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JURISPRUDENCIADespido. Diferencias salariales. Prueba. Conceptos remuneratorios. Remuneración
Se hace lugar a la demanda por diferencias salariales determinadas a favor del trabajador, en virtud de que se consideraron como salariales los rubros “uso de celular”, “vehículo” y “demás gastos”, pues cualquiera sea la causa del pago del empleador, la prestación tendrá carácter salarial si se dan las dos notas relevantes del concepto jurídico del salario, esto es que constituya una ganancia (ventaja patrimonial) para el dependiente y, en segundo término, que se trate de la retribución de los servicios de este, es decir, como contrapartida de la labor cumplida.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 08 días del mes de junio de 2015, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:
EL DOCTOR LUIS A. CATARDO DIJO:
I.- La sentencia de grado acogió la demanda que procuró el cobro de diversos créditos de naturaleza laboral.
Contra dicha decisión se alzan en apelación ambas partes y, por sus honorarios, el patrocinio letrado de la parte actora conforme a los recursos de fs. 453/457 y fs.460/462.-
II.- La parte demandada se queja por la valoración fáctica jurídica efectuada por el Sr. Juez “a quo” que acogió el monto reclamado por discriminación salarial. Cuestiona que se haya otorgado carácter remuneratorio a los rubros “uso de celular”, “vehículo” y “demás gastos” para el desempeño de funciones. Asimismo, cuestiona el monto y el carácter remuneratorio del importe reconocido por “clases por idioma francés”. Subsidiariamente, apela las multas de los artículos 80 de la LCT y de la ley 25.323 (arts. 1º y 2º). Cuestiona el plazo otorgado para la entrega de los certificados previstos en el artículo 80 de la LCT. Asimismo, la tasa de interés adicionada al capital de condena, las costas del proceso y las regulaciones de honorarios.
La actora cuestiona lo resuelto en grado respecto a los rubros “Ganancia por venta de autos de flota” y “Bonus anual 2008”.
III.- El recurso de la demandada tendrá parcial recepción y en esa inteligencia me explicaré.-
La actora alegó discriminación salarial señalando que era la única mujer que integraba el directorio de la demandada y que percibía sumas inferiores a los restantes integrantes, los Sres. Dominique Maciet, Guillermo Suchowolski, Alejandro Reggi, Pedro Baylac, Ricardo Nota, Héctor Quaranta, Eduardo Laporte y Gustavo Fosco.
En razón de ello, solicitó por dicho concepto un reconocimiento salarial de $ … mensuales y el cobro de diferencias salariales (ver fs. 5 y 18 vta.).
Atento la negativa de la demandada sobre la procedencia del reclamo (ver fs. 26) y en virtud de las reglas que rigen en el campo de la prueba, era carga de la parte actora acreditar dichos presupuestos (artículo 377 del CPCCN).
Cabe señalar que el artículo 81 de la LCT impide el trato discriminatorio salarial respecto de otros trabajadores que se encuentran en identidad de circunstancias, salvo que la diferenciación salarial responda a razones de bien común como son la mayor eficacia, laboriosidad o contracción al trabajo, entre otras. En razón de ello, la actora debió acreditar dos presupuestos: a) la identidad de circunstancias respecto de los empleados que denuncia en su libelo de inicio y b) el trato salarial peyorativo respecto a esas personas que -supuestamente- tenían sus mismas funciones.
La accionante no cumplió con dicha carga probatoria. No existe prueba en la causa que acredite que integró el directorio de la demandada, a fin de devengar los mismos importes que las personas que menciona en su demanda, los que -cabe destacar- ostentaban el cargo de “Directores”.
De la pericia contable surge claramente que el directorio estaba integrado por “Directores” y no, salvo algún período excepcional, por “Gerentes” de la empresa (cargo que se atribuyó la actora en su demanda -ver fs. 5-). Asimimo, el perito contador señaló que “…no surge de la documentación que tuvo a la vista que la actora haya formado parte del directorio de la demandada…” (ver fs. 348/34).-; por lo que no se encuentra acreditada la identidad de circunstancias y el trato salarial peyorativo denunciado por la actora como sustento de su pretensión.
En consecuencia, corresponde revocar lo resuelto en grado al respecto y deducir de la base salarial arribada en grado ($ …) la suma reconocida en concepto de “discriminación salarial” (ver fs. 5 vta., $ … mensuales).
IV.- Distinta suerte habrán de correr los agravios que cuestionan el carácter salarial de los diversos rubros que menciona la apelante y que fueron abonados por la demandada.
Cabe recordar que Fernández Madrid (“Tratado Práctico de Derecho del Trabajo”, Tº II, pág. 1331) sostiene, con criterio que comparto, que cualquiera sea la causa del pago del empleador, “la prestación tendrá carácter salarial si -como enseña Justo López- se dan las dos notas relevantes del concepto jurídico del salario consistentes en que, en primer lugar, constituya una ganancia (ventaja patrimonial) para el trabajador y en segundo término, que se trate de la retribución de los servicios de este…es decir…como contrapartida de la labor cumplida”.
No puede soslayarse tampoco en este análisis que el principio protectorio es el abrigo del derecho del trabajo y ha sido consagrado constitucionalmente en el artículo 14 bis, que determina que las leyes deben asegurar al trabajador una retribución justa. En materia de derecho del trabajo la naturaleza salarial de las prestaciones está expresamente legislada. El artículo 103 de la L.C.T. establece que, a los fines de la ley, se entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo y no puede soslayarse que, conforme a lo dispuesto por el artículo 9 de la L.C.T., cabe a los jueces la interpretación de las normas y, dentro de esa tarea, la determinación del verdadero alcance de una disposición salarial.
Sobre el tópico la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha brindado los lineamientos en el fallo “Pérez Anibal c/ Disco SA” del 1/09/2009 cuando se expidió en torno a la validez constitucional del artículo 103 bis de la L.C.T., denominado “Beneficios Sociales”. Allí señaló, en el anteúltimo párrafo del considerando 5), que las denominaciones utilizadas por la norma importarían “mutar al trabajador en beneficiario y al empleador en beneficiador; suplantar como causa del crédito o ganancia al contrato de empleo por un acto del empleador ajeno a este último; introducir en un nexo oneroso para ambos celebrantes una suerte de prestación gratuita por parte de una de éstas, el empleador”, lo que, señala, “ traduce una calificación que, por repetir los términos de un precedente que guarda con el sub discussio un estrecho grado de vinculación, resulta «poco afortunada, carente de contenido, y un evidente contrasentido» («Piccirilli c. Estado Nacional», Fallos: 312:296, 300; asimismo: Fallos: 323:1866, 1872)…La naturaleza jurídica de una institución debe ser definida, fundamentalmente, por los elementos que la constituyen, con independencia del nombre que el legislador, o los particulares, le atribuyan (doctrina de «Inta Industria Textil Argentina S.A. s/apelación», Fallos:303:1812 y su cita), sobre todo cuando cualquier limitación constitucional que se pretendiese ignorar bajo el ropaje del nomen juris sería inconstitucional (Fallos: 329:3680). Y, como ha sido visto, el art. 103 bis inc. c no proporciona elemento alguno que, desde el ángulo conceptual, autorice a diferenciar a la concesión de los vales alimentarios asumida por el empleador de un mero aumento de salarios adoptado a iniciativa de éste. Tampoco ello surge de las alegaciones de la demandada ni de las circunstancias del proceso. El distingo, en suma y por insistir en lo antedicho, es sólo «ropaje». Sostuvo, con directiva de insoslayable trascendencia que “el salario se proyecta con pareja intensidad a otro costado de la dignidad del trabajador. Se trata, en breve, de que es preciso y necesario que a la persona trabajadora le sea reconocido, de manera tan plena como sincera, que se ha «ganado la vida» en buena ley, que toda ganancia que obtiene del empleador con motivo o a consecuencia del empleo, resulta un salario, i.e., una contraprestación de este último sujeto y por esta última causa…”. Así consideró, con referencia al salario, que los artículos 6° y 7° del PIDESC, “proporcionan, con entera sencillez y elocuencia, pautas decisivas para esclarecer la antes mencionada conceptualización y, por ende, para resolver el sub lite. En efecto, dado que el primer precepto dispone que el derecho a trabajar «comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo […]» (inc. 1°, itálicas agregadas), y el segundo califica, cuando dicha oportunidad se materializa mediante un trabajo en relación de dependencia, como «salario» o «remuneración» la prestación debida por el empleador al empleado, es necesario concluir, entonces, en que resulta inadmisible que caiga fuera del alcance de estas últimas denominaciones una prestación que, como los vales alimentarios en cuestión, entrañó para el actor, inequívocamente, una «ganancia» y que, con no menor transparencia, sólo encontró motivo o resultó consecuencia del mentado contrato o relación de empleo.
Vale detenerse en los conceptos sobre los que se centra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esto es, el otorgamiento, por parte del empleador, de beneficios que importan en la realidad un “aumento de salarios” y la existencia de una “ganancia”, como reconocimiento de que se “ha ganado la vida en buena ley”. Ese razonamiento coincide con la opinión de quienes sostienen que, en tanto los pagos efectuados por el empleador importen propiamente una ganancia para el trabajador, los mismos deben ser considerados como parte integrante de la remuneración.
Desde tal perspectiva, y en virtud del criterio amplio consagrado por el artículo 103 de la LCT, es que debe confirmarse el criterio seguido por el Sr. Juez “a quo” de otorgar carácter remuneratorio a los rubros que menciona el apelante (“uso de celular”, “vehículo” y “demás gastos” para el desempeño de funciones) e incluso los gastos en concepto “clases por idioma francés” toda vez que implicaron una ventaja patrimonial o ganancia para el trabajador derivada de su contrato de trabajo.
Ello torna irrelevante los agravios referidos a la multa de los artículos 80 de la LCT y de la ley 25.323 (artículos 1 y 2º) que se estructuraron en base a la procedencia del agravio anterior.
Sin embargo, teniendo en cuenta la frecuencia que tomaba clases la actora (2 veces por semana) y el “valor clase” informado por el experto contable ($ …) le asiste razón al apelante que debe reconocerse por dicho concepto la suma en $ … mensuales y no $ … como denunció la parte actora en su demanda (ver fs. 5 de la demanda y fs. 351 de la pericia contable).
Por ello, corresponde adecuar la base salarial arribada en grado conforme a lo informado por el perito contador sobre el punto (artículos 377 y 477 del CPCCN).
V.- El agravio relativo a la excepción de compensación no cumple cabalmente con los recaudos del artículo 116 de la LO -en orden a una crítica concreta y razonada de los aspectos del decisorio que se consideran erróneos- ya que el apelante no explicó claramente a este Tribunal de dónde surge el pago de los importes que denuncia para la compensación. Bástame señalar que, contrariamente a su argumentación, de la pericia contable surge que la demandada le facturó a la actora los dos vehículos que menciona la quejosa en su planteo recursivo (ver fs. 359 pto. 6).-
VI.- Tampoco advierto razones suficientes para apartarme del plazo fijado por el Sr. Juez “a quo” para la entrega de los certificados previstos en el artículo 80 de la LCT (ver fs. 450 vta.), toda vez que no se advierte excesivo.
VII.- El agravio referido a los “intereses punitorios” no constituye cuestión actual toda vez los mismos fueron fijados en caso de incumplimiento de sentencia.
VIII.- El recurso de la parte actora es improcedente.
a) En efecto, no encuentro fundamentos válidos para otorgar carácter salarial a las sumas percibidas por el en concepto de “Ganancia por venta auto de flota”.
Dichas sumas son el resultado de la negociación pactada libremente entre la accionante y el comprador del vehículo (que es un tercero ajeno a la relación laboral) con posterioridad a su ingreso a su patrimonio. En consecuencia, no advierto que dichos importes puedan ser considerados, y tomados en cuenta, como parte de la “remuneración” de la accionante toda vez que no constituyen una contraprestación por el servicio que prestaba aquella en favor de la demandada (artículo 103 de la LCT). La actora tenía la amplia disponibilidad de fijar el precio y percibir del comprador el importe correspondiente sin que la demandada participara de la negociación o abonara el precio de la unidad.
b) La misma suerte debe correr el agravio relativo al cobro de “Bonus año 2008”.
No se discute que este crédito fue devengado en el “año 2008”, esto es, con anterioridad al 9/01/2009 que es la fecha de corte que el “a quo” fijó para la prescripción de los créditos reclamados. Como esta última circunstancia no fue cuestionada por el quejoso, corresponde confirmar el temperamento adoptado en grado al respecto (ver fs. 448/449, artículos 116 de la LO, 256 de la LCT y 3.986 del Código Civil).-
IX.- De prosperar mi criterio, la nueva base salarial que debe tomarse para calcular los diversos rubros de condena es $ … ($ … – $… – $ …).-
Teniendo en consideración los rubros de la liquidación de grado (ver fs. 450 vta.) y las sumas abonadas al actor en su liquidación final (ver fs.338) este último resulta acreedor a los siguientes rubros e importes:
1) Dif. Ind. por Antigüedad: $ … ($ … – $ …);
2) Dif. Preaviso: $ … ($ … – $ …);
3) Dif. Integración mes de despido: $ … ($ … – $…);
4) Art. 1º ley 25.323: $ …;
5) Dif. Art. 2º ley 25.323: $ … (50% Dif. rubros 1, 2 y 3) y
6) Art. 80 de la LCT: $ …
TOTAL $ …
X.- En definitiva, el capital nominal de condena debe fijarse en la suma de $ …
A influjo de lo normado por el artículo 279 del CPCCN corresponde revisar lo resuelto en materia de costas y honorarios, lo que torna irrelevantes los agravios vertidos al respecto.
XI.- Con fecha 21 de mayo del año 2015 la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, mediante Acta 2601, adoptó, para corregir los créditos laborales, la tasa de interés nominal anual que el Banco Nación aplica para préstamos de libre destino.
El Sentenciante aplicó la tasa del acta nº 2357/02 de esta Cámara, incrementada en un 50%, lo que arroja un resultado similar al que resultaría de aplicar la emergente del acta nº 2.601, razón por la cual sugiero confirmar lo resuelto en grado.
XII.- Por las razones expuestas propongo en este voto: 1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto pronuncia condena y fijar el capital nominal de condena en la suma de $ … 2) Confirmar lo resuelto en materia de costas y honorarios, estos últimos calculados de acuerdo nuevo capital de condena y con inclusión de intereses. 3) Imponer las costas de alzada en el orden causado atento el resultado obtenido. 4) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en el …% de lo que, en definitiva, les corresponda por su actuación en la anterior instancia (artículos 68,71 y 279 del Código Procesal; 38 de la ley 18345 y concordantes de la ley 21839 y decreto ley 16638/57).-
EL DOCTOR VICTOR A. PESINO DIJO:
Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.
Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:
1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto pronuncia condena y fijar el capital nominal de condena en la suma de $ …
2) Confirmar lo resuelto en materia de costas y honorarios, estos últimos calculados de acuerdo nuevo capital de condena y con inclusión de intereses.
3) Imponer las costas de alzada en el orden causado.
4) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en el …% de lo que, en definitiva, les corresponda por su actuación en la anterior instancia.-
Regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º Acordada CSJN 15/13 del 21/05/13 y, oportunamente, devuélvase.
Ante mí:
LUIS A. CATARDO
JUEZ DE CAMARA
VICTOR A. PESINO
JUEZ DE CAMARA
ALICIA MESERI
SECRETARIA
Ley 20.744 – BO: 27/09/1974.
Palermo, Carlos Jorge c/Instituto de Previsión Social (IPS) s/pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos – previsión – Cám. Cont. Adm. La Plata – 18/06/2013
002826E
