Se rechaza in limine la acción de amparo interpuesta por un grupo de profesionales que desarrollan su actividad laboral como “tramitadores” de gestiones edilicias ante el GCBA, a los efectos de que se declare la inconstitucionalidad de los decretos reglamentarios 823/10 y 12/11, y los decretos 196/11 y 429/13, puesto que la acción de amparo como vía apta para la protección de los derechos y garantías requiere, entre otras cosas, de la existencia de un acto u omisión que lesione, altere o amenace derechos constitucionales o legales, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, situación que no se encuentra presente en su reclamo.
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