Se dispone que se mantenga la condicionalidad de la pena de prisión impuesta al imputado, en la medida en que la misma haya adquirido firmeza, a pesar de que el juez interviniente advirtiera la existencia de otro proceso penal contra aquel iniciado con anterioridad, pues por la garantía constitucional prevista en el artículo 18 no puede agravarse la situación del condenado.
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