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JURISPRUDENCIANulidades procesales. Recurso de queja. Control jurisdiccional
Se hace lugar al recurso de queja interpuesto. En consecuencia, se acepta el recurso de inconstitucionalidad, revocando la resolución que había decretado la nulidad de una detención y de todo lo actuado en consecuencia.
Buenos Aires, 17 de junio de 2015
Vistos: los autos indicados en el epígrafe.
Resulta
1. Como surge de la decisión anterior del Tribunal (fs. 167/168) – que no hizo lugar al pedido de efecto suspensivo-, la Sra. Fiscal a cargo de la Fiscalía de Cámara Sudeste interpuso recurso de queja (fs. 152/159) contra el auto de fs. 145/150 que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad agregado a fs. 121/139. Este último remedio procesal estaba dirigido contra la decisión de la Sala III de la Cámara de Apelaciones que decretó la nulidad de la detención de Andrea Fabiana Grieco y de todo lo actuado en consecuencia (fs. 113/117).
2. En su recurso de inconstitucionalidad, la fiscalía denunció que la decisión de la Cámara -que consideró equiparable a una sentencia definitiva porque impediría la continuación del proceso- había efectuado una interpretación arbitraria de los arts. 152 y 172 del CPPCABA, puso en crisis la independencia funcional del Ministerio Público Fiscal y afectó el debido proceso.
3. La Sala III declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad por falta de sentencia definitiva y ausencia de caso constitucional. 4. Al tomar intervención en este proceso, el Fiscal General Adjunto solicitó que se hiciera lugar a los recursos interpuestos por la Fiscalía de Cámara, que se declarara la nulidad de la resolución judicial cuestionada y que se continuara con la tramitación del caso (fs. 164/165).
Fundamentos:
La juez Inés M. Weinberg dijo:
1. La queja fue presentada ante el Tribunal en tiempo oportuno (art. 33, ley n° 402) y por quien se encuentra legitimado para interponer recurso de inconstitucionalidad (ver “Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Aman, Horacio Jorge s/ infr. art(s) 150, violación de domicilio’”, expte. n° 917 9/12, resolución del 04/12/2013). Además, contiene una crítica concreta de la resolución apelada.
Los pronunciamientos que decretan nulidades procesales no constituyen, en principio, sentencia definitiva. Sin embargo, “…corresponde hacer excepción a esa regla [cuando] sobre la base de consideraciones rituales insuficientes, se han dejado sin efecto actuaciones regularmente realizadas en un juicio criminal…” (CSJN, Fallos: 330:4909).
La sentencia recurrida efectúa una interpretación que se aparta de las reglas del debido proceso en el orden local, al exigir un control jurisdiccional no previsto para los casos de detención en flagrancia. Por lo tanto, con arreglo a la doctrina de la arbitrariedad desarrollada por la Corte Suprema, no puede ser considerada un acto jurisdiccional válido y debe ser dejada sin efecto.
2. Los jueces de Cámara resolvieron decretar la nulidad de la detención de la imputada y de todo lo obrado en consecuencia.
Argumentaron que la privación de libertad ordenada en autos no se ajusta a lo dispuesto por el art. 13 de la Constitución local, en tanto al efectuar la correspondiente comunicación al juez, el fiscal “no alegó fundadamente sobre el peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación que podría acarrear la soltura de la imputada” (fs. 113 vuelta). A su vez, el juez Delgado destacó que tampoco se cumplieron los recaudos contenidos en el art. 152 del CPP, desde que no se dio inmediata y efectiva intervención al magistrado de turno, requisito que la juez Manes estimó observado.
Los camaristas advirtieron además que el representante del Ministerio Público Fiscal ordenó la producción de diversas medidas hasta finalmente disponer el comparendo de la imputada a la sede de la fiscalía a efectos de recibirle declaración a tenor del artículo 161 del CPP. Y concluyeron que la detención -que se prolongó por aproximadamente diecisiete horas, cuando sólo podía extenderse por hasta seis horas (cf. art. 146 del CPP)- fue adoptada sin intervención jurisdiccional, incurriéndose en una nulidad de orden general (art. 72 inc. 2 del CPP).
3. Por su parte, la impugnante denuncia afectación del debido proceso legal y de los principios acusatorio, de legalidad e imparcialidad (art. 18 CN, arts. 13.1 y 13.3, CCABA), a la vez que considera arbitraria la sentencia por ausencia de mayoría de fundamentos los que asimismo estima aparentes.
Esgrime que en tanto el artículo 152 del código de forma únicamente prevé que el fiscal debe “dar aviso” al juez de la detención en flagrancia de un imputado y remite al procedimiento regulado en el artículo 172, el control de legalidad de dicho acto permanece en el ámbito de disponibilidad propio del Ministerio Público Fiscal por un plazo máximo de veinticuatro horas, luego de las cuales, si no se requirió la prisión preventiva o se dispuso la libertad, podría el juez adquirir de forma plena sus facultades de contralor.
Niega que el caso quede abarcado por el art. 146 del ordenamiento procesal penal local, desde que regula supuestos de “demora de personas” dispuestos por el fiscal y sólo procede cuando en el hecho investigado hubieran intervenido varios sujetos y no fuere posible individualizar imputados y testigos.
4. El planteo articulado por la Fiscalía en su recurso de inconstitucionalidad exige analizar el plexo normativo que regula los distintos supuestos de detención en el ámbito local así como las facultades otorgadas al Ministerio Público Fiscal y a los órganos jurisdiccionales frente a dichas circunstancias. Ello, a fin de determinar si la decisión emitida por la Cámara se ciñe a tales lineamientos.
El artículo 4 del código procesal penal local prescribe que el Ministerio Público Fiscal “…tendrá a su cargo la investigación preparatoria, bajo control jurisdiccional en los actos que lo requieran…”.
El artículo 146 establece que “cuando en el primer momento de la investigación de un hecho en el que hubieran participado varias personas no sea posible individualizar a los responsables y a los testigos y no pueda dejarse de proceder sin peligro para la investigación, el/la fiscal podrá disponer que los presentes no se alejen del lugar ni se comuniquen entre sí antes de interrogarlos y aun ordenar el arresto si fuera indispensable. Ambas medidas no podrán prolongarse por más tiempo que el estrictamente necesario para escuchar los testimonios… y no podrán durar más de seis (6) horas. Sin embargo, a pedido de el/la fiscal, el/la juez podrá prorrogar dicho plazo por dos (2) horas más…”.
Por su parte, el artículo 152 dispone que “en los casos de flagrancia la autoridad de prevención procederá a la detención de el/la imputada y consultará sin demora a el/la fiscal, quien deberá ratificarla o hacerla cesar. Si éste/a la ratificara, dará aviso al juez/a, procediendo según lo establecido en el art. 172 y si considerara que debe cesar, e/la imputad/a será inmediatamente puesto en libertad, sin perjuicio de la continuación del proceso”.
Asimismo, el artículo 172 de igual cuerpo legal determina -en lo que aquí resulta relevante- que “el/la fiscal solicita a el/la juez/a competente, por resolución fundamentada la detención de el/la imputado/a cuando exista peligro de fuga o de entorpecimiento del proceso. Luego de haber intimado al imputado por el hecho, en el menor tiempo posible dentro de las veinticuatro horas, deberá resolver sobre la libertad del detenido, en forma irrestricta o bajo caución, u otra medida restrictiva que no implique privación de libertad, con conformidad de la defensa o solicitar audiencia para que el tribunal resuelva la prisión preventiva”.
En definitiva, la ley regula específicamente cuáles son los actos procesales que debe practicar cada uno de los intervinientes frente a un supuesto de privación de libertad in fraganti así como los lapsos temporales en que éstos deben cumplimentarse, en miras a resguardar la garantía en juego (arts. 14 y 18, CN; 13.1, CCABA).
5. Una interpretación armónica de las normas enunciadas permite afirmar que en el orden local, el Ministerio Público Fiscal es el encargado de llevar adelante la investigación penal preparatoria mientras que los jueces tienen deber de contralor únicamente en las oportunidades y condiciones previstas por la ley. Entonces, tras proceder a la detención de una persona en casos de flagrancia: i) la autoridad de prevención debe consultar al fiscal, sin demora, ii) el fiscal puede ratificar la detención o hacerla cesar; iii) en el primer supuesto, debe intimar al imputado por el hecho, en el menor tiempo posible, dentro de las veinticuatro horas y: a) disponer la libertad del detenido -la que puede sujetar a determinadas condiciones, con acuerdo de la defensa-, poniendo en conocimiento de ello al juez, o b) solicitar al órgano jurisdiccional una audiencia, para que resuelva acerca de la prisión preventiva; iv) en el segundo supuesto, si el fiscal hace cesar la detención, debe poner en libertad al sujeto inmediatamente.
En síntesis, la detención de una persona en flagrancia respetuosa de la normativa legal debe observar los siguientes pasos: una consulta de la autoridad de prevención al fiscal, su ratificación, la práctica de determinadas medidas -si fueran necesarias- y la intimación al imputado en los términos del artículo 161 del CPPCABA. Todo ello, con la mayor celeridad posible, en un plazo máximo de veinticuatro horas a contar desde la aprehensión, con noticia al órgano jurisdiccional que corresponda (cf. mi voto en “Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Sudeste de la CABA- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Guantay, Luis Alfredo s/ infr. art. 184, inc. 5° daños (agravado por el objeto), CP (p/L 2303), e xpte. n° 10584, resolución del 10/10/2014).
Tales lineamientos fueron cumplidos en el sub lite.
6. En esas condiciones, el pronunciamiento emitido por la Sala III de la Cámara que declara la nulidad de la detención de Grieco y de todo lo obrado en consecuencia con fundamento en la ausencia de intervención del juez, queda alcanzado por la doctrina de la arbitrariedad desarrollada por la Corte, pues incorpora un requisito que no exige la ley (Fallos: 334:458), esto es, la comunicación inmediata al magistrado de la detención de una persona.
7. Por lo tanto, voto por i) admitir la queja, ii) hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, iii) revocar la sentencia de fs. 113/117, y iv) reenviar las actuaciones a la Cámara para que jueces distintos a los que intervinieron en el caso resuelvan la apelación interpuesta por la defensa.
Así lo voto.
Los jueces Luis Francisco Lozano y José Osvaldo Casás dijeron:
1. El MPF muestra que corresponde equiparar a definitiva la decisión de la Sala III que decretó la nulidad “…de la detención de la imputada en autos y de todo lo actuado en su consecuencia (art. 13 CCABA y 73, 142, 153 ss. y concordantes, CPPCABA)”. Ello así porque, tal como lo indica, la prescripción de la acción, que podría operar de convalidarse la nulidad decretada, le impediría continuar con las presentes actuaciones. No se debate que el hecho que dio inicio a estas actuaciones ocurrió el 10 de mayo de 2013, y el plazo de prescripción de la acción para perseguirlo es de dos años (cf. los arts. 62 y 183 del CP).
2. La decisión recurrida fue firmada por dos magistrados. El juez que votó en primer término relató que el 10 de mayo de 2013 la policía detuvo a la Sra. Grieco y comunicó al fiscal López el hecho cuya comisión, en condiciones de flagrancia, se le imputaba, haber dañado diversos bienes del local ubicado en la Av. Jujuy … . Siguió su relato diciendo que el fiscal ordenó la detención de la imputada, la policía procedió a cumplir con la orden y, a las 18hs. de ese mismo día, se comunicó telefónicamente “…con el Magistrado Interventor, Dr. ALEJANDRO FOSTER.-[, Secretario del juzgado penal, contravencional y de faltas nº 22,] quien una vez interiorizado de la presente causa, y sus pormenores, dispuso lo siguiente, 1) Tomar conocimiento de lo dispuesto por la Fiscalía interventora” (cf. fs. 26 de los autos principales). Según los dichos del magistrado, la detención comenzó el 10 de mayo de 2013 a las 15:33hs y cesó el 11 de mayo de 2013 a las 8hs. (cf. fs. 111 vuelta de los autos principales). Las constancias a las que remitió el juez son: (i) el acta de detención de fs. 5, la que da cuenta de que a las 15:33hs. del día 10 de mayo de 2013 se detuvo a la Sra. Grieco y se la trasladó a la comisaría nº 20; (ii) el acta policial de “cierre y elevación” (cf. fs. 43 de los autos principales), donde se dice que el 11 de mayo de 2013 Andrea Fabiana Grieco fue llevada a la sede de la fiscalía a cargo del Dr. López; y, (iii) el acta de la audiencia que prevé el art. 161 del CPP, celebrada el día 11 de mayo de 2013 (cf. fs. 45/47 de los autos principales). Allí se dejó constancia de que “…se proced[ió] a darle soltura bajo caución juratoria [a la Sra. Grieco], conforme lo previsto por el art. 178 del C.P.P.C.A.B.A, debiendo la Sra. Grieco de acuerdo a las previsiones de los arts. 179 y 183 del C.P.P.C.A.B.A., a tal efecto prestar juramento de que va a cumplir con las medidas restrictivas que a continuación se le harán saber y que no va a evadir su comparecencia en el proceso, todo ello previa comunicación con la Sra. Juez interviniente. Así las cosas el Sr. Fiscal, de acuerdo a las disposiciones del art. 174 del CPPCABA, impone a la compareciente: 1) la prohibición de concurrencia al comercio denominado ‘Ofertas en Bazar’, sito en la Avenida Jujuy … de este medio, como así también la de comunicarse con su propietario o empleados por cualquier medio; 2) La comunicación sobre cualquier modificación sobre su lugar de residencia y/o viaje que implique su ausencia en el lugar de referencia; 3) Concurrir a todas las citaciones que se le efectúen tanto la Fiscalía como el Juzgado interventor. Que estas medidas se imponen por el lapso que dure el proceso. Estas medidas también son puestas en conocimiento de la Sra. Juez a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº22. Ante ello, la compareciente y su Defensora, prestan absoluta conformidad de las medidas dispuestas por el Sr. Fiscal, jurando la primera, cumplirlas y manifestando la Sra. Defensora que lo hace con: ‘el grado de provisionalidad que las mismas importan y al solo exclusivo efecto de resolver sobre la soltura’” (cf. fs. 47 vuelta de los autos principales).
En ese marco, consideramos que la detención de la imputada “…no cumplía con los requisitos legales de validez que exige el art. 152 del procedimiento local, al no haberse dado inmediata y efectiva intervención al juez de turno, ante quien debió alegar fundadamente [el fiscal] sobre el peligro de fuga o entorpecimiento que podría acarrear la soltura de la imputada” (cf. fs. 110 vuelta de los autos principales). Concluyó su razonamiento diciendo que “…Andrea Fabiana Grieco estuvo detenida sin orden judicial que avale dicho proceder y se le impusieron medidas restrictivas sin control jurisdiccional, en clara contradicción con el amparo constitucional de la libertad ambulatoria (art. 18 CN), incurriéndose en una nulidad de orden general prevista en el art. 72, inc. 2 del ritual al haberse omitido la, legalmente prevista, intervención judicial (art. 152 y 172 del CPP)” (cf. fs. 113).
La jueza que votó a continuación no revisó el relato de los hechos reseñado; y sostuvo que el fiscal sólo puede disponer detenciones por períodos inferiores a 6 horas; no, como en el sub lite, por períodos de aproximadamente 24. Aclaró que detener a personas por un tiempo mayor a las 6 hs. mencionadas es una facultad que sólo tiene el juez en el marco de la concesión de una prisión preventiva. En ese orden de ideas, señaló primeramente “…que el personal policial [había] d[ado] cumplimiento con el art. 152 del CPPCABA, pues la consulta inmediata fue realizada al fiscal, habiendo dado aviso al Magistrado en forma adecuada -llamado mediante conducto telefónico- dentro de un plazo razonable (2hs 30min)” (cf. fs. 113 de los autos principales). Luego dijo que “…de haberse considerado necesaria para la investigación la detención de Grieco, el ministerio Público Fiscal contaba con un plazo máximo de seis horas. Transcurrido éste, debió haber ordenado su inmediata libertad o haber fundamentado sobre los motivos de la detención ante un juez, conforme lo estipula el art. 172 CPP, caso en el cual, avalada la privación de libertad, el fiscal estaba facultado a recibirle declaración y en su caso resolver su soltura o pedir la prisión cautelar” (cf. fs. 113 vuelta de los autos principales). Terminó afirmando que “…sin fundamento legal alguno se mantuvo detenida a una persona por casi 24 horas, lo que constituye un claro abuso de autoridad” (cf. fs. 113 de los autos principales).
3. En suma, no viene discutido que: (i) la imputada fue detenida por la policía en situación de flagrancia (cf. el art. 152 del CPP); (ii) la policía se comunicó con el MPF quien ratificó su detención; (iii) la policía informó de la detención al Secretario del juzgado penal Nº 22; y, (iv) el fiscal intimó a la Sra. Grieco a responder por el hecho imputado e hizo cesar la detención antes de que hubiera llegado a estar 24hs. detenida.
4. Vale realizar una aclaración con carácter previo a resolver el recurso. Lo que viene discutido es la validez del razonamiento seguido por la Cámara para decretar nula la detención de la Sra. Grieco. No es materia de controversia la procedencia de las medidas restrictivas que el fiscal impuso a la Sra. Grieco en el marco de la audiencia del art. 161 del CPP (cf. el punto 2 de este voto).
5. El artículo 152 regula la detención en los supuestos de flagrancia en los siguientes términos:
En los casos de flagrancia la autoridad de prevención procederá a la detención de/la imputado/a y consultará sin demora al/la Fiscal, quien deberá ratificarla o hacerla cesar. Si éste/a la ratificara, dará aviso al/la Juez/a, procediendo según lo establecido en el art. 172 y si considerara que debe cesar, el/la imputado/a será inmediatamente puesto en libertad, sin perjuicio de la continuación del proceso.
Por su parte, el art. 172 al que remite el artículo transcripto dice:
El/la Fiscal solicita al/la juez/jueza competente, por resolución fundamentada la detención del/la imputado/a cuando exista peligro de fuga o de entorpecimiento del proceso. Luego de haber intimado al/la imputado/a por el hecho, en el menor tiempo posible dentro de las veinticuatro (24) horas deberá resolver sobre la libertad del detenido, en forma irrestricta o bajo caución, u otra medida restrictiva que no implique privación de libertad, con conformidad de la defensa o solicitar audiencia para que el Tribunal resuelva la prisión preventiva.
6. El procedimiento que describe el art. 152 comienza con una detención por parte de la autoridad de prevención y continúa con una consulta “sin demora” al MPF, quien debe resolver si ratifica o hace cesar la detención. Si la ratifica, debe dar aviso al juez, “procediendo según lo establecido en el art. 172”.
La primera oración del art. 172 establece las dos razones por las cuales el fiscal puede solicitar al juez el dictado de una prisión preventiva. El resto del artículo dispone el procedimiento que debe seguir el fiscal cuando el imputado se encuentra detenido; supuesto que tiene lugar cuando el fiscal ratifica la detención efectuada por la autoridad de prevención. Este segundo supuesto es el que aquí nos ocupa.
El fiscal, luego de haber intimado al imputado a responder por el hecho cuya comisión sospecha, tiene que resolver sobre la libertad del detenido en el menor tiempo posible y dentro de las 24hs. Cuando llega a la convicción de que corresponde privar de libertad debe “solicitar audiencia para que el Tribunal resuelva la prisión preventiva”, también dentro del plazo señalado.
7. El procedimiento descripto parte del hecho de que ha existido una “intimación a responder por el hecho”. De ahí que a ese contexto normativo hay que sumar la regla que establece el art. 161 del CPP respecto a cuándo debe tener lugar la audiencia de intimación a responder por el hecho en los casos en los que la persona a la que se le ha imputado la conducta penalmente reprochable está detenida. Ese artículo dice, en la parte que aquí importa, que “…[l]a intimación del hecho se deberá hacer inmediatamente si estuviera detenido, cuando compareciera en los casos de flagrancia y cuando lo/a cite al efecto…”.
8. Leídos de un modo armónico los artículos del CPP a los que nos venimos refiriendo arrojan el siguiente procedimiento para las detenciones en supuestos de flagrancia:
i. La autoridad de prevención detiene al imputado y consulta “sin demora” al fiscal (cf. el art. 152).
ii. El fiscal puede ratificar o hacer cesar la medida (cf. el art. 152).
iii. Si la ratifica, da aviso al juez (cf. el art. 152).
iv. El fiscal tiene que intimar a la persona a responder por el hecho “inmediatamente” (cf. el art. 161).
v. Luego de realizar esa intimación, el fiscal tiene que resolver en el menor tiempo, dentro de las 24hs., sobre la libertad del detenido (cf. el art. 172) dejándolo en “libertad previa caución o disponiendo alguna medida restrictiva distinta de la prisión, esta vez con consentimiento de la defensa o requerir la prisión preventiva al juez”.
9. El término “inmediatamente” que emplea el art. 161 del CPP no puede ser leído de un modo literal, esto es, “Ahora, al punto, al instante” (cf. la definición de la RAE). Ni aun si estuviera el fiscal patrullando la Ciudad, junto con la autoridad de prevención, la intimación podría ocurrir, en todos los casos, de un modo “inmediato”. Bastaría con que el detenido esté en un estado que le impidiera cumplir con ese acto o ser necesario identificarlo para que resulte imposible una “inmediata” intimación. A ello se agrega que es el texto del art. 152 del CPP el que parte de suponer que la autoridad de prevención y el fiscal no se hallan en el mismo lugar. De otro modo carecería de todo sentido la consulta al MPF que esa norma prevé.
El adverbio “inmediatamente” apunta a que no se incurra en dilaciones injustificadas, esto es, aquellas que resulten imputables únicamente al estado, cuando se trata de intimar en los términos del art. 161 a una persona que está privada de su libertad. Establecer cuándo una dilación es razonable depende de la valoración de las circunstancias, que, en cada caso, deberán ser analizadas por los jueces de mérito. Por ejemplo, el tiempo entre detención e intimación va a variar según se necesite o no identificar a la persona detenida, si esa persona está intoxicada con alguna sustancia que le impida comprender la intimación a responder por un hecho, o si la persona está detenida en un lugar más o menos cerca de donde se encuentre el fiscal en ese momento, etcétera.
10. Ahora bien, intimada la persona a responder por el hecho o vencido el plazo en que los jueces estimen que ese acto debió razonablemente haber tenido lugar, se dispara el plazo de 24hs. que establece el art. 172 para que el fiscal resuelva acerca de la libertad del imputado. Vencido ese plazo sin que exista una decisión del fiscal al respecto el imputado tiene que ser dejado en libertad dado que no existiría una decisión de autoridad competente que permita mantenerlo privado de su libertad.
11. En suma, a diferencia de lo que sostuvieron los jueces de Cámara, ni es cierto que el art. 152 disponga que el fiscal debe, frente a la comunicación policial de que se detuvo a una persona en situación de flagrancia, solicitar inmediatamente al juez el dictado de una prisión preventiva; ni lo es que el fiscal sólo puede ordenar detenciones por períodos inferiores a 6hs. La medida de “demora de personas” que el art. 146 del CPP prevé, es aquella que el fiscal puede adoptar en un plazo máximo, en principio, de 6 hs. En este orden de ideas, el artículo dice: “Cuando en el primer momento de la investigación de un hecho en el que hubieran participado varias personas no sea posible individualizar a los responsables y a los testigos y no pueda dejarse de proceder sin peligro para la investigación, el/la Fiscal podrá disponer que los presentes no se alejen del lugar ni se comuniquen entre si antes de interrogarlos y aún ordenar el arresto si fuera indispensable.// Ambas medidas no podrán prolongarse por más tiempo que el estrictamente necesario para escuchar los testimonios, a lo cual se procederá sin tardanza y no podrán durar más de seis (6) horas. Sin embargo, a pedido del/la Fiscal, el/la Juez/a podrá prorrogar dicho plazo por dos (2) horas más, por auto, si circunstancias extraordinarias así lo exigieran. El pedido podrá formularse por cualquier medio, con la debida constancia, y el contenido del auto que lo conceda o deniegue se podrá adelantar por vía telefónica, fax o por cualquier medio electrónico. Vencido este plazo deberá disponerse el cese de la restricción a la libertad de todos los afectados, salvo que procediera la aprehensión para alguno de ellos”.
No se observa cuál sería la conexión de esa situación con la ocurrida en el sub lite. Más allá de ello, es obvio que se refiere a una privación deambulatoria menos severa que la detención y una relación presumida con un hecho distinto de la autoría o participación.
Así las cosas, corresponde descalificar la decisión recurrida por constituir el resultado de una lectura arbitraria del CPP.
12. Por ello, votamos por: hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad; revocar la sentencia de fs. 110/114 de los autos principales; y, reenviar la causa a la Cámara para que, por intermedio de otros jueces, se resuelva el recurso de apelación de la defensa de fs. 82/93 de los autos principales.
La jueza Ana María Conde dijo:
1. La queja fue interpuesta en tiempo y forma (art. 33, ley nº 402) pero no puede prosperar, pues el pronunciamiento de la Cámara que decretó la nulidad de la detención de Andrea Fabiana Grieco y de todo lo actuado en consecuencia no constituye una sentencia definitiva, y la recurrente no ha logrado argumentar, de manera precisa y suficiente, que el alcance de lo allí resuelto revista tal entidad o le cause un perjuicio irremediable, que, excepcionalmente, permita que aquella decisión sea equiparada a una de esa especie.
Resulta aplicable, entonces, la constante jurisprudencia de este Tribunal que sostiene que, por regla, las decisiones referidas a medidas o provisiones adoptadas durante la tramitación del proceso no constituyen sentencia definitiva en el sentido del art. 27 de la ley nº 402 (cf. este Tribunal in re: “Ministerio Público -Defensoría en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Posta, Felipe y Berbegall, Rodolfo s/ infracción ley 255 -apelación-’”, expte. n° 3338/04, resolución del 1/12/2004, entre muchos otros).
Tampoco se han dado argumentos suficientes que autoricen a considerar que la decisión en cuestión pueda ser equiparada a una sentencia definitiva, con fundamento en las cláusulas constitucionales que se invocan. En suma, la resolución impugnada no pone fin al pleito ni impide su prosecución y no se ha demostrado que la decisión de la Cámara pueda generar, en cabeza del Ministerio Público Fiscal, un agravio de imposible o insuficiente reparación posterior. En ese sentido, la queja no logra poner de resalto motivo alguno que permita apartarse de la jurisprudencia de este Tribunal, aplicable al caso (cf. “Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Fernández Teodoro, Manuel s/ infr. art(s) 189 bis, CP”, expte. n° 8753/12, resolución del 16/10/2012) .
Al respecto, la recurrente se limita a señalar que “la nulidad de la detención de la causante y de todo lo actuado en consecuencia (…) impide a este Ministerio Público Fiscal continuar impulsando el proceso y llevar el caso a juicio” (fs. 155). Sin embargo, omite exponer las razones por las que esa declaración de nulidad podría significar un obstáculo para el ejercicio de la acción, máxime cuando la Cámara al declarar la nulidad, no dictó el sobreseimiento de la imputada.
2. Por todo lo expuesto, considero que el recurso de queja debe ser rechazado.
La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:
Corresponde rechazar el recurso de queja de fs. 152/159 por las razones expuestas por la Sra. jueza de trámite, Ana María Conde, en el punto 1 de su voto, al que adhiero.
Así voto.
Por ello, por mayoría,
el Tribunal Superior de Justicia
resuelve:
1. Hacer lugar al recurso de queja interpuesto (fs. 152/159).
2. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, cuya copia obra a fs. 121/139, revocar la resolución de la Sala III de la Cámara del 14/04/2014 y reenviar las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas para que, por intermedio de otros jueces, se resuelva el recurso de apelación de la defensa de fs. 82/93 de los autos principales.
3. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remitan las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
003498E
