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DOMINGO, 10 DE ENERO DE 2021
JURISPRUDENCIADespido. Cobro de créditos laborales. Doctrina de los actos propios. Principio de contemporaneidad
Se revoca la sentencia apelada y se condena a la empleadora a abonar al trabajador las indemnizaciones derivadas del despido, al concluirse que las faltas cometidas pudieron haber sido corregidas mediante una sanción de menor entidad que no necesariamente implicase la extinción de la relación laboral, máxime si aquel no fue oportunamente separado de sus funciones ni suspendido preventivamente al concluirse el sumario iniciado. Ello así, por aplicación del principio de contemporaneidad de la sanción, pues quien deja transcurrir un lapso prolongado sin denunciar la relación está demostrando implícitamente la inexistencia de un motivo suficientemente serio.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de marzo de 2017, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:
EL DOCTOR LUIS A. CATARDO DIJO:
I.- La sentencia de grado rechazó la demanda que procuró el cobro de diversos créditos de naturaleza laboral.
Contra dicha decisión se alzan en apelación la parte actora y, por las regulaciones de honorarios, la demandada y el perito contador, conforme a los recursos de 211, fs. 212/219 y fs. 220.-
II.- La apelante cuestiona la valoración fáctica jurídica efectuada por el Sr. Juez “a quo”, que consideró justificado el despido dispuesto por la demandada. Se queja por las costas del proceso y regulaciones de honorarios.
III.- El recurso es procedente y en esa inteligencia me explicaré.
a) En efecto, en orden al primer agravio y en lo que aquí interesa, sabido es que el despido dispuesto por alguna de las partes debe respetar el “principio de contemporaneidad”, esto es, la decisión de extinguir el contrato de trabajo debe tener una conexión temporal con la falta o incumplimiento contractual endilgado a la contraria y que motiva la actitud rescisoria. Ello así porque, de lo contrario, se entiende que la sanción queda purgada por el mero transcurso del tiempo, ya que es aplicable la “doctrina de los actos propios”, según la cual nadie puede volver sobre una conducta anterior jurídicamente relevante -venire contra factum propium non valet-.
En el caso, llegó firme a esta Alzada que el actor fue despedido por la demandada con fecha 9/12/2013, luego de un sumario interno que se prolongó desde el 26/09/2013 al 12/11/2013 (ver fs. 65/66 del sobre agregado por cuerda) y por supuestas irregularidades que ocurrieron, al menos, desde mayo de ese año en adelante (ver fs. 39/47 de la contestación de demanda y sumario acompañado en el sobre reservado). Durante todo ese lapso el actor prestó servicios normalmente y no fue suspendido preventivamente, ni apartado de sus tareas.
En tales circunstancias, considero que el despido dispuesto por la demandada no fue ajustado a derecho porque no respetó el “principio de contemporaneidad” de la sanción, toda vez que la comunicación rescisoria se produjo 27 días después de concluido el sumario que disponía el cese del actor y, al respecto, esta Sala ha sostenido que “…quién deja transcurrir un lapso prolongado sin denunciar la relación, está demostrando implícitamente, la inexistencia de un motivo suficientemente serio para él, esto es, que sea subjetivamente imposible -y objetivamente exigible- la continuidad de la relación laboral…” (Sent. Def. del 3/07/1998 en autos “GONZALEZ VALENTIN H. C/ CLUB ITALIANO ASOCIACIÓN CIVIL Y OTRO”, del registro de esta Sala).
A mayor abundamiento, advierto que el actor tenía una antiguedad en el empleo (10 años), que ameritaba que las faltas cometidas pudieran ser corregidas mediante una sanción de menor entidad, que no necesariamente implicase la extinción de la relación laboral (arts. 67 y siguientes LCT); máxime -reitero-cuando oportunamente no fue separado de funciones ni suspendido preventivamente.
Por ello, propongo revocar este aspecto de la sentencia y condenar a la demandada a pagar las indemnizaciones derivadas del despido y reclamadas en la demanda (ver fs. 13).
IV.- Teniendo en cuenta la fecha de ingreso, egreso y remuneración denunciada en la demanda y ratificada por el perito contador (ver fs. 13 y fs. 179/180, art. 477 del CPCCN), el actor resulta acreedor a los siguientes rubros e importes: 1) Indemnización por antigüedad: $ 126.618,72.-; 2) Preaviso + Sac Prop.: $ 34.291,51.- y 3) Multa del artículo 2º de la ley 25323: $ 80.455,11.-; todo lo cual conduce a fijar el capital nominal de condena en la suma de $ 241.365,35.-
V.- Dicho importe devengará, desde la fecha del despido (9/12/2013) y hasta su efectivo pago, la tasa de interés prevista en el Acta Nº 2.601 de esta Cámara.
Finalmente, dichos intereses se mantendrán, a partir de la fecha de su última publicación, al 36% anual (conf. Acta CNAT 2630 del 27/04/2016).
VI.- A influjo de lo normado por el artículo 279 del CPCCN, corresponde revisar lo resuelto en materia de costas y honorarios, lo que torna irrelevantes los agravios vertidos al respecto.
VII.- Por las razones expuestas propongo en este voto: 1) Revocar la sentencia apelada y condenar a la demandada a abonar al actor, dentro del q uinto día de aprobada y notificada la liquidación prevista en el artículo 132 de la LO, la suma de $ 241.365, 35.-, más los intereses indicados en el considerando V. 2) Dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios (artículo 279 del CPCCN). 3) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada. 4) Regular los honorarios de la dirección y patrocinio letrado de la parte actora, demandada y perito contador en el …% …% y …% del capital de condena e intereses y por su total actuación en la causa (artículos 68 y 279 del Código Procesal; 38 de la LO y concordantes de la ley 21839 y decreto ley 16638/57).-
EL DOCTOR VICTOR A. PESINO DIJO:
Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.
Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:
1) Revocar la sentencia apelada y condenar a la demandada a abonar al actor, dentro del quinto día de aprobada y notificada la liquidación prevista en el artículo 132 de la LO, la suma de $ 241.365, 35.- más los intereses indicados en el considerando V.
2) Dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios.
3) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada.
4) Regular los honorarios de la dirección y patrocinio letrado de la parte actora, demandada y perito contador en el …%, …% y …% del capital de condena e intereses y por su total actuación en la causa.
Regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º Acordada CSJN 15/13 del 21/05/13 y, oportunamente, devuélvase.
LUIS A. CATARDO VICTOR A. PESINO
JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA
SANTIAGO DOCAMPO MIÑO
SECRETARIO
021145E
