En el marco de un juicio ejecutivo se confirma la resolución que hizo lugar a la tercería de dominio promovida por la actora, pues las pruebas colectadas durante la tramitación del proceso informan que la subasta realizada en el juicio civil fue precedida de todos los recaudos necesarios para su validez, lo que torna inaplicable a su respecto las previsiones de la Ley 17.801.
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