Se confirma la resolución por cuanto el juez de grado hizo lugar a la excepción de incompetencia interpuesta pues en el caso no radica la cuestión en torno de la materia debatida, el resarcimiento de los daños presuntamente irrogados a la actora por la violación de sus derechos de propiedad intelectual, sino que, lo que se encuentra en juego, es el reparto de competencias en tanto se afectan específicos privilegios de índole federal que surgen de la propia ley fundamental, en virtud de una prerrogativa ratione personae.
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