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JURISPRUDENCIAJuicio ejecutivo. Inhabilidad de título. Aspectos causales. Intereses usuarios
Se desestima el recurso interpuesto por el ejecutado contra la sentencia que rechazó la defensa de inhabilidad y nulidad de título y mandó llevar adelante la ejecución.
Buenos Aires, 28 de abril de 2015.
1. El ejecutado apeló en fs. 87 la sentencia de fs. 74/77 en cuanto rechazó la defensa de inhabilidad y nulidad de título opuesta en fs. 56/65 y mandó llevar adelante la ejecución en su contra.
En su incontestado memorial de fs. 89/93, el apelante se agravia esencialmente de que no se abrió a prueba las actuaciones; se rechazaron sus planteos; se aplicó la tasa de interés pactada, la cual considera usuraria y desproporcionada; y se desestimó su pretensión de juzgar cancelado el crédito reclamado con lo depositado en una causa antecedente.
2. Debe comenzar por recordarse que, como regla, en los procesos ejecutivos el debate debe limitarse al examen de las formas extrínsecas del título, sin que corresponda analizar defensas sustentadas en aspectos causales, y es por ello que la apertura a prueba constituye una facultad privativa del Juez de la causa, quien válidamente puede prescindir de esa indagación si los elementos aportados revisten entidad bastante para dirimir las excepciones (conf. Palacio, “Derecho Procesal Civil” T. VII, pág. 490, n° 1103; Fenochietto-Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, T. 2, art. 549 y citas de la nota n° 11, pág. 769; CNCom, esta Sala, 12.3.08, “Cooperativa de crédito San Jorge Ltda. c/ Pont Lezica, Santiago s/ ejecutivo”; 8.4.08, “Santos Guillermo c/ Roldán Carlos Augusto y otro s/ ejecutivo”; y Sala A, 31.5.94, “Citibank N.A. c/ Esses Carlos Isaac s/ ejecutivo”, entre otros).
Pues bien, en el entendimiento de que en el caso se hizo adecuado uso de dicha prerrogativa, no habrá de formularse reproche a la resolución apelada; máxime, ponderando que los medios de prueba ofrecidos por el recurrente no se encuentran orientados a poner en tela de juicio la habilidad del título sino a demostrar cuestiones inherentes a la conformación del patrimonio del ejecutante (fs. 63/64), es decir, que resultan absolutamente inconducentes para dar sustento a la defensa de que se trata.
3. Sentado ello, cabe mencionar que el art. 544: 4° del Código Procesal supedita la procedencia de la inhabilidad de título a la negativa categórica de la existencia de la deuda, y se comparte que en el sub lite el ejecutado ha reconocido expresamente su calidad de deudor, habida cuenta que se limitó a controvertir el monto reclamado y, fundamentalmente, la tasa de interés pretendida, a la cual consideró, como se dijo, usuraria (fs. 56).
Ello es así en tanto se tiene reiteradamente dicho que ninguna de esas cuestiones, esto es, ni la controversia relativa al monto adeudado o a los accesorios, justifican la procedencia de la excepción en examen (conf. Highton, E. y Areán, B., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Buenos Aires, 2008, t. 10, p. 301, jurisprudencia allí citada).
Por lo demás, no cabe perder de vista que (*) el ejecutado no desconoció la firma del título base de la ejecución, lo cual conduce a tener por reconocido el cuerpo del instrumento (art. 1028, Código Civil); (**) la hipotética falta de entrega de doble ejemplar no afecta la validez del documento, en tanto esa exigencia resulta inaplicable a los instrumentos de naturaleza comercial (CNCom, esta Sala, 21.5.13, “Patane, Salvador s/ concurso preventivos s/ incidente de revisión por Chentonze, Antonio Andrés” y sus citas); y (***) la denunciada falta de entrega del dinero no puede debatirse en este ámbito, en tanto esa controversia excede el marco de conocimiento propio de la presente ejecución.
4. Párrafo aparte merece señalarse con relación a los intereses que, como regla, rige en esta materia el principio de autonomía de voluntad de las partes (arts. 1197 y 1198 del Código Civil) y que, por tanto, no le basta al ejecutado con calificar de “usuarios” los accesorios pactados, sino que -en tal caso- le corresponde denunciar y acreditar tal extremo, lo cual ciertamente no sucedió en el sub examine.
De allí que, en tales condiciones, no se advierte ninguna razón que justifique modificar la decisión de grado, máxime cuando la tasa allí reconocida (10% anual) no aparece prima facie irrazonable, pues -en situaciones análogas- se ha admitido incluso una alícuota superior (esta Sala, 30.9.14, “Papasidero, Gabriel Osvaldo y otros c/ Aoky S.A. s/ ejecutivo”, entre otros).
5. Por último, y en cuanto al agravio de que se tenga por cancelada la deuda con lo depositado en otras actuaciones (un pedido de quiebra), debe puntualizarse que mal puede receptarse la postura traída por el recurrente cuando la suma en cuestión no se dio en pago sino a embargo, de modo que, como no existe controversia en punto a que el pretensor no pudo hacerse o recibir los fondos en cuestión, no puede juzgarse operado en ese escenario el efecto cancelatorio propuesto por el apelante.
6. Por ello, se RESUELVE:
Desestimar el recurso de fs. 87; sin costas habida cuenta no haber mediado contradictorio.
Cúmplase con la comunicación ordenada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15/13 y 24/13) y devuélvase sin más trámite, confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (cpr 36: 1°) y las notificaciones pertinentes. Es copia fiel de fs. 104/105.
Gerardo G. Vassallo
Pablo D. Heredia
Juan José Dieuzeide
Julio Federico Passarón
Secretario de Cámara
003342E
