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JURISPRUDENCIADespido. Reincorporación. Delegado gremial. Retiro de la indemnización. Teoría de los actos propios
Se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda promovida por un trabajador despedido mientras era delegado gremial, al concluirse que, si bien reclamó en un primer momento su reincorporación, luego retiró del banco el monto que le había sido depositado por la empleadora en concepto de indemnización por despido y salarios, sin hacer reserva ni objeción alguna, ni devolvió el dinero u ofreció hacerlo. Es que, por aplicación de la teoría de los actos propios, al retirar la indemnización y los salarios depositados, renunció a la pretensión expresada en primer lugar y optó por la otra conducta que le ofrecía la ley; esto es, darse por despedido y percibir indemnización y salarios por todo el período de mantenimiento del puesto de trabajo.
En la ciudad de Rafaela, a los 13 días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, Dres. Beatriz A. Abele, Lorenzo J. M. Macagno y Alejandro A. Román, para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia dictada por el señor Juez de Primera Instancia de Distrito N° 5 en lo Laboral de la Primera Nominación de esta ciudad, en los autos caratulados: “Expte. N° 252 – Año 2016 – GUEVARA, Guillermo Lucas c/ “BASSO S.A.” s/ DEMANDA SUMARISIMA”.
Dispuesto el orden de votación, en coincidencia con el estudio de la causa resulta: primera, Dra. Beatriz A. Abele; segundo, Dr. Lorenzo J. M. Macagno; tercero, Dr. Alejandro A. Román.
Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:
1era.: ¿Es justa la sentencia apelada?
2da.: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?
A la primera cuestión, la Dra. Beatriz A. Abele dijo:
I. Sentencia registrada en el Libro 15 – N° 100 – F° 369/371 – Año 2017 (fs. 86 a 88).
Que el Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral con sede en esta ciudad, en fecha 27/03/2.017, ha dictado sentencia admitiendo la demanda, declarando nulo el despido del actor y disponiendo su reincorporación en forma inmediata. Asimismo condena a la empresa demandada al pago de los salarios devengados desde noviembre de 2.016 inclusive a la efectiva reincorporación, con posibilidad de compensar con cualquier otro pago que haya realizado. Impone las costas a la demandada y difiere la regulación de honorarios.
Para así disponer, el A-quo comienza diciendo que la cuestión a resolver es si el despido del actor debe considerarse nulo y, en su caso, si corresponde o no su reincorporación.
A continuación, transcribe y comenta los arts. 48 y 52 de la Ley 23.551, y señala que la parte actora invoca la prohibición del art.48 y la demandada, la situación de excepción prevista en el art. 52.
Manifiesta que, de acuerdo con una interpretación literal de la norma, despedir al trabajador poniendo a su disposición las indemnizaciones y salarios, como fue en este caso, no es la conducta prevista por el legislador, constituyéndose en un supuesto de apartamiento de la solución legal prevista mediante una exégesis irrazonable de la norma aplicable que la desvirtúa y la torna inoperante con serio menoscabo de garantías constitucionales.
Asegura que ya la C.S.J.N. estableció la primacía de la interpretación literal de la norma y que su apartamiento es de carácter excepcional y ante determinados supuestos, los que en su opinión, no se dan en el caso.
Concluye que por lo tanto, está claro que el despido sin causa en el período de un año posterior al cese del mandato era una conducta prohibida para la empleadora.
Continúa diciendo que, como el despido dispuesto por la demandada en fecha 30/06/2.016 (fs. 41), estaba prohibido, según el art. 52 antes citado, establece dos conductas posibles a asumir por el trabajador, los que en el caso serían:(1) reclamar la reinstalación; (2) darse por despedido y reclamar las indemnizaciones por despido y los salarios adeudados por el lapso de tiempo faltante.
Sostiene que a su entender, desde un primer momento el actor optó por la reinstalación, y para sostener ello, tiene en cuenta que el depósito en la cuenta sueldo del actor fue una decisión unilateral de la demandada, luego de disponer el despido; y que el trabajador contestó rechazando el depósito y los conceptos, y reclamó su reincorporación al puesto.
En base a todo ello es que considera que el despido dispuesto por la demandada debe ser declarado nulo y mandar reincorporar al trabajador a la empresa demandada.
Reitera que el trabajador debe ser reinstalado a su puesto y, dado que la demandada pagó los haberes hasta octubre de 2.016, deberá abonar los salarios caídos desde noviembre de dicho año, hasta su efectiva reincorporación, los que podrán compensarse con cualquier otro pago que hubiera realizado al actor (por ejemplo, el depósito efectuado al momento de despedirlo y que hubieran sido cobrados).
Añade que si bien el trabajador no solicitó en la demanda el pago de los salarios caídos, sí lo hizo en la audiencia a la que concurrieron ambas partes (fs. 85), y es la consecuencia directa y natural de declarar la nulidad del despido, puesto que al estar vigente el vínculo, se devengaron salarios desde esa fecha.
Contra dicho fallo se alzó la parte demandada, a fs. 90, interponiendo recurso de apelación total, el que fuera concedido a fs. 95.
El recurso fue interpuesto en forma fundada, por lo que los agravios han sido expresados a fs. 90 a 94. Y ya radicados ante esta Cámara los reitera a fs. 215 a 219.
El recurrente dice agraviarse porque la sentencia declaró nulo el despido, ordenó la reinstalación en el puesto de trabajo y condenó a pagar salarios caídos.
Funda su postulación afirmando que si bien, el Juez de primera instancia realizó un correcto análisis de lo dispuesto en el art.52 de la Ley N° 23.551, al momento de resolver no aplicó la opción en cuestión sino que las acumuló. Explica que luego del despido, la empresa depositó en la cuenta bancaria del actor las indemnizaciones y salarios hasta la finalización del período de estabilidad ($ 541.053,10 depositados el 05/07/2.016).
Recalca que el actor cobró las indemnizaciones y salarios y además, solicitó la reincorporación.
Se queja porque el A-quo, si bien consideró acreditado el depósito, interpretó que el mismo fue una decisión unilateral de la demandada.
Manifiesta que, desde el 05/07/2.016 el actor tuvo depositado el dinero en su cuenta bancaria, y no solo no manifestó disconformidad alguna con lo depositado, sino que transcurridos 9 meses desde el hecho, no restituyó el dinero ni ofreció hacerlo. Dinero que durante dicho lapso fue utilizado.
Afirma que resulta una verdadera arbitrariedad permitir que el actor cobre las indemnizaciones y luego de ello se anule el despido ordenándose la reinstalación en el puesto de trabajo.
Continúa diciendo que el representante gremial goza de estabilidad solo por el tiempo que fija la ley y no más allá de ello, por lo que vencido el mismo puede ser despedido sin limitación alguna.
En el caso de autos, el plazo de estabilidad gremial se extendió al 31/10/2.016, fecha hasta la cual se le pagaron al actor los salarios.
También por ello es que tacha de arbitraria la sentencia.
A continuación, con cita de jurisprudencia de la C.S.J.N., se agravia porque el Sentenciante no ha analizado las consecuencias del fallo dictado. Siguiendo esa línea de razonamiento manifiesta que la sentencia en crisis sería una modificación, vía judicial, de la Ley 23.551, ya que por un lado permite que el trabajador cobre indemnizaciones y salarios, y además pida su reincorporación; y por el otro que la tutela sindical se extienda más allá del período de estabilidad que fija la ley. Asegura que ello sería permitir que el Juez modifique el derecho, lo cual resulta no solo ilegal, sino además irrazonable y por tanto, inconstitucional.
Por último, se agravia porque asegura que el Juez falló extra petita. Explica que si bien, en el proceso laboral, el Juez puede fallar ultra petita, es decir, otorgar cantidades mayores a las solicitadas, dicha facultad debe ejercerse siempre sobre cuestiones que han sido materia de litigio (art. 98 del C.P.L.), pero de ninguna manera puede resolver extra petita sobre cuestiones que no han merecido debate en el proceso. Y este rubro no fue solicitado en la demanda ni fue objeto de discusión.
Solicita la apertura a prueba en esta segunda instancia para demostrar que el actor ha utilizado en todo o en parte, el dinero que fuera depositado en su cuenta bancaria sueldo.
Hace reserva de derechos y solicita se haga lugar al recurso interpuesto, se revoque el fallo atacado y se rechace la demanda, con costas.
La parte demandada contesta los agravios a fs. 223 a 225, y contradiciendo los argumentos de la contraparte, se opone al progreso del recurso.
Solicita se libre mandamiento al Sr. Oficial de Justicia a los fines de que se constituya con el actor en la empresa y lo reinstale en sus tareas, o bien, se remita legajo de copia al Juzgado de origen.
Propone nueva prueba, la que coincide con la ofrecida por la accionada.
Solicita se confirme el fallo atacado.
II. Sentencia registrada en el Libro 19 – N° 554 – F° 500 – Año 2017 (fs. 204 y vto.).
A esta misma primera cuestión, la Dra. Beatriz A. Abele dijo:
Que el A-quo, en fecha 30/11/2.017, ha dictado sentencia rechazando el recurso de revocatoria interpuesto, conjuntamente con el de apelación, contra el decreto de fs.30, de fecha 31/08/2.016, el cual dispuso como medida cautelar, reinstalar al actor en su puesto de trabajo con los mismos derechos y obligaciones que tenía previo al despido, situación que se mantendrá mientras dure el trámite del proceso y en tanto no se modifiquen las circunstancias fácticas del caso. Concede el recurso de apelación con efecto devolutivo e impone las costas al vencido.
Funda su decisión afirmando que se dan los presupuestos de procedencia de la medida cautelar ordenada, negando así la inexistencia de verosimilitud en el derecho invocada por el recurrente.
Radicados los autos ante este Tribunal, se procede a sustanciar el recurso.
El apelante expresa agravios a fs. 219 y vto.
Argumenta el quejoso que, el día 27/03/2.017, el Juez dictó sentencia definitiva declarando nulo el despido y disponiendo la reincorporación del actor en forma inmediata.
Agrega que, habiendo su parte interpuesto contra la misma, recurso de apelación, le fue concedido con efecto suspensivo (fs. 95).
De ello deduce que, hasta tanto quede firme la sentencia definitiva, no corresponde la reincorporación ordenada.
Reprocha al A-quo, el hecho de haber admitido la cautelar solicitada, y no esperar la decisión de la Alzada.
Agrega que aún cuando la cuesti ón pudiera considerarse abstracta luego de revocar la sentencia de fondo, las costas devengadas por el presente recurso deben imponerse al actor.
Hace reserva de derechos y solicita se revoque la resolución recurrida.
Corrido el traslado al accionante (fs. 221), éste deja vencer el término sin contestar los agravios -adviértase que se limita a contestar los referidos a la apelación opuesta contra la sentencia de fondo- (fs. 223 a 225).
III. De la prueba.
Produciendo la prueba ofrecida en esta instancia por ambas partes, se libra el pertinente oficio al “Banco ICBC Argentina S.A.” y se recepciona la documental que es agregada a fs. 231 a 243.
Cumpliendo con los traslados corridos, el actor y el demandado informaron sobre el mérito de la prueba a fs. 250 y 256, recíprocamente.
IV.Ingreso al tratamiento de los recursos.
1.De la apelación opuesta contra la sentencia registrada en el Libro 15 – N° 100 – F. 369/371 – Año 2.017 (fs. 86 a 88).
Las asociaciones sindicales están regidas por la Ley 23.551.
En su art. 48, último párrafo, establece que los representantes sindicales en la empresa, elegidos de conformidad con lo establecido en el artículo 41, continuarán prestando servicios y no podrán ser suspendidos, modificadas sus condiciones de trabajo, ni despedidos durante el tiempo que dure el ejercicio de su mandato y hasta un año más, salvo que mediare justa causa.
Por su parte, el art. 52 de la norma citada, en su cuarto párrafo, dispone que ante la violación de las prohibiciones por parte de la empleadora, el trabajador, salvo que se trate de un candidato no electo, podrá optar por considerar extinguido el vínculo laboral en virtud de la decisión del empleador, colocándose en situación de despido indirecto, en cuyo caso tendrá derecho a percibir, además de indemnizaciones por despido, una suma equivalente al importe de las remuneraciones que le hubieren correspondido durante el tiempo faltante del mandato y el año de estabilidad posterior. Si el trabajador fuese un candidato no electo tendrá derecho a percibir, además de las indemnizaciones y de las remuneraciones imputables al período de estabilidad aún no agotado, el importe de un año más de remuneraciones.
Al momento de interpretar en forma concordante ambos artículos, entiendo que ante la inobservancia de las disposiciones del art. 48, el empleado tiene, según lo establece el art. 52, dos vías de acción: 1) solicitar la reinstalación en su puesto de trabajo; o darse por despedido y reclamar las indemnizaciones por despido y los salarios caídos correspondientes al lapso de tiempo que falte para terminar el año de estabilidad. Idéntica interpretación realizan las partes y el A-quo en su fallo.
Para dilucidar si la sentencia dictada es justa, considero necesario hacer una síntesis cronológica de los hechos, aclarando que ninguno de ellos ha sido materia de debate.
Está fuera de discusión que el período de estabilidad del actor -delegado electo el 29/10/2.013 (fs. 10)- vencía el 31/10/2.016.
En fecha 30/06/2.016, la demandada comunica a Guevara la cesantía a partir de la fecha del telegrama, y pone a su disposición la liquidación final, indemnizaciones y haberes hasta el mes de octubre de 2.016 (fs. 41) telegrama que es rechazado por el acá actor y solicita su reincorporación al trabajo, bajo apercibimiento de iniciar las medidas judiciales pertinentes (fs. 4); el que fue a su vez, rechazado por la empleadora (fs. 5).
Según documentación reservada en Secretaría y cuyas fotocopias han sido glosadas a fs. 39/40, y del resumen semestral emitido por el Banco oficiado (fs. 231 a 243) la empresa depositó el 06/07/2.016, en la caja de ahorro de titularidad de Guevara, la suma de $ 541.053,10, en concepto de indemnización por despido incausado y haberes correspondientes a los cuatro meses que restaban para la finalización del período de estabilidad, o se hasta el 31/10/2.016, inclusive.
Esto le fue comunicado por telegrama, al accionante, en fecha 12/07/2.016 (fs. 5).
Guillermo Guevara retiró, en pequeñas cantidades la suma depositada.
En base a los hechos reseñados, estoy persuadida que le asiste razón al apelante.
Arribo a tal conclusión, ya que si bien el trabajador reclamó en un primer momento, su reincorporación, postura que mantuvo al interponer la demanda, luego retiró del Banco el monto que le había sido depositado por la empleadora en concepto de indemnización por despido y salarios hasta el 31/10/2.016. Dicho cobro lo realizó sin hacer reserva ni objeción alguna. Tampoco devolvió el dinero ni ofreció hacerlo.
Estando a la teoría de los actos propios, concluyo que, al retirar la indemnización y los salarios de cuatro meses, Guevara renunció a la pretensión expresada en primer lugar y optó por la otra conducta que le ofrecía la ley. Esto es, darse por despedido y percibir indemnización y salarios por todo el período de mantenimiento del puesto de trabajo. Ante el consentimiento que surge de su proceder, respecto de los actos de la demandada, no le asiste el derecho a ser reinstalado.
Por todo ello es que voto por la negativa.
IV.2. De la apelación opuesta contra la sentencia registrada en el Libro 19 – N° 554 – F. 500 – Año 2.017 (fs. 204).
La mencionada sentencia rechaza el recurso de revocatoria que interpusiera la demandada, contra el decreto que ordenaba como medida cautelar, la reincorporación de Guevara a su puesto de trabajo con los mismos derechos y obligaciones que tenía al momento del despido y durante toda la tramitación de la presente causa.
Teniendo en cuenta lo resuelto en la sentencia de fondo, la presente cuestión ha devenido materia abstracta.
Así voto.
A esta primera cuestión, el Dr. Lorenzo J. M. Macagno dijo que hacia suyos los conceptos y conclusiones a que arribara la Jueza de Cámara preopinante y por lo tanto, votó en el mismo sentido.
A la misma cuestión, el Dr. Alejandro A. Román dijo que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, Ley 10.160).
A la segunda cuestión, la Dra. Beatriz A. Abele dijo:
Que en virtud del estudio que antecede, propongo a mis colegas se dicte la siguiente sentencia: 1) Hacer lugar al recurso de apelación opuesto por la parte demandada y revocar la sentencia registrada en el Libro 17 – N° 100 – F° 369/371 – Año 2017. 2) Declarar abstracto el recurso de apelación opuesto contra la sentencia registrada en el Libro 19 – N° 554 – F. 500 – Año 2.017.3) Rechazar la demanda promovida por Guillermo Lucas Guevara contra “Basso S.A.”. 4) Imponer las costas de ambas instancias al actor. 5) Fijar los honorarios de la Alzada en el (%) de los que se regulen en baja instancia.
A la misma cuestión, el Dr. Lorenzo J. M. Macagno dijo que la resolución que corresponde adoptar era la propuesta por la Jueza de Cámara Dra. Beatriz A. Abele, y en ese sentido emitió su voto.
A esta misma cuestión, el Dr. Alejandro A. Román dijo que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, Ley 10.160).
Por las consideraciones del Acuerdo que antecede la CAMARA DE APELACION CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL DE RAFAELA, con la abstención del Dr. Alejandro A. Román (art. 26, Ley 10.160), RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso de apelación opuesto por la parte demandada y revocar la sentencia registrada en el Libro 17 – N° 100 – F° 369/371 – Año 2017. 2) Declarar abstracto el recurso de apelación opuesto contra la sentencia registrada en el Libro 19 – N° 554 – F. 500 – Año 2.017. 3) Rechazar la demanda promovida por Guillermo Lucas Guevara contra “Basso S.A.”. 4) Imponer las costas de ambas instancias al actor. 5) Fijar los honorarios de la Alzada en el (%) de los que se regulen en baja instancia.
Insértese el original, agréguese el duplicado, hágase saber y bajen.
Concluido el Acuerdo, firmaron los Jueces de Cámara por ante mí, doy fe.
Beatriz A. Abele
Juez de Cámara
Lorenzo J. M. Macagno
Juez de Cámara
Alejandro A. Román
Juez de Cámara
SE ABSTIENE
Héctor R. Albrecht
Secretario
Estrella, Héctor Adrián c/Constructora Dos Arroyos SA s/despido – Cám. Apel. Tierra del Fuego – SALA Civil, Comercial y del Trabajo – 08/05/2018 – Cita digital IUSJU030441E
034694E
