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JURISPRUDENCIAIntervención obligada de terceros. Art. 94 del CPCCN
En el marco de un juicio ordinario, se confirma la resolución que dispuso citar, en los términos del art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a la compañía de seguros.
Buenos Aires, 24 de mayo de 2016.
Y VISTOS:
1. A fs.413 apeló la parte actora, la resolución dictada a fs. 411, que dispuso citar en los términos del art. 94 Cpr, a la Meridional Seguros SA, recurso que fue denegado a fs. 414.
Ello motivó la queja y posterior decisión de esta Sala obrante a fs. 467, admitiendo la misma.
2. El memorial de agravios corre en fs. 510/513 y la contestación del demandado Mariano Farace obra a fs. 547/550 y de la codemandanda Laura Liliana Giardullo a fs. 552/53.
Por su parte, la actora solicitó desglose del instrumental acompañada por el accionado al tiempo de contestar los agravios. Solicitó desglose.
3. Sabido es que la intervención obligada de terceros en un pleito, de conformidad con lo dispuesto por el art. 94 del Cpr, tiene lugar cuando en una proceso, el juez, a pedido de una de las partes o por propia iniciativa, ordena la citación de alguien con legitimación suficiente, a fin de que pueda serle opuesta la futura sentencia, toda vez que la cosa juzgada será efectiva de mantenerse dicha vinculación. (Cfr.“Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, T I pág.441, Roland. Arazi y Jorge Rojas, edit Rubinzal Culzoni).
Ciertamente, lo que se requiere es que exista más que un mero interés del citante, desde que el art. 94 CPCC opera -en líneas generales- sobre el presupuesto de que la parte, en caso de ser vencida, tuviera la posibilidad de intentar una pretensión de regreso, o bien cuando la relación o situación jurídica sobre la que versa el proceso guarda conexión con otra relación existente entre el tercero y cualquiera de los litigantes originarios, de manera tal que el tercero podría haber asumido inicialmente la posición del litisconsorte del actor o del demandado (conf. este Tribunal, Sala «C», en «Haidar, Alicia c/Haidar, Jorge» del 01/4/93).
Ahora bien, el exámen de las actuaciones revela que la magistrada de grado en función de las facultades conferidas por el ordenamiento ritual dispuso la comparecencia al proceso de la escribana Bibiana M Raffo Magnasco de Solari en los términos que se desprenden de fs. 343/44, quien al tiempo de contestar la demanda interpuesto excepción previa de falta de legitimación y solicitó la citación en garantía de la aseguradora La Meridional, donde se encuentra asegurada.(v. fs. 379/383), la que fue provista de conformidad a fs. 411 y resistida por los actores.
Como se dijera, la figura de la intervención obligada comprende aquellas hipótesis en las cuales la parte eventualmente vencida tenga una acción regresiva contra el tercero o medie conexidad entre la relación controvertida en el proceso y otra existente entre el tercero y alguna de las partes originarias.
Por su parte el llamado en garantía constituye un paso más que la mera citación de aquel contra quien se tiene una acción regresiva. Es que este caso no se le avisa al tercero la existencia del juicio, para posibilitar su intervención, sino que el garantizado propone una verdadera demanda, pretendiendo- para el supuesto de ser vencido- que se condene al garante a indemnizarlo. Es decir que pone en ejercicio la acción regresiva que tiene contra el citado, solución que por cierto consagra el art. 118 de la Ley de Seguros (17.418), cuando dispone que el asegurado puede citar en al asegurador y la sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto de éste y será ejecutable contra él en la medida del seguro.
En línea con lo expuesto, es que se ha admitido que el tercero cite en garantía a su propio asegurado (cfr. ob.cit pág 445 y jurisp. citada), tal como ocurrió en el caso. Frente a ello la decisión de la magistrada debe mantenerse.
Sin perjuicio de ello, no puede soslayarse que los agravios de la actora se centran básicamente en la decisión del 3 de septiembre de 2013 donde se dispuso la citación de la escribana.
Y si bien podría considerarse precluída la posibilidad de reeditar el planteo en este estado del proceso, lo apuntado por esta Sala en la decisión del 14 de julio de 2015, en el sentido, que “… las particularidades que se observan en la causa, fundamentalmente dado por el hecho que los actores han mantenido una férrea posición encontrada en la resolución de la Sra juez que confiere traslado de la demanda a la escribana Raffo Magnasco,…” (v. fs. 467 pto. 2 último párrafo) ameritan soslayar cualquier consideración formal y formular las siguientes precisiones.
En tanto en la relación controvertida en el proceso, ha sido cuestionada entre otras cosas la intervención de la notaria en las escrituras n° 195 y 174 más allá de lo que se decida al tiempo de sentenciar- la citación ordenada por la a quo encuentra fundamento en la posible concurrencia de responsabilidad en razón del evento dañoso que motiva el juicio.
Desde esta órbita, debe ponerse de resalto que la actora colocó su pretensión dentro de la esfera de la responsabilidad de la notaria por la intervención que le cupo en las escrituras. Frente a ello, resulta indiferente si la falsedad alegada resulta ideológica o material, en tanto en uno u otro sentido, se involucra la responsabilidad de la escribana respecto de la ejecución de los actos llevados a cabo en su presencia.
Finalmente en orden a la reforma introducida por la ley 25.488 la cual al modificar el art. 96 dispuso que la sentencia dictada alcanzará al tercero citado como los litigantes principales y podrá ser directamente ejecutable contra aquél, estima esta Sala que cabe atemperar el rigor interpretativo del art. 94 Cpr. que faculta sólo a las partes a solicitar la intervención de aquél; máxime cuando atendiendo a las cuestiones de hecho aquí planteadas y a la responsabilidad que podría derivarse de las cuestiones involucradas, la citación coadyuva a un mayor esclarecimiento de los hechos. Y tocante a la aseguradora, más allá del fundamento que pudiera sustentar la pretensión hipotética y ulterior repetición, no caben dudas que puede aventarse por este cauce la multiplicación de procesos, con evidente economía procesal (conf. Palacio, L, “Derecho Procesal Civil “, t.III pág. 246, Ed. A Perrot, 1970).
En función de lo expuesto, se desestiman los agravios de la parte y corresponde confirmar la decisión en crisis.
4. Por último tocante a la documentación incorporada por los demandados al tiempo de fundar el memorial, en tanto el recurso concedido lo fue en relación, no resulta viable agregar documentación en los términos dispuestos por el art. 259 y 260 Cpr. En el marco apuntado se estima pertinente el desglose de la instrumental incorporada a fs. 520/546 y posterior entrega al interesado, debiendo el magistrado disponer las medidas pertinentes en tal sentido.
5. En cuanto a las costas, más allá de la forma en que se decide, juzga esta Sala que las especiales circunstancias que presenta el caso particular y eventuales consecuencias que de ello podrían derivarse por la intervención de terceros en la causa, ameritan eximir de costas al actor, por la segunda instancia, porque bien pudo creerse con derecho para oponerse a ello.
6. Por las consideraciones expuestas, se resuelve:
Confirmar el decisorio de fs.411. Con costas por su orden (art. 68 2do párr. CPCC).
La doctora Alejandra N. Tevez no interviene en la presente decisión por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).
Notifíquese al domicilio electrónico, o en su caso, en los términos del art. 133 C.P.C.C. (ley n° 26.685, Ac. C.S.J.N n° 31/2011 art 1° y n° 3/2015). Fecho, devuélvase a la instancia de grado.
Hágase saber la presente decisión a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto (Cfr ley n° 26.856, art 1;Ac. CSJN n° 15/13, n° 24/13 y n° 42/15).
Juan Manuel Ojea Quintana
María Eugenia Soto
Prosecretaria de Cámara
010340E
