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JURISPRUDENCIAPrescripción adquisitiva. Rechazo de la demanda. Sucesores. Teoría de los actos propios. Causa de puro derecho. Defensa en juicio
Se revoca la sentencia que había rechazado la demanda por prescripción adquisitiva por falta de prueba, al advertirse una seria contradicción incurrida por el juez que consideró que resultaba innecesaria su producción y declaró la cuestión como de puro derecho, para luego desestimar la pretensión principal por insuficiencia probatoria. Es que para los jueces también rige la teoría de los actos propios y se les exige coherencia en sus decisiones a lo largo del proceso, en resguardo de la defensa en juicio de los litigantes.
En la ciudad de Mar del Plata, a los 3 días del mes de octubre de dos mil diecisiete, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia única en los autos caratulados «APREA, JORGE MARIANO C/ SUCESORES DE CRUCES, JOSÉ N. S/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
CUESTIONES
1ª) ¿Corresponde declarar la nulidad de la sentencia dictada a fojas 287/293?
2ª) En su caso, ¿es justa?
3ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I) La sentencia dictada a fojas 287/293 viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por el actor a fs. 298.
En lo que a la primera cuestión interesa, la Sra. Jueza a quo rechazó la demanda por prescripción adquisitiva incoada por el Sr. Jorge Mariano Aprea contra los sucesores de José Néstor Cruces. Para así decidirlo, consideró que el reclamante no produjo prueba que dé sustento a su reclamo, siendo a tal fin irrelevante el allanamiento de las herederas Nelba Margarita y Lina Ofelia Cruces.
En su recurso, el apelante solicita la nulidad de la sentencia en razón de que se han violado garantías constitucionales fundamentales. Pone de relieve el contenido del despacho del 29 de junio de 2016 -donde se declaró la causa como de puro derecho- y los fundamentos por los que luego la magistrada desestimó la demanda.
II.a.) Asiste razón al actor, motivo por el cual adelanto una respuesta afirmativa al interrogante que abre el acuerdo.
En efecto, a la luz de la doctrina de los propios actos resultan inadmisibles las afirmaciones o pretensiones que resultan incompatibles con conductas pasadas del pretensor, deliberadas, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces. Tal circunstancia, se ha dicho, importa una afectación al principio de la buena fe y vulnera la confianza que el otro ha tenido en el obrar previo (CSJN, Fallos: 321:221 y 2530, 325:2935, 329:5793 y 330:1927, 338:161; SCBA, Ac 51445 del 15/11/1994, Ac 69602 del 02/02/2000, Ac 90093 del 19/10/2005, C 107199 del 05/10/2011 C.119273 del 15/07/2015, entre muchos otros; de esta misma sala, Causa N°73717 del 10/08/1989 -RSD-245-89-, Causa N° 78677 del 26/03/1991 -RSD-33-91-, Causa N° 105186 del 03/10/2000 -RSD-411-00, Causa N° 146148, del 12/08/2010 -RSI-419-10-,).
Este principio general del derecho se utiliza no solo para juzgar la conducta extrajudicial de las partes en el ámbito de las relaciones jurídicas que luego devienen controvertidas, sino también para evaluar el obrar de los sujetos dentro del mismo proceso. Todo juez puede -y eventualmente debe- considerar inadmisible la pretensión o defensa en la que se trasluce un actuar (una posición, una conducta) que es contradictoria o incompatible con un obrar pasado de la parte que las formula (art. 34 inc. 5 ap. “d” del CPC). Esta regla, como toda norma de derecho, debe aplicarse con razonabilidad y prudencia: no es absoluta ni puede admitir soluciones rígidas o antisociales (mi voto en causa 101802, Sala II, res. del 18/11/2010, autos «Verdaguer Ortega…» RSI-676).
Ahora bien, he dicho en otra oportunidad que la aplicación del principio de los actos propios no necesariamente queda circunscripta a un juicio crítico sobre la coherencia de la conducta de las partes: también alcanza al órgano jurisdiccional que es llamado a dirimir la controversia (véase mi voto en causa 162.410, in re » S.A.D.A.I.C. C/ Resto Gob S.A. S/Cobro Sumario Sumas Dinero», del 11/04/2017 – RSD-96, de la Sala Tercera de esta Cámara de Apelaciones).
Eisner ha sido uno de los primeros en advertir que «aquella provechosa construcción jurídica es también invocable en los supuestos en que es el propio juez o tribunal quien incurre en la contradicción o incongruencia que hasta ahora se ha computado para tener por configurado el brocárdico venire contra factum proprium non valet cuando el obrar reprochable provenía de las partes (…) Los sujetos del proceso no son sólo dos -las partes- sino que también, y en grado superlativo, lo es el magistrado» (Eisner, Isidoro “La doctrina de los propios actos compromete también al obrar del tribunal – «Venire contra factum propium non valet»-, publicado en La Ley 1987-C, 280, LLP, 1987, 460; esta idea fue aprobada en las Primeras Jornadas Chaqueñas de Derecho Civil y Procesal Civil, como conclusión sexta de la comisión N°2).
López Mesa también ha reivindicado esta posición afirmando, con cita de la Corte Constitucional de Colombia, que el derecho de acceso a la administración de justicia implica la garantía de la confianza legítima en la actividad del Estado como administrador de justicia. Esa confianza no se garantiza con la sola publicidad del texto de la ley, ni se agota en la simple adscripción nominal del principio de legalidad. Comprende además la protección a las expectativas legítimas de las personas de que la interpretación y aplicación de la ley por parte de los jueces va a ser razonable, consistente y uniforme (López Mesa, Marcelo, «La doctrina de los actos propios: esencia y requisitos de aplicación», Publicado en Vniversitas. Bogotá (Colombia) N° 119: 25-58, julio-diciembre de 2009, disponible en http://vniversitasjuridica.javeriana.edu.co/edicion.php?Ed=15&Cn=4, último día de visita 14-III-2017; véase, del mismo autor, “La doctrina de los actos propios en la jurisprudencia”, Buenos Aires: Depalma, 1997, pág. 101).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires tuvo oportunidad de resolver que la doctrina de los propios actos compromete igualmente el proceder del tribunal (SCBA, L.71628, en autos “Zárate, Antonio Eliseo c/Fábrica Eivaar de Carrocerías S.A. s/Cobro de pesos”, del 13-XII-2000). Esta decisión es conteste con otros precedentes -iniciados a partir de la década de 1990- en los cuales la Casación había dicho que «no resulta admisible que el tribunal al tiempo de dictar sentencia se contradiga con sus propios actos procesales dictados durante la sustanciación del proceso y alcanzados por la preclusión y con la postura asumida por las partes durante la tramitación de la causa» (SCBA, causas 45412 del 14-V-1991, 88658 del 12-VII-2006, 89471 del 07-III-2007, 117195 del 09-IV-2014, entre otros; más recientemente, y en un análisis crítico a dos decisorios de una Alzada, véase el voto del Dr. De Lázzari la causa C. 116.938, autos «Racing Club Asociación Civil. Incidente art. 250» res. del 01-VI-2016), criterio que en reiteradas ocasiones ha sido aplicado por la Sala que tengo el honor de integrar (causa 149831, en autos «Garrido Alvez Da Rocha, M. s/ Ausencia con presunción de fallecimiento», del 15/12/2011, RSI-670; causa 162.527, autos «SAGAI c. Hotel Avenida s. Cobro”, del 15/12/2016, RSI-590; en igual sentido, Cám.2da.Civ.Com. de La Plata, Sala Tercera, «Souza, Sebastián c/Verdugo, Héctor R. s/Daños y perjuicios», causa 101940, del 19-02/2004, RSI-18-4 y Cám.Civ.Com. de San Nicolás, autos «Leone María Inés y otro c/Banco Río de la Plata S.A. s/Acción meramente declarativa», del 05/05/2006, RSI-192).
b. En el caso en estudio, la lectura atenta de las constancias obrantes en el expediente permiten advertir una severa contradicción entre los fundamentos por los cuales la demanda fue desestimada y las decisiones precedentes que habían sido dictadas por el mismo órgano jurisdiccional durante el trámite del proceso.
Mediante el escrito de fs. 266, el apoderado del actor solicitó la declaración de puro derecho, condicionando expresamente su pedido a que “V.S. entienda que no existen hechos relevante(s) sujeto(s) a comprobación”. Aclaró además a párrafo siguiente que “para el hipotético caso que V.S. no comparta el criterio antes expresado, solicitamos se ordene la correspondiente apertura a prueba” (fs. 266.).
En el proveído de fecha 29/06/2016 que obra glosado a fs. 267 la Sra. Jueza de primera instancia declaró la causa como de puro derecho dado que -a su entender- no existían hechos susceptibles de comprobación.
Sin embargo, un año después dictó sentencia rechazando la demanda de usucapión incoada por el Sr. Aprea por no haber demostrado los presupuestos fácticos en los que se sustentó su pretensión. La colega no solo criticó duramente al actor por no aportar evidencia, calificando su conducta como negligente y reveladora de “descuido y dejadez” (sic., fs. 292), sino que además expuso que en el proceso de prescripción adquisitiva “pesa sobre el usucapiente el deber de transitar en forma inexorable el proceso previsto y la carga de acercar al mismo las pruebas de rigor” (fs. 291/vta).
La contradicción en la que ha incurrido el órgano jurisdiccional es evidente: la etapa probatoria que en el despacho de fs. 267 fue considerada innecesaria (con motivo de la alegada ausencia de hechos susceptibles de comprobación), luego se juzgó como inexorable e imprescindible al evaluar la procedencia de la demanda en la sentencia definitiva.
Una causa se resuelve como de puro derecho cuando el mérito o fundabilidad de la demanda puede dirimirse con las constancias que obran en el expediente: es decir, cuando los documentos y demás elementos de convicción acompañados por las partes son suficientes para realizar un juicio asertivo sobre la procedencia del reclamo y de las defensas que contra él se hubieren opuesto. Es incoherente -además de contradictorio e impráctico- declarar como de puro derecho a una cuestión (un pleito, una controversia) so pretexto de la falta de hechos susceptibles de comprobación y luego, al dictar sentencia, reconocer que la materia es de orden público e indisponible para las partes, que la etapa probatoria era imprescindible y rechazar la demanda aplicando las reglas sobre cargas probatorias (las cuales, por definición, hacen las veces de normas de clausura en supuestos de ausencia de evidencia).
Un proceder de esta naturaleza revela cuanto menos tres errores del órgano jurisdiccional: (1) que se equivocó al declarar la cuestión de puro derecho cuando en verdad debió haber abierto el juicio a prueba de oficio y con total independencia de la actitud adoptada por las partes (art. 358 y 360 a contrario del CPC); (2) que si al momento de estudiar la causa en profundidad para dictar la sentencia se advirtió que la materia era indisponible y la etapa probatoria era ineludible (lo que supone, además, reparar en el error cometido en el despacho de fs. 267), debió suspender el llamado de autos para sentencia y permitir al accionante demostrar los presupuestos fácticos de su pretensión prescriptiva (arts. art. 34 inc. 5° ap. «b», 36 inc. 2°, 358 y 487 del CPC) y (3) que persistió en los yerros precedentes al hacer cargar al actor con las consecuencias de no transitar una etapa procesal que el propio tribunal tiempo atrás había considerado innecesaria, dictando para ello una sentencia que supone un arbitrario e injustificado cambio de criterio que afecta el derecho de defensa de la parte cuya carga probatoria se juzga incumplida.
La Suprema Corte tiene dicho que «la parte que confió en los sucesivos proveídos dictados en la causa, para encuadrar su actividad en el proceso, se hallaría sorprendida y vulnerada en su derecho de defensa si por causa de una posterior decisión judicial se le privara de alguna facultad o recurso con manifiesto menoscabo de la confianza debida y del principio de seguridad jurídica. El deber de lealtad es exigible a todos los sujetos del proceso, sin exclusión del juez o tribunal» (SCBA, 71628, autos “Zárate, Antonio Eliseo c/Fábrica Eivaar de Carrocerías S.A. s/Cobro de pesos”, del 13/12/2000).
Ciertamente, la mutación sorpresiva o injustificada de los criterios que sostiene el juez o Tribunal en un mismo proceso -cualquiera sea la materia sobre la que recaiga la decisión, y salvo que se trate de enmendar un evidente error- no solo genera incertidumbre en las partes y afecta sus legítimas expectativas (a partir de las cuales condicionaron su propia conducta en el pleito) sino que además deterioran la calidad del servicio de justicia y la solidez argumental de las decisiones adoptadas. La aplicación del principio de los actos propios a la actividad jurisdiccional se traduce, entonces, en una exigencia de razonabilidad y coherencia en las decisiones que adoptan en el proceso judicial (art. 3 del Código Civil y Comercial).
El rechazo de la demanda por falta de prueba no solo sorprende al litigante que confió en la actividad desplegada por el juzgado (insisto: a cuyo criterio se condicionó el pedido de fs. 266), sino que revela la discordancia entre aquella actividad y los fundamentos de la sentencia definitiva. Una motivación de esta naturaleza no cumple los requisitos exigidos por el artículo 3 del Código Civil y Comercial y los artículos 34.4 y 163.5 del Código de Procedimientos Civil y Comercial.
Por ello, y a los fines de resguardar el derecho defensa en juicio de la parte actora, propondré al acuerdo que la sentencia sea anulada y que por intermedio de un juez hábil se dicte un nuevo pronunciamiento. Sin perjuicio de lo dispuesto a fs. 267, corresponde dejar establecido que el magistrado que dicte una nueva sentencia podrá, si lo estima pertinente y en el marco del ejercicio de las facultades contempladas en el artículo 34 inc. 5° “b” y 36 inc. 2° del CPC, ordenar la producción de los medios probatorios ofrecidos por el actor en el apartado VI del escrito de demanda (fs. 213; arts. 8.2.h de la CADH, 18 y 75.22 de la CN, 15 y 171 de la CPBA y 3 del Código Civil y Comercial).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la tercera cuestión, por no ser del caso tratar la segunda, el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde: I. Anular la sentencia dictada a de fojas 287/293 por los argumentos expuestos en los considerandos, remitiendo la causa al juzgado de origen para que, por intermedio de juez hábil, se dicte un nuevo pronunciamiento, dejando establecido que el magistrado que dicte una nueva sentencia podrá, si lo estima pertinente y en el marco del ejercicio de las facultades contempladas en el artículo 34 inc. 5° “b” y 36 inc. 2° del CPC, ordenar la producción de los medios probatorios ofrecidos por el actor en el apartado VI del escrito de demanda (arts. 8.2.h de la CADH, 18 y 75.22 de la CN, 15 y 171 de la CPBA y 3 del Código Civil y Comercial). II. Atento la forma en que se ha decidido la cuestión, propongo que las costas se impongan por el orden causado (art. 68 «a contrario» del C.P.C.C.).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) Anular la sentencia dictada a de fojas 287/293 por los argumentos expuestos en los considerandos, remitiendo la causa al juzgado de origen para que, por intermedio de juez hábil, se dicte un nuevo pronunciamiento, dejando establecido que el magistrado que dicte una nueva sentencia podrá, si lo estima pertinente y en el marco del ejercicio de las facultades contempladas en el artículo 34 inc. 5° “b” y 36 inc. 2° del CPC, ordenar la producción de los medios probatorios ofrecidos por el actor en el apartado VI del escrito de demanda (arts. 8.2.h de la CADH, 18 y 75.22 de la CN, 15 y 171 de la CPBA y 3 del Código Civil y Comercial.). II) Las costas se imponen en el orden causado, atento a la forma en que se resuelve la cuestión (art. 68 «a contrario» del C.P.C.C.).III) REGISTRESE y NOTIFIQUESE personalmente o por cédula (art. 135 del CPCC). Cumplido, DEVUELVASE.
RICARDO D. MONTERISI
ROBERTO J. LOUSTAUNAU
ALEXIS A. FERRAIRONE
SECRETARIO
Sociedad Civil de Trabajadores Municipales de la Matanza c/Barreto, Diego Martín y otro/a s/desalojo (excepto por falta de pago) – Cám. Civ. y Com. La Matanza – Sala II – 08/06/2017 – Cita digital IUSJU019420E
020831E
