En el marco de una demanda sobre enfermedad profesional, se revoca la sentencia mediante la cual se elevó la condena a una suma cercana al triple del importe estimado por la propia actora en su demanda, pues el monto indemnizatorio basado en la mera invocación de pautas de extrema latitud no permiten verificar cuáles han sido los fundamentos o el método seguido para establecerla. En tal sentido, solo se indicó que tomaba en consideración el salario y la incapacidad, elementos que, aunque tienen relevancia en la cuantificación del daño, no son suficientes para justificar el significativo valor finalmente determinado en concepto de reparación. Se destaca que la sentencia impugnada exhibe una evidente orfandad de sustento por cuanto no expone argumento alguno que avale la aplicación de intereses -a la tasa activa para préstamos personales de libre destino del Banco Nación- desde “la primera manifestación invalidante”, o sea, desde el 30 de noviembre de 2009, pese a haber señalado expresamente con anterioridad que la determinación del importe de condena se hacía “en cálculos hodiernos”, es decir, al momento del dictado de la sentencia, el 13 de noviembre de 2015.
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