Se confirma el procesamiento y embargo de los imputados, acusados de la presunta utilización delictiva de fondos de origen público para solventar la generación de una serie de materiales (identificados por las partes como “cotillón anti-Clarín”), pues a criterio del juez interviniente los cargos por peculado cuentan con el grado de corroboración requerida por el art. 306 del CPPN, quedando la situación de los justiciables en condiciones de avanzar en el enjuiciamiento seguido al respecto.
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