por ello, no se da una causa o caso contencioso cuando se procura la declaración general y directa de inconstitucionalidad de las normas o actos de los otros poderes (Fallos 243:176 y 225: 104, consid. 5°, párrafo 2). En consecuencia, la existencia de un caso contencioso ha de ser provocada por parte legítima en las formas que prescriben las normas procesales respectivas, quedando excluidas las consultas y las peticiones de declaraciones generales. Así, nuestro más Alto Tribunal ha expresado que «es de la esencia del poder judicial decidir colisiones efectivas de derechos», ya que no le corresponde a los jueces «hacer declaraciones generales o abstractas» (ver Fallos 2:254; 5:316; 193:524; 304:759; 311:787, entre otros).
IV. Teniendo presente todo lo expuesto, y a los efectos de determinar la concurrencia de la exigencia antes aludida, corresponde establecer si en estos actuados se encuentra ajustado a derecho el rechazo in límine de la presente acción de amparo y en su caso, si corresponde conceder la medida cautelar solicitada.
Así, tras la lectura del escrito de demanda y en un examen meramente preliminar de la cuestión se advierte que la actora persigue la declaración de nulidad e inconstitucionalidad de la decisión por la cual no se hizo lugar a la prórroga de su adscripción a los Tribunales Federales de Córdoba en función de lo manifestado por el titular del Juzgado Federal de Quilmes y en consecuencia, se ordene su traslado definitivo o subsidiariamente se prorrogue su adscripción.
En primer término, cabe manifestar que la falta de agotamiento de la vía administrativa o procedimientos administrativos en curso tenidos en cuenta por el Inferior como fundamento para rechazar la presente acción de amparo, no encuentra sustento en la naturaleza jurídica de esta acción constitucional tras la reforma de año 1994, toda vez que el art. 43 de la C.N. excluye la procedencia del amparo cuando no exista un remedio judicial más idóneo habiendo quedado derogado de pleno derecho el art. 2° inc. a) de la Ley 16.986 en cuanto alude a la existencia o remedios administrativos previos al amparo.
En tal sentido, este órgano jurisdiccional no puede perder de vista lo manifestado por la accionante en relación a las consecuencias que pudieran resultar de no prorrogarse la adscripción a los Tribunales Federales de Córdoba, ya que como se señala en la demanda, le obligaría a desintegrar su grupo familiar o en su caso, se vería obligada a renunciar al empleo con las consecuencias que ello traería aparejado, por lo que estamos -prima facie- en presencia de una cuestión que encuentra adecuado cauce a través de esta acción constitucional escogida por el justiciable.
A mayor abundamiento, en su escrito de demanda la amparista ha denunciado desvío de poder que se desprende de circunstancias de índole personal como la desigualdad en el trato con respecto a otros empleados por parte del Juez Federal de Quilmes, a quienes les habría concedido la adscripción en otro tribunal.
V. Por otro lado, cabe poner de relieve que el derecho a la ‘tutela judicial efectiva’ prevista en el arts. 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, goza de protección constitucional desde que, mediante la reforma de 1994, se produjo una transformación de la jerarquía normativa de nuestro sistema jurídico, otorgándole rango constitucional a los Tratados, Convenciones, Declaraciones, Pactos y Protocolos Internacionales -especialmente aquellos que aseguran la protección de los Derechos Humanos- y Concordatos, conforme lo prevé el art. 75, inc. 22 de la CN. Por lo tanto, el rechazo in limine del amparo en estas condiciones resulta improcedente, ya que es indudable que la cuestión traída a estudio constituye un caso justiciable (116 y 117 de la Carta Magna, como así también en el art. 2° de la ley 27) que suscita acción contenciosa y por ende, habilita el ejercicio de la jurisdicción federal no ajustándose a derecho anteponer obstáculos de índole formal que impidan a la accionante el acceso a la jurisdicción, como acontece en los presentes obrados.
VI. Lo manifestado, no pretende desconocer los requisitos previstos por el texto constitucional para la procedencia de la acción de amparo, como lo es la existencia de un acto u omisión que lesione, restrinja, altere o amenace derechos reconocidos por la Carta Magna, un tratado o una ley, y que por ende no hace más que exigir una causa o cuestión justiciable. Sin embargo, ello no resulta un impedimento para que en el sub-lite se declare la procedencia de la acción intentada desde un punto de vista formal, a fin otorgar una mayor garantía en relación a los derechos de la accionante. En ese trance, debe prevalecer aquella conclusión que implique una solución jurídica que se adecue a las pautas valorativas constitucionales.
VII. Por lo tanto, y sin que implique adelanto de opinión sobre lo que pudiere resolverse sobre el fondo del asunto, es indudable que la cuestión traída a estudio amerita la apertura de la vía procesal escogida y por ende, el ejercicio de la jurisdicción federal, motivo por el cual, corresponde hacer lugar al recurso de apelación deducido y en consecuencia, corresponde revocar la providencia de fecha 25 de octubre de 2013, dictada por el señor Juez Titular del Juzgado Federal n° 1 de esta ciudad de Córdoba, Dr. Ricardo Bustos Fierro en todo cuanto dispone y en consecuencia, ordenase que bajen los presentes al Juzgado de origen a fin de realizar el sorteo correspondiente para la designación de Conjuez quien deberá darle trámite a la presente acción, toda vez que el Sr. Juez Titular del Juzgado Federal n° 2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes se ha excusado de intervenir (fs. 61) y el Juez Federal doctor Ricardo Bustos Fierro ha adelantado su opinión.
VIII.- Asimismo, el Conjuez de primera instancia que intervenga en la resolución de la presente causa judicial de amparo, deberá expedirse en relación a la procedencia o improcedencia de la medida cautelar peticionada en el escrito de demanda (fs. 55vta y ss) y reiterada en el escrito de apelación de fecha 4 de noviembre de 2013 (fs. 71 y vta) ante esta Cámara Federal a quien no corresponde expedirse al respecto en esta oportunidad para asegurar la doble instancia a ambas partes. Sin costas atento no existir contradictorio.-
IX. La presente resolución se emite por los señores Jueces que la suscriben de conformidad a lo dispuesto por el art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional y 4° del Reglamento Interno de éste Tribunal, encontrándose excusado de intervenir el señor Juez de Cámara, Dr. Abel Sánchez Torres.
Por ello,
SE RESUELVE:
I. Revocar la providencia de fecha 25 de octubre de 2013, dictada por el señor Juez titular del Juzgado Federal n° 1 de esta ciudad, Dr. Ricardo Bustos Fierro en todo cuanto dispone, sin costas.
II. Ordenar al Juzgado de origen a realizar el sorteo correspondiente para la designación de Conjuez quien deberá darle trámite a la presente acción, toda vez que el Sr. Juez Titular del Juzgado Federal n° 2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes se ha excusado de intervenir (fs. 61) y el juez interviniente ha adelantado su opinión.
III. Ordenar al señor Conjuez de primera instancia que intervenga en la resolución de la presente causa judicial de amparo tenga presente lo indicado en el Considerando VIII.
IV.- Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquese y bajen.
Luis Roberto Rueda
José Maria Pérez Villalobo
Eduardo Avalos
Secretario de Cámara
Salim, Miguel A., La garantía de la tutela judicial efectiva y su relación con el artículo 333 in fine del CPCCN, Compendio Jurídico, Tomo 63, pág. 107, junio 2012.
Cita digital:
