Se rechaza el recurso de casación interpuesto por la demandada contra la decisión que hizo lugar a la demanda y declaró la inconstitucionalidad del artículo 3 de la Resolución General 80/03 de la Dirección General de Rentas, que obligaba a la actora a actuar como agente de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos; por entender que la Provincia de Tucumán no puede imponer una carga pública a una persona que no tiene asiento ni realiza actividad comercial alguna dentro del territorio provincial.
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